07. La eficacia del contrato

Los efectos propios del contrato

El designio de la celebración de cualquier contrato radica en crear un entramado de derechos y obligaciones entre las partes, cuyo alcance depende de la naturaleza y tipo contractual elegido, así como de las estipulaciones concretas que pacten las partes contratantes. El acuerdo contractual es una manifestación de la autonomía privada que el sistema social y jurídico reconoce a los particulares.

El contrato se configura, pues, como un asunto de interés exclusivo de las partes contratantes, las cuales establecerán la reglamentación contractual que les parezca más conveniente a sus intereses. El contrato se ha configurado desde antiguo como un acuerdo privado que, por principio, está referido a las partes contratantes y que no puede interesar a terceros; por no verse ellos beneficiados ni perjudicados por el hecho de que otras personas acuerden celebrar un contrato determinado.

Sin embargo, la posibilidad de que existan contratos de los que pueden dimanar beneficio para terceros, que no han sido partes contratantes, trajo consigo la necesidad de reconocer que el vínculo contractual puede desplegar ciertos efectos en relación con terceros.

Los efectos inter partes: el principio de la relatividad del contrato

Los contratos son acuerdos de naturaleza estrictamente particular entre las partes. Según el artículo 1.257.1 del Código Civil "los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley".

Este artículo constituye una ratificación de lo expresado en el artículo 1.091, al considerar al contrato como fuente de obligaciones, según éste artículo "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos".

Con la expresión "principio de relatividad del contrato" se trata de poner de manifiesto que la eficacia del contrato como categoría no tiene alcance general respecto de la colectividad, como ha de predicarse de la norma jurídica, sino un alcance limitado a las partes contratantes. El contrato es por principio relativo, en cuanto vincula únicamente a las partes contratantes, sin que pueda generar derechos u obligaciones respecto a personas extrañas o pueda atribuírsele un carácter general.

Han de considerarse partes contratantes quienes asumen las obligaciones u ostentan los derechos derivados de cualquier relación contractual. Serán "partes" quienes por voluntad propia y con conciencia de arrogarse una determinada posición contractual se consideran titulares de ella, aunque no celebren el contrato por sí mismos sino a través de representante, o se limiten a asentir un contrato cerrado por algún auxiliar suyo.

Fallecido cualquiera de los contratantes, sus herederos serán considerados igualmente partes, siempre y cuando el contenido contractual no se encuentre transido de derechos u obligaciones de carácter personalísimo.

La posible eficacia del contrato en relación con terceras personas

La regla general de la relatividad del contrato conoce, sin embargo, quiebras en más de un caso, sobre todo en relación con los contratos en favor de tercero.

Los contratos en favor de tercero

La existencia de contratos generadores de derechos en favor de tercero se encuentra consagrada en el artículo 1.257.2 del Código Civil que dispone que "si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada".

La redacción y el tenor de dicho artículo responden al hecho de que la práctica contractual y el propio Código Civil conocen ciertos esquemas contractuales que responden precisamente al designio de favorecer a una persona ajena a las partes otorgantes del contrato.

Partes contratantes y beneficiario

La existencia de un contrato en favor de tercero, presupone que éste, pese a no haber sido parte contratante, es titular de un determinado derecho de crédito que puede exigir directamente a aquella de las partes contratantes que resulte obligada al cumplimiento. El Código Civil la denomina, directamente, obligado, doctrinalmente, por lo común, se le suele denominar promitente, mientras que a la parte contratante de la que trae causa el beneficio para el tercero recibe el nombre de estipulante.

El beneficiario, en cuanto no es parte contractual, no tiene porqué acreditar capacidad de obrar alguna; ni siquiera es necesario que sea persona (puede tratarse de un nasciturus o concepturus).

Generalmente en la práctica, la concreta y expresa determinación del beneficiario tiene lugar en el propio contrato, pero cabe también reservar la posibilidad de que el estipulante lo designe a posteriori.

La aceptación por el beneficiario en relación con la revocación de la estipulación

El artículo 1.257.2 establece que el beneficiario del contrato "podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla (la estipulación) revocada".

Con ello, determina que, a partir de la aceptación del beneficiario, la eventual revocación de la estipulación beneficiosa deviene ineficaz: las partes contratantes quedan obligadas a respetar el contenido contractual beneficioso para el tercero.

El mayor problema radica en la determinación del momento del nacimiento del derecho de crédito en favor del tercero.

Doctrinalmente es mayoritaria la opinión de considerar que el derecho del tercero nace automáticamente desde el mismo momento de perfección del contrato.

La aceptación debe configurarse como un presupuesto de la consolidación del derecho del beneficiario.

Cuestión diferente es que, dada la libertad de forma de la aceptación, mientras no se haya producido la revocación, la consolidación definitiva del derecho del beneficiario pueda deducirse incluso del propio hecho de que el tercero reclame al obligado el cumplimiento del contrato.

Los contratos en daño de tercero

Se puede hablar de contratos de daño a tercero cuando, por ejemplo, para burlar a los acreedores, se celebran contratos en cuya virtud se pretende enajenar determinados bienes y dejarlos a salvo de la ejecución de aquellos, es obvio que se está procurando un evidente resultado dañoso, de carácter patrimonial en este caso, para los terceros que tengan la condición de acreedores.

Conforme a ello, cuando a causa de la celebración de un contrato, su objeto incorpora un resultado dañoso para terceros podría ciertamente hablarse de "contrato en daño de tercero" como categoría contrapuesta a la anterior. Categoría conceptual que representa sencillamente una agrupación contractual de carácter descriptivo, privada de valor propio como esquema jurídico, pues una vez identificado el resultado dañoso, la posible impugnación del acuerdo contractual considerado debe atender a las categorías generales de ineficacia contractual, en cuanto no existe marco normativo alguno para defender una misma conclusión respecto de los contratos que generen daño para tercero.

Los contratos con persona a determinar

Desde antiguo, es conocida la práctica contractual de que una de las partes contratantes se reserve la posibilidad de señalar como contratante definitivo a una tercera persona que, en el momento de celebración del contrato, puede ser desconocida para ambas partes. De tal forma, la característica principal de esta categoría contractual vendría representada por la vinculación que uno de los contratantes asume, incluso sabiendo que la otra parte puede desentenderse del contrato designando un tercero, que pasará a ser parte del contrato, generalmente con eficacia retroactiva, como si hubiera participado en la celebración del mismo.

Generalmente, dicha práctica queda reservada (casi de forma exclusiva) a los contratos de compraventa o de opción de compra, así como a la adquisición en subasta pública de los bienes ofrecidos, y encuentra su razón de ser básica en el hecho de evitar el devengo de un doble impuesto de transmisiones en operaciones de carácter especulativo que, de otra forma, se encarecerían notoriamente por motivos fiscales.

Para el derecho privado no parece que existan razones que inhabiliten la posible utilización de la figura con carácter general, si bien conviene precisar que, al depender exclusivamente de una de las partes la posible designación de un tercero, la otra parte contratante suele admitir dicha cláusula siempre y cuando sus expectativas de cobro o la satisfacción de sus derechos se encuentren plenamente asegurados.

El supuesto paradigmático de contrato con persona a designar viene representado por el contrato de compraventa celebrado en documento privado y sin transmisión de la propiedad, en el que el vendedor se compromete (una vez satisfecho íntegramente el precio) a otorgar escritura pública de venta en favor de la persona designada por el propio comprador.

La promesa de hecho ajeno

Con relativa frecuencia, se dan en el actual tráfico jurídico supuestos contractuales en los que la obligación a cargo de una de las partes contratantes, promitente, consiste precisamente en conseguir que un tercero celebre un contrato con la otra parte o se avenga a cumplir las obligaciones del contrato base celebrado entre promitente y promisario.

La promesa del hecho ajeno se incardina en el marco propio de la indeterminación. La promesa del hecho ajeno no se contempla en el Código Civil y se caracteriza por:

  1. El promitente debe actuar por sí mismo, en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin arrogarse frente al promisario representación alguna del tercero.

  2. La prestación propia del promitente debe configurarse como una obligación de resultado y no de medios.

    • Por ende, en caso de que el interés del promisario quede insatisfecho, éste podrá exigir al promitente la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con las reglas generales. El tercero no queda en absoluto vinculado por un contrato que le resulta extraño.

  3. Por lo común, los casos de promesa de hecho ajeno son contratos de carácter oneroso, pues el promitente pone precio a su gestión o su intermediación.

    • Si la actividad intermediadora del promitente ofrece el resultado previsto, el promitente queda liberado de la obligación de resultado y puede reclamar el precio fijado por su tarea intermediadora.

La cesión del contrato

Concepto y función de la cesión del contrato

Puede ser objeto de transmisión la íntegra posición contractual que una persona ocupe en un determinado contrato. Los motivos si son lícitos y no provocan inseguridad para la otra parte contratante, deben ser perfectamente atendibles por un sistema normativo que se caracteriza por la libertad en el tráfico.

La cesión del contrato es sumamente frecuente en la práctica comercial. El Código Civil, sin embargo, no dedica norma alguna a la posible cesión de contrato, la cual, por consiguiente, ha de configurarse como un negocio atípico.

Presupuestos

Conforme la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que pueda hablarse de cesión del contrato, se requiere fundamentalmente:

  1. Que la otra parte contratante, contratante cedido, acceda o consienta la cesión. Ello conlleva que la cesión del contrato presupone una relación triangular, en cuya virtud la finalidad de sustitución de una persona por otra en la posición contractual requiere el acuerdo unánime de contratante cedente, cesionario y contratante cedido.

  2. Que se trate de contratos bilaterales o sinalagmáticos, cuyas recíprocas prestaciones no hayan sido total y completamente ejecutadas.

Efectos de la cesión

Como regla general, la cesión del contrato conlleva la liberación o desvinculación del contratante cedente, quien en adelante no queda obligado respecto del contratante cedido. No obstante, cabe el pacto en contrario y, en la práctica, no es extraño que en forma subsidiaria el cedente quede obligado durante un cierto tiempo a responder en caso de que el cesionario incumpla las obligaciones que le incumban. Tales obligaciones (así como las facultades o derechos) serán las contempladas en el contrato originario, pues la cesión propiamente considerada no produce un efecto novatorio sobre el contrato, sino que se limita sencillamente a la sustitución del contratante cedente por el cesionario, quien en adelante quedará vinculado con el contratante cedido en los mismos términos previstos en el contrato.

El subcontrato

La idea de la subcontratación tiene como presupuesto necesario el hecho de que las obligaciones asumidas por las partes contratantes no tengan carácter personalísimo, pues, en tal caso, la propia naturaleza de tales obligaciones excluiría de raíz la posible intervención de un tercero en la ejecución de las prestaciones contractualmente establecidas.

La subordinación funcional de los subcontratos

Los supuestos de subcontratación son numerosísimos y cotidianos.

La idea de subcontrato aparece teñida de un profundo matiz instrumental (subordinación funcional de los subcontratos), pero al mismo tiempo independizada del propio alcance del contrato del que son complemento, pues generalmente el subcontratante no podrá argüir frente a la exigencia de cumplimiento por parte de su contratante los posibles incumplimientos, por retraso o ejecución defectuosa, de los subcontratados. Por su parte, éstos no cuentan, como regla, con un cauce eficaz para reclamar al contratante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el subcontratante que éste deje de cumplir.

Algunos supuestos específicos de acción directa

El ordenamiento jurídico, mediante la acción directa, concede al subcontratado la facultad de demandar o reclamar el cumplimiento de las obligaciones insatisfechas por el subcontratante al contratante que, a su vez, es deudor del subcontratante. Ocurre así, en el caso de los trabajadores, de suministradoras de materiales, en un contrato de obra, quienes pueden dirigirse directamente contra el dueño de la obra por la cantidad que éste adeude al contratista.

En sentido contrario, cabe también la acción directa en favor del contratante acreedor del subcontratante en relación con los posibles subcontratados, al menos en los casos siguientes:

  • El mandante puede dirigirse, directamente, contra el sustituto del mandatario.

  • El arrendador puede exigir del subarrendatario el abono directo de la renta o de su participación en el precio del subarriendo, así como a la reparación de lo deteriorado que éste hubiera causado dolosa o negligentemente a la vivienda.

La subcontratación en el sector de la construcción: la Ley 32/2006

La vigente Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, aborda por primera vez, y de forma sectorial, el régimen jurídico de la subcontratación.

Ha sido redactada con naturaleza administrativa y laboral para evitar la existencia de empresas piratas y trabajo sumergido.

Define al subcontratista como la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las variantes pueden ser: primer subcontratista, segundo subcontratista y así sucesivamente.

Igualmente establece en su art 8.1 que toda obra de construcción deberá disponer de un Libro de Subcontratación.