08. Responsabilidad civil de los padres o tutores

La responsabilidad de padres o tutores

Introducción

Tradicionalmente, se ha considerado que los padres o tutores de los menores in potestate o de los incapacitados, respectivamente, deberían ser considerados responsables civiles de los daños ocasionados por las personas de las que eran guardadores legales. Desde su publicación el CC ha seguido dicha línea , dedicando los párrafos segundo y tercero del artículo 1903 a regular dicha responsabilidad por hecho ajeno, en el entendido de que padres o tutores son responsables por culpa in vigilando, in custodiando, o in educando (cfr. STS de 10 de marzo de 1983), que tanto da:

  • “Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda” (art. 1903.2).

  • “Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía” (art. 1903.3).

Podemos comentar ambos apartados conjuntamente, ya que responden a un mismo fundamento y desempeñan una función similar: el guardador legal del incapaz de obrar debe afrontar las responsabilidades dimanantes de los actos dañosos de éste. Es superfluo destacar que dicho tratamiento conjunto no significa otorgar igual importancia estadística a la importancia de la responsabilidad de los padres y de los tutores, pues la tutela es una institución mucho menos frecuente, por obvias razones. De hecho, la mayor parte de los supuestos litigiosos (y, por tanto, de las sentencias que ad exemplum citamos en este apartado) tren causa de la responsabilidad paterna.

Antes de seguir desarrollando la materia, conviene advertir que el párrafo segundo actualmente vigente fue introducido por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, pues con anterioridad la redacción era la siguiente: “ padre y, por muerte e incapacidad de éste, la madre son El responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía” En desarrollo de los preceptos constitucionales de igualdad entre hombre y mujer .

(y, en particular, entre marido y mujer: art. 32 CE) dicha ley introdujo numerosas modificaciones en el articulado del código. La que ahora nos ocupa radica segura y exclusivamente en hacer partícipe a la madre de la responsabilidad civil por hechos de sus hijos en el mismo grado que al padre. Por tanto, el cambio del requisito de “ vivir en su compañía” por el de “encontrarse bajo su guarda” posiblemente no tenga otra significación que la derivada de la necesidad de atender a los casos de crisis matrimonial, en los que los hijos difícilmente pueden quedar bajo la guarda de los dos progenitores.

La presunción de culpa y la objetivación de la responsabilidad

El fundamento de esta responsabilidad en la culpa in vigilando, en términos teóricos, debería suponer que padres y tutores quedaran exentos de responsabilidad cuando acrediten haber sido personas diligentes y cuidadosas respecto de la conducta de los menores o incapacitados sometidos a su autoridad. El Código acepta dicho planteamiento, con carácter general, en el último párrafo del art. 1903, al disponer que “ responsabilidad de que trata este la artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño” .

Conforme a dicha concepción la responsabilidad paterna vendría caracterizada sencillamente por una presunción iuris tantum de culpa que admitiría la prueba en contrario, con la consiguiente exoneración de responsabilidad para padres y tutores.

Sin embargo, dicha contemplación del tema no se corresponde con la realidad jurisprudencial de nuestros días. La jurisprudencia del TS sobre la materia se caracteriza en las últimas décadas por ser de un rigor extraordinario respecto de la responsabilidad de padres y tutores y, en particular, respecto de la prueba de la conducta diligente de éstos excluyente de a responsabilidad. Hasta el punto de que, tanto la doctrina cuanto al propia jurisprudencia, han puesto de manifiesto en más de una ocasión que, realmente, no cabe ya hablar de responsabilidad por culpa, sino que en la práctica se ha pasado a establecer una responsabilidad de carácter objetivo o por riesgo.

En efecto, la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal ha declarado reiteradamente que la exclusión de la responsabilidad de los guardadores legales no puede darse aunque éstos hayan observado una conducta diligente en relación con la educación y formación de los menores o incapacitados por quienes deben responder. Veamos algunos ejemplos, extractados de la abundantísima jurisprudencia existente sobre el particular:

  • El hecho de que un tutor tenga prohibido a su pupilo ir de caza no conlleva la irresponsabilidad de aquél por el accidente fortuito producido al “ disparársele al menor” la escopeta (STS 15 de febrero de 1975)

  • La circunstancia de encontrarse de viaje, fuera de su domicilio habitual, tampoco sirvió de excusa a los padres de un menor que dañó el globo ocular de un compañero de juegos mediante una escopeta de aire comprimido (STS 22 de abril de 1983)

  • Perdió el ojo igualmente una menor a consecuencia de la explosión de un cohete o petardo manipulado por otro menor que, fortuitamente, rebotó en el suelo en vez de explotar en el cielo. El carácter fortuito del accidente no eximió a los padres de la responsabilidad (STS de 4 de mayo de 1984).

Ante dicha opción jurisprudencial, la doctrina se ha pronunciado en general desde una perspectiva muy crítica, subrayando el excesivo rigor del TS en la consideración de la materia.

Algunos autores subrayan que, en la búsqueda de un responsable que atienda la reparación del daño causado por el menor, el TS acaba por convertir a los guardadores legales en una especie de compañía de seguros que debe responder siempre atendiendo a criterios objetivos de acaecimiento del daño. Incluso se ha llegado a argüir, en contra de la reiterada línea jurisprudencial, que la circunstancia de que los menores sean por principio insolventes no debería desembocar en semejante conclusión, pues la responsabilidad patrimonial universal permite que éstos respondan en el futuro.

La severidad con que algunos autores analizan la jurisprudencia del TS debe ser, a su vez, replanteada y revisada, pues el hecho de que la posición jurisprudencial acentúe la objetividad de al responsabilidad de padres o tutores no supone que las decisiones adoptadas en cada caso no se asienten en indiscutibles razones de justicia material. En realidad, el conflicto de intereses en los supuestos de hecho característicos de la responsabilidad paterna es resuelto por el TS conforme a una argumentación (muchas veces implícita) que parece irreprochable: en la alternativa de que las consecuencias patrimoniales de la lesión sufrida por una persona cualquiera o, frecuentemente, por otro menor deban afrontarse ora por la víctima o por los padres de ésta, ora por el causante del daño o (dada su irresponsabilidad o insolvencia) por los padres de éste, opta generalmente por esta última solución, cuya justicia parece quedar fuera de toda duda.

Cuando dicha argumentación se hace explícitamente se comprende fácilmente y ha de compartirse la línea jurisprudencial ininterrumpidamente mantenida por el TS. Así, por ejemplo, la STS de 7 de enero de 1992 (otro caso más de pérdida de ojo de un menor a causa de un disparo con escopeta de aire comprimido realizado por otro menor), tras poner de manifiesto que los párrafos comentados del art. 1903 responden u obedecen a “ criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad” explica circunstancialmente (citando , muchas sentencias anteriores) que “ responsabilidad dimana de culpa propia del guardador la por omisión de aquel deber de vigilancia, sin que exonere de responsabilidad el dato de no hallarse presentes el padre o la madre cuando se comete el hecho ilícito o que aquéllos tengan que trabajar o no puedan, por razón de las circunstancias familiares o sociales, estar siempre junto a sus hijos menores de edad, ya que de seguirse otro criterio, como dice la Sentencia de 29 de diciembre de 1962, se llegaría a la total irresponsabilidad civil de los hechos realizados por los menores de edad, quebrantándose criterios de equidad de dejar sin resarcimiento alguno a quien ha sufrido en su cuerpo y salud importantes daños… ” .

La responsabilidad civil dimanante de la responsabilidad penal de los menores

Respecto de las disposiciones propias de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en particular respecto de la asunción, de manera objetiva y solidaria, de la responsabilidad civil por parte de padres y guardadores legales, nos remitimos a lo dicho con anterioridad.

La imputabilidad

Se ha dicho antes que uno de los elementos de la atribución de la obligación de responder era la voluntariedad de la conducta; hay que ver, por consiguiente cuándo un proceder puede atribuirse a un sujeto con las consecuencias que determinen la obligación de resarcir, porque se plantean dudas acerca de si puede obligarse a responder a una persona que no era capaz de conocer las consecuencias de su acción, al no poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

El problema se agrava por tres tipos de razones: una, que desaparecido el pr. 2 del art. 32 CC que establecía la regla de que los menores y dementes eran susceptibles de derechos y aun de obligaciones cuando éstas nacieran de hechos o de relaciones entre el incapaz y un tercero, no existe en la actualidad un argumento legal directo en que fundar la solución de que los incapaces pueden crear con su conducta obligaciones a cargo de su patrimonio. Es evidente que no puede eliminarse esta posibilidad cuando ello deriva de la normal actividad patrimonial; pero resulta mucho más difícil encontrar un argumento de texto que imponga la obligación de resarcir cuando se producen daños en la persona o el patrimonio de un tercero, por la acción de un menor de edad o de un incapaz.

El segundo tipo de cuestiones surge como consecuencia de la interrelación entre las normas civiles y las penales; efectivamente, los art. 19 y 20 CP establecen la inimputabilidad penal de menores de edad y de incapaces, como se verá a continuación. ¿Quiere ello decir que si no son responsables penales, no lo deben ser tampoco civiles? Porque si hay un único régimen de responsabilidad civil (Lacruz, Pantaleón, De Ángel), la situación es de difícil interpretación, dada la compleja regulación de la responsabilidad penal del menor de edad.

Finalmente existe un tercer problema, derivado del art. 1903 CC, puesto que ahí se impone a los padres y tutores la responsabilidad civil frente a terceros perjudicados por los actos u omisiones efectuados por quienes están sometidos a patria potestad y a tutela y la pregunta que surge de forma inmediata es si éstos últimos no deben responder por los actos que hayan causado un perjuicio, por los que sus padres y tutores han debido responder.

Menores de edad

Deben distinguirse los supuestos en que se trate de culpa civil y de culpa penal.

Respecto de la primera, puede ocurrir que el menor sea imputable por tener la madurez de juicio suficiente y sea capaz de entender y querer las consecuencias de sus actos; puede suceder también que no lo sea. En el primer caso, es decir, el menor imputable, la doctrina más moderna (Pantaleón, De Ángel) llega a la conclusión de que responde civilmente de los daños causados por su actuación, porque no existe una responsabilidad civil solidaria con sus padres. La STS de 8 de marzo de 2002 por primera vez declara que un menor de edad, de 17 años, es responsable solidario junto con sus padres por los daños causados jugando con una pelota en un parque público.

Las razones de la mencionada sentencia son las siguientes, que se reproducen por su interés al admitir los planteamientos doctrinales antes explicados: "resolución recurrida fundamenta la condena en un criterio de imputación subjetiva, la pues declara acreditada la negligencia de M. en el desarrollo de una actividad susceptible de crear el riesgo de daño para las personas según quienes intervengan y formas o modos de actuar. Y en orden a justificar la falta de diligencia razona que, para determinar la que es exigible, ha de atenerse no sólo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, sino también al sector de tráfico o de la vida social en que la misma se proyecta y valora las circunstancias personales del agente /17 años, 7 meses y 22 días de edad) y factores psicológicos (capacidad tanto volitiva como intelectual suficiente para comprender la trascendencia de sus actos y los posibles riesgos y resultados de los mismos); por lo que colige que era previsible y evitable el resultado dañoso, de ahí la calificación de la conducta como culposa. Este Tribunal comparte plenamente la apreciación de la resolución recurrida [… ] En tales circunstancias resulta incuestionable que era previsible la posibilidad de dañar como ocurrió, a terceros no intervinientes, y fácilmente evitable de haberse ajustado la diligencia a las reglas de atención y cuidado exigibles [… ]".

También se concluye que si el menor de edad era realmente incapaz, por carecer del grado de madurez necesario para entender y querer las consecuencias de sus actos, nos encontraremos ante un inimputable civilmente, cuyos padres o tutores deben responder frente a terceros del daño causado, aplicándose en este supuesto el art. 1903 CC.

Respecto de la culpa penal, la cuestión es más compleja. El art. 19 CP declara inimputable penalmente al menor de edad, remitiéndose para la responsabilidad correspondiente a la ley penal del menor. La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LPM) establece dos regímenes de responsabilidad por hechos tipificados como delitos o faltas según el vigente Código penal: i) los menores de 14 años, a los que se aplica lo establecido en la legislación civil sobre protección de menores y “demás disposiciones vigentes” (art. 3 LPM), lo que parece implicar la aplicación del art. 1903 CC en relación a la responsabilidad civil de padres y tutores, y ii) los mayores de 14 años y menores de 18 años, a los que se aplica plenamente la ley y específicamente lo establecido en el art. 61 y ss. Con relación a la responsabilidad civil y el procedimiento para reclamarla.

En consecuencia, el menor de 14 años no es imputable, de acuerdo con las reglas de la responsabilidad penal de los menores y por tanto, tampoco lo es civilmente. En cambio, el art. 61.3 LPM establece que “ cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden”. De ahí hay que deducir que a partir de los 14 años, el menor de edad que comete uno de los hechos calificados como delito o falta en el código penal responde civilmente, de donde se deduce que es plenamente imputable.

Por tanto, como regla general hay que considerar que para que un menor responda por culpa civil se requiere que tenga la capacidad para reconocer un determinado resultado y ello medido en relación a los menores de su misma edad y circunstancias. Esta es una cuestión que debe ser apreciada en cada caso concreto por los Tribunales. Si ello no es así, el daño no queda sin reparación: la responsabilidad de los padres o guardadores evita que se produzcan lesiones que no tengan reparación posible a través del propio menor, aplicándose la norma del art. 1903 CC.

El menor de edad civil responde penalmente de los delitos o faltas que cometa, de acuerdo con el sistema establecido en la ley reguladora de su responsabilidad penal, lo que comporta que en este caso se le considere también responsable civil de los mismos, solidariamente con aquellas personas enumeradas en la ley (art. 61.3 LPM).

Incapaces

Se debe hacer aquí la misma distinción entre culpa civil y culpa penal. Respecto de la primera, el enfermo mental civilmente imputable, es decir, aquel que es capaz de entender y querer las consecuencias de sus actos, responde civilmente frente a la víctima de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1902 CC. Si es civilmente inimputable, responderá su tutor si estaba incapacitado.

Con relación a la responsabilidad derivada de delito, el art. 20 CP declara exentos de responsabilidad criminal a dos grupos de personas:

  1. El comprendido en los números 1 y 3 del mencionado art. 20 CP, es decir, aquellas personas que sufriendo una anomalía o alteración psíquica, "pueden comprender la ilicitud no del hecho o actuar conforme a esta comprensión" independientemente que este trastorno sea , permanente o transitorio (art. 20,1º CP) y aquellas que sufran alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia y que como consecuencia de ello, “ tengan alterada gravemente la conciencia de la realidad” .

  2. Aquellas personas que estén en un situación de trastorno mental transitorio, debido a drogas, alcohol, etc., siempre que el resultado que provoca la ingestión de estos fármacos no sea buscado intencionadamente para producir la exención de responsabilidad penal (art. 20.2 CP).

Ahora bien, esta exención no provoca la inimputabilidad en relación a la responsabilidad civil: los incapaces, permanentes o transitorios, responden civilmente. En el caso de los ebrios o intoxicados, responden de forma directa en virtud de los dispuesto en el art. 118,1, 2ª CP; los dementes, juntamente con sus padres o tutores (art. 118,1, 1ª CP), siempre que exista culpa o negligencia por parte de éstos.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo con el art. 199 CP, el Juez en la sentencia absolutoria que dicte para estos casos, debe fijar al mismo tiempo las responsabilidades civiles, a no ser que la víctima se haya reservado las acciones para ejercitarlas en la vía civil.

Responsabilidad de padres y tutores

Se debe distinguir aquí entre la responsabilidad civil consecuencia de actos cometidos por menores de edad sometidos a patria potestad o tutela y los actos cometidos por incapaces, sometidos a patria potestad prorrogada o tutela; a su vez, hay que distinguir según que el acto cometido constituya o no un delito o falta. En la culpa civil, la responsabilidad se rige por las normas del art. 1903 CC, mientras que en el segundo caso, la responsabilidad civil aparece interferida por lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley penal del Menor respecto a la responsabilidad de menores e incapaces.

Concepto y fundamento

La razón de la imposición a los padres y tutores de la obligación de indemnizar por los daños causados por los menores sometidos a la patria potestad o de los menores e incapaces sometidos a tutela se encuentra en las obligaciones que estas instituciones imponen.

Efectivamente, el art. 154 CC establece que la patria potestad incluye la obligación de velar por los hijos, tenerlos en la compañía de los padres, educarlos y procurarles una formación integral; a su vez, el art. 269 CC establece que el tutor estará obligado a “ velar por el tutelado” y entre sus obligaciones se encuentra la de “ educar al menor y procurarle una formación integral” .

Como consecuencia de estas obligaciones, el código Civil introduce la responsabilidad de los padres y tutores en el art. 1903.2 y 3 CC. Así, los padres son responsables de los daños producidos por la actividad de los hijos que se encuentren bajo su guarda; los tutores lo son por la de los menores y los incapacitados que se hallen bajo su custodia. Los padres y tutores son asimismo responsables de los daños derivados de delitos y faltas cometidas por mayores de edad incapacitados, de acuerdo con las reglas que se explicarán más adelante.

Se discute también aquí si se trata de una responsabilidad por culpa u objetiva. Debe aplicarse la interpretación anterior, de manera que se entiende que la obligación de resarcir deriva de la culpa presunta en que el responsable incurrió por no ejercitar de manera correcta la obligación de vigilar las actividades del menor o incapacitado sometido a su guarda. En el caso del art. 118.1º CP, la responsabilidad de los padres tutores y guardadores deriva de su “culpa o negligencia” tipificada sobre la base de la denominada culpa in vigilando. Como se ha , dicho antes, esta culpa está tipificada o construida con criterios genéricos sobre la base de la omisión del deber de vigilancia impuesto por la patria potestad o la tutela. Por ejemplo, la STS de 30 de junio 1995 declara que “ responsabilidad dimana de culpa propia del guardador por omisión del deber de la vigilancia” Una conclusión semejante deriva de la interpretación del art. 61.3 LPM, donde se impone la obligación de responder solidariamente con el menor que ocasionó el daño.

Se cuestiona si las fórmulas rígidas de responsabilidad que han sido aplicadas por la jurisprudencia responden a la estructura social actual; sin embargo y sin llegar a las formulaciones de la responsabilidad por riesgo, que no se producen aquí porque el responsable no obtiene ningún provecho de la actividad de sus hijos o de aquellos cuya tutela ostenta, hay que poner de relieve que la razón de la responsabilidad de padres y tutores se encuentra en la misma necesidad de resarcir el dañó y, por tanto, de atribuirlo a un patrimonio más solvente, lo que provoca inevitablemente una progresiva objetivización (De Ángel). Esta resulta una interpretación de acuerdo con las más modernas tendencias del derecho comparado, aunque en algunos supuestos de responsabilidad por hechos de menores resulta excluida como ocurre en el art. 118.1º CP.

La jurisprudencia utiliza el criterio de riesgo de forma distinta en el caso de al responsabilidad de los padres por hechos de sus hijos y en el del empresario por los de sus empleados; en el primer supuesto, se considera que los padres o el tutor deben responder porque el riesgo creado ha consistido en la omisión o el incumplimiento del deber de vigilancia, lo que se tradujo en la producción de un daño; el TS la ha calificado como responsabilidad por semi–riesgo en varias sentencias. Por ello, se sigue considerando que la obligación de responder por los hechos de los hijos tiene como fundamento la culpa del responsable, que deriva del incumplimiento de los deberes inherentes a la titularidad de la patria potestad y no la del autor del daño. En cambio, en el caso de los empresarios, el criterio de atribución de responsabilidad se basa más en un criterio de riesgo por el desarrollo de la actividad y de la necesidad de garantizar a la víctima la indemnidad, como ya se verá.

De todas formas, debe ponerse de relieve que el tratamiento de la responsabilidad de los padres y tutores por los hechos dañosos de sus hijos o pupilos es distinto cuando se trata de ilícitos civiles o constitutivos de delito o falta. La cuestión se centra en la prueba de la culpa del responsable: en el art. 1903.2 y 3 CC se presume su existencia, siempre de acuerdo con la doctrina más aceptada, ya que de la consecuencia, es decir, de la producción del daño, se deduce la omisión del deber que corresponde al titular de la patria potestad; por tanto, el responsable puede exonerarse probando su diligencia. En cambio los arts. 118, 1° y 120, 1º CP imponen la responsabilidad a padres y guardadores, “ siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte” lo que significa que en los casos previstos en estas disposiciones, el , perjudicado debe probar esta culpa, que no se presume, a diferencia de lo que ocurre en el art. 1903 CC. No así el art. 61.3 LPM que impone la obligación de indemnizar con independencia de la culpa que los responsables hayan tenido en la conducta de su hijo menor de edad.

La responsabilidad es directa, aunque puede demandarse conjuntamente al menor, cuando, de acuerdo con lo que se ha dicho en el capitulo anterior, deba responder por ser imputable desde el punto de vista civil. Los padres no pueden oponer como excepción la inimputabilidad del menor o del incapaz (STS de 8 marzo 2002).

La jurisprudencia no admite como causas de exoneración las que deriven de la ausencia obligada del progenitor (STS 22 abril 1983). Además de la prueba prevista en el art. 1903.6 CC, exonera la responsabilidad la prueba de la inevitabilidad del hecho, por concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; la de que el menor o incapaz no fueron los autores materiales del daño, o la de que concurrió culpa de la propia víctima.

Requisitos

Que el hijo se encuentre bajo la guarda del padre/madre. Es decir, que esté bajo su control, aunque no exista un contacto físico (STS 22 enero 1991). Cuando los padres están separados, no parece que deba exonerarse de responsabilidad al progenitor con quien los hijos no convivan habitualmente (ver p.ej. la STS 11 octubre 1990).

Cuando se trate del tutor, debe existir convivencia con el tutelado autor del daño. A diferencia de lo que ocurre con la patria potestad, el art. 1903.3 CC exige la convivencia del causante del daño con el tutor para que éste responda. Esto debe interpretarse de forma amplia y en el caso en que existan varios tutores, la responsabilidad se comparte entre ellos.

Sujetos responsables

Son responsables los progenitores, sean matrimoniales, no matrimoniales y adoptivos.

Los padres responden conjuntamente por mitad y de forma solidaria frente a terceros.

El tutor responde hasta la extinción de la tutela o la remoción del cargo por alguna de las causas previstas por la ley; no es causa de exoneración de responsabilidad el abandono del pupilo.

El propio menor puede ser responsable si es civilmente imputable. Una parte de la doctrina considera que en este caso, el menor responde solidariamente junto con sus padres y, demandados éstos y declarados responsables frente a la víctima, pueden ejercitar la acción de regreso sobre la base del art. 1904 CC (Pantaleón; esta solución ha sido admitida en la sentencia de 8 marzo 2002,). Lo mismo puede afirmarse del incapaz, que si es civilmente imputable, responde personalmente frente a la víctima, mientras que si está incapacitado, responde el tutor solidariamente con el autor del daño que sea civilmente imputable, pudiendo el tutor repetir lo pagado (Parra Lucan); cuando sea civilmente inimputable, responderá el tutor, de acuerdo con el art. 1903. CC.

La LPM amplia el círculo de los responsables por los hechos constitutivos de delito o falta cometidos por un menor de edad. Son responsables los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. Se establece una jerarquía entre ellos, de manera que debe deducirse que será responsable solidariamente con el menor aquel que tenga efectivamente su guarda y custodia, aunque sea de hecho.

La responsabilidad por delito

La dualidad de regulaciones a que antes se ha hecho referencia implica que sobre todo en este caso, existan problemas de determinación de la normativa aplicable. El menor de edad es inimputable penalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19 CP. Los que sean incapaces de entender las consecuencias de su acción, por causa de padecer anomalías o alteraciones psíquicas (art. 20,1º CP) o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia (art. 20, 4º CP) son también inimputables penalmente. Por tanto, debemos estudiar de forma diferenciada la distinta regulación de la responsabilidad por delitos o faltas cometidos por menores de edad o por incapaces.

Menores de edad. La regulación se encuentra en el art. 61.3 LPM, que configura un supuesto de responsabilidad específico como consecuencia de que el hecho que da lugar a la misma constituye un delito o una falta. En este caso existe una responsabilidad solidaria del propio menor con sus padres, tutores, etc., de modo que la víctima puede interponer la acción de responsabilidad contra el menor o contra alguno de los titulares de la potestad, la tutela o la guarda y custodia. La única referencia que hace la ley a la conducta de los padres y demás responsables se encuentra en el último inciso del art. 61.3 LPM, cuando establece que la responsabilidad de estos últimos se moderará “ cuando no hubieran favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave” Por tanto, no cabe prueba de la diligencia dirigida a pedir .

la exoneración de la responsabilidad, porque en los casos cubiertos por la Ley penal del Menor se responde siempre; sólo con relación a la cuantía se admite la prueba de la actuación diligente, lo que implicará que producida esta prueba, la víctima sólo podrá obtener aquello que resta para su total indemnidad demandando directamente al menor o su asegurador (art.63 LPM).

Incapaces. Hay que distinguir también entre dos posibilidades: que sea penalmente imputable o que no lo sea.

Cuando es penalmente imputable, si no está incapacitado responde por si mismo; la cuestión de si responden aquellas personas que están obligadas a instar la incapacitación por los daños causados por la negligencia en no iniciar el proceso es discutida en el ámbito civil.

Mientras una parte de la doctrina se inclina por la solución afirmativa, cuya consecuencia sería declarar responsables a los parientes previstos en el art. 202 CC, otra parte se inclina por excluirla, como hace la STS de 5 marzo 1997. Me parece más oportuna esta segunda solución.

Cuando el imputable penal está incapacitado, el art. 120, 1º CP declara responsables civiles subsidiarios a “ padres o tutores por los daños y perjuicios causados por los delitos o los faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a patria potestad o a tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia”. Se trata de una responsabilidad civil subsidiaria, como se ha dicho, porque el sujeto es penalmente imputable y se parte del supuesto que se encuentra incapacitado, porque de otro modo, no se hablaría de que están sometidos a patria potestad (prorrogada) o tutela, ya que siendo mayores de 18 años, esto es imposible salvo que estén incapacitados. Por tanto, se cumple la regla de que el imputable penalmente responde también civilmente, de acuerdo con el art. 116.1 CP, aunque en el caso de incapacitación, responden subsidiariamente quienes sean titulares del deber de guarda y custodia, siempre que se pruebe su culpa.

En los casos de incapaces inimputables penalmente, por concurrir alguna de las causas del art. 20, 1º y 3º CP, el art. 118, 1ª CP establece una responsabilidad conjunta y directa del propio inimputable y de los padres, tutores y guardadores, siempre y cuando haya intervenido culpa o negligencia por parte de estos últimos. Ello se deduce de la compleja redacción del art. 118.1º CP cuando establece que la responsabilidad de los padres, tutores y guardadores tiene lugar “ también” y “ perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera sin corresponder a los imputables”. Se impone un sistema conjunto de responsabilidad de difícil comprensión. Resumiendo la cuestión, se puede afirmar (Montés) que los autores inimputables de los hechos delictivos que han causado un daño responden personalmente del mismo, añadiéndoseles la responsabilidad directa y solidaria de los padres, tutores o guardadores cuando haya intervenido culpa o negligencia en la evitación del daño por parte de estos últimos (ver STS de 9 diciembre 1993, Sala 2.ª). Como afirma Montés, habiendo patria potestad prorrogada, tutela o guarda de hecho, “responsabilidad civil se ha de repartir en la equidad entre guardadores y exentos”. Además, el art. 118,1º, 2 CP establece que en este último caso, “ Jueces y Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba los responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos” .

Acción de regreso

Aunque una buena parte de la doctrina discrepa acerca de la posibilidad de admitir la acción de regreso de padres y tutores contra el menor o incapacitado plenamente imputable civilmente, porque tal posibilidad no se encuentra recogida en el art. 1904 CC, me inclino por admitir la posibilidad de ejercicio del derecho de regreso si el hijo puede ser considerado como responsable directo por haber actuado de forma culpable y era plenamente consciente de las consecuencias de su acto. En este caso, el progenitor responsable frente a la víctima y que ha satisfecho la correspondiente indemnización, puede repetir frente al hijo causante del daño (art. 1904 CC por analogía).

En el caso del art. 61.3 LPM esta acción de regreso queda plenamente justificada por el régimen de la solidaridad que allí se establece, de modo que siendo solidaria la obligación de responder, se aplicara lo dispuesto en el art. 1145 CC.

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