08. Los sistemas electorales (III)

La polémica entre partidarios del principio mayoritario y del principio proporcional

Cuestiones previas

Es, sin duda, una polémica llena de matices y de posiciones templadas que no vamos a ignorar ni a eludir, pero creemos que una aproximación, no menos rigurosa pero más pedagógica, es partir de los planteamientos radicales que la teoría jurídico-política suele hacer sobre ellos.

Los sistemas mayoritarios

Son aquellos sistemas en los que se atribuyen el puesto o los puestos a cubrir al candidato o a la candidatura que haya logrado el mayor número de votos: el que gana, gana todo. En España es el sistema establecido para el Senado, aunque corregido con voto limitado.

Los detractores del principio mayoritario

Los detractores de este sistema exponen, básicamente, tres argumentos.
  1. Que permite la obtención de los escaños con escasa representatividad, con mucha frecuencia por debajo del 50% de los votos válidos, lo que implica una exagerada-pérdida de votos, de los vencidos, condenados a la esterilidad. Ésta es una afirmación empírica incuestionable.

  2. Que el sistema castiga duramente a las minorías, en un doble sentido.

    • En primer lugar, porque la necesidad de ganar, circunscripción a circunscripción, les obliga a una fuerte presencia en cada una de ellas, de forma que una minoría, aún con fuerte implantación en una circunscripción -pongamos con el 20%y con una implantación relativamente homogénea en la totalidad del Estado, está abocada a la derrota en todos los distritos y a la pérdida de todos sus votos, sin posibilidades reales de obtener representación alguna. Éste es otro hecho empírico difícilmente cuestionable, como demuestra la práctica electoral del Reino Unido.

    • En segundo lugar porque les impide, incluso, la esperanza de un crecimiento progresivo. Sin embargo, en el sistema mayoritario, sobre todo en el simple, a los partidos se les obliga a nacer adultos; sólo desde una posición hegemónica, lo que implica el desplazamiento del anterior hegémon, es posible acceder al Parlamento.

  3. Que es un sistema que en su radical reducción de la complejidad -evitando los partidos minoritarios- atenta contra el pluralismo político y, en última instancia, contra el principio democrático. Si los dos argumentos anteriores eran sociológicos, empíricamente demostrables y fácilmente compartibles, la aceptación de esta tercera propuesta presenta serias dificultades, que ahora sólo enunciamos.

    • Al ser el sistema mayoritario un mecanismo de máxima reducción de la complejidad, su vulneración del pluralismo político es una posibilidad pero de ninguna manera una necesidad. Más adelante precisaremos esta afirmación.

    • Respecto al juicio, en términos de justicia, de agresión al principio democrático, es muy discutible. Sobre ello volveremos.

Los defensores del principio mayoritario

Los partidarios de este sistema utilizan los siguientes argumentos.

Parten de un principio difícilmente cuestionable: que los sistemas electorales no sólo cumplen la función de representación de la sociedad en el Estado, sino la de posibilitar una voluntad política eficaz y coherente, que permita gobiernos eficaces y estables.

A partir de aquí, la cadena argumental pierde consistencia porque, las consecuencias que se extraen del principio mayoritario, son posibles pero no necesarias y porque, cuando se producen, no son necesariamente buenas, en términos de funcionalidad del sistema. Estas afirmaciones son ciertamente cuestionables.

Respecto a la bondad «ontológica» del bipartidismo, acaso pueda sostenerse cuando se trate de partidos ampliamente integrados en los valores del Estado, que dan lugar a la alternancia en el gobierno.

Pero tampoco es exacta la idea de que las fórmulas mayoritarias conducen al bipartidismo. Sin duda estas fórmulas reducen al máximo la complejidad, pero lo hacen circunscripción a circunscripción, distrito a distrito, sin que haya ninguna garantía de que la reducción se haga siempre en el mismo sentido y resulte homogénea en la totalidad del Estado. En un país como España, con una tradición de seria dificultad para alcanzar la integración política, con una cultura política igualmente poco integrada, con menor cohesión y con una problemática secular para articular territorialmente el Estado, que muestra de continuo una tendencia a la proliferación, no sólo de partidos nacionalistas -a veces mayoritarios e incluso hegemónicos en su ámbito territorial- sino también de partidos regionalistas, localistas y aún personalistas -piénsese en el de RuÍz Mateos o en el Gil- el predominio de variables centrífugas haría que, probablemente, el principio mayoritario acelerase la tendencia a la desintegración.

Los sistemas proporcionales

Recordemos que son aquellos sistemas en los que cada candidatura obtiene un número de puestos en proporción a los votos logrados. En España es el sistema utilizado en la mayoría de las elecciones: Congreso de los Diputados (68.3 CE y 162 LOREG), Asambleas de las Comunidades Autónomas (artículo 152.1 CE), Municipales (artículo 180 LOREG) y Parlamento Europeo (artículo 214 LOREG).

Sus detractores

Los detractores de las fórmulas proporcionales suelen ser, como es obvio, los partidarios del principio mayoritario y, en consecuencia, utilizan los mismos argumentos con los que defienden sus criterios. A saber:

  • Reprochan, con razón en lo quese refiere a los proporcionalistas a ultranza y sin matices, que los sistemas proporcionales ignoran, olvidan o desdeñan la segunda de las funciones de todo sistema electoral: facilitar la gobernabilidad, ya que generan una Cámara formada por numerosos partidos.

  • Consideran que el principio proporcional es un arma poderosa para fragmentar las Cámaras, propiciando que las opciones políticas de gobierno no las tome el electorado sino que sean fruto -en la llamada democracia consociativa o de pactos- de las transacciones, acuerdos y desacuerdos gestados, casi siempre de forma opaca, entre los numerosos grupos parlamentarios y, con mayor frecuencia, al margen incluso de la Cámara, entre los partidos que la sustentan, dando lugar al fenómeno partitocrático.

Sus defensores

Respecto a los defensores del sistema proporcional, vamos a referimos fundamentalmente a los proporcionalistas a ultranza, que consideran dogmáticamente que el principio proporcional está dotado de superioridad moral; que es, poco menos, que la quintaesencia de la democracia, llegando a afirmar que es exigencia inexcusable del principio democrático.

Argumentan que es el único sistema respetuoso con la voluntad democrática del pueblo, con el pluralismo político realmente existente, el único que garantiza el principio de igualdad de oportunidades y el que, en menor medida, falsea la voluntad de los ciudadanos, ofreciendo una especie de radiografía de la opinión pública que se proyecta hacia el Estado y se hace patente en él.

Es evidente que el pueblo, como realidad sociológica con capacidad de expresar una voluntad política coherente y operativa, ni existe ni puede existir.

El pueblo, como realidad homogénea, con capacidad de un querer unitario y coherente:

  • O es un concepto metafísico, así, por ejemplo, la «voluntad general» de Rousseau, que es una noción que está más allá de la voluntad de los individuos y que ni siquiera se corresponde con la voluntad de la mayoría.

  • O es un concepto jurídico: es decir, una realidad fabricada por y desde el derecho.

Por tanto, el problema de la representación no es trasladar al Estado una voluntad política preexistente, que no existe más allá de la voluntad de los individuos y esta voluntad es inoperante, por contradictoria y caótica.

A partir de aquí, resulta obvio que la creación de esa voluntad política sólo es posible mediante un complejo de mecanismos sucesivos de reducción de la complejidad, hasta alcanzar una voluntad operativa imputable al pueblo.

Es imputable al pueblo porque arranca de las voluntades de los miembros que lo componen; por eso el sistema exige el respeto a los derechos fundamentales y, muy particularmente, de los derechos de participación política, que aseguran potencialmente la presencia y la influencia de los ciudadanos en los sucesivos mecanismos de reducción de la complejidad: la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, los derechos informativos, el derecho a la educación, la libertad de reunión, la libertad de asociación, los derechos de sindicación y de huelga, el derecho de participación en los asuntos públicos y los derechos, en fin, al sufragio activo y pasivo.

Ya hemos mencionado, también, cuáles son esos mecanismos de reducción de la complejidad que se van produciendo, primero, en la sociedad espontáneamente, luego en la sociedad ya ordenada por el Estado y, por último, en el seno del propio Estado; de nuevo vamos a reiterarlos y a ampliarlos.

Los primeros mecanismos de reducción de la complejidad lo hacen posible los derechos informativos, en primer lugar, y los derechos de asociación en general, y de asociación política en particular.

El tercer mecanismo de reducción de la complejidad es el sistema electoral; es el último mecanismo en que participa la sociedad, pero ya ordenada por el Estado a través de tales normas electorales.

El último mecanismo es el Parlamento, formado por los elegidos por el cuerpo electoral y en donde se manifiesta una voluntad coherente capaz de tomar decisiones políticas: la voluntad del Estado.

Como se comprenderá, si el problema no es de traslación de una opinión existente, sino de fabricación de una inexistente, el nivel de reducción de la complejidad deja de ser una cuestión esencial al principio democrático para convertirse en puramente instrumental.

Si se acepta lo dicho, se comprenderá que empecinarse en el argumento proporcionalista, dogmáticamente formulado, equivaldría a abrir un debate bizantino. Que opinen directamente todos los ciudadanos y que prevalezca la voluntad de la mayoría sin participación posible de las minorías. Es decir, lleguemos, desde la proporcionalidad pura, a través del círculo vicioso, al principio mayoritario puro: la voluntad excluyente de los más.

Todo esto es un evidente sin sentido, pero se puede ir más allá. En el régimen parlamentario la voluntad de los ciudadanos, articulada y hecha operativa por el sistema electoral, fabrica un Parlamento, pero aún no ha fabricado una voluntad política. Veamos:

La primera decisión política es la de constituir un gobierno, a través de la legitimación parlamentaria de su Presidente. Sucede, con harta frecuencia, que se contribuye a fabricar la voluntad operativa en contra de la propia.

Desde este enfoque creemos que se comprenderá que no hay equivalencia alguna, al menos necesaria, entre máxima pluralidad o máxima participación y máxima influencia y máximo respeto a la voluntad del elector.

Aún hay un último argumento, de notable solidez, contra las pretensiones dogmáticas de los proporcionalistas a ultranza. Si la democracia implica participación del pueblo en el poder, dichos proporcionalistas olvidan siempre que un sistema electoral no reparte el poder sino que reparte escaños, pudiendo hacer, de sólidas mayorías minoritarias, débil oposición y de exiguas minorías, poderosísimos componentes del gobierno, por su capacidad de bloqueo o de bisagra. De suerte que, el sistema proporcional puede abocar a la más brutal desproporción entre la cuota de representatividad y la cuota de poder.

Conclusiones

A partir de estas reflexiones, parece evidente que no tiene el menor sentido vincular dogmáticamente el principio democrático con el principio de proporcionalidad como, recordemos, tampoco lo tiene el vincular dogmáticamente el principio mayoritario con el principio de gobernabilidad.

Acaso se comprenda ahora nuestra afirmación de que no somos, en abstracto, ni partidarios ni adversarios de ningún sistema electoral; ni partidarios del principio proporcional ni del principio mayoritario porque, entre otras cosas, hacemos nuestro el juicio de Ludwig Wiegtestein de que es científicamente absurdo plantearse preguntas que, necesariamente, carecen de respuesta. Preguntarse, pues, por el mejor sistema electoral o debatir sobre una teórica superioridad política o ética del principio mayoritario o proporcional, planteárselo en abstracto, es un absoluto sin sentido porque carece de respuesta.

La respuesta sólo puede ser concreta, referida a un específico ámbito histórico y espacial y, precisamente, la naturaleza concreta de la respuesta, excluye cualquier prejuicio dogmático y sólo admite una respuesta fundada en percepciones empíricas de las necesidades reales de esa sociedad concreta; necesidades referidas, por supuesto, al respeto al principio democrático, pero que no pueden eludir las exigencias de un proceso de integración política, sin el que el Estado se hace inviable, ni una capacidad de eficiencia gubernativa, sin la que el Estado se destruye. Y, en el mismo sentido, la calidad democrática de un Estado, requiere la existencia de un Estado. Si la búsqueda desenfocada de la máxima calidad democrática, hace inviable la existencia del Estado, se puede dar por hecho la radical inviabilidad de la pretensión democrática.

Desde estas limitaciones metodológicas, a la hora de enfrentarnos a la calidad de los sistemas electorales, acaso sólo haya un criterio clarificador y operativo, que no pasa de ser un criterio metódico y que, precisamente por ello, no soluciona el problema pero lo orienta, lo que es cualquier cosa menos desdeñable. Tal criterio es el siguiente: tanta complejidad como la sociedad imponga y tanta simplificación como la gobernabilidad exija. Las sociedades políticas que alcancen o se aproximen a este punto de equilibrio, gozarán de un magnífico sistema electoral. Nos explicamos: Tanta complejidad como la sociedad imponga.

El Estado, y con mucha más razón el Estado democrático, descansa en un proceso de integración política que implica un amplísimo consenso en el sistema de valores, principios y normas que establecen las reglas del juego. En este sentido, ningún Estado puede pennitirse el lujo de expulsar del sistema político, vía mecanismos electorales, a fuerzas políticas necesarias para ese proceso de integración y, por tanto, con potente capacidad des'estabilizadora cuando se las obligue a funcionar como partidos antisistema. En este sentido, la complejidad necesaria la detennina el propio nivel de cohesión social.

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