18. La gestión de los recursos y las prestaciones personales de los ciudadanos

La hacienda

Crisis financiera tras la guerra con Francia e Inglaterra, e intentos reformistas

La “contribución directa” de las Cortes de Cádiz

Al inicio del XIX, la situación financiera extremadamente grave. Las guerras habían debilitado los recursos y aumentado los gastos. Para poder hacer frente a esta situación, se procedió a la emisión de vales reales, pero al no poder pagar los intereses el Estado quedó en entredicho. Godoy acudió a las desamortizaciones eclesiásticas y amortización de vales, pero los ingresos sólo se aplicaron a remediar el déficit público, y así la deuda aumentó.

José I, mantuvo los antiguos impuestos, pero con novedades como la contribución de patentes industriales (el pago de licencia por ejercicio de industria o comercio), que se convirtió en impuesto anual; y otros que gravaron las casas de juego y alquileres. A su vez, la Junta Central decretó en 1809 la supresión de las rentas provinciales, por un nuevo sistema que reemplazaría las alcabalas, cientos y millones.

Al término de la crisis bélica la deuda ascendería a 13.000 millones de reales. Las Cortes de Cádiz promulgaron un decreto de formación de una lista o presupuesto general de los desembolsos correspondientes a las obligaciones de cada ramo, para dar al Ministerio de Hacienda datos fiables.

El primer proyecto de reforma por los diputados gaditanos contó con el retorno de la única contribución, estableciéndose una contribución directa en la riqueza de cada provincia, según el censo de frutos y manufacturas. Tras la áspera polémica en septiembre de 1813, tiene lugar el Nuevo plan de contribuciones públicas. La involución absolutista derribó el sistema constitucional e impuso el retorno al régimen antiguo.

La “Contribución General” de Martín de Garay

Abolida la contribución directa, la situación financiera en 1815 contaba con un déficit 500 millones de reales y deuda pública 12.000 millones. Urgía preparar un nuevo ejercito ante la posibilidad de otra confrontación con Francia, pero el Estado no tenía dinero. En 1816 se forma una Junta de Hacienda para poner orden en los ingresos y gastos de cada ministerio. En 1817, Garay entrega al rey una memoria con una alternativa de una contribución general a pagar por los ciudadanos en proporción a su riqueza, y en las capitales de provincia y puertos sustituida por el derecho de puertas (arancel por la introducción de mercancías).

El plan Garay fue sancionado por el rey que fijaba el nuevo establecimiento del sistema de Real Hacienda, instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino y bulas dadas por Pio VII. La reforma redujo los gastos ministeriales, pero el problema fue la inexactitud de estimación de riqueza de los pueblos y que el gobierno arbitró unas reglas de difícil aplicación práctica. Finalmente, el ensayo no se repitió pero perduraron los derechos de puertas.

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