04. La responsabilidad por hecho ajeno

El carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta

Aunque la regla general en materia de responsabilidad civil, establecida en el art. 1902, sea que responde el causante del daño, lo cierto es que en el art. Siguiente el Código preceptúa que habrá de responderse extracontractualmente “ sólo por los actos u omisiones no propios, sino (también) por los de aquellas personas de quienes se debe responder” .

Ante ello, se habla de responsabilidad indirecta o responsabilidad por hecho de otro, dado que la persona que origina el daño y quien ha de responder frente al perjudicado no son coincidentes.

La responsabilidad indirecta sigue teniendo, pues, carácter subjetivo y se funda en una “presunción de culpa” de las personas que, teniendo facultad de elección o de guarda sobre otras, actúan descuidadamente, permitiendo o dando ocasión a que estas últimas dañen a terceros.

Por ello, el propio art. 1903 in fine excluye la existencia de responsabilidad cuando quienes hayan de responder por otro “ pruebe que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño” (art. 1903.6).

Cuanto acabamos de afirmar se extrae con extraordinaria facilidad de la mera exégesis del art. 1903, cuya interpretación literal resulta prima facie indiscutible. Sin embargo, al finalizar el estudio del capítulo, habremos de concluir que dicha primera lectura del art. 1903 debe abandonarse, pues realmente la jurisprudencia del TS ha acabado por desplazar el precepto comentado del campo de la responsabilidad culposa al ámbito de la responsabilidad por riesgo.

Los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno

Los casos contemplados en el artículo 1903 del Código Civil

Conforme al tenor literal del art. 1903, los supuestos de responsabilidad por hecho o acto ajeno pueden conllevar que la exigencia de responsabilidad civil recaiga sobre las siguientes personas:

  • Los padres, respecto de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

  • Los tutores, respecto de los daños causados por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía.

  • Los comerciantes o empresarios (el Código, conforme a la terminología propia de su tiempo, habla de “ dueños o directores de establecimiento o empresa” respecto de los daños ), causados por sus empleados o dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones.

  • Los educadores o los titulares de determinados centros docentes.

  • El Estado cuando obra por mediación de un agente especial.

Como veremos en particular en el último epígrafe de este capítulo, el párrafo quinto del art. 1903 CC, referido al agente especial del Estado, ha sido derogado por la Ley 1/1991, de 7 de enero. Por razones didácticas, sin embargo, conviene partir de la redacción originaria del Código, ya que proceder, de manera directa, al estudio de la legislación vigente en el momento de cerrar esta edición podría generar mayores problemas que ventajas.

La importancia respectiva de tales supuestos aconseja que, incluso en esta obra elemental, los consideremos por separado y con cierto detenimiento, como haremos seguidamente. Antes sin embargo, resulta preciso referirse al carácter exhustivo o meramente enunciativo del art. 1903.

Otros posibles supuestos de responsabilidad por hecho ajeno

Para la gran mayoría de los autores españoles (que, a su vez, siguen demasiado de cerca de los franceses en este punto), prácticamente la unanimidad, la enumeración o enunciación del art. 1903 tiene carácter limitativo o exhaustivo: es decir, aparte de los casos contemplados por el código, no puede haber responsabilidad por hecho ajeno. A favor de semejante conclusión, se alega básicamente que no debería jugar aquí la interpretación extensiva por analogía y se recuerda la Sentencia de 30 de abril de 1969, en la que el abuelo de un menor que hiere de una pedrada a un compañero de juegos resulta absuelto, pese a ser el guardador del niño por no referirse el art. 1903 sino a los padres exclusivamente.

Personalmente, he afirmado ya en alguna ocasión anterior que la opinión mayoritaria debe ser considerada incorrecta, además de insostenible si se atiende a razones de justicia material. El art. 1903 no tiene por qué ser excluido de la interpretación analógica, ya que no es una norma penal, ni de carácter excepcional, ni de ámbito temporal (cfr. art. 4). La interpretación literal del precepto no debe arrojar la conclusión defendida por la mayoría, pues el Código no se preocupa ni siquiera de enumerar ordinalmente los distintos párrafos de que se compone el artículo.

La aplicación de los demás criterios hermenéuticos a la interpretación del art. 1903 el único resultado que arroja es que se exige que entre el responsable y el agente del daño exista una relación de subordinación o de particular custodia o vigilancia. Por tanto, basta con dicha relación de dependencia para que pueda y deba predicarse la vigencia de la responsabilidad por hecho ajeno (cfr. SSTS de 16 de abril de 1991, 3 de abril de 1984 y 4 de enero de 1982), aunque el supuesto de hecho concreto (orfanato, internado, centro psiquiátrico cerrado, viaje de fin de curso, etc.) no se encuentre expresamente contemplado en los diversos párrafos del art. 1903 del CC.

En esta última línea se mueve en las últimas décadas la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS que ya ha declarado reiteradamente el carácter meramente enunciativo del precepto comentado:

La STS de 23 de febrero de 1976 afirmaba ya “ que conjugadas sistemáticamente las normas contenidas en los arts. 1902, 1903 y 1908, párrafo primero, e interpretadas en consideración al presente momento y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas –como se establece en el art. 3.1 del CC– y haciendo uso de la analogía –que de manera expresa regula el art. 4 de dicho texto legal–, se pueden entender incluidos en el art. 1903 otros supuestos en los que exista o se genere alguna relación distinta de las que el precepto contempla –ad exemplum–, como pueden ser las del comodato, originado por la cesión gratuita y temporal que el propietario de un automóvil asegurado hace a otra persona a la que ligan lazos familiares o cuasifamiliares, o de gran afecto, cuya relación crea deberes recíprocos… ” .

Referida igualmente al préstamo del automóvil, declara por su parte la Sentencia de 23 de septiembre de 1988 “ que no puede rechazarse de modo general la idea de que la … autorización concedida por el padre o madre propietarios de un vehículo de motor para conducirlo de modo habitual constituye un acto que si bien, en principio, de mero hecho, puede originar consecuencias jurídicas de las que aquéllos hayan de responder civilmente, posibilidad y consecuencia esta que resulta de indudable realidad… ” “ la autorización habitual ; … concedida conlleva el responder a una petición y, por ello, a la formalización de una relación de carácter cuasinegocial entre el titular del vehículo y el hijo (en este caso), o el amigo, consecuentemente autorizados par ala utilización del mismo aun cuando sea a título gratuito” .

La responsabilidad de padres o tutores

Introducción

Tradicionalmente, se ha considerado que los padres o tutores de los menores in potestate o de los incapacitados, respectivamente, deberían ser considerados responsables civiles de los daños ocasionados por las personas de las que eran guardadores legales. Desde su publicación el CC ha seguido dicha línea , dedicando los párrafos segundo y tercero del artículo 1903 a regular dicha responsabilidad por hecho ajeno, en el entendido de que padres o tutores son responsables por culpa in vigilando, in custodiando, o in educando (cfr. STS de 10 de marzo de 1983), que tanto da:

  • “ Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda” (art. 1903.2).

  • “ Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía” (art. 1903.3).

Podemos comentar ambos apartados conjuntamente, ya que responden a un mismo fundamento y desempeñan una función similar: el guardador legal del incapaz de obrar debe afrontar las responsabilidades dimanantes de los actos dañosos de éste. Es superfluo destacar que dicho tratamiento conjunto no significa otorgar igual importancia estadística a la importancia de la responsabilidad de los padres y de los tutores, pues la tutela es una institución mucho menos frecuente, por obvias razones. De hecho, la mayor parte de los supuestos litigiosos (y, por tanto, de las sentencias que ad exemplum citamos en este apartado) tren causa de la responsabilidad paterna.

Antes de seguir desarrollando la materia, conviene advertir que el párrafo segundo actualmente vigente fue introducido por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, pues con anterioridad la redacción era la siguiente: “ padre y, por muerte e incapacidad de éste, la madre son El responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía”.

En desarrollo de los preceptos constitucionales de igualdad entre hombre y mujer (y, en particular, entre marido y mujer: art. 32 CE) dicha ley introdujo numerosas modificaciones en el articulado del código. La que ahora nos ocupa radica segura y exclusivamente en hacer partícipe a la madre de la responsabilidad civil por hechos de sus hijos en el mismo grado que al padre. Por tanto, el cambio del requisito de “ vivir en su compañía” por el de “encontrarse bajo su guarda” posiblemente no tenga otra significación que la derivada de la necesidad de atender a los casos de crisis matrimonial, en los que los hijos difícilmente pueden quedar bajo la guarda de los dos progenitores.

La presunción de culpa y la objetivación de la responsabilidad

El fundamento de esta responsabilidad en la culpa in vigilando, en términos teóricos, debería suponer que padres y tutores quedaran exentos de responsabilidad cuando acrediten haber sido personas diligentes y cuidadosas respecto de la conducta de los menores o incapacitados sometidos a su autoridad. El Código acepta dicho planteamiento, con carácter general, en el último párrafo del art. 1903, al disponer que “ responsabilidad de que trata este la artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño” .

Conforme a dicha concepción la responsabilidad paterna vendría caracterizada sencillamente por una presunción iuris tantum de culpa que admitiría la prueba en contrario, con la consiguiente exoneración de responsabilidad para padres y tutores.

Sin embargo, dicha contemplación del tema no se corresponde con la realidad jurisprudencial de nuestros días. La jurisprudencia del TS sobre la materia se caracteriza en las últimas décadas por ser de un rigor extraordinario respecto de la responsabilidad de padres y tutores y, en particular, respecto de la prueba de la conducta diligente de éstos excluyente de a responsabilidad. Hasta el punto de que, tanto la doctrina cuanto al propia jurisprudencia, han puesto de manifiesto en más de una ocasión que, realmente, no cabe ya hablar de responsabilidad por culpa, sino que en la práctica se ha pasado a establecer una responsabilidad de carácter objetivo o por riesgo.

En efecto, la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal ha declarado reiteradamente que la exclusión de la responsabilidad de los guardadores legales no puede darse aunque éstos hayan observado una conducta diligente en relación con la educación y formación de los menores o incapacitados por quienes deben responder. Veamos algunos ejemplos, extractados de la abundantísima jurisprudencia existente sobre el particular:

  • El hecho de que un tutor tenga prohibido a su pupilo ir de caza no conlleva la irresponsabilidad de aquél por el accidente fortuito producido al “ disparársele al menor” la escopeta (STS 15 de febrero de 1975)

  • La circunstancia de encontrarse de viaje, fuera de su domicilio habitual, tampoco sirvió de excusa a los padres de un menor que dañó el globo ocular de un compañero de juegos mediante una escopeta de aire comprimido (STS 22 de abril de 1983)

  • Perdió el ojo igualmente una menor a consecuencia de la explosión de un cohete o petardo manipulado por otro menor que, fortuitamente, rebotó en el suelo en vez de explotar en el cielo. El carácter fortuito del accidente no eximió a los padres de la responsabilidad (STS de 4 de mayo de 1984).

Ante dicha opción jurisprudencial, la doctrina se ha pronunciado en general desde una perspectiva muy crítica, subrayando el excesivo rigor del TS en la consideración de la materia.

Algunos autores subrayan que, en la búsqueda de un responsable que atienda la reparación del daño causado por el menor, el TS acaba por convertir a los guardadores legales en una especie de compañía de seguros que debe responder siempre atendiendo a criterios objetivos de acaecimiento del daño. Incluso se ha llegado a argüir, en contra de la reiterada línea jurisprudencial, que la circunstancia de que los menores sean por principio insolventes no debería desembocar en semejante conclusión, pues la responsabilidad patrimonial universal permite que éstos respondan en el futuro.

La severidad con que algunos autores analizan la jurisprudencia del TS debe ser, a su vez, replanteada y revisada, pues el hecho de que la posición jurisprudencial acentúe la objetividad de al responsabilidad de padres o tutores no supone que las decisiones adoptadas en cada caso no se asienten en indiscutibles razones de justicia material. En realidad, el conflicto de intereses en los supuestos de hecho característicos de la responsabilidad paterna es resuelto por el TS conforme a una argumentación (muchas veces implícita) que parece irreprochable: en la alternativa de que las consecuencias patrimoniales de la lesión sufrida por una persona cualquiera o, frecuentemente, por otro menor deban afrontarse ora por la víctima o por los padres de ésta, ora por el causante del daño o (dada su irresponsabilidad o insolvencia) por los padres de éste, opta generalmente por esta última solución, cuya justicia parece quedar fuera de toda duda.

Cuando dicha argumentación se hace explícitamente se comprende fácilmente y ha de compartirse la línea jurisprudencial ininterrumpidamente mantenida por el TS. Así, por ejemplo, la STS de 7 de enero de 1992 (otro caso más de pérdida de ojo de un menor a causa de un disparo con escopeta de aire comprimido realizado por otro menor), tras poner de manifiesto que los párrafos comentados del art. 1903 responden u obedecen a “ criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad” explica circunstancialmente (citando , muchas sentencias anteriores) que “ responsabilidad dimana de culpa propia del guardador la por omisión de aquel deber de vigilancia, sin que exonere de responsabilidad el dato de no hallarse presentes el padre o la madre cuando se comete el hecho ilícito o que aquéllos tengan que trabajar o no puedan, por razón de las circunstancias familiares o sociales, estar siempre junto a sus hijos menores de edad, ya que de seguirse otro criterio, como dice la Sentencia de 29 de diciembre de 1962, se llegaría a la total irresponsabilidad civil de los hechos realizados por los menores de edad, quebrantándose criterios de equidad de dejar sin resarcimiento alguno a quien ha sufrido en su cuerpo y salud importantes daños… ” .

La responsabilidad civil dimanante de la responsabilidad penal de los menores

Respecto de las disposiciones propias de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en particular respecto de la asunción, de manera objetiva y solidaria, de la responsabilidad civil por parte de padres y guardadores legales, nos remitimos a lo dicho con anterioridad.

La responsabilidad del empresario

Carácter y presupuesto de su exigencia

El art. 1903.4 dispone que son igualmente responsables “ dueños o directores de un los establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”. Por su parte, el siguiente artículo establece que “ que paga el daño causado por sus dependientes el puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho” .

De al lectura conjunta de ambos preceptos resulta que cualquier daño inferido a terceros en el ámbito empresarial correspondiente permite la exigencia directa de responsabilidad al empresario, pero que ésta no excluye la posible responsabilidad del dependiente causante del daño. Además, si tenemos en cuenta el precepto general del art. 1902, parece difícilmente discutible que la víctima del daño, en caso de poder identificar al dependiente o empleado causante del daño y si éste ha actuado culposa o negligentemente, podría accionar también directamente contra él.

Esto es, un mismo hecho dañoso puede fundamentar una doble exigencia de responsabilidad, pues la víctima puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de los posibles responsables (empleado y empresario) o contra ambos conjuntamente, siempre que no infrinja el principio procesal ne bis in idem; ya que realmente no hay dos hechos generadores de responsabilidad sino dos posibles responsables (lo que, obviamente, no es lo mismos). Supongamos, al servirnos un camarero en la mesa de una terraza, negligentemente (por encontrarse el piso mojado a consecuencia de su propio descuido), resbala y, además de mancharnos irremisiblemente toda la vestimenta, nos causa cortes y lesiones que nos provocan una incapacidad laboral durante dos meses. La responsabilidad propia del camarero se fundamentaría en la aplicación del art. 1902; la responsabilidad de la empresa nacería ex art. 1903.4. Lo razonable y más seguro es que demandáramos conjuntamente a ambos; pero podemos también limitar la demanda a la empresa de hostelería, por considerar que, a efectos de la reparación e indemnización correspondiente, presenta una mayor solvencia y garantís ésta que el camarero.

La responsabilidad del empresario se caracteriza, por tanto, por ser directa, en el sentido de que no requiere que previa o simultáneamente se demande al empleado causante del daño, y, en segundo lugar, por encontrar fundamente en la culpa in vigilando o culpa in eligendo del propio empresario. Al tener éste a su cargo la organización y gestión del ámbito natural de su actividad empresarial.

Para que la posible exigencia de responsabilidad al empresario sea efectiva requiere el Código que se den, de forma concurrente, dos presupuestos:

1. La relación de dependencia

La relación de dependencia cabe extraerla del propio término utilizado por el Código:

“dependiente” Según ella, el causante del daño debe encontrarse respecto del empresario en .

una situación de subordinación, en el entendido de que la actuación del dependiente responde a las órdenes o instrucciones de aquél. En tal sentido, la situación paradigmática del “dependiente” vendría representada por la situación laboral propiamente dicha o por cualquier otra relación contractual (más o menos pasajera) que conlleve el “ trabajar para otro” .

2. La actuación del dependiente en la esfera de actuación de la empresa

Este segundo presupuesto, claramente expresado por el art. 1903.4 (“ perjuicios causados… en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones” supone que los actos dañosos de los dependientes o auxiliares sólo generarían la ), responsabilidad del empresario cuando puedan considerarse inherentes al desempeño de las funciones o gestiones encomendadas dentro del ámbito empresarial correspondiente.

Sin embargo, la concurrencia de tales presupuestos y la propia interpretación del significado de cada uno de ellos ha sido sometida por la jurisprudencia a una labor de desgaste tal que, en la actualidad, realmente debe concluirse que la responsabilidad del empresario responde más a la doctrina del riesgo que a la visión exegética que proporciona la interpretación literal del Código a la que acabamos de referirnos.

En esta línea la relación de dependencia la ha dado por existente la jurisprudencia del TS (tanto la Sala 1ª, como la Sala de lo Penal) en muchos casos en los que, realmente, no existe relación de jerarquía/subordinación, sino simplemente situaciones creadoras de riesgo.

Igualmente ha ocurrido con el segundo de los presupuestos considerados, pues la jurisprudencia ha acabado por declarar la responsabilidad del empresario incluso en supuestos en los que sus auxiliares o dependientes (siendo realmente tales) se han excedido claramente en sus funciones o han utilizado los bienes o la posición en a empresa con daño efectivo para terceros.

En definitiva, hoy, la responsabilidad del empresario resulta concebida en términos objetivos, de al forma que (al igual que respecto de la responsabilidad paterna) el juego exonerador del último párrafo del artículo 1903 representa un papel claramente marginal en la consideración jurisprudencial de los supuestos litigiosos. Se persigue, pues, una vez más, la reparación de la víctima, en esta caso a cargo del empresario, aunque sea causante sólo mediato o indirecto del daño inferido.

La doctrina se muestra mucho menos crítica frente a la jurisprudencia “ objetivizadora” relativa a la responsabilidad del empresario que respecto de la anteriormente estudiada, pese a que los fundamentos de justicia material en uno y otro caso son idénticos. De otra parte, en relación con la responsabilidad del empresario, es innegable que la fundamentación de la reiterada línea jurisprudencial de matiz objetivo puede verse fortalecida por el derecho de repetición otorgado al empresario contra sus dependientes.

El derecho de repetición

El art. 1904 establece, desde la redacción originaria del Código, que “ que paga por el el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho” es decir, un derecho de repetición del empresario contra aquellos auxiliares o dependientes que hubiesen originado la propia responsabilidad de aquél.

Según ello, resulta que (pese a su evidente fundamento en la culpa in vigilando o in eligendo) la responsabilidad del empresario no dimana de su propia culpa, pues en tal caso el Código no debería permitirle que “ repitiera” contra sus dependientes, sino de consideraciones de carácter objetivo o de creación de riesgo por la actividad empresarial, tal y como, en definitiva, sienta como regla la jurisprudencia.

Naturalmente, la reclamación del empresario contra el dependiente o dependientes que hayan sido los causantes efectivos del daño a terceros ha de entenderse sometida a las reglas propias del art. 1902 y a la concurrencia de todos los presupuestos requeridos por dicho precepto a cuyo estudio nos remitimos.

La responsabilidad de los titulares de centros docentes de enseñanza no superior

Redacción originaria: la responsabilidad de maestros y profesores

La redacción originaria del art. 1903.6 establecía textualmente que “ son, por último responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia” .

En tiempos contemporáneos, dicha norma había sido muy criticada dado que la directa relación entre maestro o profesor y alumno, que presuponía y daba por cierta el supuesto de hecho, era muy discutible. De otra parte, el hecho de que la responsabilidad de los educadores se extendiera “mientras permanecieran los alumnos bajo su custodia” estaba arrojando en los últimos tiempos la resistencia de todos los educadores a extender sus tareas propias más allá de lo estrictamente necesario. En concreto, los movimientos sindicales correspondientes aconsejaban a los maestros y profesorado de Institutos o Colegios no realizar actividad complementaria o extraescolar alguna, dado el riesgo que personalmente asumían.

La reforma de la Ley 1/1991: la responsabilidad de los titulares de los centros docentes

A dicho estado de cosas hace referencia explicita el preámbulo de la Ley 1/1991, de 7 de enero, que ha introducido modificaciones de importancia en el art. 1903: “ régimen de El responsabilidad que para los profesores y maestros establecen los artículos 22 del Código Penal y 1903 del Código Civil no se ajusta a la realidad social de nuestros días. Se trata de normas con fundamento en la llamada culpa in vigilando, concebidas en momentos que hoy no se producen en el discurrir diario de la vida docente. Ello induce a modificar el régimen de responsabilidad a fin de establecer que quien responda de los daños ocasionados por sus alumnos sean las personas o entidades titulares de los centros, que son quienes deben adoptar las correspondientes medidas de organización… ” .

Aunque de la lectura de semejante pasaje pudiera deducirse que se abandona el esquema de la culpa in vigilando, realmente no es así. El vigente art. 1903.6, ahora, queda establecido en los siguientes términos: “ Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias” .

Conforme a ello, la responsabilidad ha girado algunos grados en relación con el sujeto que ha de soportar (ya no son los maestros y profesores, sino los “ titulares” de los Centros), pero sigue fundamentada en criterios de culpa in vigilando o, si se quiere, en culpa in eligendo, pues sólo se origina mientras los alumnos se hallan “bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro” desarrollando actividades programadas o regidas por éste, sean propiamente escolares o complementarias.

La norma actualmente vigente despeja una incógnita que la redacción anterior del art. 1903.6 planteaba: sólo responderá el Centro por los daños causados por los menores de edad, pero sigue dejando en la sombra cuáles sean los “ Centros de enseñanza no superior”. Bajo dicha expresión se comprenden, sin duda, las escuelas, colegios e institutos de enseñanza primaria o secundaria (sean públicos o privados). Parece igualmente indudable que los Centros de enseñanza universitaria han de quedar excluidos de la previsión normativa (aparte el hecho de que las disposiciones administrativas actuales impiden de facto que menores de edad puedan cursar estudios universitarios). Pero ¿ha de entenderse por “ enseñanza” sólo y exclusivamente el estudio reglado o, por el contrario, debe extenderse semejante vocablo a cualesquiera otras actividades susceptibles de aprendizaje y de organización docente (supongamos, escuela de hípica o de conducción de motocicletas; academia de secretariado o escuela–taller de grabado)? A mi juicio, la expresión debe ser entendida en sentido amplio, quedando referida, pues, a cualesquiera instituciones u organizaciones que se dediquen a la formación, enseñanza y aprendizaje de menores de edad, con independencia de la actividad concreta desarrollada.

Debe observarse que, atendiendo a la realidad efectiva de nuestro “mapa escolar” la , nueva norma acarreará en numerosos supuestos la imputación de responsabilidad a las propias Administraciones públicas (Estado, Comunidades autónomas, Ayuntamientos, etc.), en cuanto titulares de todos los centros de enseñanza de carácter público. De hecho, ya bajo la redacción anterior del art. 1903.6, los supuestos dañosos relacionados con dicho precepto han originado en más de una ocasión la demanda (y condena) de las Administraciones Públicas de quienes dependían los centros docentes de carácter público en los que se habían producido los daños.

El derecho de repetición

La Ley 1/1991 ha incorporado un segundo párrafo relativo al derecho de repetición de los titulares de Centros docentes, de nueva redacción, al art. 1904. En su virtud, los titulares de los Centros “ podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño” .

Tiene la norma transcrita una forma gramatical bastantes desafortunada. Pues parece dar a entender que el desempeño de las funciones propias del profesorado debe ser “ causa del daño”. No obstante, su sentido es otro bien distinto: ni siquiera en el caso de que los profesores hayan desempeñado sus funciones incurriendo, por acción u omisión, en culpa grave o dolo, la relación de causalidad debe darse entre la acción u omisión del profesor y el daño causado, sino entre el hecho o acto del menor sometido a control o vigilancia y la causación del daño. Lo que sí ocurre es que la conducta activa u omisiva del profesor determina la responsabilidad de éste en el caso de haber podido ser un obstáculo a la realización del acto ilícito del menor, si no hubiera intervenido dolo o culpa grave de aquél.

Por tanto, el profesor queda exonerado de responsabilidad frente al Centro docente en el caso de que su actuación sea meramente culposa (culpa leve o levísima); mientras que en caso de culpa grave o dolo, nace el derecho de repetición del centro docente contra el profesor.

Huelga extenderse en la dificultad de concreción de la noción de culpa grave, pero resulta necesario subrayar que –en contra de las conclusiones obtenidas al estudiar el art. 1104– la reforma de la Ley 1/1991 trae consigo, para el supuesto concreto ahora analizado, la introducción en el Código de la clasificación o, mejor, graduación de la culpa que el legislador optó por abandonar en el momento de la codificación.

La responsabilidad civil del Estado cuando obra mediante agente especial

La redacción originaria del art. 1903.5 establecía textualmente que “ Estado es el responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior” .

La interpretación más correcta de dicho precepto, hoy absolutamente intrascendente, consiste en entender que el Estado puede actuar en el tráfico de dos formas bien diversas:

  1. A través de sus propios funcionarios, integrados, pues, en el organigrama administrativo, que actuarían en sentido puramente instrumental (al igual que los órganos de las personas jurídicas y de las sociedades, según vimos en el tomo anterior). En tal caso, la aplicación del art. 1902 debe suponer que el responsable propiamente dicho es el propio Estado. Se trataría pues, de una responsabilidad por acto propio (no obstante, la jurisprudencia sustentaba durante la primera mitad del siglo XX la tesis contraria: el Estado era irresponsable y el funcionario actuante, en caso de culpa o negligencia, por aplicación del art. 1902, era el único responsable).

  2. Mediante la “mediación de un agente especial” sin vinculación orgánica o , administrativa con la estructura estatal, coyunturalmente designado para el desempeño de un mandato o encargo concreto (siguiendo el paralelismo, podríamos hablar en este caso de representante; de hecho, alguna antigua sentencia del TS, como la de 18 de mayo de 1904, afirmó que agente especial “ el que recibe un mandato o comisión concreta o determinada, es ajena al ejercicio de su cargo, si es funcionario público, para que en representación del Estado, y obligándole como mandatario suyo, cumpla el encargo que se le confíe… ”). En tal caso, el art. 1903 entiende que, fundamentada en la culpa in eligendo, nace la responsabilidad del Estado por hecho ajeno.

En todo caso, las cuestiones apuntadas en los párrafos anteriores han tenido en la segunda mitad del siglo XX escasísima importancia práctica. En primer lugar, la actuación del Estado mediante “ agentes especial” ha sido. Como mucho, esporádica y no ha dado lugar a jurisprudencia digna de reseña. En segundo y fundamental lugar, la responsabilidad del Estado, desde la aprobación de la Ley de Expropiación Forzosa en 1954, ha dejado en todo caso de ser culposa, para pasar a ser responsabilidad objetiva en sentido propio. Por consiguiente, se tratará en el capítulo siguiente.

Tales razones justifican plenamente que el art. 2 de la Ley 1/1991, reiteradamente citada, haya establecido expresamente la supresión (derogación) del párrafo quinto del art. 1903 del Código Civil antes transcrito.

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