05. La representación política en el Estado

Introducción

Art. 23.1. «Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos...» Art. 66 y 67.2, dentro del Título IlI, que regula las Cortes Generales, determinan que:

Art. 66. «Las Cortes Generales representan al pueblo españoL» Art. 67.2. «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo» La regulación sobre la democracia representativa centrada en los tres preceptos señalados. El contenido de estas normas se acoge al modelo clásico de representación política, manteniendo todos sus elementos esenciales. Por tanto, el mandato de nuestros representantes reúne los siguientes caracteres:

  • Es un mandato nacional: el representante lo es de toda la nación, con independencia del ámbito territorial en el que haya sido elegido. Por ello, «Las Cortes Generales representan al pueblo español».

  • Es un mandato libre, puesto que el representante está llamado a crear la voluntad política del Estado, por lo que su mandato no puede estar sujeto a las instrucciones de sus electores.

  • Es un mandato general, que habilita para la defensa de cuanto interese a la comunidad.

  • Es un mandato no susceptible de revocación, sino a través de los procesos electoralés.

En resumen, nuestra Constitución, pese a la opción constitucional por la democracia «con partidos» -artículo 6 CE- consagra el modelo clásico de la democracia representativa, elaborado en los albores del constitucionalismo, y sujeto a recurrentes y durísimas críticas. Todos estos puntos serán desarrollados a continuación.

El origen de la representación

Ni en la Grecia clásica ni en Roma fue conocida la noción de representación.

«Tenemos un régimen político que no envidia a las leyes de los vecinos y somos más bien modelo para algunos que imitadores de los demás. Recibe el nombre de democracia porque se gobierna por la mayoría y no por unos POCOS».

El origen de la idea de representación es medieval y eclesiástico; nace para permitir la toma de decisiones a partir de grandes colectivos, bien la Iglesia Católica como totalidad, bien Órdenes religiosas de dispersa, amplia y numerosa implantación espacial. De aquí pasó a la organización política, y se generalizó a partir de la Baja Edad Media.

Lo que se representan son intereses estamentales sectoriales que buscan limitar el poder, condicionando la voluntad del Rey.Las características de tal mandato, son las siguientes:

  • La representación no es un mecanismo de legitimación política del poder.

  • Los representantes no lo son de la comunidad política como globalidad, sino de segmentos de la población y de intereses particulares y sectoriales, cuando no individuales y personales, en el caso de la nobleza.

  • Lo dicho explica el vínculo jurídico entre los sujetos y define perfectamente la bilateralidad de las relaciones.

  • Por ello, el mandato es imperativo.

En definitiva, se trata de una institución que no está llamada a formar la voluntad de una comunidad política, difusa y no personalizada, sino a representar ante el Rey unos intereses sectoriales y ajenos, condicionando o limitando -en el mejor de los casos- la voluntad política existente y personalizada, que es la del Monarca. Luego sus rasgos esenciales son los siguientes:

  • Mandato limitado y con instrucciones previas: el «cuaderno de órdenes», al que-han de someterse taxativamente.

  • Mandato imperativo y revocable.

  • Responsabilidad estrictamente jurídica, del mandatario ante el mandante Una de las confusiones más notables de la posterior teoría constitucionalista de la representación política fue, como señaló SMEIN, mantener el desafortunado vocablo de «mandato», cuando la representación política construida desde elliberalismo burgués, no sólo no implica, sino que excluye expresamente la idea de mandato, al menos del mandato de derecho privado, que implica una bilateralidad en la relación jurídica.

La teoría clásica de la representación

La construcción de la teoría constitucional de la representación política se hace, desde el enfrentamiento al mandato imperativo estamentaL Se trata de desplazar al sujeto político individual, por un sujeto político colectivo, cuya voluntad sicológica no existe y precisa de construcción, desde ficciones jurídicas más o menos sutiles.

Representar políticamente, es hacer presente y operante una voluntad que no está presente y, por tanto, no es operante. H. TAlNE dijo «Representar una persona o una sociedad, grande o pequeña, de cualquier género que sea, es hacerla presente allí donde no está, donde no se encuentra…». T FERNÁNDEZ- MIRANDA: «Esa voluntad, tiene que ser hecha, fijada, creada por la sociedad.

Ésta y no otra es la esencia de la representación política... la presencia de la sociedad en el Estado. A. GARRORENA: «Podemos definir la representación política como aquel instituto de Derecho público que hace posible la presencia indirecta de los ciudadanos en la vida del Estado al constituir a favor de determinados sujetos, democráticamente habilitados para ello, la presunción de que sus actos valen como actos de la propia ciudadanía».

El moderno concepto de representación se constituye paralelamente en Francia y en Inglaterra, con resultados muy similares pero con intencionalidad claramente distinta. En Inglaterra nunca conoció la Monarquía absoluta, en Francia existió hasta la Revolución de 1789.

BLAKSTONE a BURKE, su filosofía se ocupa principalmente de fundamentar la posición del Parlamento y, singularmente, de la Cámara de los Comunes. Como tantas otras cosas en Inglaterra, la realidad va por delante de la construcción doctrinal y que ésta no es sino una elaboración a posteriori de una necesidad política ya asumida.

La diferencia básica entre Francia e Inglaterra es que, en este último país, el problema nunca fue una revolución frente al Rey, frente a un Monarca absoluto inexistente, sino que estuvo al servicio de la soberanía del Parlamento como institución que expresaba la voluntad del pueblo inglés.

En ambos casos hay una coincidencia: ya no se trata de «representar» ante el Rey determinados intereses sectoriales, sino de crear una voluntad general, imputable a la comunidad política.

También en ambos países, se parte de la idea elitista de selección de los mejor preparados o más idóneos para percibir el interés general, frente a la ignorancia e incompetencia de las masas. Esta idea sirvió para escamotear, mediante el sufragio censitario, el contenido democrático intrínsecamente contenido en los postulados liberales. MIRABEAU: La representación será individual «si no existe en la Nación ningún individuo que deje de ser elector o elegido, ya que todos habrán de ser representantes o representados».

En resumen, se elabora la idea de la nación como ente abstracto independiente de los ciudadanos que lo componen, cuya voluntad se hace operativa a partir de la participación de los más ilustrados, los mejor informados y, por tanto, en mejores condiciones de comprender un pretendido interés objetivo de esa nación.

La visión elitista, SIEYEs insinuó: «...Ia gran mayoría de los ciudadanos carecen de preparación para ocuparse de las leyes que deben gobernar a Francia...»

La libertad de los antiguos se formulaba como un derecho de participación directa en los asuntos públicos. «...ésta consistía en ejercer colectiva pero directamente muchas partes de la soberanía entera; en deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz; en concluir con los extranjeros tratados de alianza; en votar las leyes, pronunciar las sentencias, examinar las cuentas, los actos, las gestiones de los magistrados, hacerlos comparecer ante todo el pueblo, acusarlos y condenarlos o absolver los..., Así, entre los antiguos, el individuo, soberano casi habitualmente en los negocios públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas...».

La libertad de los modernos, por el contrario, se sitúa en el contexto de la primacía de los derechos individuales; es decir, del ámbito de la privacidad, de la diferenciación entre lo público y lo privado, de la diferenciación entre Estado y sociedad y reclama, por ello, un legítimo derecho a ocuparse de los asuntos propios, delegando en los políticos la dirección de la comunidad.

Lo que entienden un inglés, un francés o un habitante de los Estados Unidos de América por la palabra libertad en estos momentos no es otra cosa que el derecho de influir o en la adminístración del gobierno o en el nombramiento de algunos o . de todos los funcionarios, sea por representación, por peticiones o por consultas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración.

Es una comprensible aplicación del principio de la división del trabajo y es uno de los argumentos más sólidos del fundamento teórico de la teoría clásica de la representación.

Esta dimensión elitista de la teoría, respondía a los intereses de la burguesía liberal. Sin embargo, es preciso diferenciar lo que el planteamiento tiene de egoísta interés histórico y lo que conserva de plena vigencia.

El interés histórico consistía en entender que los políticos profesionales, eran los pertenecientes a una clase social, idea que condujo al planteamiento, antidemocrático, del sufragio censitario.

Cuando hoy se plantean propuestas de democracia participativa, se olvida que, legítimamente, una gran mayoría de la población no está dispuesta a dedicar su tiempo a la actividad política, sin que ello signifique inhibirse de las decisiones políticas.

Giovanni SARTOR defendió que, no todos los ciudadanos pueden o quieren tener un nivel suficiente de información y de conocimiento para la toma responsable de decisionesLa representación, hoy como antaño, sigue teniendo uno de sus más sólidos anclajes en la libertad de los modernos.

Son todas aquellas que reclaman una sociedad presidida por la «libertad de los antiguos», en la que las decisiones, al margen de la democracia representativa, sean tomadas directamente «por el pueblo»; es decir, por aquella minoría de ciudadanos que, por razones generosas o interesadas, esto es lo de menos, están decididos a dedicar las veinticuatro horas de cada día a la política.

Estos presupuestos de la teoría, determinan sus rasgos esenciales.

  • Mandato nacional: el representante lo es de la nación, con independencia del ámbito espacial de su selección.

  • Mandato libre: el representante está llamado a crear una voluntad política y no a trasladar voluntades políticas preexistentes; por ello su mandato, basado en la confianza, no está sujeto a instrucciones de sus electores.

  • Mandato general: para defender el interés general y no intereses concretos. De tal suerte que se ofrece una habilitación genérica, no para asuntos concretos.

  • Mandato no susceptible de revocación, sino a través de los procesos electorales.

Críticas a la teoría de la representación

La teoría de la representación política, que ha servido para construir la democracia parlamentaria, como forma de Estado, ha recibido críticas. Los supuestos jurídicos de la democracia representativa, conservan amplia vigencia en las Constituciones que pueden ser consideradas democráticas, frente al ideal normativo e ideológico de la democracia de la identidad.

La única democracia realmente existente es la democracia parlamentaria, como democracia representativa.

Las criticas se pueden clasificar, en dos grandes campos.

El problema de la bilateralidad

La teoría clásica de la representación, crea un sujeto político personificado. La representación se construye como representación «de voluntades», a través de sucesivas ficciones:

  • Que la Nación, pese a su condición de sujeto abstracto, posee voluntad propia susceptible de ser representada.

  • Que mediante la relación representativa, y la acción de los representantes, la voluntad nacional se traslada al Estado.

  • No existe la voluntad de la Nación, de forma que la voluntad del representante es más un acto de creación de la voluntad nacional, de creación de poder, que de representación.

  • No puede haber vínculo jurídico alguno, en la medida en que el mandato representativo es libre y el representante, una vez elegido, escapa al control jurídico de los representados.

La doctrina italiana -SANTI ROMANO- tratando de salvar la inevitable «sustitución» del representado por el representante, sin disolver el vínculo entre ellos, elabora la teoría de la representación política como «representación de intereses generales». Una representación de intereses generales, pues todo cuanto afecta a la colectividad, concierne al interés del representado y al campo de acción del representante.

La doctrina alemana, JELLlNEK, tratará de construir la teoría de la representación desde su concepción del Estado como ente con personalidad jurídica, que actúa a través de órganos.

Para JELLINEK, el hecho de que la opinión pública sea una realidad política, no le priva de cualquier significación jurídica, de forma que se elimine, en la relación representante-representado, toda dimensión jurídica. Precisamente, es esa dimensión jurídica la que explica y fundamenta la duración limitada de las legislaturas, la facultad de disolver las Cámaras y, sobre todo, la directa conexión entre representación y elección.

La negación de la representación: Para ROUSSEAU,

  • La teoría del pueblo, como conjunto de individuos.

  • La teoría del carácter indelegable de la soberanía, que le impide ser representada.

  • Admite el mandato, aunque sometido a estrictas condiciones:

    • Mandato imperativo.

    • Condición de meros comisarios de los gobernantes.

    • Necesidad de ratificación, por el pueblo, de lo que tales comisarios deciden.

«Toda ley que no haya sido ratificada por el pueblo no es una ley; es nula».

Para KELSEN, el concepto de «representación» es tan falso como inútil. Este autor llega a aceptar la relación orgánica entre el cuerpo electoral y el Parlamento, pero con las siguientes matizaciones:

  • El cuerpo electoral es un simple órgano de creación.

  • La ley no es la voluntad del cuerpo electoral, sino la voluntad del Parlamento.

  • La voluntad del Parlamento, en ningún caso, está subordinada a la voluntad del cuerpo electoral.

KELSEN entiende que el pueblo no preexiste a sus representantes sino que se constituye, precisamente, a través del Parlamento. El planteamiento kelseniano - con serias contradicciones, en las que no podemos entrar- no sólo no niega, sino que defiende el parlamentarismo y la democracia liberal; sin embargo, los debilita en extremo. JELLINEK había formulado esta diferencia entre el plano jurídico, en el que el representante es libre, y el plano político, en el que está condicionado por las demandas de sus electores.

RUBIO LLORENTE parte de algunas ideas de SCHUMPETER quien contempla la democracia como procedimiento para la selección de gobernantes, absolutamente libres para gobernar, pero también desde un mercado político con ofertas y demandas en interacción; donde el gobernante modula las demandas sociales desde la oferta, pero sin que tampoco pueda ignorarlas.

La idea Schumpeteriana de la democracia como procedimiento de selección de los gobernantes, remitiendo al mercado, la vinculación política entre representantes y ciudadanos, en una relación continuada que no se agota en una única elección, lleva a RUBIO LLORENTE a entender que, «...permite superar tanto las objeciones de quienes consideran que la representación política no es compatible con vinculación alguna, como la de quienes estiman que sólo la sujeción jurídica del representante al representado autoriza a hablar de representación».

Pero veamos dos interpretaciones concretas del Tribunal Constitucional, en que reconoce la realidad política, pero con el límite insalvable de no destruir la democracia representativa, En primer lugar, en la STC 32/1985, de 6 de marzo, el Tribunal considera que aunque «los representantes lo son del cuerpo electoral... son también, aunque en otro sentido, representantes de sus electores». En segundo lugar, en la STC 119/1990, de 21 de junio, declara que, aun siendo el mandato de los representantes, jurídicamente libre y no sometido a instrucciones, no se puede desconocer «la fidelidad a los compromisos políticos» ofertados a los electores y que han determinado la elección. Por ello, el Tribunal, partiendo de la constitucionalidad del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, para perfeccionar la adquisición del escaño parlamentario, permite a los diputados electos de HeITi Batasuna utilizar una fórmula distinta a la usada habitualmente en la Cámara, debido a la existencia de un compromiso previo con el electorado, En resumen, la doctrina del Tribuna Constitucional ha considerado jurídicamente relevante la realidad política, lo que pe1TllÍte proyectar institucionalmente el vínculo político de los electores con los elegidos.

Los problemas derivados del Estado de partidos

De la teoría de la representación, se ha dicho es que está desfasada, que no se compadece con la realidad, que se ha producido una cesura insalvable entre prescripción normativa y realidad política.

La causa se encontraría en el conjunto de transformaciones que condujeron a lo que hoy se denomina Estado de partidos. Nos referimos a los siguientes extremos:

  • El establecimiento del sufragio universal, que será el mecanismo que desencadene el surgimiento de los partidos de masas, que van a expresar la fragmentación real de las opiniones y de los intereses políticos, frente a la unidad ideal de la voluntad general o la voluntad política de la Nación.

  • La proliferación, en Europa continental, de los sistemas electorales proporcionales, frente a los tradicionales sistemas anglosajones; de suerte que, de un lado, se incrementa el tamaño de las circunscripciones, se acelera la necesidad de la intermediación política y se agudiza el problema de la despersonalización o alejamiento real entre representantes y representados.

  • La realidad imparable de los partidos políticos, como cauce inevitable de participación política, encontrará expreso reconocimiento constitucional y se proyectará, defacto o de iure, en las instituciones del Estado.

Estas críticas afectan a la teoría de la representación en dos de sus elementos esenciales: la idea de representación nacional y la exclusión del mandato imperativo.

La crítica a la idea de representación nacional P DE VEGA, entiende que «...la preeminencia y el protagonismo partidista impedirán seguir manteniendo la ficción jurídica de la existencia de un órgano colegial único, compuesto por todos los electores, y presentar los resultados electorales como la expresión unitaria de la voluntad de un cuerpo colectivo a través del acto de la votación. Ni cada representante representa ya a la totalidad de la Nación, ni todos los representantes representan a cada uno de los individuos».

Y, sin embargo, este planteamiento «realista» no resuelve el problema de la existencia del Estado como unidad de decisión ni ofrece, por sí solo, receta alguna para hacer posible la democracia parlamentaria.

RUBIO LLORENTE ha escrito que los parlamentarios «...son representantes de la comunidad entera, pero han sido designados para ello por partes determinadas de ésta, ante las que periódicamente han de comparecer para renovar sus mandatos y a los que, en consecuencia, también, aunque de otro modo, representan.

JELLINEK, distingue entre el contenido de la voluntad y su formalización. Dice, hay una unidad que se deriva porque, junto a la voluntad individual de votar a uno u otro partido, hay una voluntad común de contribuir a formar el Parlamento y, a su través, la voluntad del Estado:

«En este propósito, de la máxima importancia, todos los electores son unánimes, sea cual sea el partido al que pertenezcan.

Para la democracia es esencial el Parlamento; por eso el Parlamento reclama el debate presidido por el principio de publicidad. Se han hecho afirmaciones como las siguientes:

  • Que el ideal objetivo de parlamentarios libres, debatiendo libremente, desde la carencia de prejuicios, en azarosa búsqueda del interés general, ha quedado destrozado por la disciplina de partido.

  • Que, salvo en cuestiones técnicas o menores, ya nadie convence a nadie.

LElBHOLZ, Presidente del Tribunal Constitucional alemán, denunciaba, en su día, la pérdida de independencia de los representantes y el progresivo empobrecimiento intelectual de la clase política. Escribe RUBIO LLORENTE que, «...aunque normalmente y en general no quepa esperar que la razón se imponga al prejuicio; aunque la voluntad de la mayoría parlamentaria no sea menos partidista que la del Gobierno, sostenido por ella, el procedimiento que permite imputarla al Parlamento le dota de una específIca dignidad, de una fuerza de la que aquél carece.

La prohibición de mandato imperativo Examen P. DE VEGA: «TORRES DEL MORAL recuerda como los programas electorales han venido de alguna manera a ocupar el lugar de los caiers d'instructions del mandato imperativo clásico. Hablar de mandato representativo equivale, en frase de Morstein-Marx, a referirse a una pieza de museo que hace ya tiempo forma parte de la arqueología constitucional».

Ya KELSEN Y LEffiHoLz habían hecho la misma denuncia. KELSEN, se manifiesta claramente a favor de la subordinación de los parlamentarios individuales a los partidos; es decir, a favor del establecimiento del mandato imperativo de partido. Incluso, llevando la cuestión al esperpento, sugiere, como ha dicho RUBIO LLORENTE, «...la posibilidad de sustituir la elección de diputados concretos por votos abstractos a favor del partido, que podría después designar a la persona más idónea para cada asunto».

Art. 67 CE, dice: «Los -miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

Esta crítica desconsidera la relación elector-partido, pero exige la dependencia - aún jurídica- en la relación partido-parlamentario; sin embargo, entre partidos y diputados, existiría una relación sujeta a mandato imperativo.

Algo de esto existe en la Constitución portuguesa, que establece la pérdida del mandato cuando un parlamentario abandona el partido en el que ha sido elegido y se entrega a otro.

Artículo 163. Constitución de Portugal.

Se pretende que el diputado se vincule imperativamente al partido porque ha sido elegido en sus listas, con su apoyo político y con su financiación, porque el voto -se dice- es en realidad al partido; pero todo este planteamiento no cuestiona en absoluto la radical libertad jurídica en la relación entre elector y partido. Y aquí empiezan las dificultades: el partido es libre de incumplir su programa, de alterarlo, de establecer alianzas políticas a posteriori no refrendadas por el electorado, de cambiar de opinión por razones oportunistas o justificadas.

Como ejemplo paradigmático, recordemos que el PSOE defendió tradicionalmente la salida de España de la OTAN.

El Presidente Adolfo Suárez, “ vamos a hacer normal en el ordenamiento jurídico lo que es normal en la calle”.

La frase, fuera de su contexto es, inaceptable porque niega la normatividad del derecho; es decir, su relativa autonomía para actuar sobre la realidad social. En segundo lugar, axiológicamente indecente porque niega todos los valores, salvo el sostenido circunstancialmente por la mayoría de la calle: nos llevaría a legitimar cualquier conducta habitual en la calle.

El Estado de partidos o el Estado con partidos es una necesidad de la democracia pero, también sin duda, los propios partidos políticos tienen sobrada capacidad de secuestrarla, de hacer pasar por voluntad de la comunidad política los meros intereses partidistas, de generar nuevas oligarquías, elitistas por hipótesis, irresponsables y omnipotentes. SCHUMPETER decia- la función del derecho no es plegarse a los hechos o reconocer jurídicamente la existencia de un mandato imperativo porque exista políticamente.

RUBIO LLORENTE decía, se trata de «mantener abierta la relación entre los partidos políticos y la sociedad, tan abierta como sea posible el derecho no debe fortalecer las tendencias oligárquicas, sino resistirse a ellas».

Con el mandato imperativo de partido, el verdadero representado -el ciudadano o elector- seguiría tan jurídicamente desvinculado con su verdadero representante -el partido- como lo está en estos momentos. Lo que se lograría, finalmente, sería establecer una brutal partidocracia opaca y oligárquica.

Seguramente sería el punto sin retorno del máximo alejamiento entre la voluntad de los representantes y la de los representados.

Ha escrito RUBIO LLORENTE,«frente a quienes, como Kelsen, sostienen que este principio es hoy, si no falso, que es cualidad no predicable de las normas, sí innecesario y tal vez perjudicial, creo que, por el contrario, es hoy más imprescindible que nunca. Su imprescindibilidad no viene ahora, como en el pasado, de ser condición necesaria para la existencia de una deliberación abierta a la persuasión legítima, para la que ni ahora ni en el pasado fue condición suficiente, sino de la necesidad de mantener tan abierta como sea posible la relación entre los partidos y la sociedad. Las posibilidades que el derecho ofrece para asegurar la democracia interna de los partidos no son muy grandes, pero lo que sí cabe exigir del derecho es que no fortalezca las tendencias oligárquicas que existen en su seno y ese sería el efecto necesario del mandato libre no sujeto a instrucciones».

Hago referencia a la situación política producida cuando dos diputados, elegidos en las listas del Partido Socialista, rompieron la disciplina de partido al no asistir a la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid, posibilitando el que la Presidencia y la mayoría de la Mesa quedaran en manos del Partido Popular.

Expulsados del PSOE, se negaron a renunciar a sus escaños y pasaron a formar parte del Grupo Mixto.

La situación provocada a provocado, no sólo la credibilidad de los actores políticos que la hicieron posible sino, lo que sin duda es más grave, la de las instituciones democráticas, al generalizarse una sensación de falta de crédito de los partidos políticos y de una clase política más atenta a la defensa de sus intereses particulares que a la defensa del interés general.

Si se acepta la lógica de la democracia representativa, la titularidad del mandato es del representante electo y no del partido. Podrán hacerse especulaciones sociológicas más o menos verificables, siempre inciertas, sobre cuál sería la voluntad de los individuos que apoyaron a cada candidatura partidaria. Lo que nunca podría hacerse jurídicamente, es imputar al elector una voluntad que se va a fabricar a posteríorí Si se aceptan estas premisas, se seguirá en la lógica de la democracia representativa y habrá que concluir que por inmoral que resulte, la actitud de los citados individuos es constitucionalmente lícita.

Puede defenderse el mandato de partido lo que, seguramente, requeriría una modificación de los artículos 23 Y 67.2 de la CE. En cualquier caso se debe de ser consciente de las consecuencias de la asunción del mandato de partido.

La primera consecuencia, nos alejaría de la tradición de las democracias liberales,y nos acercaría a formas falseadas de la democracia de la identidad que históricamente han sido siempre el pórtico de las dictaduras.

En segundo lugar es obvio que la actual libertad de los representantes no sería sustituida por la libertad de los electores, sino por la radical libertad de los partidos.

En tercer lugar y, la lógica del nuevo sistema invitaría a prescindir de los Parlamentos siendo sustituidos por una especie de Junta de Portavoces, que actuaría mediante voto ponderado. Es decir, se destruirían los dos grandes principios de la democracia liberal como democracia representativa:

  • El principio de publicidad.

  • El debate parlamentario.

La bilateralidad ya no podría ser cuestionada pero mantendría, y aún agravaría, el problema de la relación y, por tanto, de la representatividad, entre partidos y electores.

No obstante resultaría absurdo ignorar que el problema es real y que reclama soluciones aunque no la «solución definitiva» porque, probablemente, no existe, ya que la tensión entre «democracia» como ideal y democracia representativa es inevitable, como seguramente lo es la tensión entre democracia representativa y democracia de partidos.

Una de las propuestas que se han hecho sería optar por un sistema mayoritario de circunscripciones uninominales, en las que el elegido potenciaría su legitimación porque, junto a la recibida desde el apoyo de su partido, con el que cuenta, tendría la personalizada y directa de su electorado.

Mucho más sencillo, de la LOREG- sería la apertura de las listas electorales.

En resumen. Los recientes acontecimientos en la Comunidad Autónoma de Madrid, con dos diputados del PSOE, tránsfugas hacia el Grupo Mixto, lejos de avalar la tesis de los defensores del mandato de partido, contribuye a mostrar con todos sus perfiles siniestros esa vuelta de tuerca definitiva hacia las más opaca de las partidocracias.

Se dice, que hay una trama organizada de corrupción, con ramificaciones transversales hacia miembros de diversos partidos. La función de los partidos es imprescindible, pero no lo es menos poner límites a sus excesos.

La forma más idónea de abordar este problema no sea precisamente el mandato de partido, sino el abandono de la absurda forma de gobierno parlamentario que en España ha irradiado hacia todos los ámbitos de poder.

En el ámbito autonómico en el que, el gobierno parlamentario no deja de ser una opción razonable, los casos sonados de «transfuguismo» con la consecuencia de alteración del reparto partidista del poder, no han sido tan abundantes como para dejar de ser claramente excepcionales.

En el ámbito estatal, los supuestos han sido escasos y, sobre todo, nunca propiciaron una directa e inmediata alteración de la estructura del poder ni un cambio de gobierno.

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