21. Los contratos aleatorios

La categoría general de los contratos aleatorios

El Código Civil contempla la categoría general de los contratos aleatorios en el artículo 1790, regulando tres modalidades: el juego y apuesta; la renta vitalicia y el contrato del seguro. Tras la promulgación de la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el vacío de tales artículos se ha aprovechado para integrar en ellos la regulación de un nuevo contrato típico de los aleatorios: el contrato de alimentos.

Según el artículo 1.790, "por el contrato aleatorio, una de las partes o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado". Se trata de una definición que goza de poca aceptación en la doctrina, no solamente por contemplar esencialmente el juego y la apuesta, sino principalmente por la confusión que introduce entre los contratos aleatorios y los sujetos a condición. La diferencia entre ambas categorías es esencial, pues mientras la condición afecta a la propia eficacia del contrato, los contratos aleatorios existen y son válidos desde el momento de su celebración.

Elementos básicos del contrato aleatorio:

  1. Indeterminación inicial del resultado.

  2. Dependencia definitiva del mismo de circunstancias que lo hacen incierto.

  3. Voluntariedad de los interesados al asumir ese riesgo.

Caracteres del contrato aleatorio:

  • Contrato bilateral, que puede devenir en unilateral.

  • Contrato oneroso, en el que las obligaciones de las partes son recíprocas y sinalagmáticas.

  • Carácter consensual.

El juego y la apuesta

Consideraciones generales: distinción entre juego y apuesta

Es el supuesto más antiguo de contrato aleatorio, donde el azar decide no tanto la equivalencia, sino algo más: quién será deudor y acreedor, y la atribución de los derechos y obligaciones de una y otra de las partes.

Tradicionalmente se distinguía conceptualmente entre juego y apuesta. Según el criterio romano, la actitud activa (juego) o pasiva (apuesta) de las partes en la producción del acontecimiento debía considerarse determinante para la calificación. Actualmente la distinción carece de trascendencia práctica, dada la identidad de efectos establecida en el artículo 1.799: "Lo dispuesto en el artículo anterior respecto del juego es aplicable a las apuestas. Se consideran prohibidas las apuestas que tienen analogía con los juegos prohibidos".

Es más, el Código Civil no contempla el juego en sí mismo considerado, sino en cuanto instrumento de apuesta, de tal modo que las "deudas de juego" son "deudas de apuestas".

En cualquier caso, la apuesta no puede ser unilateral. Así, el contrato de apuesta además de aleatorio, es bilateral, oneroso, consensual, sinalagmático, y no sujeto a forma alguna.

Los juegos y apuestas prohibidos

En su redacción originaria, el Código Civil distinguía dos clases de juego: los que dependían exclusivamente de la suerte o azar, que se encontraban prohibidos y los que dependían de la destreza o del cálculo, considerados lícitos.

No obstante, se introdujo un fuerte control administrativo en materia de juegos de suerte y azar.

Actualmente no se encuentran prohibidos todos los juegos de suerte o azar, pero existen ciertos juegos que se encuentran prohibidos, por incumplir la normativa, como por ejemplo, el desarrollado en locales no autorizados.

En el caso de los no autorizados y los que, pese a ser permitidos, se practican sin embargo en lugar carente de la debida autorización administrativa, es aplicable el artículo 1798 del CC, con independencia de las sanciones administrativas y demás responsabilidades en que se pudiera incurrir. Dicho precepto establece las siguientes consecuencias jurídicas:

  • Irrepetibilidad del pago –soluti retentio–. Este efecto se ha justificado desde dos vertientes, la primera, entendiendo que se trata de una obligación natural, donde el pago voluntario obedece a un deber moral y la segunda explicación parte de la aplicación del aforismo in turpis causa melior est causa possidentis, donde se establece con carácter general la irrepetibilidad de las prestaciones cuando el contrato tiene causa torpe, no pudiendo las partes alegar la propia torpeza para recuperar lo pagado. No obstante, dicha irrepetibilidad tiene tres excepciones:

    • Que hubiere mediado dolo en el pago.

    • Minoría de edad de quien voluntariamente pagó.

    • Quien estuviere inhabilitado para administrar sus bienes.

  • Inexigibilidad del pago. El artículo 1.798 contempla la falta de acción. El reconocimiento o promesa de pago de una deuda de juego sería ineficaz, no admisible por contraria al orden público. Especial relevancia adquiere la figura de la simulación cuando la deuda de juego ilícito reviste otra forma contractual, en principio y aparentemente lícita, al efecto de evitar la inexigibilidad del pago de dicha deuda.

Los juegos y apuestas no prohibidos

El artículo 1.800 establece que “ se consideran prohibidos los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo, no como son los que tienen por objeto adiestrarse en el manejo de las armas, las carreras a pie o a caballo, las de carros, el juego de pelota y otros de análoga naturaleza”. Este precepto ha de interpretarse de conformidad con la realidad social y el espíritu y finalidad de la norma. De esta forma deben entenderse lícitos los juegos contribuyan a potenciar el ejercicio del cuerpo, no solamente en su aspecto físico motriz, sino también intelectual (el ajedrez).

También son lícitos los juegos de suerte, envite o azar autorizados y que se practiquen en un lugar también autorizado para ello. Igualmente, se consideran lícitos los juegos y apuestas mixtas, es decir, aquellas en que influyen decisivamente tanto la destreza como la suerte. En cuanto a los efectos, el artículo 1.801 dispone que “pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos el que queda obligado civilmente”.

En otro orden de cosas, el mismo artículo 1.802 establece a continuación que “ autoridad judicial puede, sin la embargo, no estimar la demanda cuando la cantidad que se cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la obligación en lo que exceda de los usos de un buen padre de familia” debiendo tener en cuenta tanto , las circunstancias subjetivas (personales y familiares), como objetivas (cantidad adeudada, naturaleza del juego), así como si se trata de un jugador habitual.

La sentencia de la sala 1ª del TS 878/2008

Dicha sentencia unifica el criterio jurisprudencial respecto a la licitud o ilicitud del juego en casinos cuando la propia empresa, incumpliendo la normativa vigente, presta dinero a los jugadores que agotan su activo líquido disponible, declarando la ilicitud del juego en tal caso, y por tanto, la imposibilidad para el Casino de reclamar la cantidad prestada.

La Ley 13/2011 de Regulación del Juego

No afecta a las normas del CC consideradas en este capítulo.

La ley contiene normas de organización administrativa y de autorización de los operadores del juego.

Los artículos iniciales, del 3 al 8, contienen principios que ratifican el planteamiento tradicional: "los operadores no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito financiero a los participantes que agoten su activo líquido disponible".

El contrato de renta vitalicia

Introducción

Según el art. 1802 CC, "el contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital de bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión".

La finalidad económica de esta figura reside en proporcionar al perceptor un ingreso fijo periódico a los efectos de subsistencia, aunque también puede perseguir favorecer a una determinada persona.

El alea de la renta vitalicia

Este elemento aleatorio reside en la incertidumbre de la duración de la vida que se contempla, y por lo tanto, la imposibilidad de conocer a priori si existirá o no una equivalencia entre el capital que se entrega y la renta que se percibe periódicamente, concurriendo de este modo el riesgo ganancia-pérdida.

Se excluye la posibilidad de referirla a personas jurídicas, pues la permanencia de las mismas daría lugar a rentas perpetuas.

En cualquier caso, lo que sí debe existir en el momento de constitución del contrato es la denominada “equivalencia del riesgo” es decir, que ambas partes tengan igual posibilidad de pérdidas y ganancias. A tal , efecto, y según el artículo 1.804: "Es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha del otorgamiento o que en el mismo tiempo se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte dentro de los 20 días siguientes a dicha fecha".

Sujetos

De lo expuesto es fácil deducir que deben concurrir al menos dos sujetos en cuanto partes del contrato de renta vitalicia. No obstante el artículo 1.803 admite la concurrencia de hasta cuatro sujetos: además de los constituyentes, un tercero cuya vida se considera como alea y el perceptor de la renta o beneficiario, que puede ser uno de los constituyentes, el tercero cuya vida se estima o un cuarto sujeto independiente de los anteriores.

Si el beneficiario no es parte contractual, es necesaria su aceptación.

Cuando la renta se establece conjuntamente en favor de varias personas y una de ellas fallece, surge el problema de la procedencia del acrecimiento, que no será posible, en ausencia de pacto expreso, más que cuando además de asignación conjunta de los beneficiarios, exista una atribución de renta conjunta. Cuando la renta se establece sucesivamente, cada acreedor percibirá la renta en el orden establecido.

Contenido del contrato de renta vitalicia

La entrega del capital

El capital, puede consistir en bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, cuyo dominio se transmite al deudor de la pensión sin que esta última suponga derecho real, carga o afección sobre aquellos en favor del rentista, sino simplemente el nacimiento de una relación obligatoria en cuya virtud el deudor queda vinculado a satisfacer dicha renta o pensión.

El constituyente/acreedor de la renta vitalicia que efectúa la entrega de los bienes en concepto de capital está obligado a efectuar dicha entrega y a responder por evicción y saneamiento al deudor de la renta.

El derecho a la pensión o renta

La pensión

El artículo 1.802 habla de "pagar una pensión o rédito" sin establecer que deba consistir necesariamente en una suma dineraria, pudiendo estribar en la entrega de cualquier otro tipo de bienes muebles, o bien parte en dinero y parte en cosa mueble o inmueble. En cualquier caso es imprescindible que sea fija y determinada admitiéndose el juego de las cláusulas de estabilización.

La periodicidad de la renta

No es necesario que el pago se efectúe anualmente, pudiendo las partes estipular periodos distintos para la satisfacción de la renta, incluso, cabe la posibilidad de satisfacer la renta por plazos anticipados.

Satisfacción de la renta

Establece el artículo 1.806 que "La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporción a los días en que hubiese vivido; si debía satisfacerse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante su vida hubiese empezado a correr".

Incumplimiento y aseguramiento del pago de la renta

El artículo 1.805 establece que "la falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital ni a volver a entrar en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras".

No obstante, la prohibición del artículo 1.805, la doctrina y jurisprudencia, admiten el pacto resolutorio por impago de pensiones, inscribible en el Registro de la Propiedad, siendo susceptible de moderación judicial.

Nulidad del contrato de renta vitalicia

Además de las causas generales de nulidad, el artículo 1804 establece uno específico, que la mayoría de la doctrina entiende de pleno radical o de pleno derecho: la muerte o enfermedad causante de muerte.

La renta vitalicia a título gratuito

El artículo 1.807 dispone que "el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta al embargo por obligaciones del pensionista".

Los contratos aleatorios se caracterizan por la reciprocidad y la equivalencia del riesgo ganancia-pérdida, circunstancia que no concurre en la “ renta a título gratuito” al no mediar la entrega de un capital a cambio de una renta durante la vida de una persona determinada. Se trata, por tanto, de una auténtica donación.

El principal efecto de esta modalidad de donación radica en la posibilidad de que el constituyente de la renta establezca una prohibición de embargo y que requerirá, además, que conste expresamente en el momento de otorgamiento de contraprestación.

El contrato de alimentos o vitalicio

Se regula en el Capítulo II del Título XII del Libro IV del CC bajo la rúbrica "Del contrato de alimentos".

El nacimiento del vitalicio

Según el Tribunal Supremo, "el vitalicio no es una modalidad de la renta vitalicia, sino un contrato autónomo, innominado y atípico" cuyo contenido consiste en la prestación de alimentos a cambio de la entrega de unos bienes, durante la vida del acreedor de dichos alimentos, o de tercera o terceras personas.

Tampoco puede confundirse el vitalicio con la obligación legal de prestar alimentos entre parientes.

Se trata de una obligación mixta de dar y de hacer. Es válida la cláusula que establece la posibilidad de rescatar los bienes entregados, así como cualquier otro pacto, cláusula o estipulación que no sea contraria al interés de terceros ni al orden público.

La Ley 41/2003: caracterización legal del contrato de alimentos

La Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad regula el contrato de alimentos -o vitalicio-, en los siguientes aspectos:

  1. modifica la normativa: introduce dentro del título XII del libro IV del CC, una regulación de los alimentos convencionales

  2. carácter autónomo y su continuidad respecto del vitalicio: amplía las posibilidades que actualmente ofrece el contrato de renta vitalicia para atender a las necesidades económicas de las personas con discapacidad o dependencia, y permite a las partes cuantificar la obligación del alimentante en función de las necesidades del alimentista.

  3. regula el caso en que sean los padres de una persona con discapacidad quienes transmitan al alimentante el capital en bienes muebles o inmuebles en beneficio de su hijo con discapacidad, a través de una estipulación a favor de tercero del art 1257 CC.

Contenido básico del contrato de alimentos

Se trata de una prestación asistencial compleja -vivienda, manutención y asistencia- que conviene mantener distante de los alimentos entre parientes u obligación legal de alimentos:

  • El alcance de la prestación depende fundamentalmente del acuerdo de las partes -art 1793 CC-, respetando los límites del art 1255 CC.

  • art 1794 CC: "la obligación de dar alimentos no cesará por las causas a que se refiere el art 152, salvo la prevista en su apartado primero -muerte del alimentista-". El cumplimiento de las obligaciones puede garantizarse con una condición resolutoria expresa o el derecho de hipoteca en el caso de que los bienes sean registrables -art 1797 CC-.

  • En el supuesto de muerte del alimentante o de que concurra cualquier circunstancia grave que impida la pacífica convivencia de las partes: "cualquiera de ellas podrá pedir que la prestación de alimentos convenida se pague mediante la pensión actualizable a satisfacer por plazos anticipados que para esos eventos hubiere sido prevista en el contrato o, de no haber sido prevista, mediante la que se fije judicialmente".

Referencia al contrato de seguro

La complejidad e importancia económica que ha alcanzado la actividad aseguradora ha requerido, además de la aprobación de la Ley 50/1980, una acusada profusión normativa, especialmente en el plano administrativo.

El contrato de seguro "es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas". Presupuestos:
  1. Existencia de un riesgo.

  2. Transferencia del riesgo a otra persona: asegurador.

  3. La transferencia supone una distribución del riesgo entre una colectividad de personas (restantes asegurados): la entidad aseguradora calcula aproximadamente la probabilidad de riesgo, que es afrontada por las aportaciones de los restantes asegurados.

  4. Que la transferencia sea una operación autónoma y no un efecto secundario de otro tipo de negocios.

El elemento aleatorio consiste en la eventual y posible producción o no de un evento dañoso que afecte al interés contemplado en el contrato, el cual puede ser de naturaleza distinta e incluso alcance diferente dependiendo del tipo de seguro.

Los sujetos del contrato de seguro

  1. Asegurador. Es la persona que se obliga a indemnizar el daño a cambio de la percepción de la prima.

  2. Tomador del seguro. Es la persona que contrata con el asegurador y firma con él la póliza del contrato.

  3. Asegurado. Es el titular del interés que quiere ponerse a cubierto del riesgo concertando un seguro.

  4. Beneficiario. Es un tercero en favor del que se estipula el seguro.

Normalmente, suelen coincidir en la misma persona las figuras del tomador, asegurado y beneficiario. Sin embargo, es obvio que en el caso de un seguro sobre la propia vida, el beneficiario es persona distinta del tomador del seguro.

Contenido básico del contrato

Las obligaciones y derechos de las partes se encuentran regulados en los artículos 14 a 20 de la Ley 50/80, debiendo destacarse entre las obligaciones del tomador o asegurado, el deber de declarar el riesgo, el pago de la prima, el deber de comunicar el siniestro al asegurador y el deber de aminorar las consecuencias del siniestro.

La prima del seguro consiste en la contraprestación del tomador del seguro frente al riesgo asumido por el asegurador. Es elemento esencial del contrato y se paga anticipadamente, siendo indivisible. La falta de pago de la primera prima legitima al asegurador para resolver el contrato, el impago de cualquiera de las primas posteriores, genera la suspensión de la cobertura del asegurador durante un mes, pudiendo quedar extinguido el contrato si el asegurador no reclama el cobro de la prima dentro de los seis meses siguientes.

Las obligaciones más importantes del asegurador son la entrega de la documentación al contratante y la obligación de satisfacer la indemnización prevista en caso de siniestro o acaecimiento del evento dañoso.

Documentación y conclusión del contrato

El artículo 5 de la Ley 50/80 exige forma escrita. La póliza es el documento en el que se formaliza el contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones. Debe observar un contenido mínimo que se establece en el artículo 8, y que en ningún caso debe diferir de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas pues, de existir tales diferencias, se estará a lo dispuesto en la póliza si en el plazo de un mes no se reclama a la entidad aseguradora para que subsane la divergencia.

La póliza puede ser nominativa, a la orden o al portador. También debe tenerse en cuenta la solicitud de seguro: formulario o declaración verbal por el que una persona gestiona, sin quedar vinculado, la posible celebración de un contrato de seguro. Por el contrario, la proposición de seguro es la oferta del asegurador al asegurado, resultando irrevocable durante el plazo de quince días.

La nota de cobertura proporciona una cobertura provisional hasta la expedición de la póliza. Los suplementos recogen las modificaciones introducidas durante la vigencia del contrato. La póliza flotante o de abono se refiere generalmente al seguro de transporte y seguro de vida colectivo, donde se cubren riesgos homogéneos que gravitan sobre cosas o personas determinadas genéricamente al concluir el contrato y específicamente en cada aplicación concreta.

Duración del contrato y prescripción

El artículo 22 de la Ley 50/80 establece, salvo para el seguro de vida, una duración máxima de 10 años, si bien cabe la posibilidad de pactar sucesivas prórrogas anuales.

En cuanto a los plazos para la prescripción de las acciones son distintos dependiendo del tipo de seguro: 2 años si se trata de seguro de daños y 5 si el seguro es de personas.