01. Los sistemas de responsabilidad

Los actos ilícitos como fuente de las obligaciones

Las obligaciones se derivan no sólo de los contratos, sino que nacen también a consecuencia de ciertos “ actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier tipo de culpa o negligencia” según expresa el artículo 1089 del Código Civil.

Conforme a ello, cualquier acto ilícito que ocasiones o depare un daño cualquiera a otro sujeto de Derecho debe conllevar el nacimiento de la consiguiente obligación de reparar o indemnizar dicho daño. Semejante aserto, a veces, se expresa abreviadamente rememorando la sentencia latina del nominen laedere, como una obligación de carácter general o principio general del Derecho en cuya virtud dañar a otro ciertamente debe suponer tratar de reparar el mal inferido. Siendo ello en parte cierto, conviene recordar que los problemas y planteamientos actuales de la responsabilidad extracontractual, de extraordinaria complejidad (como paulatinamente iremos viendo), sólo se veían pálidamente reflejados en el mundo jurídico romano. En consecuencia, la apelación al principio del nominen laedere, en sí misma considerada, tiene sólo el valor de un recurso lingüístico de evidente utilidad, que con todo no debemos llevarnos al engaño de considerar que el actual Derecho civil es una mera continuidad del viejo (y, por otra parte, estimable) Derecho romano.

Quienes otorgan mayor relevancia al Derecho romano hablan indistintamente de responsabilidad extracontractual y responsabilidad aquiliana. Este último epíteto (“ aquiliana”) procede de la Lex Aquilia (siglo III a. C.), en la que se consagró por vez primera la posibilidad de que el daño inferido a las cosas permitiese a su propietario reclamar una reparación equivalente al valor máximo que aquéllas adquiriesen durante los treinta días siguientes a la producción del daño. Pero ni bajo la Lex Aquilia ni en el sistema justiniano, es decir, en el entero ciclo del Derecho romano, hubo una regla general que conectara el daño a la responsabilidad como se consagra definitivamente en la Codificación, sino en todo caso una mera relación de supuestos concretos en los que cabía exigir la reparación (a través de las in factum acciones). Por tanto, no hay necesidad alguna de equiparar la verdadera responsabilidad aquiliana a la moderna responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, a lo largo de esta exposición no volverá a ser utilizado el adjetivo “aquiliana”.

Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual

Surge la responsabilidad extracontractual de un impulso inicial de evidente sentido común y fácil comprensión: quien ocasiona daño a una persona (o a su patrimonio) de forma injustificada debe pechar por ello, aunque hasta entonces no hubiera relación alguna entre ambas.

Este último dato evidencia (por cuanto ahora importa) distinta génesis de las obligaciones anunciada en el art. 1.089:

Responsabilidad contractual

Se trata obviamente de la responsabilidad dimanante del incumplimiento del contrato en cuya virtud el Ordenamiento jurídico pone a disposición del contratante defraudado toda suerte de medios y mecanismos para conseguir la debida indemnización a cargo del contratante incumplidor. Los protagonistas de dicha responsabilidad son, pues, personas que antes de producirse el evento originador de la misma (el incumplimiento contractual) se encontraban relacionadas entre sí.

Responsabilidad extracontractual

En este caso la responsabilidad es una derivación inmediata de la realización de un acto ilícito que, a su vez, causa daño a otra persona o a la esfera jurídica propia de otra persona. En consecuencia, las personas interesadas en la responsabilidad extracontractual son por principio extrañas entre sí, no tienen por que conocerse ni haberse relacionado nunca entre sí.

Es más, esto será lo normal, aunque por supuesto, es intrascendente que el agente dañoso y la víctima del daño se conozcan o no se conozcan para que se produzcan los efectos propios de la responsabilidad extracontractual.

La relación y el contrapeso existentes entre ambos tipos de responsabilidad se ha planteado tradicionalmente en los términos que, con toda claridad, pueden deducirse del articulado del Código Civil: la responsabilidad contractual debía considerarse un tema importantísimo por obvias razones en las que no vamos a extendernos ahora; mientras que la responsabilidad extracontractual reflejaría supuestos si no excepcionales sí al menos secundarios del funcionamiento cotidiano del Derecho. Ciertamente, en términos estadísticos, ha sido así durante un largísimo período de tiempo desde la codificación hasta tiempos bien recientes (hablando en términos aproximativos hasta los años setenta): las sentencias relativas a los distintos aspectos y figuras contractuales superaban claramente el número de resoluciones judiciales que tenían por objeto resolver litigios de responsabilidad extracontractual.

Dicha realidad, por supuesto, se reflejaba igualmente en las exposiciones doctrinales.

Los tratados o manuales españoles que hoy consideramos clásicos ofrecían exposiciones sumamente sucintas en relación con la responsabilidad extracontractual, al tiempo que los estudios monográficos o los comentarios de jurisprudencia sobre la materia eran escasísimos hasta el inicio del último tercio del siglo XX. De otra parte, la propia ubicación sistemática de la materia en la mayor parte de los tratados de Derecho civil solía consistir en recogerla al final del tomo correspondiente al denominado “ Derecho de obligaciones y contratos” con un , evidente carácter apendicular.

La situación apenas descrita pertenece al pasado, pesa al mantenimiento del breve y originario articulado del Código Civil dedicado a la materia (arts. 1.902 a 1.910), pues éste constituye hoy día un paupérrimo reflejo de la extraordinaria litigiosidad existente en la materia.

La mayor parte de los artículos referidos (aunque, por supuesto, no todos en la misma medida) ha sido objeto en las últimas décadas de centenares de sentencias. Existe, pues, una riquísima y vivificadora casuística jurisprudencial en materia de responsabilidad extracontractual. De otra parte, la regulación originaria del Código se ha visto acompañada y complementada por importantísimas “ leyes especiales” en las que la responsabilidad civil recibe un tratamiento normativo ad hoc, entre las que destaca probablemente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalmente, conviene destacar que corren vientos de reforma incluso para el propio texto articulado del Código Civil. Como después estudiaremos en detalle, la Ley 1/1991, de 7 de enero, ha modificado el art. 1.903 respecto de la responsabilidad civil del profesorado y de los centros docentes. La Comisión General de Codificación, por su parte, debatió durante las sesiones del año 1991/92 una posible nueva redacción del articulado del Código Civil que, aunque seguramente no merezca ni siquiera la calificación de anteproyecto, en todo caso, como trabajo preparatorio, evidencia el signo de los tiempos...

Conviene advertir antes de cerrar el presente epígrafe que la separación entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, como ya sabemos, despliega su importancia en el momento genético de la obligación, siendo intrascendente con posterioridad. De ahí que, con anterioridad se hablara de la “ distinta génesis” de las obligaciones. Una vez nacida la obligación de reparar propia de la responsabilidad extracontractual, como es natural, las reglas y principios de la denominada teoría general de las obligaciones se aplicarán según convenga al caso concreto de que se trate.

Responsabilidad civil y responsabilidad penal

En numerosas ocasiones, a la responsabilidad extracontractual se le denomina sencillamente responsabilidad civil con la pretensión de contraponerla a la responsabilidad penal. La razón de ello radica en que, aunque hablando en términos generales, los actos ilícitos en sentido amplio resulten siempre reprobables para el Ordenamiento jurídico, no todos ellos merecen el mismo tratamiento y una sanción similar, ni siquiera en el caso de que el resultado de la actuación ilícita sea idéntico. Partamos de un supuesto sencillo piense Vd. En que su casa resulta presa de las llamas a consecuencia de que un amigo, de forma absolutamente fortuita e involuntaria, provoca el incendio, y piense seguidamente en que la destrucción por incendio de su casa se debe a que una persona, deliberada y conscientemente, le prende fuego. Aunque el resultado final sea el mismo y su interés en verse resarcido resulte coincidente, mediante la reparación de los daños causados, es obvio que ambos supuestos merecen distinta contemplación, atendiendo a consideraciones de carácter subjetivo del agente y a la protección de los intereses generales. En el primer caso entrará en juego única y exclusivamente la responsabilidad extracontractual; en el segundo, por el contrario, será de directa aplicación el Código Penal, aunque completado con la responsabilidad civil para lograr la reparación del daño causado.

Los actos ilícitos, por tanto, pueden ser ora de carácter puramente civil, ora de naturaleza penal. Estos últimos son considerados delitos o faltas en atención a su gravedad y a la lesión no sólo de bienes patrimoniales de terceras personas, sino en cuanto infringen o alteran el orden público. El Ordenamiento jurídico, en consecuencia, tipifica y sanciona las conductas delictivas con medios propios y específicos, contemplados en el Código Penal (privación de libertad, destierro o privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, inhabilitación, etc.), dejando aparte el hecho de que la responsabilidad extracontractual puede ser accesoria de la responsabilidad penal propiamente dicha. El Código Civil, respetuoso de la tradición histórica y de la bipartición en dos parcelas jurídicas bastante diferenciadas (el Derecho civil y el Derecho penal), asentados en principios radicalmente distintos) tanto en su regulación normativa cuanto en los propios órganos jurisdiccionales, establece en el art. 1.092 que “ obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se las regirán por las disposiciones del Código Penal” par disponer en el siguiente artículo que la , responsabilidad extracontractual derivada de los “ actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley” (esto es, los llamados ilícitos civiles) se regularán por los artículos 1.902 y siguientes del propio Código Civil.

Dicho planteamiento siendo cierto, no deja de ser algo simplista y requiere algunas precisiones, incluso en esta elemental exposición, que aclaren el juego de los dos órdenes jurisdiccionales existentes: el penal y el civil, pues evidentemente la cuestión no puede superarse afirmando sólo que los Juzgados de lo civil no pueden conocer las cuestiones penales. Retengamos pues, cuanto sigue:

  • En el caso de que el proceso penal culmine mediante sentencia condenatoria, ésta deberá pronunciarse de forma inexcusable sobre la responsabilidad civil dimanante del ilícito penal, salvo si el querellante se reservó el posterior ejercicio de la acción civil a efectos de la reparación del daño producido.

  • Si el proceso penal termina mediante sentencia absolutoria, a partir de la firmeza de ésta comienza a correr el plazo de prescripción de la posible acción civil de resarcimiento de los daños sufridos por el perjudicado. La sentencia penal, pues, no genera el efecto de cosa juzgada respecto de la responsabilidad civil, ni la inexistencia de ilícito penal (judicialmente declarada) implica la inexistencia de responsabilidad extracontractual que, a continuación, puede ser exigida por la víctima del daño. Es más ni siquiera los hechos probados en el proceso penal perjudican de forma irresoluble a la víctima ya que el Tribunal civil puede establecer la base fáctica de la reclamación civil sin limitarse a aquéllos (STS de 30 de marzo de 1983). En efecto, según el TS “ la sentencia absolutoria recaída en juicio penal no … prejuzga la valoración que de los hechos puede hacerse en la vía civil, pudiendo los Tribunales de este orden… valorar y encuadrar el hecho específico en el ámbito de la culpa extracontractual” (Sentencias de 1 de julio de 1983, 24 de febrero de 1986 y 9 de junio de 1989).

  • Es pertinente igualmente el posterior ejercicio de la acción civil cuando la causa penal es objeto de sobreseimiento, pues en tal caso es innegable la competencia del Juez civil para el conocimiento de los hechos (STS de 4 de noviembre de 1986)

  • Finalmente, recordemos que el perjudicado por el delito o falta puede ejercitar la acción penal, reservándose, sin embargo, las acciones civiles para, posteriormente, reclamar la reparación por responsabilidad extracontractual en vía civil (SSTS de 30 de mayo de 1983, 29 de febrero de 1976, 15 de junio de 1966, etc.). Con todo, obsérvese que dicha reserva de la acción civil, que debe plantearse en la propia querella (cuando, por consiguiente, todavía no se vislumbra con claridad si la sentencia penal será condenatoria o absolutoria), supone una extraordinaria dilación en la reparación del daño, que no quedará definitivamente resuelta hasta la finalización del segundo proceso, ventilado exclusivamente ante los Tribunales civiles.

La importancia de las cuestiones tratadas en el presente epígrafe se ha visto recientemente incrementada con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pues su aprobación supone obviamente incrementar el arco de eventuales responsables penales: conforme a ella, en efecto, cabe “ exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales” (art. 1.1).

Existiendo responsabilidad penal en dicha franja de edad (de los catorce a los dieciocho años) va de suyo que, por supuesto, en la mayor parte de los casos se derivará de aquélla la consiguiente responsabilidad civil, a la que ciertamente también hace referencia la Ley Orgánica 5/2000- En efecto, el artículo 61.1 de la Ley establece que “ acción para exigir la la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo… o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil” .

De otra parte, es natural que el responsable penal menor de edad implique en la consiguiente responsabilidad civil a sus representantes legales, a los que cierto la Ley Orgánica 5/2000 condena a sumir solidaria y objetivamente la posición de responsables:

“Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados por su padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos” (art. 61.3).

La responsabilidad civil y el denominado "derecho de daños"

El relativo olvido en el que durante años ha dormitado la responsabilidad extracontractual para la doctrina ha provocado un movimiento pendular, típico de cualesquiera facetas de las relaciones sociales, en cuya virtud mejor que hablar de responsabilidad civil se debería construir una teoría general del denominado “ Derecho de daños” como pretendido sector , autónomo del Ordenamiento jurídico.

Semejante propuesta, que aquí debe apuntarse con pretensiones meramente didácticas, encuentra su punto de arranque en sugerencias o indicaciones en buena medida puramente terminológicas, de una parte, y, de otra, en la tendencia modernizadora de ciertos autores que parecen disfrutar con la importación o incorporación de categorías foráneas.

En concreto “ Derecho de daños” es la traducción literal de la expresión anglosajona law of torts, el cual engloba en sí el tratamiento general de la jurisprudencia sobre los distintos supuestos de responsabilidad extracontractual. Por consiguiente, hablar de ésta o utilizar la expresión “ Derecho de daños” poco o nada añaden al fondo de la cuestión, que consiste en el estudio de un subsector del Derecho privado patrimonial en el que el nacimiento de las obligaciones se produce a consecuencia de la realización de una serie de actuaciones y omisiones de carácter negligente que conllevan la necesidad de reparación a favor del perjudicado.

Fundamento y sistemas de responsabilidad extracontractual

La nota característica básica de la responsabilidad extracontractual radica sin duda en la producción de un daño que debe ser objeto de reparación, sin que se requiera la existencia de vínculo obligatorio o relación jurídica alguna entre el autor del daño y la víctima del mismo. Esto es, la obligación de reparar no surge del incumplimiento de una obligación previamente existente, sino del mero hecho de haberse producido un daño. De ahí el tenor literal del artículo 1902 del Código Civil que, al consagrar el principio fundamental de la responsabilidad extracontractual, establece sencillamente que “ que por acción u omisión causa daño a otro, el interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” .

En dicho precepto de establece paladinamente un sistema de responsabilidad subjetiva, en el que la responsabilidad civil, una vez producido el daño, se hace derivar directamente de la culpa en que haya incurrido el autor de la acción u omisión que merece la calificación de ilícito civil. El resultado dañoso para un tercero y la actuación (u omisión) culposa del agente serían presupuestos necesarios e ineludibles de la generación de al responsabilidad extracontractual. Tanto monta, monta tanto, cabría decir en relación con la importancia de los dos elementos para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual.

Frente a dicho criterio, sentado como regla general por nuestro Código, otras disposiciones normativas (incluso algunos artículos del propio Código) establecen un sistema de responsabilidad objetiva, en el que, con carácter general, la obligación de resarcimiento se genera simplemente por la relación de causalidad entre la actuación (activa u omisiva) del agente y el daño producido, independientemente de todo elemento de intencionalidad o falta de diligencia (esto es, culpa) del agente. Bastaría pues que se produjera cualquier daño para que el responsable del mismo, aun sin culpa alguna, hubiera de indemnizar a la víctima.

En general nuestro Derecho ha de ser incluido dentro de la concepción del Derecho moderno que, en principio, conserva el dogma de la responsabilidad culposa o subjetiva, cohonestándolo con supuestos de responsabilidad objetiva que, como tenderemos ocasión de ver, cada día asumen mayor frecuencia e importancia. La trascendencia de los supuestos de responsabilidad objetiva constituye la regla general y, por el contrario, la responsabilidad culposa o subjetiva sería la excepción. Semejante giro en la materia, sin duda copernicano, se debe fundamentalmente a la convicción contemporánea de que la responsabilidad civil es necesariamente un concepto jurídico indeterminado que depende del conjunto de los valores de cualquier sociedad. Por tanto, si hoy la responsabilidad objetiva parece ser el criterio de política legislativa más estimable (frente a las anteriores concepciones culposas) ello se debe sencillamente a que en nuestra actual sociedad importa más la naturaleza reparadora de la responsabilidad extracontractual que la determinación del sujeto responsable de los daños causados.

No obstante ello, aunque sea por respetar la historia, veamos ante todo los presupuestos propios de la responsabilidad subjetiva, por ser el sistema seguido en lo fundamental por el Código Civil español.

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