06. Responsabilidad civil de los centros docentes

La responsabilidad de los titulares de centros docentes de enseñanza no superior

Redacción originaria: la responsabilidad de maestros y profesores

La redacción originaria del art. 1903.6 establecía textualmente que “ son, por último responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia” .

En tiempos contemporáneos, dicha norma había sido muy criticada dado que la directa relación entre maestro o profesor y alumno, que presuponía y daba por cierta el supuesto de hecho, era muy discutible. De otra parte, el hecho de que la responsabilidad de los educadores se extendiera “mientras permanecieran los alumnos bajo su custodia” estaba arrojando en los últimos tiempos la resistencia de todos los educadores a extender sus tareas propias más allá de lo estrictamente necesario. En concreto, los movimientos sindicales correspondientes aconsejaban a los maestros y profesorado de Institutos o Colegios no realizar actividad complementaria o extraescolar alguna, dado el riesgo que personalmente asumían.

La reforma de la Ley 1/1991: la responsabilidad de los titulares de los centros docentes

A dicho estado de cosas hace referencia explicita el preámbulo de la Ley 1/1991, de 7 de enero, que ha introducido modificaciones de importancia en el art. 1903: “ régimen de El responsabilidad que para los profesores y maestros establecen los artículos 22 del Código Penal y 1903 del Código Civil no se ajusta a la realidad social de nuestros días. Se trata de normas con fundamento en la llamada culpa in vigilando, concebidas en momentos que hoy no se producen en el discurrir diario de la vida docente. Ello induce a modificar el régimen de responsabilidad a fin de establecer que quien responda de los daños ocasionados por sus alumnos sean las personas o entidades titulares de los centros, que son quienes deben adoptar las correspondientes medidas de organización… ” .

Aunque de la lectura de semejante pasaje pudiera deducirse que se abandona el esquema de la culpa in vigilando, realmente no es así. El vigente art. 1903.6, ahora, queda establecido en los siguientes términos: “ Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias” .

Conforme a ello, la responsabilidad ha girado algunos grados en relación con el sujeto que ha de soportar (ya no son los maestros y profesores, sino los “ titulares” de los Centros), pero sigue fundamentada en criterios de culpa in vigilando o, si se quiere, en culpa in eligendo, pues sólo se origina mientras los alumnos se hallan “bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro” desarrollando actividades programadas o regidas por éste, sean propiamente escolares o complementarias.

La norma actualmente vigente despeja una incógnita que la redacción anterior del art. 1903.6 planteaba: sólo responderá el Centro por los daños causados por los menores de edad, pero sigue dejando en la sombra cuáles sean los “ Centros de enseñanza no superior”. Bajo dicha expresión se comprenden, sin duda, las escuelas, colegios e institutos de enseñanza primaria o secundaria (sean públicos o privados). Parece igualmente indudable que los Centros de enseñanza universitaria han de quedar excluidos de la previsión normativa (aparte el hecho de que las disposiciones administrativas actuales impiden de facto que menores de edad puedan cursar estudios universitarios). Pero ¿ha de entenderse por “ enseñanza” sólo y exclusivamente el estudio reglado o, por el contrario, debe extenderse semejante vocablo a cualesquiera otras actividades susceptibles de aprendizaje y de organización docente (supongamos, escuela de hípica o de conducción de motocicletas; academia de secretariado o escuela–taller de grabado)? A mi juicio, la expresión debe ser entendida en sentido amplio, quedando referida, pues, a cualesquiera instituciones u organizaciones que se dediquen a la formación, enseñanza y aprendizaje de menores de edad, con independencia de la actividad concreta desarrollada.

Debe observarse que, atendiendo a la realidad efectiva de nuestro “mapa escolar” la , nueva norma acarreará en numerosos supuestos la imputación de responsabilidad a las propias Administraciones públicas (Estado, Comunidades autónomas, Ayuntamientos, etc.), en cuanto titulares de todos los centros de enseñanza de carácter público. De hecho, ya bajo la redacción anterior del art. 1903.6, los supuestos dañosos relacionados con dicho precepto han originado en más de una ocasión la demanda (y condena) de las Administraciones Públicas de quienes dependían los centros docentes de carácter público en los que se habían producido los daños.

El derecho de repetición

La Ley 1/1991 ha incorporado un segundo párrafo relativo al derecho de repetición de los titulares de Centros docentes, de nueva redacción, al art. 1904. En su virtud, los titulares de los Centros “ podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño” .

Tiene la norma transcrita una forma gramatical bastantes desafortunada. Pues parece dar a entender que el desempeño de las funciones propias del profesorado debe ser “ causa del daño”. No obstante, su sentido es otro bien distinto: ni siquiera en el caso de que los profesores hayan desempeñado sus funciones incurriendo, por acción u omisión, en culpa grave o dolo, la relación de causalidad debe darse entre la acción u omisión del profesor y el daño causado, sino entre el hecho o acto del menor sometido a control o vigilancia y la causación del daño. Lo que sí ocurre es que la conducta activa u omisiva del profesor determina la responsabilidad de éste en el caso de haber podido ser un obstáculo a la realización del acto ilícito del menor, si no hubiera intervenido dolo o culpa grave de aquél.

Por tanto, el profesor queda exonerado de responsabilidad frente al Centro docente en el caso de que su actuación sea meramente culposa (culpa leve o levísima); mientras que en caso de culpa grave o dolo, nace el derecho de repetición del centro docente contra el profesor.

Huelga extenderse en la dificultad de concreción de la noción de culpa grave, pero resulta necesario subrayar que –en contra de las conclusiones obtenidas al estudiar el art. 1104– la reforma de la Ley 1/1991 trae consigo, para el supuesto concreto ahora analizado, la introducción en el Código de la clasificación o, mejor, graduación de la culpa que el legislador optó por abandonar en el momento de la codificación.

Los titulares de centros docentes

Concepto y fundamento de la responsabilidad por hecho de los alumnos

El art. 1903.5 CC establece la responsabilidad de los titulares de los centros docentes por los daños causados por sus alumnos menores de edad durante el tiempo en que se hallen bajo la vigilancia del profesorado y desarrollando actividades escolares, extraescolares o complementarias. La redacción actualmente vigente es consecuencia de la reforma efectuada por al ley 1/1991, de 7 de enero. La regulación del Código obliga a distinguir entre dos posibles situaciones: la prevista directamente en el art. 1903.5 CC, que obliga a responder a los titulares de los Centros por los daños causados por sus alumnos menores de edad. Pero a la vez, como consecuencia de lo dispuesto en el art. 1904.2 CC. Hay que incluir la responsabilidad de estos mismos titulares por los daños causados por los maestros en el ejercicio de sus funciones; esta última debe reconducirse a la responsabilidad del empresario.

En relación con los hechos de los alumnos, la responsabilidad de los titulares se fundamenta en la tradicional culpa in vigilando, ya que nos hallamos ante un defecto de vigilancia, posiblemente consecuencia de la falta de la debida organización de las actividades escolares. A ello hay que añadir que durante el período escolar, la responsabilidad de los padres se traslada al titular del centro, por una especie de delegación de la obligación de guarda y custodia, aunque esta responsabilidad existirá sólo mientras se mantenga el control del alumnado. Por ello, al responder el titular del centro por culpa propia, sólo podrá exonerarse de los daños producidos por los hechos de los alumnos si prueba que actuó con la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, de acuerdo con el art. 1903.6 CC, sin posibilidad de repetir contra el causante del daño o contra sus padres. Aunque la jurisprudencia ha considerado que hay que tener en cuenta que no existe una obligación genérica de responsabilidad por todo lo que ocurra en el Centro docente y por ello en alguna sentencia anterior se imputa la obligación de responder por la culpa en la falta de vigilancia.

Existe, sin embargo, una tendencia interpretativa que califica este tipo de responsabilidad como objetiva; esta explicación no está de acuerdo con la posibilidad de probar la diligencia en evitar el daño, prevista en el art. 1903.6 CC.

El titular del centro no es responsable cuando el daño se ha producido en circunstancias diversas de la actividad escolar, sea esta normal o extraescolar. En este caso, cuando el daño proviene de culpa directa del alumno, y su producción no puede atribuirse al desarrollo de una actividad escolar, la responsabilidad corresponderá al alumno o a sus padres o guardadores, de acuerdo con lo previsto en el art. 1903.1 CC.

Requisitos

Para que se produzca este tipo de responsabilidad se requiere:

  1. Que el causante del daño sea menor de edad. Esta responsabilidad afecta a los titulares de centros de enseñanza primaria y enseñanza media, no de la superior porque se supone que sus alumnos son mayores de edad, que responden personalmente de acuerdo con el art. 1902 CC. Por tanto, si el daño fuese provocado por alumnos mayores de edad de enseñanzas primaria y media, no respondería el titular del centro, sino el causante del daño.

  2. Que el daño sea ocasionado durante el curso de una actividad escolar o extraescolar.

En consecuencia, cesando las actividades escolares regladas, se sigue manteniendo la responsabilidad por aquella que haya organizado el centro. En este período el centro tiene una actividad, que incluye la obligación de vigilancia y control de los docentes.

Se incluyen también las actividades complementarias, como el transporte escolar o el servicio de comedor.

Una cuestión discutida en la jurisprudencia se refiere a los daños ocasionados en horarios fuera de los períodos lectivos, durante los que los alumnos se hallan aun bajo la supervisión del centro. La STS de 3 de diciembre 1991 flexibilizó la interpretación del art. 1903.5 CC, entendiendo que el centro debía responder por daños causados después de terminada la jornada escolar “ antes de ser recogidos o trasladarse a sus domicilios”. La STS de 4 junio 1999 confirma esta tesis cuando afirma que “encuentra su razón de ser en que, tratándose de una responsabilidad por culpa in vigilando, las funciones de guarda y custodia sobre aquellos alumnos sólo se transfieren a los profesores o cuidadores del centro desde el momento de la entrada en el mismo de los alumnos hasta su salida de él finalizada la jornada escolar. Por ello era requisito necesario para la prosperabilidad de la acción indemnizatoria ejercitada la prueba de que las lesiones sufridas por la menor hija de los actores se produjeron durante este lapso de tiempo en que los alumnos quedaban sujetos a la vigilancia del personal del Centro” .

Las autolesiones. Los daños a que se refiere el art. 1903.5 CC son aquellos que se han ocasionado a terceros, ya sean alumnos del mismo centro, ya sean personal del mismo, ya sean personas ajenas. En todos estos casos, la jurisprudencia ha declarado la responsabilidad del centro. La responsabilidad se ha declarado por la omisión de los deberes de guarda y custodia, y la falta de control y vigilancia de los alumnos, aunque últimamente se ha considerado que no existe obligación de responder por daños causados en actividades carentes de riesgo, porque en estos casos se produce un caso fortuito. Se incluyen también los daños que el alumno se cause a sí mismo.

Sujetos responsables

Es responsable el titular del centro, ya sea éste privado estrictamente o concertado.

“Titular del centro” no significa “ director” sino quien ostente la titularidad que permite el , ejercicio de la enseñanza. En el caso de que se trate de un centro público, las normas a aplicar son las que corresponden a la responsabiidad de la administración pública.

En consecuencia, no se acumulan las acciones de la víctima que sólo puede reclamar contra el titular del centro y no contra los padres, por efecto del traspaso del deber de vigilancia a que antes me he referido.

Responsabilidad del titular del centro docente por los daños ocasionados por sus profesores

La reforma de 1991 siguió manteniendo el hecho del alumno como criterio de imputación de la responsabilidad al titular del centro docente. Cuando el causante del daño al propio alumno o a un tercero sea un profesor, la solución que debe darse se deduce de lo establecido en el art. 1903.4 CC y, por tanto, el titular del centro responde frente a la víctima como empresario. Se aplican los criterios establecidos, aunque con una diferencia, puesto que el art. 1904.2 CC sólo permite el derecho de regreso cuando el causante del daño haya actuado “ con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fueren causa del daño”. La responsabilidad es asimismo, vicaria y la víctima puede demandar al titular del centro sin necesidad de dirigirse contra el profesor causante del daño, en virtud de lo establecido en el art. 1903.4 CC, aunque puede decidir dirigirse contra el agente del daño, en cuyo caso deberá actuar de acuerdo con la regla general del art. 1902 CC

La acción de regreso

La acción de regreso del titular del centro sólo es posible en el caso de que el daño haya sido causado por los maestros, cuando hayan actuado con dolo o culpa graves en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el art. 1904.2 CC. La ley no prevé la posibilidad de repetir contra los padres del alumno causante del daño. Estamos de nuevo ante un supuesto en que se prefiere atribuir la responsabilidad a quien puede resultar más útil demandar, dada su capacidad económica y la posibilidad de asegurarse, pero sin que ello suponga la exención de responsabilidad de quien verdaderamente resulta único imputable del daño producido; por tanto, una cosa es el resarcimiento de la víctima y otra la responsabilidad. Y en consecuencia debe considerarse aquí lo dicho para la responsabilidad del empresario.

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