01. El contrato

El concepto de contrato

Desenvolvimiento histórico de la idea de contrato

Art. 1254 CC “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio” .

El contrato es un mecanismo de generación de derechos y obligaciones con respecto a las partes quienes se encuentran vinculadas por el mero hecho de haberse comprometido a ello. Es además fuente de las obligaciones (artículo 1.089).

Inicialmente en Derecho romano clásico se denominaba Stipulatio. En plena era Justiniana se encuentran los “contratos innominados” nacidos para evitar la crisis del exagerado formalismo.

La idea contemporánea de contrato es tributaria de otros impulsos y requerimientos, generados con posterioridad al sistema justinianeo:

  • El primero, y quizás fundamental, de ellos viene representado, ya en la época del ius commune, por la influencia de quienes denominaríamos canonistas. Determinadas reglas morales de general aceptación insuflarán un nuevo aire a las rigideces características del Derecho Romano y acabarán por incorporarse a las legislaciones propias de la mayor parte de los territorios europeos. Entre tales reglas destacan la idea de la actuación de buena fe y el principio de respeto de la palabra dada.

  • Otra línea de superación del formulismo romano viene representada por la dinámica del Derecho Mercantil. Los mercaderes, llevados de necesidades concretas, necesitan soltar el mayor lastre posible de las reglas formales de procedencia romana y contar con mecanismos contractuales más flexibles para ampliar su ámbito de actuación. La idea del consentimiento mutuo constituye la esencia del contrato.

  • El tránsito a la Edad Moderna acentúa la consideración de la voluntad individual como base del contrato. Juega en ello un papel decisivo la denominada “ escuela de Derecho natural” que reclama la propia posición del ser humano y la importancia de la voluntad individual como criterio decisivo en las más diversas facetas de la actividad humana.

  • Trasplantadas dichas ideas al mundo del Derecho, la conclusión es obvia: el contrato como categoría es manifestación del consentimiento y así pasa a los Códigos Civiles.

El contrato como medio de intercambio de bienes y servicios

Nadie es autosuficiente, por tanto, cualquier persona ha de contar con los demás para satisfacer sus necesidades. Por supuesto que no todos los intercambios son de la misma naturaleza, y que no todos pueden calificarse como contratos: cuando un estudiante al matricularse o un enfermo al ir a la seguridad social están accediendo a bienes, aunque éstos pueden realizarse a través de contratos privados, en este caso se accede a ellos por la intervención del Estado, y por a través de unos derechos con esquemas mucho mas complejos.

Ahora bien, si es cierto que no todo intercambio de bienes y servicios es un contrato, lo es igualmente que la mayor parte de tales intercambios constituye la base de lo que los juristas denominan contrato: esto es, el acuerdo en realizar un determinado intercambio de un bien o servicio cualquiera por otro bien o servicio.

La patrimonialidad de la relación contractual

En principio, un contrato es fundamentalmente una operación económica consistente en un intercambio de bienes o de servicios. Todo contrato debe tener por objeto prestaciones susceptibles de valoración económica, ya consistan tales prestaciones en bienes (o cosas) o servicios. En cualquier caso, por principio, e incluso en los contratos unilaterales (donación, regalos), el requisito de la patrimonialidad ha de estar presente en todo acuerdo contractual. Por el contrario, otras figuras jurídicas consistentes también en acuerdo de voluntades (matrimonio) no pueden ser consideradas propiamente como contratos por faltarles la nota de la patrimonialidad.

Autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos

Libertad de iniciativa económica privada y autonomía privada

El contrato, considerado en general, subyace de un intercambio económico objeto de valoración por las partes, en definitiva, de la libertad de iniciativa económica privada reconocida por la generalidad de los sistemas (económico y jurídico) de los países evolucionados.

Tradicionalmente, el contrato ha sido considerado como un instrumento dejado a la voluntad de los particulares y, de dicha realidad, la doctrina jurídica ha deducido el principio de autonomía privada o autonomía contractual.

Autonomía significa, etimológicamente, darse a sí mismo la norma, la ley, en una palabra, autonormarse. Por consiguiente, el principio de la autonomía privada es sencillamente una sintética expresión con la que los juristas tratan de resaltar que el Ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales.

Ámbito propio de la autonomía privada

Ahora bien, la relevancia que la voluntad de las partes asume en el ámbito contractual requiere de inmediato algunas observaciones:

  1. En primer lugar, es evidente que la autonomía privada no puede ser contemplada al margen del ordenamiento jurídico, que la reconoce y protege y, por tanto, no puede atentar contra el propio ordenamiento jurídico y, en concreto, contra las normas de carácter imperativo dimanantes del orden público, la moral y la buena fe. No obstante, la generalidad de las normas legales referentes al contrato tienen carácter dispositivo, y por consiguiente, son disponibles y sustituibles por las partes. Empero, también contiene normas de ius cogens o de derecho imperativo que tiene primacía sobre la autonomía privada.

  2. De otra parte, en términos teóricos, parece claro que no se debe llevar a una hipervaloración conceptual de la voluntad de las partes que concluya en afirmar sencillamente que el contrato es un acuerdo de voluntades, con el olvido del substrato económico del mismo y, en particular, de la nota de patrimonialidad.

Autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos

La consagración normativa de la autonomía privada en nuestro Código Civil se encuentra formulada en el artículo 1.255 Código Civil: “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

La fuerza vinculante de los contratos se encuentra sancionada en el artículo 1.911 Código Civil, conforme al cual: “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos” Dicho precepto, fundamental en nuestro sistema, atribuye a las obligaciones “fuerza de ley” en las relaciones entre los contratantes, fundamentando así la eficacia obligacional de la autonomía privada.

Las clasificaciones de los contratos

Cuadro sinóptico sobre la clasificación de los contratos

  • Elemento determinante en el proceso formativo

    • Consentimiento____________________________________CONSENSUALES

    • Entrega de la cosa__________________________________REALES

    • Forma solemne____________________________________ FORMALES

  • Finalidad perseguida:

    • Liberalidad o altruismo_______________________________GRATUITOS

    • Intercambio económico recíproco y equivalente____________ONEROSOS

  • Regulación del tipo contractual por el Derecho positivo

    • Sí _______________________________________________TÍPICOS
    • No_______________________________________________ATÍPICOS

  • Momento o período

    • Único ____________________________________________INSTANTÁNEOS

    • Continuado no periódico _____________________________DURADEROS

    • Periódico_________________________________________ DE EJECUC. PERIÓDICA

  • Nacimiento de obligaciones a cumplir por

    • Una sola parte_____________________________________ UNILATERALES

    • Ambas partes______________________________________ BILATERALES

Contratos consensuales, reales y formales

Atendiendo a la primacía del mero consentimiento como elemento genético de los contratos, la mayor parte de los contratos tiene carácter consensual. Hablar, por tanto, de contratos consensuales significa sencillamente que el contrato se perfecciona (esto es, genera derechos y obligaciones para las partes por entenderse válidamente celebrado) por el mero consentimiento contractual. Tienen carácter consensual en nuestro Derecho los contratos de compraventa, permuta, arrendamientos, sociedades, mandato, seguro, fianza, etc., y en general, todos los contratos que no sean calificables como formales o reales.

Con la categoría de contratos reales se hace referencia a una limitada relación de contratos para cuya perfección el Código Civil requiere, además del mero consentimiento, la entrega de una cosa. Se trataría de los siguientes: préstamo (en sus dos vertientes: mutuo y comodato), depósito y prenda.

Con la expresión de contratos formales no se pretende indicar que unos contratos tienen forma y otros no, pues todo contrato tiene que asumir necesariamente una forma determinada. Lo que ocurre es que sólo en algunos contratos la forma asume carácter de elemento esencial o estructural del propio contrato a efectos de determinación de la validez del mismo: sin la forma solemne, cuando ésta es requerida, no se puede decir que el contrato haya sido perfeccionado o celebrado.

Contratos gratuitos y contratos onerosos

Se habla de contrato gratuito (o lucrativo) cuando una de las partes se enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del contrato sin asumir carga o contraprestación alguna. El ejemplo paradigmático es la donación o regalo. Son igualmente gratuitos: el mandato, el préstamo y el depósito (basados en la idea de beneficiar a alguien sin exigir nada a cambio).

Por el contrario, en los contratos onerosos la prestación de una parte encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra. El calificativo oneroso expresa que se trata de conseguir algo mediante la transferencia a la otra parte de un valor equivalente que será objeto de una valoración subjetiva por parte de los contratantes.

La relación de equivalencia entre las prestaciones de las partes suele quedar fijada, de antemano y de forma cierta y segura, al celebrar el contrato. En tal caso, se habla de contrato conmutativo.

En el caso de que la ejecución de las prestaciones, o su concreta cuantía, dependa de un acontecimiento incierto se habla de contrato aleatorio.

Contratos típicos y atípicos

Bajo la calificación de contratos típicos se agrupan aquellos esquemas contractuales que están legalmente contemplados y a los que el Derecho objetivo proporciona una regulación de carácter general.

Así pues, los diversos tipos de contratos recogidos en el Código Civil o en cualquier otra disposición legal serían calificables como típicos.

Reciben el nombre de contratos atípicos aquellos que, aun careciendo de reconocimiento legal y de regulación positiva, reúnen los requisitos esenciales de la figura contractual. Su admisibilidad es indiscutible, y la jurisprudencia, en base al artículo 1.255 y otros preceptos concordantes, tiene suficientemente declarado que la libertad contractual derivada de la iniciativa económica privada conlleva que las personas puedan estructurar libremente figuras contractuales no consagradas aún legalmente.

Contratos instantáneos, duraderos y de ejecución periódica

La distinción entre contrato instantáneo y duradero atiende al período temporal propio de ejecución del contrato.

Son contratos instantáneos aquellos cuya completa ejecución se realiza en un acto temporal único o en un breve lapso temporal; son contratos duraderos aquellos que conllevan cierta continuidad temporal en su vigencia y ejecución, estableciendo un vínculo entre las partes contratantes que se prolonga durante un determinado plazo temporal.

Son contratos de ejecución periódica aquellos en que al menos una de las partes contratantes deba realizar alguna o algunas prestaciones con una determinada regularidad temporal (pagar mensualmente la renta del arrendamiento).

Contratos bilaterales y unilaterales

La razón distintiva entre contratos bilaterales y unilaterales se fundamenta en el nacimiento de obligaciones a cargo de una o de ambas partes.

Contratos Bilaterales (o sinalagmáticos) son aquellos contratos que generan obligaciones para ambas partes, de forma recíproca y correspondiente.

Serían contratos unilaterales, pues, los que generan obligaciones para una sola de las partes contratantes.

La razón fundamental de la contraposición entre ambos tipos contractuales viene dada porque en los contratos unilaterales no es de aplicación la facultad resolutoria por incumplimiento, contemplada por el artículo 1.124, como causa de ineficacia del contrato.