06. La objeción de conciencia

Noción y naturaleza jurídica de la objeción de conciencia

La objeción de conciencia se define como una situación de conflicto entre la libertad y su límite, definida como la libertad de conciencia respecto al  límite en  el ejercicio de la libertad.

Para examinar la noción de objeción de conciencia partiremos de la base de la distinción entre libertad de conciencia y objeción, aunque antes cabe reflexionar sobre el término libertad ya que está será la base de su reconocimiento, si cabe, de la tutela de este derecho.

En la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su art. 18 dice “ toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, nuestra Constitución en su art. 10.2 reconoce las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades, y ésta misma en su art. 16.1 establece una garantía que protege en España la libertad de ideología, religiosa y de culto que se interpretarán en base a la norma general que vimos en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La mayoría de la Doctrina considera que la Declaración Universal es más categórica en cuanto que diferencia claramente entre la libertad de conciencia y la religiosa, esto no queda tan resuelto en nuestra Constitución qué, según la Doctrina, podría parecer la consideración de libertad ideológica cómo un sector específico de la libertad de culto. Pero lo cierto es que el ámbito de la objeción de conciencia va más allá del campo de la religión, aunque no la excluye.

Podremos ver en la casuística actual, se da un fenómeno de manifestaciones de la libertad humana que son las diferentes clases de objeciones de conciencia planteadas o los conflictos entre la ley y la conciencia.

Sigue la Doctrina planteando la obligación del Estado de proteger, reconocer y garantizar estas libertades que son inherentes a la condición humana y que en ningún caso se debe considerar que es el Estado quien las concede, pues si fuera así, estaríamos ante un estado totalitario y tiránico en el que la conciencia queda sometida al Estado, no estaríamos ante un Estado democrático y de Derecho.

Dentro de este contexto de Estado de Derecho la objeción de conciencia podría ser legislada categóricamente, definiendo las diferentes hipótesis de objeción, aunque debido a la multiplicación de supuestos llevaría al legislador a una situación difícil, pues sería imposible recogerlas todas y podría llevar a una situación de caos. Por el contrario el Estado puede encontrar una situación práctica, interpretando vía administrativa o judicial aquellas situaciones conflictivas que puedan irse planteando, así se logra que el Estado sea verdaderamente democrático siendo sensible a las exigencias de la conciencia individual, tutelando este derecho de la manera más equitativa y conforme a otros derechos también establecidos,  más democrática frente a supuestos de rigidez normativa que supondría la legislación por categorías.

La tutela del derecho a la objeción de conciencia

Si el derecho de objeción de conciencia lo planteamos cómo un derecho general y se incluye en el catálogo de derechos fundamentales no se deberá de admitir por sí mismo pero sí limitarlo, y serán los jueces los que deberán de hacer una ponderación de los derechos jurídicos en conflicto.

Asimismo no se puede denegar toda objeción de conciencia pero tampoco se podrá tener en consideración cada una de ellas porque esto conduciría a una disgregación del estado de Derecho. Al legislador le tocará la difícil tarea de regular las más habituales como son la objeción de conciencia al servicio militar, al aborto y a determinados supuestos médicos salvando la libertad del individuo y de las normas imperativas del ordenamiento jurídico.

Estos modelos regulados establecerán un modelo de situación que pueda orientar a los futuros intérpretes de ésta, bien vía administrativa o judicial, y en la práctica excluirá cualquier supuesto que no esté contemplado en la regulación.

En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional. La Constitución Española contiene el mandato de regular el derecho de objeción de conciencia militar, art. 30.2, y así se hizo, además existía una Comisión Nacional vinculada al Ministerio de Justicia que valoraba las objeciones que se presentaban hasta que la obligación de realizar el servicio militar quedo suspendida el 31/1/2001 a tenor de la Ley 17/1999 de 18 de mayo.

El TC negará que exista cualquier otro reconocimiento constitucional de objeción de conciencia que el del art. 30.2, y así lo deja ver en diferentes sentencias:

STC 160/87, de 27 de octubre

Afirma que el derecho a ser eximido del cumplimiento de deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones no está reconocido, ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro derecho, es decir no existe un derecho de objeción de conciencia de carácter general.

STC 161/87, de 27 de octubre

En esta sentencia el TC sienta doctrina respecto al tema, ni las normas constitucionales ni cualquier otro tipo de normas se puede incumplir invocando a la objeción de conciencia, y vuelve a decir que este derecho queda fuera de nuestro ordenamiento jurídico y ni cabe imaginarlo, pues esto destrozaría la idea de Estado.

La actitud del TC en estas sentencias se ha considerado legalista y coartadora de la libertad personal, pues no ofrece una garantía de este derecho fundamental, no se entiende que la jurisprudencia no pueda decantarse por la libertad en conflicto con la ley cuando el propio TC antes de dictar estas dos sentencias vistas se había manifestado a favor del derecho de objeción en la STC de 1982, de 23 de abril: “puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica…puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícitamente e implícitamente en el ordenamiento constitucional español”, y en STC 53/1985, de 11 de abril nos dice que la objeción de conciencia respecto al aborto puede ser ejercida aunque no haya una regulación qué ésta forma parte de la libertad ideológica, y cómo derecho fundamental puede invocarse directamente.

La gran contradicción del TC se ha llevado a interpretar en el sentido que la STC de 1987 era la regla general y las del 1982 y 1985, se refiere a manifestaciones concretas del derecho y que la afirmación de la STC de 1987 sólo se refiere al hipotético reconocimiento absoluto del derecho de objeción de conciencia.

En conclusión, será el juez el que deberá de analizar y reconocer en los casos que proceda, aunque en la práctica se ha ido regulando los supuestos de objeción diferentes que surgen en la sociedad actual cómo un verdadero fenómeno, sin olvidar el valor de la justicia, que deberá de ser observada, por todos los poderes públicos, de ser la inspiración de todo el ordenamiento y precede a éste (art.1 CE). El poder político no puede transformarse en la fuente única y exclusiva de la justicia pues si fuera así estaríamos en un régimen dictatorial y no en un Estado de Derecho.

Las objeciones de conciencia ante el Derecho español

La objeción de conciencia al servicio militar

En nuestro ordenamiento es uno de los más significativos, pero no el más antiguo. Hay manifestaciones del ejercicio de este derecho  de objeción de conciencia por los cristianos perseguidos durante tres siglos por no querer rendir culto al emperador, aunque sabemos las consecuencias a ello; no es hasta la Edad Moderna con la Revolución Francesa y la Independencia de EEUU que cobra gran importancia la protección de las libertades fundamentales.

La objeción de conciencia al  servicio militar es una manifestación de la libertad ideológica, por la que el sujeto se niega cumplir las obligaciones para defender a España por motivos ideológicos.

A pesar del intento identificar la negativa a realizar el servicio militar  con movimientos pacifistas, se han establecidos regulaciones del ejercicio de este derecho en diferentes ordenamientos, En España el servicio militar quedó suspendido en el 2001, así que toda jurisprudencia y legislación nos sirve para poder comprender la posición de los poderes judiciales y del legislador en este derecho y su uso para interpretar otras objeciones de conciencia, en tal sentido hay que preguntarse si la objeción de conciencia se presenta como una opción legal o si constituye un derecho fundamental.

Ya se ha hablado de las sentencias constitucionales contrarias a ello, se aleja de considerar la objeción de conciencia cómo parte del contenido del derecho de libertad, sino que es un derecho constitucional (STC 321/1994, de 28 de noviembre), y cierra la puerta a cualquier otro tipo de objeción, argumenta su postura en la siguiente parte del precepto constitucional  (art:30 CE) que posibilita una prestación sustitutoria establecida.

En algún caso de ha planteado la objeción a cumplir dicha prestación sustitutoria porque se considera que hacerla era legitimar la obligación del servicio militar.

La objeción de conciencia al aborto

El derecho de objeción al aborto viene referido al derecho de objeción de los profesionales sanitarios de ejercicio de prácticas abortivas o a cooperar directa o indirectamente en la práctica de abortos legales, además puede referirse también a objeciones planteadas por farmacéuticos que se niegan a dispensar medicamentos abortivas, además puede abarcar la objeción de menores que desean abortar sin consentimiento paterno y también a la negativa de contribuyentes que no desean que sus impuestos sirvan para llevar a cabo estas prácticas.

El personal sanitario no será el que se niegue a objetar ni sería  la mujer la objetora de este derecho, pues aunque que estemos hablando de una actuación contra el art. 15 de la CE derecho a la vida , actúa  la mujer actuará secumdum legem, es decir conforme a la normativa reguladora del aborto, la mujer tendrá el denominado por la doctrina opción de conciencia.

La primera Ley del Aborto en España fue impugnada y su recurso inconstitucional ha dado lugar, además de a una nueva redacción de la ley,  una doctrina que lleva al propio TC a entrar en contradicción con él mismo. Veremos como en la STC 53/1985, de 11 de abril, considera el derecho de objetar al aborto como una manifestación de la libertad de conciencia del personal sanitario y cómo tal derecho aplicable directamente, además tiene problemas en cuanto a la indefinición de los profesionales titulares de la objeción.

La Ley Orgánica 5/85, de 5 de julio reguló durante años el aborto, se contemplan diversos motivos que justifican el aborto –aborto terapéutico, el eugenésico, el ético-, pero fue modificada por la Ley de Plazos, en la que el aborto, dentro del plazo legal se convierte en decisión arbitral de la mujer. Estas causas no serán el objeto de objeción sino la negativa del personal sanitario a participar en él, y los conflictos han sido numerosos debido a las diferentes interpretaciones que pueda tener la ley.

En nuestros días se ha visto alterado todo esto, la LO, 2/2010, de 3 de marzo, no establece un marco jurídico claro en cuanto a la objeción del personal sanitario. Se trata de un texto restrictivo, con una indefinición en cuanto a las personas que resultan directamente implicados en un aborto, y no es el único punto abierto de conflicto. El personal sanitario no es el que se opone a cumplir la ley sino que ejercita su derecho conforme a la ley general –art.15 CE, derecho a la vida-, ejerciendo la libertad de coinciencia, parece que el legislador en la ley no tenga en consideración los preceptos constitucionales, ni los arts. 15 y 16 CE, cómo hemos visto, ni el art.27.3 CE que habla del respeto del tipo de formación religiosa y moral que los hijos recibirán en cuanto que la actitud política es favorable al aborto, al menos hasta ahora.

La objeción de conciencia fiscal

El sujeto de esta objeción es el ciudadano que por razones de coinciencia no desean que sus tributos sirvan para cubrir gastos militares y sanitarios derivados del aborto legalmente establecido. En la realidad del ejercicio de este  supuesto derecho es considerada como “desobediencia civil”, vemos que una vez más no se respeta el art. 1 CE.

Objeciones de conciencia en el ámbito sanitario

En la actualidad se dan diferentes conflictos entre la libertad de conciencia y las nuevas líneas de actuación biomédicas:

  • La oposición de algunas confesiones a la utilización de determinados tratamientos médicos

  • Las nuevas técnicas reproductivas.

  • La llamada muerte voluntaria.

  • La voluntad del paciente informado

Los tratamientos médicos

La oposición de algunas confesiones religiosas a la utilización de determinados tratamientos médicos tiene una base religiosa. Existen confesiones religiosas que sólo admiten la oración cómo base de la curación e incluso se oponen a la utilización de medicamentos cuyos principios sean de origen de algún animal determinado, pero la más común e importante serían aquellos supuestos en los que se niegan a las transfusiones de sangre, estamos hablando de los Testigos de Jehová, sobre el que el TC se ha pronunciado.

Entrará en conflicto la evitación de la muerte que los ordenamientos protegen y la transgresión de los deberes religiosos, ya que para los testigos está prohibido cualquier transfusión de sangre, aunque exista peligro de muerte para el fiel. El sujeto objeto de esta transfusión puede ser un menos, por lo que en este caso entrará en juego cuatro voluntades: la del enfermo, la del tutor/es de éste, la del médico que intenta salvar la vida y la del juez, que decidirá la utilización de la transfusión en base a la protección de la vida.

Esto es lo que en líneas generales se ha establecido, pero la jurisprudencia matiza esta línea de actuación , y avanzará, pues considerará que no se considerará delito de omisión de socorro aunque haya una Ley que ampare y así lo considere. Nos referimos a la limitación que se establece en la Ley de Libertad Religiosa (art. 3 y 5) y en la línea doctrinal derivada de un caso concreto en la STC 154/2002, de 18 de julio, en la que un niño de 14 años no evita la muerte, pues se niega a que el médico le haga una transfusión paa salvarle la vida, aunque éste tenía una autorización judicial para ello, los padres se niegan a convencer a su hijo, aluden que no pueden contradecir todo lo que le habían enseñado al niño dentro e su religión. Tras la muerte de su hijo, son declarados culpables por un delito de “omisión de socorro”, por el Tribunal Supremo. En el recurso ante el TC el Tribunal pondera los intereses en conflicto, vida/conciencia y vacía de contenido a la Ley que limita el ejercicio de la libertad religiosa ante una situación de peligro de muerte. Los padres serán absueltos en base a dos argumentos: la madurez suficiente del niño sujeto del derecho de ejercer la libertad religiosa, y el derecho de libertad religiosa de los padres que llevará implícito el de defender sus convicciones religiosas.

El consentimiento informado

En nuestros tiempos se han producido cambios que han cambiado la ética médica, pasa de un situación de arbitrio médico a una autonomía del paciente respecto a la decisión a tomar, previa información del médico sobre su estado, para la legítima aplicación de un tratamiento o incluso su omisión.

Esta autonomía del paciente se legitimiza por la Ley del Paciente del 2002, en la que la no será necesaria una intervención judicial en los casos que señala: art. 9.2, riesgo para la salud pública y los casos en que exista riesgo inmediato para la integridad física y la autorización del paciente no sea posible.

La Ley no contempla la objeción de conciencia sino que regula la autonomía del paciente.

Las instrucciones previas o testamentos vitales

En la Ley del Paciente 41/ 2002, además de regular el consentimiento inormado del paciente, se hace referencia a la posibilidad de que el paciente documente su voluntad anticipadamente con el objeto de que se cumpla si llegado el momento no pudiera expresar esa voluntad sobre los cuidados de salud, tratamientos, y sobre el destino de su cuerpo y órganos. Dicha voluntad estará en base a motivos de conciencia y deberá de ser respetada.

La reproducción asistida

Las nuevas técnicas de reproducción asistida reguladas en nuestro derecho pueden entrar en conflicto con ideologías religiosas, toda este tema se enmarca en la Bioética y Bioderecho que regula las vías de manipulación y experimentación genética, abarca esta objeción a la negativa de experimentar con animales y ensayos en laboratorio.

Ante esta nueva situación las confesiones religiosas han marcado sus criterios, negativos, mientras que el legislador ha regulado estas técnicas –Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida-. El legislador se limita a regular las técnicas y no menciona el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario.

La eutanasia

Es la opción voluntaria de la muerte en casos de enfermedad extrema, sufrimientos difíciles de soportar, prolongación artificial de la vida, llevada a acabo por una tercera persona ya sean médicos, las familias e incluso la Administración Pública.

Es el más contrario a la creencia religiosa en cuanto que la enfermedad es considerada como la purificación del alma y es la voluntad de Dios, y hacerlo, iría en contra de éste, toda confesión religiosa niega este derecho. Pero también puede ser un tema de conciencia, además de religiosa.

Nuestro actual Código Penal tipifica el delito, pero matiza su gravedad en los casos en que hubiera una petición expresa de la víctima para que se le ayude a terminar con una situación de padecimiento grave y difícil de soportar. El CP no alude en ningún caso a la objeción de conciencia de la persona que lleva a cabo la eutanasia, eso sí, la mitiga.

En algunas Comunidades Autónomas se ha legislado al respecto y se ha reconocido el derecho a esta objeción.

La objeción de conciencia farmacéutica

Por motivos de conciencia el farmacéutico se niega a dispensar medicamentos que pongan en peligro la concepción o desarrollo embrionario humano. El Código de ética Farmacéutica  y Deontología  del 2001, prevé  este derecho de objeción y por vía legislativa la Ley 5/1999 de Ordenación Farmacéutica de Galicia tiene en cuenta esta objeción, además de la Ley de 1998 (La Rioja) y del 2005 en Castilla-La Mancha. La jurisprudencia del TC también ha aceptado este derecho de objetar del farmacéutico, pero vía legislativa se ha limitado el ejercicio de éste al aseguramiento de que el producto se pueda comprar en otro establecimiento próximo.

Objeción de conciencia en el ámbito de las relaciones laborales

Las obligaciones libremente aceptadas, con base contractual tienen mayor fuerza que las impuestas por ley.

La contratación laboral, aún siendo una relación de derecho privado, está sometida a una normativa de Derecho Público, aún así pueden surgir colisiones entre principios religiosos o morales del trabajador y la obligación de desarrollar una determinada actividad, por ejemplo negarse a trabajar en días en que la religión de éste considere no laborable o el uso de determinadas vestimentas no aceptadas, entre estas dos la más habitual es la primera, y es sobre la que vamos a afrontar este tema.

En el Estatuto de los Trabajadores señala el domingo cómo día festivo pero cabe posibilidad de pactar días diferentes por mutuo acuerdo entre partes a través de convenio colectivo o contrato, por lo que no cabe esta objeción de conciencia por parte del trabajador, pues la la ley de Libertad religiosa y los acuerdos de Estado establece un derecho genérico, o declaración abstracta de que toda persona tenga derecho a conmemorar estas festividades y la jurisprudencia sigue la línea del pacto entre las partes.

Objeción de conciencia en el sector educativo

En España este tema no ha causado conflictos entre la ley y la conciencia, en uanto que la asignatura de religión estaba presente en los planes de estudio pero de manera optativa.

En la actualidad con la introducción de la asignatura en la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de la asignatura Educación para la Ciudadanía que se introdujo en la Ley 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y no en cuanto a la asignatura cuya idea provenía de una recomendación del Consejo de Europa, sino en cuanto al contenido del temario de ésta, que supone un adoctrinamiento en cuestiones morales sobre los que corresponde a los padres decidir, y cuyo derecho está tutelado en la propia Constitución, en el art. 27.3 que dice que “ los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que éste de acuerdo con sus propias convicciones”.

Está claro, a la vista de las numerosas objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos estudien esta asignatura, que la materia que la integra vulnera este derecho constitucional, el legislador a introducido diferentes temas relaticos a la conciencia moral, a los diferentes modelos de familia, a la salud reproductiva, a la orientación sexual, a las relaciones humanas, a las fuentes de moralidad que contradicen los principios éticos de muchas familias y suponen un intromisión ilegítima en su derecho.

La resolución de estos conflictos dista de tener una uniformidad, Tribunales de Cataluña y Asturias rechazan la objeción y de Andalucía y La Rioja la aceptan, incluso el TS la rechazó en cuatro de sus sentencias, aunque dicta líneas de neutralidad ideólogicas de las que tiene que ser objeto la enseñanza de esta asignatura, el TS cambia de línea argumental en sentencia posterior afirmando que ésta va en contra del derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones.

Esta cuestión ha llegado al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y es uno de los que está más presente en la actualidad.

Dentro de este tema cabe señalar la obligatoriedad de la ley del respeto de horarios de oración de diferentes confesiones religiosas.

Otras formas de objeción de conciencia

La doctrina recoge otras formas de objeción de conciencia que existen pero menos habituales:

La objeción a formar parte de un jurado.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé excepciones pero no la de la objeción de negarse por razones religiosas o ideológicas, estas estarán resuelta por los tribunales.

Diferente es la objeción a prestar juramento que el legislador a resuelto en diferentes disposiciones, y que dice que puede ser sustituido por una promesa que estaría ya en el ámbito del honor personal, no en el de la Divinidad.

La objeción de los funcionarios a celebrar matrimonios entre homosexuales.

Los recursos de inconstitucionalidad planteados no han sido aceptados y niegan la objeción de conciencia en estos casos.

Rechazo de la simbología religiosa en lugares públicos.

Este tema también es de rigurosa actualidad, son conocidos la prohibición del velo en las escuelas francesas o el caso Lautsi, sobre el crucifijo.

De ésta última es de la que tenemos sentencias en España que avalan la objeción o buscan una línea de conformidad a la cuestión.

No debemos de olvidar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el caso Lautsi italiano, que avala la presencia del crucifijo, al considerar que no viola el derecho a la libertad de conciencia, sin duda la opinión de este Tribunal entrará en conflicto con otras creencias religiosas tan actuales en la sociedad plural.