11. Responsabilidad civil en la navegación aérea

Navegación aérea

La Ley de 21 de julio de 1960, reguladora del régimen de la navegación Aérea (LNA) establece de forma expresa en su art. 120 que “ razón de indemnizar tiene su base objetiva la en el accidente, incluso en el accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia” .

Únicamente si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del perjudicado, en la que exista dolo o culpa grave, cabrá la exoneración de responsabilidad según el art. 121.

Responsabilidad por daños causados en la navegación aérea

Se encuentra regulada en el art. 115 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (LNA) y se refiere al transporte dentro del territorio nacional. Esta Ley ha completarse con el Reglamento número 2027/1997, de 9 de octubre sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. Es evidente que el transporte aéreo constituye un contrato que impone al porteador una responsabilidad de tipo contractual. Pero cuando se ocasionan daños a los viajeros o a las mercancías transportadas, como consecuencia de un accidente, en el que puede haber también terceros afectados, la mencionada ley establece un sistema especial de responsabilidad, que evidentemente es contractual.

La LNA establece u tipo de responsabilidad objetiva, que, de acuerdo con el art. 120 LNA, tiene su “ base objetiva en el accidente o daño y procede… en cualquier supuesto, incluso en el del accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia.

Las disposiciones de la LNA se aplican a los siguientes daños:

  1. Daños que sufran los pasajeros a bordo de las aeronaves y por la acción de las mismas o como consecuencia de las acciones de embarque o desembarque (art. 115 LNA).

  2. Daños que experimenten las mercancías desde su entrega (art. 115 LNA).

  3. Daños que se causen a las personas o a las cosas que se encuentren en la superficie terrestre por acción de la aeronave, en vuelo o en tierra, o por cuanto de ella se desprenda o arroje (art. 119 LNA).

Las indemnizaciones están tasadas, fijándose unos límites máximos por aeronave y accidente, que pueden ser modificados por el Gobierno, mediante decreto, para evitar el perjuicio que puede ocasionar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda.

Cuando sean varios los perjudicados y la suma global debida a todos ellos excediere de la establecida en los baremos previstos de que responde la aeronave, se reducirá proporcionalmente la cantidad que haya de percibir cada perjudicado (art. 119 LNA).

Para garantizar la efectividad de las prestaciones se establece lo siguiente:

  1. Los créditos debidos por este tipo de indemnizaciones gozan de preferencia de cobro con respecto a cualquier otro que sea consecuencia del siniestro (art. 119 LNA).

  2. Se exige la contratación de un seguro obligatorio (arts. 126 y 127 LNA).

  3. Consignación judicial de la indemnización por el seguro, a fin de que se entregue a quien corresponda (art. 129 LNA)

  4. Los límites de las indemnizaciones no se aplican cuando interviene dolo o culpa grave en la acción u omisión que causa el daño (art. 121 LNA). Cuando el daño haya sido causado por los empleados, para que responda la compañía se debe probar que éstos obraban en el ejercicio de sus funciones.

  5. La STS de 31 mayo 2000, sobre la base de la doctrina jurisprudencial sobre daños morales, admitió una reclamación por los que había producido un retraso de más de 10 horas, debido a conveniencia de la propia compañía aérea demandada. En este caso, el Tribunal Supremo aplicó la Ley de Consumidores y Usuarios.

El plazo de prescripción de las acciones para exigir el cobro de las indemnizaciones es de 6 meses a contar desde la fecha del accidente que produjo el daño. Si se prueba que existió culpa por parte del operador, puede reclamarse de acuerdo con el art. 1902 CC.

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