07. Los sistemas electorales (II)

Los elementos del sistema (continuación)

La prima provincial, en el Congreso (artículo 68.2 CE)

El establecimiento en el Congreso de un mínimo de escaños por provincia, fue fruto de una enmienda in voce, presentada por el procurador palentino, Sr. Morrondo, en el debate plenario de las Cortes orgánicas.

Una vez aceptada la enmienda del Sr. Morrondo, la Ley para la Reforma Política establecía un mínimo provincial para el Congreso, sin concretarlo. Esto lo hará el Decreto-Ley de Medidas Electorales, de 1977: dos representantes por provincia.

La Constitución (artículo 68,2) reitera la fórmula genérica y abierta de la Ley para la Reforma Política, y la vigente LOREG -siempre la inercia- mantiene la prima de dos (artículo 162).

A esta prima provincial, la mayoría de la literatura jurídico-política le hace dos severos reproches.

Respecto al primer reproche, la ruptura de la igualdad del «peso» del sufragio es un hecho incuestionable. El primero, que rompe la igualdad en el valor del sufragio, a partir de lo cual, los críticos más extremosos hablan de su carácter antidemocrático.

En el fondo, esta posición netamente jacobina, que confunde la igualdad en el derecho al voto con la igualdad del valor del voto, reduce la democracia a un problema elemental de aritmética, des considerando la complejidad de los procesos de integración política que pueden hacer necesario tomar en consideración, además del puro agregado de individuos, algunos otros factores de indudable relevancia política.

En el fondo de este planteamiento hay una cierta incomprensión de la esencia de la democracia, que no descansa en una jacobina igualdad matemática, sino en el consenso más amplio posible sobre las reglas del juego para la legítima conquista del poder.

Volvamos a los argumentos anteriores sobre la ruptura del principio de igualdad y su justificación para valorar este supuesto.

La ruptura del principio de igualdad, exige una justificación objetiva. Desde el punto de vista democrático, la desigualdad en el voto sólo se justifica cuando tal desigualdad es un mecanismo para lograr la integración política de la sociedad.

Esa alteración de la igualdad no puede ser producto de la decisión de una mayoría coyuntural, sino que exige el consenso de las fuerzas políticas sobre «las reglas de juego».

No debemos hablar de «discriminación positiva» sino de diferenciación incluyente e integradora, para hacer verdaderamente iguales a todos los ciudadanos.

El segundo reproche tiene también una clara dimensión sociológica susceptible, por tanto, de verificación o refutación empírica. Para ello basta con hacer una simulación matemática, a partir de todas las votaciones celebradas desde el año 1977, sobre cuáles hubieran sido los resultados electorales si no hubiera existido la prima provincial, de suerte que los 348 escaños -siempre descontando Ceuta y Melilla- se hubieran distribuido en estricta proporción a la población de derecho de cada provincia.

Beneficiar al mundo rural, introduce un elemento conservador y un sesgo favorable al centro-derecha en el sistema electoral.

Se trata de dos reproches que tienen, al menos, alguna dimensión sociológica y, por tanto, susceptible de verificación o refutación empírica. Veamos.

Las barreras electorales en el Congreso (artículo 163.1 LOREG)

Las barreras electorales, son un mecanismo que se usa con cierta frecuencia en los sistemas electorales proporcionales para evitar una excesiva fragmentación de la Cámara impidiendo, por decisión legal, que las minorías que no logren un determinado porcentaje de votos, ya sea en cada circunscripción o en la totalidad del Estado, puedan acceder a la representación. De este modo, todos sus votos resultan estériles y redundan en beneficio de las mayorías, potenciando su sobrerrepresentación o beneficio.

Ni el anteproyecto de la Ley para la Reforma Política, de Torcuato FernándezMiranda, ni el proyecto del Gobierno Suárez, hacían mención alguna a la exigencia de tales barreras en las elecciones al Congreso. La Ley para la Reforma Política, finalmente aprobada, lo recogió en la Disposición Transitoria primera, en términos ampliamente genéricos, como no podría ser de otro modo.

«Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso».

La Constitución, sin embargo, no recoge tal principio, aunque tampoco lo prohibe; será retornado por la LOREG (artículo l63,1,a), planteándose en su discusión la concreción del límite, en dos aspectos:

  1. Si iba a ser una barrera estatal o circunscripción a circunscripción.

  2. La fijación del porcentaje concreto de dicha barrera.

La primera decisión -en cada circunscripción- venia impuesta por la realidad ampliamente plural del Estado español. Una barrera estatal del 3%, al diluir sus votos entre la totalidad homogénea del pueblo español, privaría de toda posibilidad de acceder a la representación a todos los partidos vascos nacionalistas y a algunos de los catalanes.

La segunda decisión, sobre la concreción del 3%, nos parece paradójica porque, a nuestro juicio, resulta al tiempo inútil en su eficacia y, sin embargo, adecuada en el porcentaje decidido.

Inútil porque dado el gran número de circunscripciones de tamaño limitado o francamente menor, la barrera sólo es potencialmente operativa en las circunscripciones de Madrid y Barcelona - Sin embargo, hemos hablado también de adecuación en el porcentaje exigido legalmente ya que, en realidad, de evitar una excesiva fragmentación de la Cámara, corrigiendo los efectos de la proporcionalidad, ya se encarga, y de la forma más severa, el juego conjunto del pequeño tamaño del Congreso y de la circunscripción provincial.

Las candidaturas electorales

Ya hemos señalado que el objeto de esta obra, en lo que concierne a materia electoral, no se refiere a la totalidad del derecho electoral sino, exclusivamente, al sistema. De aquí que, respecto a las candidaturas, prescindamos de cuestiones, por lo demás tan interesantes, como la legitimación y los requisitos para presentarlas.

Obviamente este tema sólo adquiere significado en los sistemas electorales con circunscripciones plurinorninales, que postulan las candidaturas de lista. La lista puede ser abierta o cerrada; la cerrada, a su vez, no bloqueada o desbloqueada y bloqueada.

La lista abierta

Caracteres. En esta modalidad, el elector puede confeccionar su propia lista a partir de la totalidad de los candidatos ofertados en las distintas candidaturas. Es decir, aunque los candidatos aparezcan al amparo o bajo el patrocinio de un partido, coalición de partidos o coalición de electores, el votante no está obligado a respetar la voluntad del patrocinador y puede hacer cuantas combinaciones se le antojen.

Valoración. La valoración crítica la haremos partiendo de las ventajas, primero, y de los riesgos, después, del sistema. Pero vamos a hablar de ventajas y peligros potenciales; es decir, que no se producen necesariamente de forma que, en algunos sistemas, se consuman y, en otros, permanecen latentes.

Las ventajas teóricas se pueden concretar en tres.

En primer lugar, el sistema de listas abiertas otorga la máxima libertad al elector porque su voluntad interviene, no sólo en la selección del representante sino, aunque sea a posteriori, en la parcial selección de los candidatos.

En segundo lugar, el sistema contribuye a incrementar la personalización de las elecciones.

En tercer lugar y siempre en teoría, el sistema incrementa potencialmente la libertad del elegido, al personalizarse la legitimación política.

Importa recordar que hemos hablado de efectos teóricos, por potenciales y no necesarios. En la práctica española del Senado, no se da ninguno de ellos porque, aunque la lista sea abierta, los electores la cierran. Veamos por qué.

En primer lugar, la mayoría del voto es claro y de partido -por ejemplo, todos los elegidos son del PSOE o del PP o de IU- y las excepciones son insignificantes en términos estadísticos e irrelevantes en consecuencias .prácticas.

En segundo lugar el elector que, en general, emite un voto de partido, tiende a hacerlo por orden.

En contraposición, a las listas abiertas se le han reprochado otros dos efectos, que se estiman perversos.

Desde el punto de vista teórico, y en primer lugar, que la necesidad de hacer valer la opción personal dentro de la candidatura de partido facilita el riesgo de hacer primar la contienda interna, en la candidatura partidista, sobre el enfrentamiento al adversario, en las campañas electorales.

En segundo lugar, se aduce el peligro de abrir tendencias antipartidarias y de dificultar la necesaria cohesión de los partidos.

El resultado es que, en nuestro país, en la práctica, con las listas abiertas para el Senado, no sufre la coherencia de las decisiones, ni siquiera la homogeneidad partidista del voto, ni sufre la composición de la Cámara, ni sufre la disciplina de partido, que es la misma en esta Cámara que la existente en el Congreso, con listas cerradas.

Conclusión. En cualquier caso, y permítase un juicio normativo a la hora de valorar la conveniencia del sistema de listas abiertas, el elemento más estimable y el que no conviene desdeñar es el de la coherencia, la estabilidad y fortaleza interna de los partidos políticos.

Aunque en España tales cualidades, en la práctica, no hayan sufrido, nunca conviene desdeñar sus riesgos potenciales. Todo ello, naturalmente, si se acepta la afirmación, de que la democracia representativa sólo es posible como democracia de partidos y de que éstos, por muchas disfuncionalidades que presenten y que pueden afectar a la calidad democrática, son instrumentos imprescindibles de canalización de la opinión política y de reducción de la complejidad. El discurso antipartidista, sea en Rousseau o en Hitler, encierra en embrión un discurso totalitario.

La lista cerrada

En esta modalidad el elector ha de elegir la candidatura completa presentada por el partido o la coalición de partidos o de electores a quien haya decidido dar su voto. A continuación veremos los dos modelos existentes en las listas cerradas: las desbloqueadas y las bloqueadas.

Listas cerradas y desbloqueadas. En ellas, y por eso son cerradas, el elector no puede realizar combinaciones entre distintas candidaturas, sino que está obligado a adherirse a una de las ofertadas. Ahora bien, y por ello son des bloqueadas, no tiene por qué aceptar la composición interna de la candidatura elegida.

Es claro que este sistema obliga a un doble escrutinio que, en el estado actual de la informática, no plantea el menor problema técnico.

Primero, se precisa la determinación de los escaños que globalmente corresponden a cada una de las candidaturas.

Segundo, es necesario ordenar las preferencias manifestadas en el interior de la candidatura para proceder a asignar personalmente los escaños obtenidos.

En la valoración crítica distinguiremos dos aspectos:

  1. Se ha de partir de que los elementos positivos del sistema de listas cerradas, pero desbloqueadas, son muy similares a los de las listas abiertas.

    • Porque incrementan la libertad del elector aunque, en este caso, sólo sea dentro de cada candidatura homogénea, al permitirle influir, no sólo en la selección de los representantes sino también en la de los candidatos, con lo que se les atribuye una clara competencia a intervenir en la vida interna de los partidos, pudiendo legitimar o des legitimar, en alguna medida, las propuestas hechas por los dirigentes del partido.

    • Porque una vez más, en sentido paralelo al de las listas abiertas, el sistema de listas cerradas y desbloqueadas incrementa la personalización de las relaciones entre elector y elegible, por cuanto el elegido no le debe en su totalidad el escaño a su partido sino, en alguna medida, a sus cualidades personales apreciadas por el electorado.

  2. Un segundo aspecto a destacar es que las críticas al sistema de listas cerradas pero des bloqueadas, aducen el riesgo que comportan para la coherencia interna de los partidos, debilitándola. En este caso, a diferencia de las listas abiertas, es muy difícil estar de acuerdo. Veamos por qué:

    • La obligación del voto homogéneo a un partido, al ser lista cerrada, excluye toda posibilidad de mezcolanza incoherente; la posibilidad de seleccionar los candidatos, al ser desbloqueada, legitima a cada uno en su medida.

    • Lo que se debilita, no son los partidos, sino sus oligarquías, introduciendo un sólido factor de democracia interna, bastante más operativo, como se ha argumentado, que el de las llamadas primarias.

    • Además, confiere al elector la capacidad de fortalecer o sepultar, políticamente, a los candidatos propuestos por la dirección, y a la misma dirección.

Las listas cerradas y bloqueadas

En ellas el elector debe adherirse, necesariamente, no sólo a alguna de las candidaturas propuestas sino que debe, además, respetar la composición y el orden interno de dicha candidatura, sin introducir alteración alguna.

El juicio, siempre valorativo y, por tanto, subjetivo, sobre las ventajas o desventajas de un sistema, debe ser siempre un juicio histórico; es decir, que contemple las circunstancias de cada momento.

En este sentido, entendemos que, hoy por hoy, las desventajas de este sistema son obvias: es el de menor calidad democrática, por las siguientes razones: Es el de mayor alejamiento entre elector y elegido; es decir, el de mayor despersonalización.

Es el de menor influencia del elector, nula influencia, en la vida interna del partido de su preferencia.

Es el que incrementa, hasta el límite, el sometimiento político de los representantes a la disciplina del pat1ido y a la obediencia a sus dirigentes.

La única ventaja, sólo históricamente admisible, es que fortalece, no sólo la cohesión interna de los partidos, sino la posición de sus dirigentes y la disciplina interna.

Hemos hablado de un juicio histórico porque en el momento de elaboración de la Constitución --en 1977- era razonable defender las listas cerradas y bloqueadas, y lo sería hoy si las circunstancias fueran las mismas, por las siguientes razones:

  • Porque en aquel entonces no se trataba de estabilizar un sistema de partidos sino de crearlos y hacerlos nacer fuertes.

  • Porque, en aquellas circunstancias, la fortaleza de las direcciones era un presupuesto lógico para la existencia de un sistema de partidos.

Pero las circunstancias han cambiado, hoy tal sistema existe, y con notable estabilidad. Si hay un riesgo para nuestra calidad democrática, no es la indigencia partidista, sino su déficit de conexión con la sociedad.

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