22. La transacción

Concepto y características

Introducción

El artículo 1.809 establece que mediante el contrato de transacción “ las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado” .

Estamos ante una modalidad contractual que desempeña una clara función contemporizadora entre las partes en litigio evitando precisamente que las disputas o discusiones existentes respecto de cualquier situación jurídica provoquen el nacimiento o la continuación de un proceso judicial propiamente dicho.

En tal sentido, consiste básicamente en un arreglo o un acuerdo que pretende erradicar la intervención jurisdiccional y el seguimiento de procesos judiciales que, muchas veces, se prolongan excesivamente en el tiempo, o la búsqueda de una solución arbitral.

Presupuestos de la transacción

Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo:

  1. Existencia de controversia entre las partes.

  2. Voluntad de las partes de poner fin a la situación de incertidumbre.

  3. Reciprocidad de las concesiones acordadas.

Características propias del contrato

La transacción es:

  • Un contrato consensual, pues la mera promesa de alguna cosa es susceptible de poner fin a la controversia.

  • Un contrato bilateral o sinalagmático y recíproco, en cuanto las cesiones o concesiones de cualquiera de las partes encuentra correspondencia en la propia contemporización de la otra parte.

No exige forma solemne alguna, aunque en algún sentido los términos del artículo 1.815 parecen dar por supuesta la forma escrita.

La capacidad en la transacción

Los preceptos legales que regulan la capacidad para transigir son los artículos 1.810, 1.811 y 1.812.

El artículo 1.810 establece que “para transigir sobre los bienes y derechos de los hijos bajo la patria potestad se aplicarán las mismas reglas que para enajenarlos”. Por su parte, el artículo 1.811 establece que "el tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda, sino en la forma descrita en el Código Civil".

Esto es, se contempla la exigencia de autorización judicial para renunciar derechos o enajenar bienes inmuebles o muebles valiosos pertenecientes a los menores sometidos a patria potestad o tutela, pues la transacción puede suponer la renuncia de derechos.

La ausencia de la autorización judicial dará lugar a la nulidad radical de la transacción. El artículo 1.812 establece que "las corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes".

Los artículos transcritos persiguen no tanto equiparar transacción y enajenación, sino poner de manifiesto la necesidad de la plena capacidad de disposición sobre los bienes y derechos controvertidos. Por lo que respecta a la transacción efectuada por mandatario, se exige mandato expreso, si bien, la ausencia del mismo puede subsanarse posteriormente mediante la ratificación.

Objeto de la transacción

El Código Civil excluye de la transacción las materias que afectan al orden público y al interés general, y que por tanto, se encuentran fuera del ámbito de disposición de los particulares.

Se requiere, como en cualquier contrato, que el objeto sea posible, lícito, determinado o determinable.

El artículo 1.814 dispone que “no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros”:

  1. El estado civil de las personas.

    • La prohibición no se extiende a las consecuencias meramente patrimoniales derivadas del concreto estado civil, salvo que exista un nexo tan íntimo entre el contenido puramente patrimonial y el estado civil que la transacción afecte a este último, siquiera tangencialmente, debiéndose predicar en tal caso la nulidad de la transacción.

  2. Las cuestiones matrimoniales.

    • Será posible la transacción sobre los aspectos puramente patrimoniales derivados del matrimonio, como también sobre algunos aspectos puramente personales; admitiéndose los convenios de separación en cualesquiera supuesto de crisis matrimonial.

  3. Los alimentos futuros.

    • El artículo 1.814 se refiere tanto a los alimentos futuros como a las pensiones no vencidas. La jurisprudencia y la doctrina limitan la aplicación de este artículo a los alimentos futuros de naturaleza legal (sustento, habitación, vestido y asistencia médica). Se podrá transigir respecto de los alimentos vencidos y no satisfechos.

En la misma línea de excluir de la transacción las cuestiones de interés general y de orden público, dispone el artículo 1.813 que "se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal".

Naturaleza jurídica de la transacción

El debate sobre la naturaleza jurídica de la transacción se centra en determinar si la transacción se limita a declarar (tesis declarativa) una situación jurídica preexistente o si presupone una transmisión de derechos, y por tanto, altera, varía o modifica la relación jurídica (tesis traslativa):

  1. La tesis traslativa, entronca con la tradición romanista y nuestro Derecho histórico, el cual contemplaba la transacción como una auténtica subespecie de enajenación. La transacción sería la nueva fuente de la relación jurídica definitiva establecida por las partes, pudiendo servir como “ justo título” para usucapir la propiedad y demás derechos reales.

  2. La tesis declarativa, se apoya en la relativa asimilación que el artículo 1.816 establece entre la transacción y la sentencia, al preceptuar que "la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada...". De esta forma, la transacción se limitaría a esclarecer la inicial incertidumbre y fijar los términos de la situación jurídica en cuestión, sin llegar a crear una nueva y distinta respecto de la preexistente.

En la práctica es admisible tanto un efecto declarativo como traslativo de la transacción, variando según el caso contemplado.

Efectos de la transacción

La naturaleza contractual de la transacción implica la necesidad de distinguir un doble orden de efectos: inter partes y para con los terceros.

La excepción de cosa juzgada

El artículo 1.816 dispone que "la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial".

Ello quiere decir que cuando las partes dan por resuelta definitivamente la cuestión, quedando obligados, consiguientemente, a no volver a plantear de nuevo la cuestión controvertida, si alguno de los transigentes acude a los tribunales buscando un pronunciamiento más favorable, le podrá ser opuesta la denominada “exceptio rei per transactionem finitae” siempre y cuando concurran los presupuestos del artículo 1.252 en la , litis, y no proceda la impugnación de la transacción.

Por ello, la jurisprudencia es especialmente rigurosa ante el intento de los transigentes de replantear (judicialmente) el conflicto superado mediante el acuerdo transaccional.

Retroactividad de la transacción

En términos generales, debe defenderse que, entre las partes, la transacción tiene efectos retroactivos respecto de los derechos y obligaciones de los transigentes. Sin embargo, no existe precepto alguno en el Código que permita sustentar dicha opinión. Lo normal (y prudente) será que los propios transigentes se pronuncien sobre el particular en el contrato de transacción.

La aplicabilidad del artículo 1124 CC

Una vez establecidos los derechos y obligaciones de las partes a través del contrato de transacción seguirá siendo posible accionar judicialmente ante el incumplimiento de la contraparte.

La opinión contraria, sin embargo, también ha sido defendida, y el artículo 1.816 impediría que, por incumplimiento de una de las partes, puede volver a plantearse de nuevo la controversia, siendo posible únicamente la facultad de exigir el cumplimiento forzoso.

Semejante línea de pensamiento se basa, en el fondo, en la equiparación entre sentencia y transacción y en el dato indiscutible de que las sentencias no son anulables ni revocables por ser o haber sido incumplidas. Más, dado que en forma alguna puede predicarse una equiparación entre transacción y sentencia, y que de otra parte, que en absoluto reclamar la resolución contractual por incumplimiento equivale al renacimiento de la “controversia pre-transaccional” lo más seguro es predicar la general aplicabilidad del artículo 1.124 a los , supuestos de transacción.

La transacción judicial

La transacción judicial bajo el imperio de la LEC de 1881

El concepto de transacción judicial no se encuentra definido ni en el Código Civil ni en el resto de normas de nuestro ordenamiento. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria entiende que la transacción es siempre extrajudicial en cuanto a su origen, pero se denomina “ judicial” cuando la transacción se incorpora a un proceso judicial al que se pone fin o cuando se celebra ante el órgano jurisdiccional para prevenir un proceso.

Ahora bien, la necesaria aprobación judicial no supone que el Juez entre a valorar el contenido de la transacción, el fondo del asunto, sino que debe limitarse al examen de la concurrencia o no de los requisitos legales para llevar a cabo la transacción.

La transacción judicial en la vigente LEC

La nueva LEC tiene la pretensión de reforzar la eficacia extintiva del proceso y de ahí que existan reiterados preceptos en los que la nueva ley habla de “ acuerdos homologados” de semejante naturaleza. Se trata de un acuerdo transaccional con eficacia ejecutiva, por tanto, será título de ejecución siempre que haya sido aprobado u homologado judicialmente.

Causas de ineficacia del contrato de transacción

La transacción, en cuanto contrato que es, queda sometida a las reglas generales en materia de ineficacia contractual. Será nula cuando no se observen los requisitos exigidos por el artículo 1.261; así como cuando el objeto del contrato sea alguno de los contemplados en los artículos 1.813 y 1.814.

El error en la transacción

Según el artículo 1.817 "la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265 (será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo) de este Código. Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenzado” .

El error en la transacción, precisiones a partir de la distinción entre:

  1. La irrelevancia general del error que recae sobre la circunstancia controvertida, pues la transacción persigue eliminar la incertidumbre (error in caput controversum).

  2. La posible relevancia del error que recae sobre alguna circunstancia que afecta directamente a la situación litigiosa (error in caput non controversum), pues afecta a una circunstancia que las partes consideran como base firme, indiscutible, y en cambio es objeto de error.

El Código Civil contempla dos especialidades en materia de error de hecho:

  1. Artículo 1.817.1. Falsedad de documento. Se exige una relación esencial con la controversia transigida, la ignorancia en el que alega la falsedad documental o la sentencia que la declara. No se admite impugnación cuando el objeto de la transacción fuera de falsedad o no de los documentos.

  2. Artículo 1.819: Ignorancia de la inexistencia de incertidumbre por haber recaído sentencia firme. "Si estando decidido un pleito por sentencia firme, se celebrare la transacción sobre él por ignorar la existencia de sentencia firme alguna de las partes interesadas, podrá ésta pedir que se rescinda la transacción. La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse no es causa para atacar la transacción".

El dolo en la transacción

Se plantean diversas cuestiones:

  1. Según el artículo 1.818 "el descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anular o rescindir la transacción si no ha habido mala fe". Son esenciales tanto la mala fe como el carácter decisivo de los documentos ocultados para que proceda no la rescisión, sino la anulabilidad.

  2. El dolo en el artículo 1.819 se refiere a la ocultación o falta de información al otro transigente respecto de la existencia de una sentencia firme resolviendo la cuestión objeto de transacción.

  3. La denominada "litis temeraria" cuando una de las partes mantiene conscientemente en la controversia, pretensiones infundadas legalmente para obtener ventajas en una futura transacción, con la esperanza de que la otra parte llegaría a aceptar el mecanismo transaccional por temor al litigio.