Preguntas frecuentes resueltas

El acto administrativo. Concepto y clases

Se puede definir el acto administrativo como aquella resolución de un poder público en el ejercicio de potestades y funciones administrativas y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. Los autores de actos administrativos son de administración publica y también los poderes públicos en sus resoluciones logísticas dictadas en la gestión patrimonial, contractual y de personal.

El acto administrativo incorpora elementos ajenos a los actos privados. En particular, la exigencia de una impugnabilidad inmediata para no convertirse en judicialmente inatacable y en elemento de coercibilidad, la ejecución forzosa, que lo separa de los actos privados en la misma medida que lo acerca a las sentencias judiciales de los Jueves civiles de primera instancia. Así en esta concepción cuasi-judicial del acto administrativo, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, si no va precedido y se dicta en el seno de un procedimiento ? procedimiento administrativo.

DECISIONES O ACTOS INDIVIDUALES: Situación jurídica que afecta a una persona determinada.

ACTO CONDICIÓN: Coloca a una persona en una situación jurídica general que tiene por efecto hacer posible sobre ella la aplicación de una normativa preexistente, como por ejemplo en el acto de nacionalización o nombramiento de funcionarios.

En nuestra doctrina, Garrido, remitiendo los reglamentos a la teoría de las fuentes, clasifica los actos por:

  •  La extensión de sus efectos en generales y concretos.

  • La posibilidad de su fiscalización en impugnables e inimpugnables.

  • Razón del tipo de facultades ejercitadas, en discrecionales y reglados.

  • Los sujetos que intervienen en actos simples y complejos, unilaterales y bilaterales.

  • Razón del contenido del acto y sus efectos, en meros actos administrativos y actos negocios jurídicos, actos definitivos y actos de trámite.

Actos que no causan estado, firmes o consentidos y actos confirmatorios

Los actos que no causan estado son aquellos que no expresan de manera definitiva la voluntad de la organización administrativa en que se producen, porque contra los mismos puede y debe interponerse un recurso ante el superior jerárquico del órgano que los dictó o ante otro órgano, antes de acudir a la vía judicial. Este concepto se infiere, negativamente, de los supuestos en que la ley considera que un acto ha “ agotado la vía gubernativa” Agotan dicha vía:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada (Basta sólo con interponer un solo recurso de alzada para agotar la vía administrativa, art. 109 Ley 30/1992).

  • Las resoluciones dictadas por órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas dictadas en sustitución del recurso de alzada en procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje - Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.

  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Los actos firmes o consentidos ? son aquellos, que al margen de que hayan o no causado estado, se consideran manifestaciones indiscutibles de la voluntad de un órgano administrativo porque su recurribilidad resulta vetada por el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin que la persona legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional (art. 28 LJCA), además el TS exige que:

  • a) El acto sea declaratorio de derechos, y que

  • b) El interesado haya prestado su consentimiento

El concepto de firmeza administrativa es equivalente al que se utiliza para designar a las sentencias judiciales que, por no haber sido impugnadas en tiempo y forma, devienen igualmente firmes y no son ya susceptibles de recurso ordinario (acto consentido = cosa juzgada). El concepto y función del acto consentido no es impeditivo de la acción de nulidad que puede ejercitarse contra los actos nulos de pleno derecho.

Los actos reproductorios y confirmatorios son aquellos que reiteran, por reproducción o confirmación, otros anteriores firmes y consentidos. El acto confirmatorio no debe recoger ninguna novedad respecto del anterior. Si se prohíbe su impugnación es para evitar que a través de una nueva petición se reabra un debate judicial sobre lo que ya ha sido resuelto definitivamente en vía administrativa o judicial. El acto confirmatorio no debe recoger ninguna novedad respecto al anterior, del que constituye una mera reproducción o simplemente su formal confirmación, debiendo negarse la excepción de in admisibilidad del proceso si respecto a la anterior es diverso el órgano o los recurrentes, o los objetos sobre los que versa con la introducción de un elemento nuevo, o se da disparidad de pretensiones, o son diversos los fundamentos legales aducidos, o se produce un cambio en el ordenamiento jurídico aplicable en la situación practica en la que se basa.

La regulación del silencio administrativo y de los actos presuntos por la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Esta Ley introdujo una nueva regulación del silencio y de los actos presuntos que parte, como las anteriores regulaciones, de la obligación de la Administración de resolver de forma expresa.

El plazo máximo en que deberá hacerlo es el fijado por la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrá exceder de seis meses salvo que una Ley establezca un plazo mayor o venga así previsto en la normativa comunitaria europea. i este plazo máximo no esta previsto será de tres meses.

Transcurrido ese plazo sin resolver de forma expresa se origina el acto presunto, de forma que la solicitud puede entenderse estimada o desestimada por silencio administrativo.

La regla general en los procedimientos iniciados a instancia del interesado es el silencio positivo o estimatorio de la pretensión, salvo en los siguientes casos:

  • Cuando una norma con rango de Ley o norma de Derecho comunitario europeo establezca lo contrario

  • En los procedimientos de ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE.

No obstante, si el recurso se ha interpuesto por la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano no administrativo competente no dictase resolución expresa.

La elevación del silencio positivo a regla general supone abandonar la defensa de los intereses generales que tales actos controlan así como los intereses de los terceros afectados por la actividad solicitada, sacrificados ante el interés particular del titular del derecho y solicitante, beneficiado indudable de la pasividad de la Administración, en cuanto se ve reconocida su pretensión sin necesidad de acudir a las vías de recurso administrativo o judicial. El silencio administrativo es una aportación genuina de nuestro derecho, pues en el derecho comparado el silencio positivo se entiende como desestimatorio a los efectos de recursos subsiguientes. En Alemania se califica como anticonstitucional. En nuestro derecho el acto presunto positivo es tal que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo dinamizador del procedimiento. Por el contrario, la desestimación por silencio administrativo produce los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Los actos producidos por silencio administrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que se debe dictar y notificar la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitida en derecho.

Por el contrario, en los procedimientos iniciados de oficio, normalmente limitativos de derecho o sancionares, no se aplica la técnica del acto presunto positivo, aunque sí a la caducidad. En estos casos, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la admón. del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si además son procedimientos de los que puede derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos, los interesados que hubieren compadecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Los elementos del acto administrativo

La cuestión de los elementos del acto administrativo se aborda utilizando los conceptos de la dogmática privatista de los actos jurídicos, así la doctrina española clasifica los elementos en subjetivos, objetivos y formales, y asimismo en esenciales (sujeto, objeto, voluntad, causa, contenido y forma) y accidentales (término, condición y modo).

Al estar los actos administrativos unilaterales más cerca de los actos judiciales que de los actos privativos, sus elementos y la significación judicial de los mismos guardan una mayor analogía con aquéllos.

El acto administrativo se encuentra ceñido por un contrario principio de tipicidad que impide desvirtuar o modalizar en exceso lo efectos propios de una categoría de actos a través de los elementos accidentales.

El contraste entre los actos privados y los administrativos y la cercanía de éstos a los actos judiciales se manifiesta en la importancia que para los actos administrativos adquieren los elementos formales, mientras que en los actos privados no hay normalmente un procedimiento previo, rige el principio de libertad de forma enunciado en el art. 1278 CC.

Los medios de ejecución forzosa

Los medios de ejecución de los actos administrativos son, como prescribe la Ley, el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Todos bajo los principios de proporcionalidad, de no intercambiabilidad en su empleo, de modo que no es discrecional la elección del medio a emplear por la administración y se aplican si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Esta enumeración es incompleta pues no recoge la ocupación directa de bienes.

A) la ocupación

Es la forma de ejecución de los actos que imponen a los particulares la entrega de un bien determinado del que aquellos están en la posición; si el particular no lo entrega, la administración. toma posesión de él por medio de sus funcionarios. Hay que incluir diversos supuesto de interdictum propium recuperación de bienes de dominio público y patrimoniales (se estudian en el tono III)

B) Apremio sobre el patrimonio

El apremio sobre el patrimonio es el procedimiento más generalizado de ejecución de los actos administrativos. Se aplica al cobro de toda suerte de débitos.

Una vez dictado el acto que obligue al pago de una cantidad líquida –Certificación de descubierto-, y trascurrido el plazo del pago voluntario, el procedimiento se inicia con la providencia de apremio. Fundamental es el aseguramiento del crédito a través del embargo de bienes lo normal es que sea sobre Cuentas corrientes. El embargo ha de hacerse en cantidad suficiente para cubrir el importe total de la deuda más los recargos que costas. El embargo de bienes puede implicar la entrada en el domicilio del deudor, siendo necesaria la autorización judicial.

El procedimiento termina con la ejecución del crédito sobre las cuentas corrientes embargadas o la subasta púb. de los bienes trabados, a menos que se produzca reclamación por tercería de dominio que se sustancia al juez civil.

C) La ejecución subsidiaria.

La ejecución subsidiaria consiste en la realización de la conducta que el acto impone, bien por la administración misma o a través de las personas que determinen, en todo caso, a costa del obligado. Este medio se aplica a los actos que “ por no se personalísimos, pueden ser realizados por sujeto distinto al obligado”LRJAPC.

En todo caso, la ejecución subsidiara por persona distinta del obligado comporta que “ los gastos que ocasione la ejecución, así como el importe de los daños y perjuicios que se produzcan, han de ser abonados por el destinatario del acto: y, en el caso de incumplimiento de esta obligación de pago, procederá su exacción por la vía de apremio” Art. 98.3 TEMA 2 (8.d)-Que es y en que marco conceptual del estudio administrativo se situa la multa coercitiva Este medio de ejecución consiste en la imposición de multas reiteradas en el tiempo hasta doblegar la voluntad del obligado para cumplir el mandato del acto administrativo. Es una técnica importada de Alemania.

En todo caso la multa coercitiva esta sujeta a un estricto principio de legalidad. No basta con que la ley autorice su establecimiento al poder reglamentario, sino que es necesario que la ley determine su forma y cuantía.

La multa coercitiva es aplicable en la fase de ejecución de un acto administrativo. No debería, pues, admitirse su utilización en actuaciones inspectoras para doblegar la voluntad del inspeccionado y obligarle a declarar en su contra o a facilitar documentos o pruebas que le comprometa, como ocurre en materia fiscal, (Art. 83.6 LGP), este precepto desnaturaliza la multa coercitiva y además infringe el derecho constitucional.

La multa coercitiva actuada en un expediente sancionador equivale a un suerte de coacción, de amenaza económica, para forzar a determinadas declaraciones.

La nulidad de pleno derecho. Análisis de los supuestos legales

El acto nulo de pleno derecho es aquél, que por estar afectado de un vicio especialmente grave, no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede ser anulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del defecto o del transcurso del tiempo. Los supuestos en que concurre ese vicio especialmente grave se detallan en el art. 62 LRJAP y del PAC:

  • Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

    • Este supuesto fue introducido por la Ley 30/92, con la intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales que solo era operativo cuando la lesión afectaba “al contenido esencial de esos derechos y libertades” La inclusión de este supuesto supone una desnaturalización de la categoría de la nulidad de pleno derecho, que estaba configurada como una categoría asimilable o muy cercana a la inexistencia. La doctrina del TS es contradictoria, admite que estos derechos y libertades son permanentes e imprescriptibles pero no reconoce igual imprescriptibilidad a la acción para ejercitarlos en cada caso concreto.

  • Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio

    • Es manifiesta la incompetencia por razón de la materia cuando se invade la de otros poderes del Estado como el Judicial o el Legislativo. También cuando las competencias ejercidas corresponden por razón de la materia o del territorio a otro órgano administrativo, siempre y cuando esa incompetencia aparezca de forma patente, clarividente y palpable, sin necesidad de un esfuerzo dialéctico o de una interpretación laboriosa. Respecto a la incompetencia jerárquica, el TS la excluyó, en principio, del concepto de incompetencia manifiesta, y por tanto de la nulidad de pleno derecho, en base a que el vicio de incompetencia puede ser convalidado cuando el órgano competente sea el superior jerárquico del que dictó el acto convalidado.

    • En conclusión la "incompetencia manifiesta" no queda reducida en la versión jurisprudencial a los supuestos de incompetencia por razón de materia y del territorio, pues incluye la incompetencia jerárquica, pero limitada a los casos de incompetencia grave, la que tiene relevancia para el interés público o para los administrados y que no es sólo la que aparece de modo patente y claro.
  • Actos de contenido imposible

    • Estos supuestos se deben más a razonamientos lógicos de la doctrina que a experiencias reales resueltas por la jurisprudencia. Se alude a una imposibilidad por falta de substrato personal (nombramiento de funcionario a una persona fallecida); por falta de substrato material como cuando la ejecución de lo que el acto impone es material o técnicamente imposible; y por falta de substrato jurídico como puede ser el caso de la revocación de un acto administrativo ya anulado. El TS en algunas ocasiones ha equiparado acto de contenido imposible con acto ambiguo o ininteligible y por ello inejecutable.

  • Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta

    •  Se refiere a los delitos (es decir, a una conducta tipificada en el Código Penal o en las Leyes penales especiales) que pueda cometer la autoridad o el funcionario con motivo de la emanación de un acto administrativo, pues la Administración como persona jurídica no puede ser sujeto activo de conductas delictivas.

    • A juicio de Parada debe admitirse la competencia de la Administración y de los Tribunales CA para una calificación prejudicial objetiva del presunto delito como acción típica y antijurídica a los solos efectos de anulación del acto, pero sin prejuzgar la condena, ni suponer imputación a persona alguna, ni condicionar la actuación de los Tribunales Penales.

  • Actos dictados con falta total y absoluta de procedimiento.

    • El alcance invalidatorio de los vicios de forma Frente al principio de esencialidad de las formas la LRJAP y del PAC, reduce al mínimo los efectos invalidatorios de los vicios del procedimiento, de tal manera que o bien este defecto es muy grave, en cuyo caso estamos en presencia de la nulidad de pleno derecho o absoluta, o no lo es tanto y entonces no invalida el acto, constituyendo simplemente una irregularidad no invalidante.

    • Con esta interpretación, los dos supuestos de vicios de forma contemplados en el art. 63.2 como supuestos de anulabilidad (cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados) lo serían realmente de nulidad de pleno derecho, sirva de ejemplo la falta de vista y audiencia del interesado en los actos de gravamen sancionadores y arbitrales.

  • Actos dictados con infracción de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados

    • Este supuesto se justifica por la importancia que en la organización administrativa tienen los órganos colegiados. Todos ellos se rigen por sus reglas específicas y a falta de ellas por la normativa básica establecida en los art. 22 a 28 de la LRJAP y del PAC. Para la Jurisprudencia son esenciales la convocatoria, siendo nulo el acuerdo tomado sobre una cuestión no incluida en el orden del día y también lo es la composición del órgano, especialmente en los casos que dicha composición es heterogénea (Jurados de Expropiación; el quórum de asistencia y votación).

  • Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos sin los requisitos esenciales.

    • No basta que el acto sea contrario al ordenamiento sino que además se ha de dar la ausencia de determinadas circunstancias subjetivas en el beneficiado por le acto, cuya determinación, por tratarse de de un concepto jurídico indeterminado, habrá de acometer caso por caso. (ej: nombramiento de un funcionario sin la titulación adecuada).

  • Cualesquiera otros que se establezcan expresamente en una disposición legal

  • La nulidad radical de las disposiciones administrativas

    • Aquellas que infrinjan la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales (art. 62.2).

Los interesados en el procedimiento administrativo, capacidad, representacion y asitencia técnica

El interesado en un procedimiento administrativo puede estar en las situaciones de: demandante o de demandado, o ser denunciante o denunciado, encausado o inculpado. El art. 31 de la LRJAP y PAC considera interesado:

  • a. A quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

  • b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

  • c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

La distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, a los efectos de la legitimación para ser parte en un procedimiento administrativo, ha sido recogida por el art. 24 CE: “ todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos...” .

Es válido a efectos del procedimiento administrativo el concepto de derecho subjetivo como el poder de exigencia de una contraprestación frente a otro sujeto, tenga aquella o no un contenido patrimonial, y cualquiera que sea el título en el que tenga su origen. La titularidad de un derecho subjetivo confiere un grado máximo de legitimación y por tanto, los titulares de derechos siempre son interesados necesarios...

El concepto de interés legítimo, después de la aprobación de la Constitución, cubre “toda clase de interés moral o material que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés a la legalidad” (Sentencia de 9 de octubre de 1.984), lo que llevaría a confundir el interés directo con una acción pública.

Capacidad

La capacidad de obrar necesaria para estar y actuar en el procedimiento administrativo la tiene no sólo quienes la ostentan con arreglo al Dº civil, sino también los menores de edad en el ejercicio y defensa de los intereses y derechos cuya actuación permita el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ostente la patria potestad, tutela o curatela, según el art. 30 de la LRJAP y PAC (Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate” ).

Representación

La representación en el procedimiento administrativo no es necesaria, pero se admite. Se trata en todo caso de una representación voluntaria no profesionalizada, esto es, cualquier persona con capacidad de obrar puede actuar en representación de otra ante las administraciones públicas. Cuando varios interesados figuran en una solicitud, escrito o comunicación, se entienden las actuaciones con el interesado que lo suscriba en primer término, si no se expresa otra cosa en el escrito (art. 33). Es este un supuesto de representación legal. La forma de acreditar la representación es variable en función del alcance de la misma:

Presunta, se presume para las gestiones de mero trámite.

En cambio, para formular reclamaciones, desistir de instancias y renunciar a derechos en nombre de otra persona deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. La falta o insuficiente acreditación no impedirá que se tenga por realizado en acto, siempre que se subsane el defecto dentro del plazo de diez días.

Asistencia técnica

La asistencia técnica de un profesional no es preceptiva, por regla general, pues la Ley no la impone, pero lo permite: “ los interesados podrán actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses” (art. 85.2).

Sin embargo, se dan supuestos especiales en los que la asistencia técnica se exige para determinadas actuaciones. Asimismo, y en base al art. 24 CE, debería de exigirse la obligatoriedad de la asistencia letrada en los procedimientos administrativos sancionadores de los que se puedan derivar responsabilidades penales, tal y como mantienen los Colegios de Abogados. En cuanto a la imputación de las actuaciones, en general hay que entender que los actos del asesor son actos de la parte a la que asiste.

5. Describa brevemente las tres formas o clases principales de actividad administrativa.

Es fundamental el criterio del efecto que la libertad administrativa causa en la libertad de acción y los derechos de los particulares y que permite distinguir entre:

  • Actividad de limitación o de policía (que restringe la libertad, los derechos o la actividad de los particulares)

  • Actividad de fomento (o incentivadora, estimulante a través de premios del ejercicio de la actividad de éstos para que se oriente al cumplimiento de determinados fines de interés general);

  • Actividad de prestación o de servicio público (donde la Admón. suministra mediante sus propias organizaciones determinadas prestaciones a los particulares).

Esta es la clasificación tripartita de policía, fomento y servicio público. A cada forma de éstas se reconduce el cumplimiento de las normas establecidas por vía legislativa. Esta clasificación tripartita de la actividad administrativa es congruente con la presentación normativa más clásica en el Derecho Español del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, donde se regulan las tres formas propias de la actividad administrativa: policía, fomento y servicio público, clasificación que se considera la más adecuada para dar cuenta de la actividad administrativa y del contenido del régimen jurídico de cada legislación sectorial o especial.

Sin embargo, este tres formas no agotan la realidad de la actividad de la Administración española, que ha sido investida de funciones de indudable carácter judicial, de tipo sancionador y arbitral, que no encajan en el concepto moderno de actividad de limitación o de policía y que por ello merecen tratamiento diferenciado como actividades administrativas impropias o cuasi-judiciales.

La autorización

La autorización, técnica reina del control preventivo, en cuanto implica condicionar el ejercicio de un derecho a una previa actividad actividad, hace posible el ejercicio de un derecho o facultad que ya pertenece al administrado. La autorización no limita derechos sino que, paradójicamente, los libera: la autorización no se concibe sin un derecho o facultad previamente condicionado en su ejercicio. La autorización, en todo caso, no tiene connotación alguna de privilegio o exoneración del cumplimiento de obligaciones legales.

A juicio del autor, se debe partir, por ser más moderna y garantista, de un concepto de autorización más restrictivo, como un acto reglado, que libera la prohibición del ejercicio de un derecho o libertad preexistente, de forma que la autorización trata simplemente de determinar si la actividad o el ejercicio del derecho o libertad en cuestión cumplen las exigencias legales o reglamentarias. Por ello, en la mayor parte de casos, la cuestión de su otorgamiento o denegación se resuelve en un problema de valoración fáctica, que se traduce en la instancia judicial en un control de los hechos determinantes del ejercicio de la potestad autorizatoria.

Clarificados todos los hechos, no debe reconocerse ningún margen de discrecionalidad en el otorgamiento o denegación de la autorización. No existirán las licencias discrecionales.

B) Diferencia con la concesión:

En la concesión, a diferencia de la autorización, no existe un derecho preexistente del particular, sino que este derecho nace justamente del acto concesional.

Formas de gestion de los servicios publicos en la ley de bases de regimen local del 86

Tipologia y caracteristicas

La actividad de prestación o de servicio público puede ser cumplida por la Administración en régimen de Derecho público, o por medio de organizaciones privadas propias. En el primer caso, los servicios pueden prestarse tanto por gestión directa de la Administración como indirectamente a través de los particulares, produciéndose una privatización en el modo de gestión.

Todos estos modos de gestión están sistemáticamente regulados en la Ley de Bases de Régimen local de 1986: La gestión directa admite formas de Derecho público y de Derecho privado. Entre las primeras están:

  • La gestión por la propia Entidad Local, en cuyo caso el servicio estará a cargo del personal directamente dependiente en su actuación de los acuerdos y actos de los órganos de la Corporación Local (fórmula análoga a la gestión del servicio desde una Dirección o Subdirección General estatal)

  • La gestión por Organismo autónomo local comporta la creación de una organización especializada regida por un Consejo de Administración que será presidido por un miembro de la Corporación.

Como forma privada de gestión directa se prevé la gestión a través de una sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

En relación con la Administración del Estado, aunque falta una regulación similar, resultan aplicables las mismas formas de gestión.

En cuanto a las formas de gestión indirecta, todas ellas suponen la intervención de un particular o de una empresa mixta ligada a la Administración titular del servicio por una relación contractual, regulándose sus modalidades en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Enumere las tres materias que pueden ser objeto de recurso contencioso administrativo y los tipos de actos que se enmarcan en las primeras de ellas

El proceso contencioso-administrativo de primera instancia sigue respondiendo al modelo de la segunda instancia o apelación (gira en torno a la revisión del acto de la Administración); por ello se inicia, como los procesos de apelación, con un “ escrito de interposición”.
La Ley Jurisdiccional regula:
  • un procedimiento común de primera o única instancia que responde básicamente al patrón revisor, pero con matizaciones según el tipo de pretensión ejercitada.

  • un procedimiento abreviado, para conflictos de menor entidad.

  • tres procedimientos especiales:

    • a) procedimiento de protección de derechos fundamentales

    • b) procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos

    • c) cuestión de ilegalidad de reglamentos.

Los diversos recursos de casación y la revisión

El recurso de casación se interpone ante un Tribunal superior atendiéndose con ella un triple frente:

  • mantener en los límites de la competencia al juez inferior,

  • vigilar la observancia por éste de las formas procesales y

  • regular y uniformar la aplicación del Derecho a través del respeto a lo establecido por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores.

Sólo se admite por motivos muy concretos.

A diferencia de otros ordenamientos — donde se reenvía la sentencia revisada al juez que la dictó para que dicte una nueva ajustándose a los términos de la sentencia de casación (Francia, Italia)— , en nuestro recurso de casación, el juez dicta una nueva sentencia en sustitución de la que casa o anula, salvo si es debido a falta de jurisdicción o vicios de procedimiento.

El recurso ordinario de casación

  • Finalidad:

    • control judicial sobre el órgano inferior para que observe las normas de procedimiento y competencia jurisdiccional y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico.

  • Motivos del recurso de casación:

    • En primer lugar, la infracción de normas que afectan al propio funcionamiento institucional del Tribunal a quo (abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción; incompetencia o inadecuación del procedimiento, etc.).

    • En segundo lugar, la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate

El recurso extraordinario de revisión

Es un recurso extraordinario que se interpone ante las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los TSJ o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, contra sentencias firmes por los siguientes motivos excepcionales:

  • Si después de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte beneficiada.

  • Si la sentencia recayese en virtud de documentos reconocidos y declarados falsos sin que esto fuera conocido por una de las partes o cuya falsedad se reconociese o declarase después.

  • Si, habiéndose dictado sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio.

  • Si la sentencia hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

La interposición del recurso deberá hacerse en el plazo de tres meses desde el día en que se puso de manifiesto alguno de los motivos anteriores, y nunca después de transcurridos 5 años desde la sentencia.

La sentencia estimatoria que se dicte en el recurso de revisión revocará en todo o en parte la sentencia revisada, y devolverá los autos a la Sala correspondiente para que pronuncie un nuevo fallo.