02. La reparación del daño

La obligación de reparar el daño causado

La consecuencia fundamental de la responsabilidad extracontractual consiste, como afirma el art. 1902, en "reparar el daño causado". Dicha obligación, a cargo del responsable, tiene por objeto dejar indemne en la medida de lo posible a la víctima o al perjudicado.

La reparación, por supuesto, puede llevarse a cabo mediante la simple conformidad de las partes interesadas (el responsable y la víctima o, en su caso, sus cohabitantes), mediante un convenio de naturaleza extrajudicial plenamente lícito y válido.

Dicho supuesto, por obvias razones, normalmente no es contemplado en las diversas disposiciones legislativas que regulan la materia. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin embargo, situándose claramente en postura favorable a la Administración, prevé en su art. 141.4 que, mediante acuerdo entre el interesado (perjudicado) y la Administración responsable, la indemnización se sustituya por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos. De no obtenerse el debido acuerdo entre el responsable y la víctima, será necesario plantear la reparación por vía judicial.

El generalizado silencio legal sobre la posibilidad de lograr la reparación del daño mediante convenio, no obsta, sin embargo, a su frecuente aplicación práctica, sobre todo en los supuestos en los que el obligado a indemnizar no cuenta con un seguro de responsabilidad civil o en los casos de daños fácilmente evaluables y difícilmente discutibles (rotura del grupo óptico de un automóvil al realizar una maniobra de aparcamiento, filtración que exige pintar el cuarto de baño o la cocina del vecino del piso de abajo, etc.).

En caso de falta de acuerdo, es obvio que será necesario recurrir a la vía judicial, exigiendo la víctima (o sus causahabientes, en caso de muerte) el cumplimiento de la obligación, ya nacida, de indemnizar daños y perjuicios, conforme a las reglas generales del incumplimiento de las obligaciones.

Reparación específica y pecuniaria

Las diversas formas de reparación

En cualquiera de ambos casos, es decir, exista convenio o pleito, la indemnización de la víctima puede requerir la denominada reparación específica o in natura (entregar un objeto nuevo, en sustitución del estropeado; publicar la vedad de un tema, anteriormente manipulado por el periodista), la reparación pecuniaria (o sea, mediante dinero), o bien ambas conjuntamente.

El Código Civil no contiene norma alguna a este respecto; pero, conforme a la práctica y a la jurisprudencia, resulta que será el propio perjudicado el que habrá de plantear la forma de reparación que considere idónea para quedar indemne.

La posible coexistencia de reparación específica y reparación pecuniaria no debe extrañar. Es más, es sumamente frecuente. La razón de ello es clara: la reparación específica es absolutamente inidónea para indemnizar el lucro cesante que constituye un elemento de trascendental importancia en Derecho de obligaciones, pues en numerosas ocasiones tiene mayor trascendencia que el propio daño emergente.

Pese a su modernidad, curiosamente la Ley 30/1992 plantea la indemnización en su art. 141 como una reparación de carácter puramente pecuniario o mediante la entrega de bienes en especie (a la que, denomina compensación). Sin embargo, es obvio que el perjudicado puede exigir a la Administración responsable la reparación específica cuando así le interese.

Los arts. 109 y siguientes del nuevo Código Penal ofrecen un detenido abanico de posibilidades en relación con la obligación de reparar el daño causado a consecuencia de delito y la pertinente indemnización. El artículo 110 establece literalmente que la responsabilidad comprende:

  1. La restitución.

  2. La reparación del daño.

  3. La indemnización de perjuicios materiales y morales.

Por su parte, el art. 112 especifica que “ reparación de daño podrá consistir en la obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél (del daño) y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa” .

Los topes indemnizatorios en la circulación de vehículos a motor

No obstante lo dicho, conviene hacer una referencia al nuevo sistema de fijación de las indemnizaciones en los supuestos de accidentes de circulación. El hecho de que, hablando en términos generales, la indemnidad de la víctima exija que una consideración casuística (caso por caso) y la circunstancia de que el montante indemnizatorio no es susceptible de ser analizado en casación, no deja de provocar resultados chocantes en la práctica cotidiana: para casos idénticos o sumamente parecidos, algunos Jueces y Tribunales son extraordinariamente dadivosos en la fijación de la indemnización, mientras que otros se muestran excesivamente parcos en su cuantía.

Ante ello, algunos autores y ciertos sectores cercanos al mundo del seguro han propuesto la conveniencia de fijar topes indemnizatorios, en particular respecto de los daños causados con motivo de la circulación de vehículos de motor, alegando que así se conseguiría una mayor inmediatividad en al resolución de las controversias y el incremento de acuerdos transaccionales entre víctima y responsable.

Por diversas razones, semejante tesis es sumamente discutible. No obstante, tras la avanzadilla de la Orden de 5 de marzo de 1991 (obviamente no vinculante para los Jueces), ha triunfado plenamente en la Ley de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados (Ley 30/1995, de 8 de noviembre). Según la disposición adicional octava de dicha Ley, la nueva redacción del artículo 1.2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor es la siguiente: “ Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previsto, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente Ley” .

Resulta improcedente considerar o reproducir tales baremos o límites indemnizatorios en esta exposición. Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que la aprobación de la Ley 30/1995 generó en seguida una oleada de opiniones críticas, unas a favor y otras en contra.

Estas últimas, numerosas, incidían en gran manera en la inconstitucionalidad de la Ley, defendida acaloradamente por algunos autores de los que gustan presumir que su propia opinión determina la línea o frontera de la constitucionalidad de las normas.

La cuestión ha sido abordada, a consecuencia de una decena de cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por distintos Juzgados y Tribunales, en la extensa y circunstanciada Sentencia 181/2000 del Tribunal Constitucional, de 29 de junio. Conforme a ella, sólo en relación con algunos aspectos del Anexo de la Ley 30/1985 procede la declaración de inconstitucionalidad, sin que, sin embargo, pueda afirmarse que, en general, la Ley 30/1995 atente contra la llamada o pretendida “ reserva de jurisdicción” es decir, contra la exclusividad , de la potestad jurisdiccional consagrada en el art. 117.3 de la Constitución.

Pluralidad de responsables: el carácter solidario de la obligación extracontractual

En caso de que la responsabilidad extracontractual recaiga sobre dos o más personas en virtud de un mismo acto ilícito, se plantea el problema de saber si el perjudicado por dicho acto debe reclamar la reparación del daño:

  • Simultánea o sucesivamente a cada uno de los responsables, pero prorrateando entre ellos la reparación que hubiere sido convenida o judicialmente determinada, o

  • A cualquiera de ellos por entero, según convenga al perjudicado, en el entendido de que, después, entre los distintos responsables “ ajustaran cuentas” .

En términos teóricos, dicha cuestión consiste en atribuir a la obligación extracontractual la naturaleza de mancomunada o, por el contrario, de obligación solidaria. Innecesario resulta destacar que esta segunda opción es mucho más cómoda y operativa para la víctima (o sus causahabientes) del acto ilícito.

El Código Civil carece de precepto alguno que posibilite responder, inequívocamente y con carácter general, al problema planteado. Es más, como sabemos, por aplicación de las reglas generales en materia de mancomunidad y solidaridad de las obligaciones (art. 1137 y 1138), habría que pronunciarse por el carácter mancomunado de la obligación extracontractual.

Sin embargo, modernamente, tras un amplio debate doctrinal que hoy puede decirse claramente superado (y del que, por tanto, se hará gracia en esta exposición), la mayoría de los autores y (lo que es más importante) la jurisprudencia de manera reiterada se pronuncian a favor del carácter solidario de la obligación extracontractual, de forma general.

Finalmente, conviene recordar que la solución finalmente aceptada por doctrina y jurisprudencia encuentra un particular refrendo en algunas de las disposiciones legislativas más recientes –sobre todo, conectando con el problema ahora considerado con la responsabilidad de carácter objetivo– que, sin duda de especia alguna, se pronuncian a favor de la solidaridad:

  • El art. 123 de la Ley de navegación Aérea, establece la solidaridad para el supuesto de colisión de aeronaves pertenecientes a distintos empresarios.

  • En parecido sentido, el art. 52 de la Ley de Energía Nuclear, igualmente considerada, prevé loa solidaridad en caso de que los daños a resarcir hayan sido producidos por “ varios explotadores” de dicho sector energético.

  • Es sumamente conocida la previsión de solidaridad contenida en el art. 33.5 de la vigente Ley de Caza para el supuesto de que, en una partida de caza con armas, no resulte factible identificar “ autor del daño ocasionado a las personas” el .

  • Por su parte, el art. 140 de la Ley 30/1992 establece que “ cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria”.

Parte el precepto de la idea de que la solidaridad es una consecuencia de una fórmula colegiada de actuación y, de otra parte, de una conducta activa (“ gestión” de dos o más Administraciones públicas. No obstante, la ) solidaridad se impone aun en el caso de que la responsabilidad civil sea atribuible a dos o más Administraciones públicas, sin necesidad de que haya fórmula colegiada de actuación alguna por tanto, y con independencia de que la responsabilidad nazca de una conducta activa o, por el contrario, de omisión o falta de actuación, por aplicación de los principios generales en la materia.

Como ya sabemos, el art. 140 de la Ley 30/1992 ha sido objeto de nueva redacción por la Ley 4/1999, modificadora de aquella. No parece necesario insistir en que sustancialmente lo dicho en relación con la solidaridad sigue siendo adecuado y defendible respecto de la nueva redacción legal.

Prescripción de la acción

Plazo de prescripción

Conforme al art. 1969.2, “ acción para exigir la responsabilidad civil por… las la obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado”, prescribe por el transcurso de un año.

Pese a la dicción textual del artículo transcrito, es claro que la prescripción anual que señala resulta aplicable no sólo a las obligaciones ex artículo 1902, sino también a las contempladas por los artículos siguientes; esto es, al conjunto de las obligaciones extracontractuales reguladas por el Código Civil. Así lo declaran las Sentencias del TS de 23 de febrero de 1956, respecto de los supuestos del art. 1903, y de 11 de febrero de 1977, relativa a un caso referido al art. 1905 del Código Civil.

Al contrario, dicho plazo no es aplicable, de forma indiscriminada, a otros supuestos de responsabilidad civil regulados por específicas disposiciones legales. Así, por ejemplo:

  • La Ley de Navegación Aérea (Art.,. 124) lo reduce a seis meses. Su brevedad hace que la jurisprudencia lo configure como un plazo excepcional y objeto de interpretación restrictiva: “ plazo excepcional de prescripción de seis meses que restrictivamente establece. El el artículo 124 de la Ley 48/1960, de 21 de julio (normas reguladoras de la navegación aérea) para el transporte de viajeros y de mercancías no es aplicable al caso de autos, al ser los daños causados por aeronaves no utilizadas para el transporte, sino para prácticas deportivas, en las que los ocupantes no tienen en realidad la condición de viajeros a que se refiere el art. 115 de la citada Ley, sino de participantes en la competición deportiva deque se trate… ” (STS de 17 de julio de 1987).

  • La Ley de Energía Nuclear (art. 67), según se trate de daño inmediato o no, lo amplía a diez o veinte años.

  • El art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que “ acciones de protección frente las a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas” .

  • El art. 293.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por su parte, dispone que “ la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse” .

  • Por su parte, el art. 140.3 de la Ley de Propiedad Intelectual preceptúa que “ acción la para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla” .

  • El artículo 18.1 de a Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, bajo la rúbrica de plazos de prescripción de las acciones establece que “ acciones para las exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual” .

No obstante lo dicho y pese a la evidencia de que cualquier disposición normativa con rango de Ley podrá establecer el plazo de prescripción que tenga por conveniente, es igualmente obvio de que el plazo de prescripción anual previsto en el Código Civil constituye de alguna manera el parámetro natural de referencia en la materia. Por consiguiente, no es de extrañar que dicho plazo sea el establecido también por disposiciones legislativas particulares.

Así, por ejemplo, el artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas “ prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo” .

Además, la tendencial generalidad del plazo de prescripción anual debe llevar a la afirmación de que, en el caso de que la regulación legal concreta de un supuesto de responsabilidad civil no prevea el plazo de prescripción, ésta acaecerá transcurrido un año desde que pudo ejercitarse la acción.

Sin embargo, nuestro TS viene entendiendo que dicha conclusión no es aplicable a los supuestos de responsabilidad civil dimanante de delito, respecto de la cual dispone el art. 117 del Código Penal que “ extinguirá de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a se las reglas del derecho civil”.

¿Cuál será tal regla ad hoc? Lo más directo y razonable posiblemente sea entender que, dada la coincidencia entre responsabilidad extracontractual y responsabilidad civil dimanante de delito, procede la aplicación del art. 1968.2 del Código Civil: esto es, la prescripción anual. No obstante, de forma recurrente y reiteradísima, el TS ha consagrado la aplicación del plazo general de quince años establecido en el art. 1964.

No hay duda alguna de que, con semejante tesis, nuestro Alto Tribunal busca sencillamente ampliar las expectativas de reparación de la víctima y evitar su sometimiento a un plazo prescriptito tan corto como el anual (la STS de 21 de marzo de 1984, por ejemplo, afirma que “ artículo 1968.2 del CC fija una prescripción, corta o extraordinaria, que sólo el afecta a las específicas acciones que la propia norma contempla… ” Sin embargo, también ) deben existir vacilaciones sobre la pertinencia técnica de las críticas realizadas a dicha línea jurisprudencial, en más de un comentario, por parte de F. Pantaleón, quien, tras preguntarse “que el plazo es excesivamente corto” concluye afirmando “ , pues modifíquese; pero no se recurra a malabarismos jurídicamente inaceptables para inaplicarlo mientras (el art. 1968.2) sea Derecho vigente”. Mas, con todo, semejante modificación legislativa no es inminente, ni fácil y, mientras tanto, es comprensible la visión teleológica seguida por el TS, a la que en términos prácticos hay que estar.

¿Prescripción o caducidad?: computo del plazo

La regla general respecto del computo del plazo viene establecida en el art.. 1968.2 con la frase “ desde que lo supo el agraviado”. Por tanto, una vez el daño sea real y efectivo, con conocimiento de la víctima, comienza a correr el plazo anual fijado (o, en su caso, el específicamente, establecido).

Dicha regla, sin embargo, requiere que el daño pueda darse por concluido, sin nuevas derivaciones dañosas para la víctima. Por ello, en el caso de “ daños continuados” y, en particular, en el caso de lesiones corporales, normalmente de difícil determinación médica e inextricable cuantificación pecuniaria de forma inmediata, el plazo de prescripción no comienza a computarse hasta el momento en que resulta factible determinar, con certidumbre, el alcance de la indemnización.

En concreto una reiteradísima jurisprudencia relativa a los supuestos de lesiones recalca que “ dies a quo para el computo del plazo prescriptito ha de ser referido al momento en que el se conozcan de modo definitivo las consecuencias del quebranto sufrido, según el alta médica” (así STS de 13 de septiembre de 1985, 8 de julio de 1983, 19 de noviembre de 1983, etc.).

Dicha doctrina jurisprudencial parece absolutamente razonable y digna de ser compartida, pese al riesgo de prolongar –acaso en exceso– algunos litigios.

El plazo anual previsto en el art. 1968.2 del CC, pese a su brevedad, es sin duda alguna un plazo de prescripción. Igualmente ocurre en la mayor parte de las disposiciones legislativas específicas que hemos considerado en los capítulos anteriores. Consiguientemente, el plazo puede ser objeto de interrupción conforme a las reglas generales.

No obstante, en las últimas manifestaciones legislativas sobre responsabilidad civil se observa una cierta tendencia del legislador a convertir los plazos de ejercicio de la acción de reclamación de la responsabilidad civil en plazos de caducidad, quizá para evitar la continua reviviscencia del posible ejercicio de la acción. En tal sentido conviene subrayar que:

  • El art. 9.5 de la LO 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad y a la imagen, si bien amplía generosamente el plazo de ejercicio de la acción a cuatro años, califica dicho plazo de caducidad.

  • Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer el perentorio plazo de tres meses para interponer la demanda de responsabilidad por error judicial, utiliza además términos textuales que deben interpretarse en el sentido de que el legislador opta por la caducidad, tal y como ratifica la doctrina sentada por la STS de 3 de octubre de 1990.

Referencia al seguro de responsabilidad civil

El acusado proceso de objetivación de la responsabilidad extracontractual que ha sido descrito ha corrido paralelo con el incremento del papel de los contratos de seguro en la sociedad actual.

Pese a que dicha materia no va a ser tratada aquí y ahora, conviene al menos señalar una serie de cuestiones de innegable importancia.

La mayor parte de las disposiciones legislativas que configuran la responsabilidad extracontractual con carácter objetivo regulan simultáneamente la existencia de seguros obligatorios, impuestos ex lege. Entre ellos, es conocidísimo en la práctica el seguro obligatorio del automóvil.

De otra parte, la conciencia generalizada de que el fatalismo tradicional de la “mala suerte” o de la cristiana resignación frente a las adversidades pueden ser sustituidos con gran ventaja por técnicas asegurativas ha traído consigo un extraordinario auge de los seguros voluntarios. En particular, los colectivos de los denominados “ profesionales (médicos, ATS, abogados, etc.) han fomentado los seguros de grupo o seguros “ colegiales” de responsabilidad civil ante la proliferación de los casos de responsabilidad por riesgo.

Actualmente, el seguro de responsabilidad civil se encuentra normativamente acogido en los arts. 73 a 76 de la Ley del Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980. Su estudio, sin embargo, no procede realizarlo en esta sede, por lo que debemos remitirlo al momento oportuno. (El primero de los arts. Citados ha sido objeto de modificación parcial pro la disposición adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados).