13. Teoría y práctica de gobierno en el sistema liberal

El rey

Salvo la fugaz excepción de la primera República, el Estado liberal se articuló en forma de monarquía parlamentaria, con un rey cuyo peso institucional y poderes políticos fueron variables según las épocas. El monarca encarna el poder ejecutivo, que a menudo aparece limitado por las atribuciones de las Cortes y comparte frecuentemente con ellas la potestad legislativa.

El rey ostenta la máxima representación de la nación, declara la guerra y ratifica la paz, dando cuenta documentada a las Cortes; dirige las relaciones diplomáticas con otros países; expide los decretos conducentes a la ejecución de las leyes; dispone de la fuerza armada; decreta la inversión de fondos; acuña moneda y designa y separa libremente a los ministros. Le corresponde el nombramiento de los funcionarios civiles y militares.

Antes de contraer matrimonio, deberá comunicarlo a las Cortes. Necesita una autorización especial para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio, para admitir tropas extranjeras y para abdicar la Corona.

La sucesión se rige por los principios del derecho castellano, el orden queda fijado por los derechos de primogenitura y representación, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo a la más remota, el varón a la hembra y la mayor a la menor edad. El establecimiento de la regencia durante la minoridad responde, según las Constituciones, a distintos criterios. Fernando VII designó a su mujer como reina regente y gobernadora. La Constitución de 1876 hizo recaer la regencia en el padre o la madre del rey, y en su defecto, en el pariente más próximo.

Del unicameralismo francés al bicameralismo

El Congreso de los Diputados

Como tal, el Congreso de los Diputados aparece en la Constitución de 1837 con la instauración de un sistema bicameral. La Cámara baja recibió entonces ese nombre. La asamblea quedó configurada como un órgano colegislador; con atribuciones financieras que le confirieron la preeminencia sobre el Senado.

Para ser diputado se requirió la condición de español, mayor de edad, quedando imposibilitados de ordinario los eclesiásticos. Las mujeres no fueron elegibles durante el siglo XIX ni hasta la Constitución republicana de 1931. La duración del mandato parlamentario osciló entre los 3 y los 5 años con las diferentes Constituciones.

La Constitución de Cádiz proclamó la inviolabilidad parlamentaria instaurando un “tribunal de Cortes” para juzgar las causas criminales contra diputados. En 1837 se establece que diputados y senadores sólo pudieran ser procesados y arrestados con autorización de la cámara correspondiente. La Constitución de Cádiz fijó un severo régimen de incapacitación, declarando inelegibles a ministros y altos cargos, así como a empleados públicos. Tal sistema resultó modificado por la legislación electoral posterior y por la Constitución de 1837, al admitir que los ministros pudieran ser parlamentarios.

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