10. Responsabilidad civil de los vehículos a motor

Circulación de vehículos a motor

La particular peligrosidad de la existencia de vehículos de motor, cotidianamente acreditada en multitud de accidentes automovilísticos, justifica que el Ordenamiento jurídico atienda de forma especial a dicha realidad estableciendo una responsabilidad absolutamente objetiva en esta materia. La responsabilidad civil originada por la utilización de tales vehículos ha sido objeto de extenso tratamiento por parte de la doctrina y de consideración, prácticamente inacabable, por la jurisprudencia.

Aquí naturalmente, deben bastar unos apuntes sobre la materia. La Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor, objeto posteriormente de Texto Refundido por Decreto de 21 de marzo de 1968, estableció ya (en su art. 39 fund.) que nace la obligación de indemnizar en todo caso, aunque no existiera culpa del conductor; el cual queda exonerado sólo cuando el hecho fuese debido exclusivamente a culpa del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo.

Dichos principios básicos en la regulación de la materia, objeto además de una rigurosa objetivación por parte de la jurisprudencia, se han mantenido desde entonces en las sucesivas disposiciones legislativas reguladoras de la misma, cuyo Texto Refundido básico es el ofrecido por el Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio de 1986, dictado para adaptar el contenido de la Ley especial al Ordenamiento jurídico comunitario. Dicha regulación se complementa, fundamentalmente, con las siguientes disposiciones:

  • Real Decreto de 30 de diciembre de 1986, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

  • Real Decreto de 22 de diciembre de 1989, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de viajeros.

Como acaba de apuntarse, al referirnos al Real Decreto–ley 1301/1986, la comunidad Europea ha demostrado igualmente una gran preocupación sobre esta temática, habiéndose dictado tres directivas: 72/1996/CEE, de 24 de abril; 84/5/CEE, y, finalmente, la de 14 de mayo de 1990. Esta última concede al Reino de España plazo hasta el 31 de diciembre de 1995 para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los preceptos fundamentales de ella.

El vigente texto legislativo se encuentra representado por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (con las modificaciones de que ha sido objeto por parte de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en su disk. Ad. Octava), cuyo artículo 1.1. (pár. 2º.), al igual que sus precedentes legislativos, sigue disponiendo cuanto antes se ha indicado.

Responsabilidad por uso de vehículos a motor

Una gran parte de la construcción jurisprudencial sobre soluciones aplicables en materia de responsabilidad civil se ha producido en el tratamiento de los problemas de los daños causados como consecuencia del uso de vehículos de motor. Por tanto, aquí se especificarán las reglas especiales aplicables a esta cuestión.

Concepto

La responsabilidad está regulada en la Ley de Uso y circulación de Vehículos de motor cuyo texto refundido aprobado por Decreto 6532/1968, de 21 de marzo ha sido modificado en diversas ocasiones, siendo la última la producida por la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros privados. La disposición adicional 8ª de esta ley cambia la denominación vigente hasta aquel momento, por la de “ Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor” estableciéndose una auténtica , modificación de la legislación vigente hasta aquel momento. Hay que completar estas disposiciones generales con el Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por RD 7/2001, de 12 de enero.

Por lo que se refiere a la determinación del ámbito de aplicación de la Ley, el art. 1.1 establece que “ conductor de vehículos a motor es responsable en virtud del riesgo creado el por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de a circulación”. Es doctrina común que la circulación de vehículos de motor origina una responsabilidad objetiva por riesgo; la jurisprudencia, al interpretar estas normas, entendió que se trata de una responsabilidad cuasiobjetiva, en el sentido de que se habla de “moderación del culpabilismo originario” pero no se había excluido la culpa. Lo que ocurre es que según la STS de 1 octubre 1985, este es uno de los casos en los se invertía la carga de la prueba, de modo que existía una presunción de culpa imputable al autor de los daños quien, para exonerarse, podría probar que concurrió alguna causa de inimputabilidad para liberarse de la obligación de resarcir. Sin embargo, no parece que sea esta la solución que ofrece el art. 1.1. LRCSCVM, puesto que después de afirmar que el conductor es responsable por el riesgo derivado de la conducción, admite unas causas de exoneración tasadas, cuya prueba corre a su cargo, lo que significa que nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad por riesgo, con caracteres objetivos.

De todas formas, el régimen de los daños ocasionados con motivo de la circulación de vehículos a motor no es uniforme, porque depende del tipo de daño producido. Así, el mencionado art. 1 LRCSCVM establece dos tipos de responsabilidad: i) la objetiva por los daños en las personas, de modo que el conductor sólo se exonera si prueba la culpa exclusiva del perjudicado o la fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo, y ii) la general, por los daños en las cosas que se regirá por lo dispuesto en el Código civil o en el código penal, si el accidente que ha provocado el daño constituye un delito o falta.

Daños personales: el conductor del vehículo es responsable de los daños causados a las personas como consecuencia de la conducción. Se excluye esta responsabilidad cuando concurre culpa exclusiva o negligente del perjudicado y fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo (art. 1.1, 2 LRCSCVM). De aquí cabe deducir que nos encontramos frente a un tipo de responsabilidad objetiva cuando el daño se ha producido por el hecho de la conducción y ha consistido en la lesión física. No se considerarán casos de fuerza mayor, “ defectos del vehículo, ni la rotura o fallo de algunas de sus piezas o mecanismos” los (art. 1.1. 2 LRCSCVM) La prueba de que concurre alguna circunstancia exonerativa de la responsabilidad corresponde al conductor.

Daños materiales. Se aplica la normativa general del art. 1902 CC o del art. 109 CP si concurriere algún tipo de delito o falta, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.3 LRCSCVM.

En consecuencia, nos hallamos ante una responsabilidad por culpa, con las características y requisitos generales expuestos en los anteriores capítulos.

En cualquier caso, estos daños deben haber ocurrido con motivo de la “ circulación”, es decir, tal como aclara el art. 3 del reglamento de 2001, se entiende que son hechos de la circulación “ derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor… , tanto los en garajes y aparcamientos, como por vías y terrenos públicos y privados aptos para la circulación tanto urbanos como interurbanos, así como vías o terrenos que sin tener tal aptitud son de uso común”. Esta disposición debe completarse con el art. 2, que define lo que debe considerarse como un vehículo a motor, entendiendo como tal “ todo vehículo, especial o no, idóneo para circular por la superficie terrestre e impulsado por motor” Incluye los ciclomotores, , remolques y semiremolques, pero excluye ferrocarriles, tranvías, coches eléctricos que por su “concepción, destino o finalidad” deban considerarse como un juguete y las sillas de ruedas Hay que tener en cuenta que la casuística contenida en el art. 3 al definir lo que debe considerarse como “ hecho de la circulación” cuenta con una cláusula de cierre en el propio art. 3.3. del mencionado Reglamento, al establecer que “ todo caso será hecho de la circulación en la utilización de un vehículo a motor en cualquier de las formas descritas en el CP como conducta constitutiva de un delito contra la seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el art. 383 de dicho CP” .

Sujetos responsables

Son sujetos responsables:

  1. Los conductores de vehículos a motor, de acuerdo con el art. 1.1. LRCSCVM.

  2. Los propietarios de los vehículos con los que se ha causado el daños en los supuestos previstos en el mencionado art. 1.1,5, es decir, “ cuando esté vinculado con [el conductor] por alguna de las relaciones que regulan los arts. 1903 CC y 22 CP” la remisión al ; art. 22 CP debe entenderse hecha al actualmente vigente art. 120.5º CP, tal como ya recoge el art. 1.3 del Reglamento de 2001. Esta responsabilidad admite prueba en contrario en base a lo dispuesto en el art. 1.1 LRCSCVM. Se trata de una responsabilidad directa, que deriva del título de propietario, unido a las causas por las que la Ley impone la obligación de responder de acuerdo con los arts. 1903 CC y 120.5 CP. Los responsables quedan exonerados cuando prueben que (art. 1.1. LRCSCVM):

    • Concurrió culpa exclusiva o negligencia del perjudicado; en el caso de que se hubiese producido concurrencia de culpas, se debe proceder a la moderación de la responsabilidad.

    • Concurrió fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.

    • Cuando el propietario pruebe que actuó con la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, en el caso que sea responsable, de acuerdo con los dispuesto en el art. 1,1-5 LRCSCVM.

Aseguramiento obligatorio

Esta responsabilidad debe ser objeto de seguro obligatorio, que incluye la protección de los daños causados a personas y bienes, con los límites máximos que se establecen por la vía reglamentaria (art. 4.2 LRCSCVM) y que se incluyen en una lista de baremos establecida en la propia ley. El art. 1.1 del Reglamento citado obliga al propietario de un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, “ suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro” a , de acuerdo con los límites fijados en el propio Reglamento. Las consecuencias de la no suscripción de este contrato están establecidas en el art. 3 LRCSCVM y consisten en la prohibición de circular, su depósito a cargo del propietario hasta que no se haya suscrito el correspondiente seguro y la sanción pecuniaria correspondiente, la mitad de la cual se destina al Consorcio de Compensación de Seguros; el RD 7/2001 establece unos sistemas de control del cumplimiento de esta obligación.

De acuerdo con el art. 1.2 LRCSCVM, los daños y perjuicios que deben abonarse como consecuencia del seguro obligatorio son los relativos al valor de la pérdida sufrida, la ganancia que se haya dejado de obtener y los daños morales.

El ámbito del seguro obligatorio excluye los daños propios de la persona del conductor del vehículo asegurado. Se excluyen también los que sufra en sus propios bienes, incluido el propio vehículo, las cosas que transporte y los bienes del conductor, el tomador del seguro, el propietario, sí como los del cónyuge y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los citados anteriormente (art. 5.2 LRCSCVM y art. 9 y 10 RD 7/2001). Se excluyen también los ocasionados por el vehículo cuando haya sido robado. (art. 5.3. LRCSCVM y art. 2,c RD 7/2001).

El seguro obligatorio para la circulación de vehículos de motor se rige por las normas generales de los seguros con las siguientes reglas especiales:

  1. En relación a las excepciones oponibles por el asegurador, el art. 5.4 LRCSCVM establece que éste no podrá oponer excepciones distintas de aquellas que excluyen la obligación de responder, de acuerdo con el art. 5 LRCSCVM; porque se trata de una responsabilidad objetiva, se excluyen expresamente en la mencionada disposición aquellas que se basen en “ utilización o conducción del vehículo designado en la póliza por quienes la carezcan de permiso de conducir, incumplan las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegalmente vehículo de motor ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por el propietario”. La característica objetiva de este tipo de responsabilidad y el carácter obligatorio del seguro impiden oponer estas excepciones. El art. 11 del RD 7/2001 establece el régimen de las excepciones oponibles por el asegurador y excluye las que tengan su fundamento en el art. 10, que son las que se han recogido antes y, en especial, considera que no pueden oponerse por el asegurador “ aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o conducción del vehículo designado en la póliza por quienes carezcan de permiso de conducir, incumplan las obligaciones de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o, fuera de los supuestos de robo y robo de uso, usen ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por el propietario”; ni tampoco la no declaración amistosa del accidente.

  2. El perjudicado tiene una acción directa contra el asegurador, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.2 LRCSCVM.

  3. Aunque en los casos en que exista una excepción, ello no afecta a los terceros perjudicados por el accidente, el asegurador deberá pagar los daños causados a la víctima, sin perjuicio de la acción de repetición contra el asegurado (Art. 15 RD 7/2001). A pesar de ello, el art. 7 LRCSCVM (completado por el art. 11 del RD 7/2001), prevé algunos supuestos en que le corresponde el derecho de repetición contra el asegurado, estos supuestos son:

    • Cuando el accidente se debió a la conducta dolosa del conductor o del propietario del vehículo o se conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, etc.

    • Cuando el responsable de los daños es un tercero, en cuyo caso el asegurador podrá reclamarle la cuantía de la indemnización que le correspondió pagar.

    • Cuando existan causas de exoneración derivadas del propio contrato de seguro; en este caso, el asegurador no podrá negarse a pagar las indemnizaciones correspondientes a los terceros, pero podrá repetir por el todo o por la parte contra el asegurado.

    • Cuando exista una causa de repetición, de acuerdo con las leyes. La acción de repetición del asegurador tiene un plazo de prescripción de 1 año desde que se efectuó el pago al perjudicado.

  4. El art. 6.2 LRCSCVM establece que la acción para reclamar la indemnización por parte del perjudicado prescribe al año; aunque el mencionado art. No establece el plazo inicial para el ejerció de la acción, debe aplicarse el art. 1968.2 CC [desde que lo supo el agraviado].

Los límites de la indemnización: los baremos

Las indemnizaciones por razón del seguro obligatorio tienen unos límites máximos, derivados del sistema de baremos que se utiliza en esta Ley, con una cuantía máxima; cuando el daño sufrido y la indemnización consiguiente superen la cuantía establecida en el seguro obligatorio, el sistema satisfará el importe máximo fijado reglamentariamente, “ quedando el resto de la indemnización a cargo del seguro voluntario o del responsable del siniestro” (art. 4.2,2 LRCSCVM). Esta fijación reglamentaria se ha producido en el art. 12 del RD 7/2001, que establece los importes máximos de la cobertura por aseguramiento obligatorio, distinguiendo los daños corporales, de los materiales. Quedan exceptuados del sistema los que sean consecuencia de un delito doloso. Los gastos a cargo del seguro obligatorio incluyen la asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica necesaria hasta la sanación o la consolidación de las secuelas y los gastos de entierro y funeral.

El apartado Primero del Anexo de la LRCSCVM establece los siguientes criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización, que se desarrolla en las tablas a que me referiré a continuación.

“2º. Se equipara la culpa de la víctima el supuesto en que, siendo ésta inimputable el accidente sea debido a su conducta o concurra con ella a la producción del daño. 3º. A los efectos de la aplicación de las tablas la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente. 4º. Tienen la condición de perjudicados, en el caso de fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la Tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del accidente. 5º. Darán lugar a indemnización la muerte, las lesiones permanentes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales. 6º. Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria y además, en las indemnizaciones por muerte, los gastos de entierro y funeral. 7º. La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. [… ]. 8º. En cualquier momento podrá convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del perjudicado” .

Las tablas a que se refiere el anexo son seis: las indemnizaciones básicas por muerte (Tabla I); los factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte (Tabla II); las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) (Tabla III) y los factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (Tabla IV); las indemnizaciones por incapacidad temporal (Tabla V), que incluye dos apartados: las indemnizaciones básicas incluidos los daños morales, y los factores de corrección; finalmente las clasificaciones y valoración de las secuelas (Tabla VI). Hay que tener en cuenta que la STC 181/2000, de 16 de junio ha declarado inconstitucional “ inciso final y corregido conforme a el los factores que expresa la propia Tabla del apartado c) del criterio segundo (explicación del sistema), así como el total contenido del apartado de la letra B) ‘ factores de corrección’ de la Tabla V, ambos del Anexo que contiene el Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”. Aunque es cierto que esta sentencia abre una brecha importante en el sistema establecido en la ley, hay que constatar que ello ocurre sólo en “ baremación del lucro cesante establecido por el apartado B) de la Tabla V y la sólo a los supuestos de culpa exclusiva del conductor” de modo que “ , será preciso que el conductor causante del daño consiga probar, bien que actuó con la diligencia debida, bien que hubo concurrencia de culpa de la víctima” (Martín Casals).

El baremo consiste en la atribución de una indemnización básica, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en las tablas referidas, más una indemnización complementaria, es decir los denominados factores de corrección, con la finalidad general de aproximar la indemnización al daño real; de esta forma, generalmente se aumenta la cantidad por indemnización básica, aunque en algunos supuestos puede disminuirla, como ocurre en los casos de culpa concurrente de la víctima o cuando existan lesiones o enfermedades preexistentes al accidente. Estas cantidades se actualizan anualmente por la Dirección General de Seguros y en el caso de que ello no suceda, se actualizarán automáticamente de acuerdo con el índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior (punto 10,1 del Anexo LRCSCVM)

No se ha podido encontrar la URL de especificaciones de gadget.