23. El convenio arbitral

Introducción

El arbitraje es entendido como el mecanismo de resolución de litigios o conflictos que los interesados en ellos, de común acuerdo, excluyen del conocimiento de los jueces y tribunales de justicia, por razones básicamente de operatividad y rapidez en la decisión.

Regulación normativa

La materia ha sido regulada, además de por los art 1820 y 1821 CC -hoy sin contenido-, por tres leyes especiales:

  1. La Ley de de Arbitrajes de Derecho Privado de 1953

  2. La Ley 36/1988 de Arbitraje

  3. La Ley 60/2003 de Arbitraje -vigente-

Cada una ha derogado a la anterior.

La Ley 60/2003 ha sido modificada por la Ley 11/2011 de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. La LO 5/2011 modifica la LO 6/1985 en relación con el arbitraje.

El carácter contractual del arbitraje

La generalidad de los procesalistas impugna la naturaleza contractual o privada del arbitraje, recalcando que se trata de una institución de Derecho público y, en definitiva, de un apartado propio del Derecho procesal propiamente dicho.

Aprobada la LEC del 2000, son numerosos los comentaristas que consideran que esta nueva Ley acentúa el carácter jurisdiccional del arbitraje.

La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional, que parte de la base de considerar que el arbitraje ha de derivar necesariamente de "un sometimiento libre y voluntario incompatible con cualquier condicionamiento de índole legal o simplemente ajeno a la voluntad de alguno de los contratantes, por proceder de formas de contratación anómalas".

La importancia del arbitraje

Hoy en día, la importancia del arbitraje es indudable, como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos; donde los litigios patrimoniales de gran trascendencia económica y, sobre todo, los conflictos provocados por el comercio internacional suelen ser sometidos a arbitraje con preferencia a su conocimiento por los tribunales de justicia.

Pudiera pensarse que, con ello, se trata de burlar los mecanismos de justicia estatal o resquebrajar la autoridad debida a los tribunales de justicia, más en realidad, el planteamiento es exactamente el contrario, la propia legislación interna y los acuerdos internacionales son el punto de arranque y proyección de los mecanismos arbitrales como “ institución alternativa” al conocimiento jurisdiccional de los litigios.

El convenio arbitral

Concepto

Aunque la Ley vigente evita cuidadosamente hablar de “ contrato de arbitraje” utilizando en exclusiva la expresión “convenio arbitral” resulta innegable el carácter contractual de dicho convenio.

El convenio arbitral constituye un acuerdo de voluntades de naturaleza contractual cuyo objeto radica en someter cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros.

Tipo de arbitraje

El arbitraje puede ser a elección de las partes, de Derecho o en equidad.

  • Se entiende por arbitraje de Derecho el que ha de ser resuelto y fundamentado atendiendo al conjunto de normas jurídicas aplicables al caso debatido. Los árbitros han de ser especialistas en Derecho, pues la decisión arbitral ha de ser motivada. La vigente ley establece que “ cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a Derecho, los árbitros habrán de ser Abogados en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario” .

  • En el arbitraje en equidad los árbitros actuarán “según su saber y entender” resolviendo la cuestión litigiosa atendiendo a la justicia material del caso concreto planteado sin necesidad de fundamentar su decisión en norma jurídica alguna. “En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de Derecho, los árbitros resolverán en equidad”. Por consiguiente, en caso de duda, primará el arbitraje en equidad. (Según avisa el compañero Rubén Rodríguez: "según el Libro (Pag 394) y la Ley de Arbitraje (art. 34.1), sólo será de Equidad si las partes han decidido eso expresamente.")

Forma de celebración

La vigente Ley 36/1988 introduce como novedades el principio de libertad formal en el convenio arbitral, así como la consagración legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio de un negocio jurídico principal.

Se establece que “ convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse como cláusula el incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente del mismo”. Por consiguiente, basta la constancia por escrito de la voluntad de las partes de someter una cuestión determinada al procedimiento arbitral, siendo indiferente a efectos de su validez, que el pacto arbitral se haya instrumentado en documento privado o en escritura pública. “Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando esté consignado en un único documento suscrito por las partes, sino también cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje” .

Contenido

El contenido necesario del convenio se limita estrictamente a los siguientes extremos:

  • Voluntad inequívoca de las partes de someterse al arbitraje.

  • Determinación de la "relación jurídica" de la que resulten cuestiones litigiosas a resolver.

Existiendo tales elementos, las partes han de entenderse sujetas al arbitraje, aunque no existan en el convenio normas ad hoc para la designación de los árbitros o reglas relativas al procedimiento arbitral.

Objeto del arbitraje

La resolución de controversias o cuestiones litigiosas

El objeto propio del arbitraje consiste en el sometimiento a la decisión de los árbitros de “ cuestiones las litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a Derecho” .

Resulta indiferente que la controversia existente sea presente o futura, pues el convenio arbitral desarrolla la misma eficacia si se previó antes o después de haber nacido la controversia entre las partes. Naturalmente, la existencia de una verdadera controversia y el carácter propiamente jurídico de ésta excluye la existencia de una sentencia firme sobre el tema.

Ámbito material del arbitraje

Son materias susceptibles de arbitraje aquellas sobre las que las partes tengan “ libre disposición conforme a Derecho” .

La conclusión es que las personas interesadas pueden someter las cuestiones litigiosas al procedimiento arbitral siempre y cuando tengan reconocida capacidad suficiente y los litigios versen sobre materias disponibles para la autonomía privada. Por consiguiente, en general, el ámbito material del arbitraje puede seguir siendo identificado con el Derecho Privado, si bien cabe igualmente en ciertos aspectos regulados por disposiciones de Derecho Público. No es aplicable, en cambio, la Ley de arbitraje a los arbitrajes laborales, que habrán de someterse a su regulación propia.

Los árbitros

Con carácter general, habrán de ser “ personas naturales que se hallen, desde su aceptación, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión”. En caso de tratarse de arbitraje de Derecho es requisito complementario que los árbitros sean Abogados en ejercicio.

Comúnmente, el colegio arbitral se encuentra compuesto por tres personas, designadas o propuestas una por cada una de las partes y la tercera por consenso o acuerdo de ambas. La exigencia legal al respecto es únicamente que el número de árbitros debe ser impar; por tanto, cabe designar un árbitro único o un colegio arbitral más amplio que el anteriormente considerado. A falta de acuerdo, la ley establece como regla supletoria que se designará un solo arbitro.
Junto a la designación directa por las partes del árbitro o de los árbitros, caben otros procedimientos de designación, “las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros” a:
  1. Corporaciones de Derecho público que puedan desempeñar funciones de arbitraje.

  2. Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.

En general, los árbitros, una vez aceptado el cargo, gozan de amplias facultades en relación con el procedimiento arbitral, quedando obligados únicamente “ cumplir fielmente su encargo (dictar el laudo), a incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causen por mala fe, temeridad o dolo” .

Salvo en determinados casos, el arbitraje es por naturaleza retribuido, “los árbitros podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender a los honorarios y gastos de los árbitros y a los que puedan producirse en la administración del arbitraje” .

Efectos del arbitraje: el laudo

Una vez concluido el procedimiento arbitral, los árbitros ponen fin a la controversia mediante una decisión que recibe el nombre de laudo: resolución acordada por los árbitros que, una vez firme, tiene el mismo valor y eficacia que una sentencia; produciendo, por tanto, “ efectos idénticos a la cosa juzgada” de manera tal que , “frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la LEC para las sentencias firmes” .

El laudo, debe dictarse por escrito, expresando las circunstancias personales de los árbitros y de las partes, la fecha y el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y, finalmente, la decisión arbitral, determinando la Ley que, como regla, el laudo deberá ser motivado. El laudo debe ser notificado a las partes mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado por los árbitros, pudiendo también ser protocolarizado notarialmente si así lo solicita y a su costa cualquiera de las partes.

En principio, el período o plazo de que disponen los árbitros para adoptar el fallo arbitral será fijado por las propias partes que se someten a arbitraje. Para el caso de que las partes no hayan señalado plazo alguno, la ley fija con carácter supletorio el de seis meses, contados desde el día en que hubiera debido realizarse la contestación a la demanda, pudiendo prorrogarlo los árbitros por un plazo no superior a dos meses mediante decisión motivada.

El plazo establecido tiene carácter preclusivo salvo que las partes concedieran a los árbitros una prorroga, y por tanto su transcurso, sin haberse dictado el laudo, determina la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros.

La impugnación del laudo

Una vez dictado, el laudo arbitral vincula y sujeta a las partes. La Ley procura restringir al máximo las posibilidades de impugnación del laudo, otorgando a las partes únicamente dos recursos posibles: el recurso de anulación del laudo y el recurso de revisión del mismo. La Ley 60/2003 ha obviado tal calificación como recurso, sobre todo en referencia al recurso de anulación.

La acción de anulación del laudo

Habrá de ser interpuesta ante la Audiencia Provincial del lugar donde se dictó el laudo, dentro de los 2 meses siguientes a su notificación, sustanciandose por el cauce de juicio verbal, aunque la demanda debe presentarse conforme a lo establecido en el artículo 399 LEC-2000, acompañada de los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y en su caso, conteniendo la proposición de los medios de prueba que interesen al actor o demandante, exponiéndose en el escrito correspondiente los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo o motivos de anulación invocados y proponiéndose las pruebas. No cabiendo contra la sentencia recurso ulterior. El laudo solo podrá anularse cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

  • Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

  • Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

  • Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

  • Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley (60/2003).

  • Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

  • Que el laudo es contrario al orden público.

La revisión del laudo

Dada la identidad del laudo con la cosa juzgada, se otorga a las partes la posibilidad de entablar el recurso de revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

El recurso de revisión, claramente excepcional, debía ser planteado ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por causa de aparición de nuevos documentos de carácter decisivo, fraude o falsedad en la emisión del laudo.

La ejecución del laudo

Una vez dictado, el fallo contenido en el laudo puede ser ejecutado por las partes de forma voluntaria y sin intervención de autoridad jurisdiccional alguna. Si fuera necesario acudir a la ejecución forzosa, las partes podrán obtenerla del Juez de 1ª Instancia del lugar donde se dictó.

La vigente ley regula igualmente la posibilidad de la ejecución en España de los laudos arbitrales extranjeros,.

La generalización del arbitraje en la legislación contemporánea

Debido al clima político y cultural existente y, sobre todo, el colapso de los tribunales de justicia, ha proliferado la institución arbitral en numerosas disposiciones legislativas. Algunos supuestos: En la regulación legal de los Derechos de consumidores y usuarios, en Transportes Terrestres, en materia de contratación de productos agrarios.