03. La responsabilidad por hechos propios

La responsabilidad subjetiva o culposa por hechos propios

Como ya hemos visto, el primero de los escasos artículos dedicados por el Código a la regulación de la responsabilidad civil extracontractual plantea la cuestión considerando que se trata de una responsabilidad de carácter subjetivo o culposo. Ciertamente el art. 1902 condena a la reparación del daño a todo aquel que provoque daños a otro, pero –parafraseándolo– sólo y en tanto en cuanto haya intervenido culpa o negligencia.

Glosemos con algún detalle el contenido de la norma referida para resaltar los elementos o presupuestos (tanto de carácter subjetivo cuanto objetivo) que, en principio (y, por tanto, dejando a salvo cuanto veremos en los siguientes capítulos), han de concurrir para que se produzca el nacimiento de la responsabilidad extracontractual a cargo del sujeto a quien debe imputarse la realización de la conducta activa u omisiva que causa daño a otro.

Los presupuestos de carácter objetivo

La acción u omisión dañosa

La responsabilidad extracontractual presupone la existencia de una acción o una omisión de una persona, siendo, por tanto, indiferente para los efectos del nacimiento de la responsabilidad que la falta o el acto ilícito se realice por medio de un hecho activo –culpa en comittendo– o de una simple abstención –culpa in omitiendo–. Tanto el art. 1091 cuanto el art. 1902 se refieren expresamente a la omisión o conducta omisiva del agente del daño.

De otra parte, es indiscutible que la acción del causante del daño puede consistir tanto en un acto propiamente dicho (por tanto consciente y voluntario), cuanto en un hecho de carácter absolutamente involuntario.

La ilicitud o antijuridicidad

Para que la acción u omisión produzca la obligación de reparar el daño, suele afirmarse que es necesario que sea ilícita o antijurídica, es decir, contraria a Derecho. Sin embargo, el art. 1902 no recoge indicación alguna sobre dicho presupuesto, requiriendo sólo que en la conducta del agente intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

La razón de semejante “ laguna” o “silencio legal” radica en que, en principio, todo acto u omisión que cause daño a otro, se presume que es antijurídico. Mas, si bien se piensa, semejante explicación no es completamente satisfactoria, pues la antijuridicidad no deriva en sí misma del acto o de la omisión (que, abstractamente considerados, pueden ser perfectamente lícitos y conformes con el ordenamiento jurídico), sino de las consecuencias dañosas que, por culpa o negligencia del sujeto actuante, generan en un tercero. Por tanto, a la postre, es antijurídica cualquier conducta (lícita o no) que acarree daño para tercero y sólo dejara de serlo cuando concurra a favor del sujeto responsable alguna de las causas que excluyen la antijuridicidad y que, por consiguiente, exoneran de responsabilidad al sujeto actuante, que serían las siguientes:

Los casos de legítima defensa o estado de necesidad

Ambas nociones constituyen objeto propio del Derecho penal, a cuyo estudio remitimos para extremos complementarios a cuanto seguidamente se afirma. No obstante, conviene considerarlas aquí, si bien brevemente, pues en general se entienden aplicables también a la responsabilidad extracontractual en virtud de lo establecido por el art. 118 del Código Penal (conforme a la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; la numeración correspondiente a la versión anterior del CP será también tenida en cuenta en estas páginas).

En efecto, el art. 118.1 expresa que la exención de la responsabilidad criminal no lleva siempre aparejada la inexistencia de responsabilidad civil, sino que esta última “ hará efectiva se conforme a las reglas siguientes… ” que detalladamente recoge el propio art. 118.

El número cuarto del art. 20 del CP (antes art. 8-4º) identifica la legítima defensa con al actuación de cualquiera “ defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que en concurran los requisitos siguientes: 1º Agresión ilegítima… , 2º Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y 3º Falta de provocación suficiente por parte del defensor” .

Por su parte el art. 20.5º del Código Penal (antes, art. 8.5º) considera como causa eximente de la responsabilidad penal la actuación de quien “ estado de necesidad, para en evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1º Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, 2º Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y 3º. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse” .

El consentimiento o la culpa exclusiva de la víctima

Debe considerarse igualmente inexistente la responsabilidad extracontractual cuando el daño se causa con consentimiento de la víctima o a causa de la denominada culpa exclusiva de la víctima. Mas, a su vez, para que el consentimiento de la víctima pueda ser considerado causa de exoneración de la responsabilidad, es inexcusable que dicho consentimiento no sea contrario a una prohibición legal, o a las buenas costumbres, o no sea ineficaz por cualesquiera otras razones.

El correcto ejercicio de un derecho

Cuando el sujeto responsable obre (acción) o adopte una conducta omisiva en virtud de un derecho, cuyo ejercicio comporte un daño o cualquier tipo de perjuicio para un tercero, se afirma por lo general que debe considerarse igualmente inexistente la responsabilidad extracontractual.

No obstante, el ejercicio de un derecho tampoco puede considerarse indiscriminadamente como causa excluyente de la responsabilidad, pues si su puesta en ejecución comporta un uso abusivo del derecho, este mismo ejercicio puede constituir un acto ilícito. No otra cosa significa el principio general de proscripción del abuso del derecho recogido en el art. 7 del Código Civil, pues si bien esta norma proclama el principio en términos generales, inequívocamente lo hace aplicable al tema que nos ocupa, al decir el artículo 7.2 que “ todo acto u omisión que… sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización… ”. Por lo demás, para evitar reiteraciones, debemos remitirnos en el estudio de esta cuestión a lo expuesto en el primer tomo de esta obra.

El daño: referencia al daño moral

El propio art. 1902 impone este elemento de la responsabilidad extracontractual y la jurisprudencia reiterada exige la existencia y prueba del daño para la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios. La prueba del daño efectivamente acaecido corresponde al demandante, el cual coincidirá normalmente con la propia víctima o sus representantes; sin embargo, conviene tener en cuenta que en caso de que el daño ocasionado provoque la muerte de una persona, dicha coincidencia desaparece.

El daño, pues, debe ser ante todo real, cierto y existente, pues “ pretender la reparación de un daño eventual o hipotético, aunque sea susceptible de producirse en el futuro, pero todavía no realizado, equivaldría a enriquecer sin causa a la víctima” como acertadamente , observa M. Cerdá Olmedo. No obstante, ello no obsta a que la sentencia liquidadora del daño pueda tener en cuenta también los daños futuros si éstos pueden cuantificarse y, simultáneamente, constituyen una derivación o prolongación inevitable, directa y cierta del daño ya acaecido.

¿De qué naturaleza ha de ser el daño objeto de reparación? Los daños materiales (o patrimoniales) deben ser objeto de reparación de forma indiscutible, entre otras razones porque son susceptibles tanto de reparación específica cuanto de reparación pecuniaria.

Pero ¿y el daño moral? ¿Puede originar reparación específica y, por consiguiente, dar lugar a reparación? Los daños morales se definen como aquellos que afectan a los bienes o derechos inmateriales de las personas –como la libertad, la salud, el honor, etc. –, extraños a la noción de patrimonio y que no repercuten, cuando menos de modo inmediato, sobre éste.

Pues bien, la doctrina y la jurisprudencia tienden a admitir, desde hace ya largo tiempo, que todo daño, material (patrimonial) o moral, siempre que sea real y demostrado, da lugar a reparación. La primera –y famosa– sentencia del TS que declaró la susceptibilidad de reparación del daño moral lleva fecha 6 de diciembre de 1912: un periódico de Murcia publicó la noticia (además, falsa) de que una joven señorita había huido de la ciudad con un sacerdote de quien había tenido vergonzosa descendencia. El padre (cuyo estado de ánimo no es necesario explicar) demandó al periódico y obtuvo una señera indemnización de 150.000 pesetas, cifra que en aquel entonces permitía comprar un buen cortijo.

Desde entonces, el debate doctrinal sobre la susceptibilidad de indemnización de los daños morales ha quedado circunscrito exclusivamente al ámbito contractual (cuestión que consideraremos en el próximo tomo), resultando claro que en materia de responsabilidad extracontractual los daños morales son plenamente indemnizables. Dicha desembocadura resulta hoy incontestable en nuestro Ordenamiento jurídico, incluso atendiendo a los puros datos de Derecho positivo. En efecto, ya hemos estudiado en el anterior volumen que la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se pronuncia abiertamente a favor de la susceptibilidad de indemnización de daños y perjuicios en los casos de daño moral, utilizando tal denominación tanto en la exposición de motivos (últ. párr.) cuanto en diversos pasajes de su articulado (arts. 9.3 y 9.4 LOHIP). En similar sentido, el art. 140 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual [cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos (BOE núm. 57, de 7 de marzo)] acoge textualmente la expresión de daño moral e impone la correspondiente indemnización.

La cuestión teórico–práctica que hoy cabe plantearse en relación con las obligaciones extracontractuales estriba en determinar si el daño moral y el daño material deben englobarse bajo un mismo concepto (el de daño) o si, por el contrario, responden a dos conceptos diferentes. Según la doctrina más autorizada, es preferible pronunciarse en el último de los sentidos expuestos, pues sólo el daño patrimonial puede ser propiamente “ resarcido” mientras que los daños morales, no patrimoniales, no son resarcibles, sino sólo, en algún modo, “compensables”. En dicha línea, ha declarado reiteradamente el TS que la pretensión de indemnización del daño moral cuando tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero, más que una función reparadora, cumple la finalidad de ser una compensación de los sufrimientos del perjudicado (el denominado pretium doloris).

Respecto de la cuantía concreta de los daños causados por la conducta del responsable (y de la consiguiente indemnización), es superfluo advertir que, una vez probados y acreditados, hay que estar al prudencial criterio del juzgador, pues no existe previsión normativa capaz de englobar la riqueza de supuestos de hecho. De ahí que la LOHIP, por ejemplo, pese a su modernidad, hable sencillamente de indemnización de daños y perjuicios (art. 9.2 in fine) y establezca que “ indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las la circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión… ” (en similares términos, cfr. Art. 140.2 LPI, conforme a la redacción del _Real Decreto Legislativo 1/1996, modificada por la Ley 5/1998, d e6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos).

El presupuesto subjetivo: la culpa o negligencia

Para que haya obligación de reparar el daño causado, es preciso que éste sea atribuible al agente, bien sea porque el agente tuviera intención de causar el daño, bien sea porque –pudiendo y debiendo preverlo– no previo las consecuencias dañosas dimanantes de su conducta por negligencia inexcusable.

Este elemento de culpabilidad se deduce claramente del propio tenor literal del art. 1902, ya que en dicha norma se indica expresamente que la acción u omisión dañosa debe verse acompañada por la existencia de culpa o negligencia: interviniendo culpa o negligencia” dice el , artículo. Por su parte la jurisprudencia ha consagrado reiteradamente el elemento de culpabilidad en relación con el art. 1902.

Los presupuestos o requisitos básicos de la culpabilidad en el comportamiento dañoso son, a su vez, dos, según una opinión relativamente consolidada en la doctrina: la imputabilidad del autor y la conducta dolosa o culposa por parte del agente. Veámoslos por separado, pues verdaderamente el deslinde del requisito de la pretendida imputabilidad del autor del daño resulta en extremo dudoso.

La imputabilidad del autor del daño

Es obvia la necesidad de que la acción u omisión causante del daño sea atribuible a una determinada persona, que es la obligada, por tanto, a reparar el daño causado (¿cómo podría reclamar el ganadero indemnización porque un águila despeñe una oveja, o el agricultor porque un rayo destruya el tractor?, por ejemplo). La relación obligatoria, sea cual fuere su fuente, requiere la existencia de dos personas que ocupen posiciones contrapuestas, como hemos repetido hasta la saciedad.

Ahora bien la imputación a una persona de la responsabilidad ¿requiere que dicha persona sea imputable? Es decir, ¿el autor del daño debe tener capacidad de entender y querer?, ¿debe actuar con plena consciencia y capacidad de decisión o de conocimiento para determinar el alcance de sus actos? En realidad, el aparente juego de palabras planteado en el párrafo anterior hace saltar a la palestra una cuestión de fondo de difícil solución en nuestro Derecho positivo, al tiempo que pone de manifiesto la ambivalencia de los términos que estamos considerando: Imputar significa, hic et nunc (recuérdese lo dicho ya en relación con la imputación de pagos), atribuir a alguien la culpa o, en definitiva, la responsabilidad dimanante del acto ilícito del que trae causa el daño realizado. En cambio, ser imputable equivale a tener capacidad de entender y querer o tener conciencia del alcance de la propia actuación. Pues bien, ¿es necesario que el autor del daño sea imputable para que la culpa le pueda ser imputada? En términos puramente lógicos, la respuesta afirmativa podría verse avalada por el hecho de que la imputación de la acción dañosa a un sujeto aparece inicialmente como una exigencia o corolario ineludible de la culpa requerida en la responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo. Esto es, la culpa requiere consciencia subjetiva del alcance de los propios actos; las personas inimputables no pueden ser culpables. Sin embargo, dicha operación lógica dista de ofrecer resultados seguros y, en definitiva, depende del concepto de imputabilidad que se adopte como premisa. Si por imputabilidad se entiende la existencia de una voluntad concreta cuyo ejercicio comporte la realización del comportamiento dañoso, habríamos de concluir que los hechos humanos no acarrearían responsabilidad civil. Esto es, los actos voluntarios generarían responsabilidad, mientras que los actos involuntarios la excluirían. Dicha conclusión es inaceptable en materia de responsabilidad extracontractual, pues–como ya hemos dicho– la voluntariedad o involuntariedad de la conducta dañosa es intrascendente para nuestro sistema normativo.

En realidad, la exigencia de la imputabilidad (capacidad de entender y querer) del autor del daño no constituye un presupuesto de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento (en contra de cuanto ocurre, por ejemplo, en los códigos Civiles italiano y portugués actualmente vigentes). Así resulta de lo dispuesto en el art. 118 del CP (en relación con sus arts. 19 y 20.1º a 3º y, de otra parte, con los arts. 1902 y ss. Del Código Civil) [antes, las normas penales a considerar eran, respectivamente, los arts. 20 y 8]. Téngase en cuenta que, como consecuencia de la entrada en vigor el día 12 de enero de 2001 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (BOE núm. 11, de 13 de enero), los arts. 8.2 y 9.3 del CP de 1973, en vigencia transitoria en virtud de la disposición derogatoria única de la LO 10/1995 del Código Penal, quedarán definitivamente derogados. Desde esa misma fecha entrará en vigor, con carácter definitivo, el art. 19 CP, cuya vigencia estaba suspendida (DF 7ª CP) en tanto no se publicara la citada “ Ley Penal del Menor” ].

Abreviando el contenido de tales normas, los menores de dieciocho años (novedad destacable del nuevo Código Penal), quienes sufran anomalías o alteraciones psíquicas persistentes o incluso quienes transitoriamente sufran tales anomalías (siempre que el trastorno no hubiera sido provocado de propósito) están exentos de responsabilidad criminal.

Esto es, en términos doctrinales, son inimputables penalmente, pero dicha exención de responsabilidad criminal no comprende no conlleva la inexistencia de responsabilidad civil.

Así conforme el art. 118 del CP, la responsabilidad civil generada a causa de actos llevados a cabo por quienes sean penalmente inimputables se exigirá conforme a las siguientes reglas:

1ª. Respecto de quienes sufran enajenación mental persistente, serán responsables “quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pidiera corresponder a los imputables” (art. 118.1ª). En relación con esta regla, hemos de remitirnos necesariamente al capítulo siguiente (art. 1903.4 CC), pero obsérvese ya que los “ guardadores legales” responden por el hecho ilícito del inimputable, aunque dicha responsabilidad se fundamente en la culpa in vigilando.

Bajo la redacción anterior del Código Penal, disponía el art. 20 que, en caso de inexistencia o insolvencia de los guardadores legales, “ responderán con sus bienes las propias personas a que hace referencia el párrafo anterior, dentro de los límites que para el embargo de bienes señalan las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal”. Esto es, entraba en juego, conforme a las reglas generales ya analizadas, la responsabilidad patrimonial universal de los locos, los menores y los disminuidos psíquicos. No había pues, novedad alguna; las personas citadas respondían con sus bienes, igual que cualesquiera otros sujetos, pues como ya sabemos la “ prisión por deudas” quedó afortunadamente abolida en el Derecho contemporáneo.

Ello hacía que fuera obligado preguntarse si había de llegarse a la misma conclusión en el supuesto (no contemplado por el art. 20 CP, en su redacción anterior) de que, existiendo “guardadores legales” y siendo solventes, no fueran declarados, sin embargo, responsables, por acreditar la debida diligencia. Algunos autores ofrecieron a tal pregunta la respuesta negativa, basándose en que –como sabemos– las normas penales no son susceptibles de aplicación analógica (cfr. Art. 4.2 CC). Sin embargo, pese a su ubicación en el Código Penal, la norma comentada tenía una naturaleza indudablemente civil, como defendiera hace años el insigne magistrado del TS. J. Latour Brotons, (últ., sin citarlo, pero con particular insistencia, también Lacruz Berdejo). Así pues, la respuesta afirmativa a la pregunta planteada se imponía, así como la conclusión general de que la condición de imputable del autor del daño es extraña en nuestro sistema normativo.

En dicha línea parece moverse el actual CP, al establecer la responsabilidad de los guardadores “ perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los sin imputables” .

2ª. El ebrio y el intoxicado (por drogas u otras circunstancias psicotrópicas) habrán de responder por sí mismos.

3ª. En el supuesto de estado de necesidad, serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal.

La inimputabilidad de los menores de edad ha desaparecido tras la aprobación de la LO 5/2000, de 12 de enero, sobre responsabilidad penal de los menores. Como es sabido su objeto consiste precisamente en que los menores de edad comprendidos entre los catorce y los dieciocho años puedan ser declarados responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las Leyes penales especiales” (arts. 1 y 5.1. principalmente).

Pero lo llamativo, sobre todo en relación con lo establecido en el Código Penal respecto de los disminuidos psíquicos –según acabamos de ver– es que la LO 5/2000 hace recaer sobre padres y guardadores la responsabilidad civil imputable al menor entre catorce y dieciocho años de forma solidaria, aunque no haya habido culpa o negligencia alguna de aquéllos. Esto es, para los padres o guardadores la responsabilidad civil se objetiviza en la LO 5/2000, pues en todo caso su responsabilidad es solidaria, si bien no podrá ser moderada por el Juez cuando los padres y guardadores “ hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o no negligencia grave) cfr. Art. 18.3).

El carácter doloso o culposo de la conducta

Los arts. 1902 y 1903 mencionan expresa y exclusivamente la culpa como elemento característico de la conducta del responsable. El art. 1902 utiliza literalmente, refiriéndose al sujeto actuante, los términos culpa o negligencia. El art. 1903.6, por su parte, al referirse a la responsabilidad por hecho ajeno, se sitúa en la perspectiva contraria y habla de la diligencia del responsable.

Cabe remitirse a lo ya explicado con anterioridad sobre la noción de culpa, pues realmente la consideración por nuestro legislador de semejante concepto se aproxima a la idea coloquial del mismo: la existencia de una conducta descuidada o poco cuidadosa debe ser sancionada tanto en el caso de que genere el incumplimiento de una obligación contractual cuanto en el supuesto de que origine un daño (que, a su vez, hará nacer la responsabilidad extracontractual).

La graduación de la culpa (esto es, distinguir entre culpa lata o grave, leve y levísima) no tiene interés alguno en la responsabilidad extracontractual, con independencia de la posición que se adopte sobre su admisibilidad en relación con las obligaciones contractuales. En efecto, toda vez que el autor del acto ilícito responde siempre del daño, cualquiera que sea el grado de la falta de diligencia que se pueda identificar en el supuesto de hecho, es innecesario resucitar la vieja doctrina de la graduación de la culpa. En tal sentido, parece indudable el sentido que ha de atribuirse al art. 1089 cuando habla de “ y de los actos u omisiones ilícitos o en que … intervengan cualquier género de culpa o negligencia” .

Por lo demás, es obvio que los Tribunales deberán apreciar la falta de diligencia, lo mismo que en el caso de la responsabilidad contractual, teniendo en cuanta las circunstancias de cada caso concreto, conforme a la interpretación analógica del art. 1104.

Es indiscutible que, aunque el Código Civil se refiera en los arts. Reseñados sólo a la culpa, el entendimiento de tales preceptos no puede realizarse de forma literal. La utilización del vocablo “ culpa” no puede justificar en modo alguno la exclusión de las conductas dolosas como determinantes de la responsabilidad extracontractual, por evidentes razones.

El dolo, en la materia ahora considerada, habría de identificarse con la conducta deliberada y consciente dirigida a producir daño a otro y, por tanto, reviste una gravedad mucho mayor que la culpa stricto sensu. En consecuencia, la obligación de reparar el daño causado tiene incluso mayor fundamento (y determinará normalmente una mayor “generosidad” del juez en la fijación de la indemnización), por lo que se impone concluir que en la dictio legis del art. 1902 el término “ culpa” debe ser interpretado en sentido genérico, englobando dentro de él tanto la culpa propiamente dicha cuento el dolo.

La prueba de la culpa

Inicialmente, es nota característica de la responsabilidad extracontractual la necesidad de prueba de la culpa. La jurisprudencia tiene declarado de forma continua y reiterada, en múltiples sentencias desde la publicación del Código, que el actor ha de probar la culpabilidad del demandado. Semejante doctrina jurisprudencial, por otra parte, sería consecuencia necesaria de lo establecido durante su prolongado período de vigencia en el art. 1214 del CC, en cuya virtud “ incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento” (dicho art., como sabemos, ha sido derogado por la LEC-2000).

No obstante, la doctrina y la propia jurisprudencia, desde hace décadas, comenzaron a plantearse la posibilidad de que bastase un mero principio de prueba de la culpa del agente– demandado una vez acreditado el daño del demandante–víctima, atendiendo a razones de justicia material que pueden resumirse diciendo que es injusto que la víctima, además de haber sufrido un daño, deba soportar la carga de la prueba.

Siguiendo dicha línea, en las últimas décadas del siglo XX, nuestro TS ha terminado por establecer una verdadera inversión de la carga de la prueba en beneficio de la víctima, conforme a la cual será el sujeto tendencialmente responsable quien haya de acreditar haber actuado sin culpa. Esto es, con un grado de diligencia tal que excluya la aparición de la responsabilidad extracontractual.

El presupuesto causal: la relación de causalidad

Planteamiento: causas y concausas

La mera lectura del art. 1902 evidencia que entre la acción u omisión del agente y el daño inferido a la víctima debe existir un nexo causal, una relación de causa a efecto que, doctrinalmente, se conoce con el nombre de relación de causalidad.

En términos teóricos, el presupuesto causal no ofrece dificultad de comprensión alguna.

En términos prácticos, sin embargo, la denominada relación de causalidad origina numerosos problemas, sobre todo en los supuestos en que concurran varias causas (concausas) a producir el daño final a considerar.

En efecto, trátese de sólo una posible causa o de varias concausas el problema de determinar la vinculación del daño final habido con las circunstancias de hecho resulta difícil por principio. Ayudémonos de un par de ejemplos tomados directamente de al jurisprudencia del TS.

Una persona de sexo femenino, a consecuencia de ciertas irregularidades existentes en el suelo de “ sintasol” de una oficina de Telefónica, sufre una caída y ciertos daños. Condena la Audiencia a Telefónica, a cual recurre en casación alegando la nimiedad de tales irregularidades.

El TS declara compartir el criterio seguido por la Audiencia “que con correcto tratamiento de la cuestión ha entendido como causa eficiente y adecuada la existencia de la irregularidad o depresión en el pavimento, como desencadenante inicial al menos del resultado… ” (cfr. STS 27 de junio de 1991).

Manuel, menor de edad, dispara una escopeta de aire comprimido, causando gravísimas lesiones en el ojo derecho a otro menor de edad. Dándose la circunstancia de que Manuel compró el arma él mismo, además de sus padres, resulta demandado el comerciante que le vendió la carabina. ¿Hay concausa o no? Entendiendo que no, el comerciante plantea recurso de casación. El TS declara la corresponsabilidad del comerciante: “ un hecho que, sin perjuicio de la sanción administrativa es que pudiera merecer, puede ser, y es en este caso, origen de una responsabilidad de otro orden por daño producido a consecuencia de los actos citados que revelan la negligencia del demandado (ASL), al vender la carabina al hijo de los demandados en su establecimiento sin cumplir ninguno de los requisitos exigibles, dando lugar por omisión de tales precauciones a la responsabilidad que señala el art. 1902, sin que de ella le excluya el hecho de que un mes antes la madre del menor le hubiese preguntado el precio de una escopeta de la clase después vendida, y es que en la realidad de la producción del daño se da una concurrencia de conductas omisivas (la del comerciante y la de los padres) que han de considerarse relevantes desde un punto de vista social… ”: STS de 7 de enero de 1992.

Determinar sobre quién (o quiénes) ha de pesar la reparación del daño no es cuestión sencilla, ni en los casos planteados, ni en ningún otro de parecida índole, sobre todo cuando existen circunstancias concomitantes que, de una forma u otra, han podido determinar el resultado dañoso.

Ante ello, la doctrina (penalista y civilista) ha propuesto en términos teóricos diversas opciones de solución a las que hemos de referirnos, aunque realmente son insatisfactorias para resolver la multiplicidad de supuestos prácticos que se presentan cotidianamente. Una vez más la riqueza de los datos de hecho a que se enfrenta la jurisprudencia se escapa a rígidas caracterizaciones y clasificaciones conceptualmente elaboradas, aunque como veremos la propia jurisprudencia se refiere expresamente en más de un caso a tales posturas doctrinales.

De ahí la necesidad de conocer al menos su significación inicial y el fundamento de sus propuestas.

Tesis doctrinales sobre la causalidad

Las teorías doctrinales básicas existentes en la materia son las siguientes:

Teoría de la equivalencia de las condiciones

Propugna la consideración de todas y cada una de las diversas concausas que hayan contribuido a la producción del resultado dañoso siempre y cuando éste no hubiera acaecido de faltar algunas de las condiciones o circunstancias que hayan estado presentes en el supuesto de hecho. De tal manera, en términos escolásticos, se identifica esta tesis con la de la conditio sine qua non: esto es, sólo se tendrán en cuenta aquellas circunstancias cuya concurrencia ha sido determinante en el resultado dañoso o, dicho en forma negativa, que de no haberse dado hubieran provocado la ausencia de resultado dañoso alguno o, sencillamente, otro resultado dañoso distinto al efectivamente ocurrido.

Teoría de la adecuación o de la causa adecuada

Otros autores (hoy mayoría) consideran que la causa–origen del daño sólo puede determinarse atendiendo a la adecuación entre aquélla y éste. Si el daño objetivamente contemplado era de esperar como una derivación natural del curso de los acontecimientos, en tal caso podrá hablarse de relación causal.

Teoría de la causa próxima

La jurisprudencia inglesa habla, con relativa frecuencia, de la necesidad de que entre el daño y la serie de concausas haya una relación de proximidad, de forma tal que las posibles causas de origen remoto deban ser desechadas.

Teoría de la causa eficiente

En sentido muy parecido a la anterior, la jurisprudencia española prefiere hablar en algunos de la causa eficiente, quizá para evitar que la nota de proximidad de la causa pueda traer consigo la exclusión de causas menos próximas que, sin embargo, son las verdaderamente determinantes del resultado dañoso.

La consideración jurisprudencial de la relación de causalidad

No obstante los esfuerzos doctrinales por encontrar un criterio general de resolución de los conflictos planteados, lo cierto es que la inexistencia de norma alguna sobre el particular en el CC hace que TS (y, en sentido análogo, la propia jurisprudencia anglosajona) se incline generalmente por afirmar que la existencia de varias causas generadoras del daño habrá de ser valorada en cada caso por los Jueces, aun reconociendo al mismo tiempo que no sólo la causa última e inmediata ha de ser tenida en cuenta en la atribución de la responsabilidad extracontractual.

En efecto, desde la Sentencia de 22 de octubre de 1948 al menos, el TS ha mostrado un exquisito cuidado en no adscribirse de manera exclusiva a ninguna de las teorías doctrinales reseñadas, optando al contrario por resaltar el insuperable casuismo de la materia que, a efectos de establecer el nexo causal entre la conducta (activa u omisiva) del agente y el daño producido, “ de inspirarse en la valoración de las condiciones o circunstancias que el buen ha sentido señale en cada caso como índice de responsabilidad dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos, con abstracción de todo exclusivismo doctrinal” (cfr. SSTS de 30 de diciembre de 1981 y 15 de abril de 1964). Es más, la Sentencia de 13 de octubre de 1979 añade que la jurisprudencia debe alejarse tanto del denominado “ exclusivismo doctrinal” cuanto “ las discusiones filosóficas, que agrupa, de un lado, a los partidarios de la de causa eficiente y, de otro, a los que más bien se apoyan en el principio de razón suficiente, ni adoptar una posición intermedia a favor de la conditio sine qua non o del factor predominante, de la circunstancia principal o de cualquier otro elemento”.

Lo dicho no obsta, sin embargo, a que en otras ocasiones el TS se haya escorado a favor de una determinada teoría de las reseñadas, por entender que la justicia material del caso así lo requería. Señalaremos a tal efecto dos sentencias de la Sala 1ª dictadas casi el mismo día en las que el TS parece pronunciarse por teorías contrapuestas:

  • “ Ha de precisarse –declara la STS de 23 de septiembre de 1988– que en ese necesario encadenamiento de presupuestos básicos para que el resultado resarcible se produzca, se hace precisa una conducta de la suficiente importancia para que pueda considerarse como desencadenante del mismo (Sentencias de 10 de julio de 1969 y 18 de octubre de 1979), dando lugar, con ello, a lo que por la doctrina científica civilista se viene denominando causa eficiente, reconocida y declarada también por esta Sala (Sentencias de 15 de abril de 1964, 2 de abril de 1976, 24 de abril de 1979, 27 de noviembre de 1981 y 11 de marzo de 1988… )” .

  • Por su parte, la Sentencia de 25 de septiembre de 1988 entiende, sin embargo, que “ doctrina jurídica en torno a la problemática que plantea la relación de causalidad ha sido la estudiada en profundidad por la doctrina y la jurisprudencia… habiéndose manifestado a través del tiempo dos doctrinas imperantes y sucesivas: la primera, aquella que vio la solución de todos los problemas que planteaba en la llamada equivalencia de las condiciones… y, la segunda, la conocida por la de la causalidad adecuada, que exige la determinación de si la conducta del autor del acto es apropiada para la producción de un resultado de una clase dada y determinada… , doctrina esta que, en los últimos años, impera tanto en el orden jurisprudencial penal como en el civil” “ . Esta doctrina es perfectamente viable y aplicable a los supuestos de coexistencia de conductas contributivas en la relación de causalidad, demandando tan sólo para su solución la determinación de la contribución de cada conducta en la relación causal determinante del resultado” .

En definitiva, el TS, coincidente de las diversas perspectivas de interés respecto de la relación de causalidad, las considera desde una posición meramente instrumental, atendiendo ante todo a un planteamiento realista de los supuestos litigiosos y procurando lograr la debida justicia material de los casos sometidos a su conocimiento.

Caso fortuito y relación de causalidad

En más de una ocasión, ha tenido oportunidad el TS de señalar la estrecha conexión o interdependencia existente entre el caso fortuito y la relación de causalidad, en el sentido de que la presencia en cualquier supuesto de hecho de un caso fortuito determinan la inexistencia de responsabilidad extracontractual por falta de la correspondiente relación de causalidad.

En términos didácticos, es difícil decidir de forma inconcusa si, en materia de responsabilidad extracontractual, el caso fortuito debe ser considerado al hilo de la culpa del agente o, por el contrario (como hacemos hic et nunc), al tratar de la relación de causalidad. En términos prácticos, sin embargo, la cuestión carece de trascendencia y en gran medida depende del planteamiento procesal del correspondiente pleito. Lo mismo ocurre yendo al fondo del asunto: el caso fortuito incide tanto sobre la eventual culpa del agente cuanto respecto de la relación de causalidad.

Ante la inexistencia de norma alguna en materia de responsabilidad civil que represente un papel paralelo al ofrecido por el art. 1105 (ya considerado al estudiar, en general, el incumplimiento de las obligaciones), la jurisprudencia del TS se muestra proclive, en numerosas ocasiones (últ. SSTS de 28 de febrero de 1991 y 16 de febrero de 1988), a considerar aplicable dicho precepto a los casos de responsabilidad extracontractual. Por tanto, a lo ya dicho, en relación con el art. 1105, hemos de remitirnos.

Conviene advertir, no obstante, que la consideración del art. 1105, a efectos de la calificación o caracterización del caso fortuito, por parte de la jurisprudencia no significa, sin embargo, una especial predisposición por parte del TS a excluir la relación de causalidad o establecer la falta de culpa del sujeto tendencialmente responsable. En la mayor parte de los casos reales, las disquisiciones contenidas en las sentencias sobre la aplicación del concepto de caso fortuito que cabe extraer del art. 1105 sirven precisamente al TS para poner de manifiesto la inexistencia de tal causa de exoneración de responsabilidad extracontractual. No es extraño, pues normalmente los pretendidos casos fortuitos alegados por los litigantes (rotura de máquinas, lluvias torrenciales o avenidas, etc.) suelen ser eventos previsibles que no habrían originado daño alguno a tercero en caso de que el sujeto responsable hubiera demostrado la debida diligencia.

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