35. Otras consecuencias del delito: la responsabilidad civil ex delicto, las costas procesales y las consecuencias accesorias

La responsabilidad civil derivada de la infracción penal

Consideraciones generales

Concepto

La responsabilidad civil derivada de la infracción penal consiste en la obligación de restituir el bien o reparar o indemnizar por los daños o perjuicios que los hechos hayan podido provocar.

Las normas que regulan la responsabilidad civil se orientan pues a la satisfacción de un interés privado del que es titular la persona física o jurídica que haya resultado perjudicada por la comisión de los delitos o faltas.

El perjudicado puede ser persona distinta a la víctima de la infracción penal.

Naturaleza jurídica

La obligación de restituir el bien, reparar o indemnizar por los daños y perjuicios causados, tiene naturaleza civil y no penal, aunque se regule en el CP.

La acción civil se puede ejercitar en el proceso penal y ante el mismo juez. En cualquier caso, el titular de la acción civil siempre puede reservarse el derecho a ejercitar la misma ante la jurisdicción civil.

Los daños o perjuicios causados deben ser probados en el proceso y reflejados en la sentencia. Ello significa que solo las infracciones penales que causen daños o perjuicios generan la obligación civil de reparar o indemnizar por los mismos. En conclusión, la infracción penal conlleva la imposición de pena en todo caso pero no genera necesariamente responsabilidad civil. Por otro lado, la responsabilidad civil surge sin necesidad de que la persona que haya cometido el delito o falta resulte penalmente responsable.

Por estos motivos, se dice que la responsabilidad civil no encuentra su verdadero origen en el delito o falta, sino en el hecho objetivo que les da contenido siempre que el mismo haya provocado un daño o perjuicio mesurable por el que se deba resarcir a quien lo sufre.

El principio de personalidad rige en la aplicación de la pena pero no en el régimen de cumplimiento de la responsabilidad civil. Es decir, la pena solo puede imponerse a la persona que resulte penalmente responsable de la infracción penal, mientras que la RC puede cumplirla un tercero que no haya intervenido en la misma. En consecuencia, las causas de extinción de la RP y de la RC difieren.

Asimismo, la pena y la RC tienen distinto fundamento. La pena encuentra su fundamento en la retribución y se orienta a la prevención general y especial. Por su parte, la RC se orienta a satisfacer el interés privado de la persona física o jurídica perjudicada por el delito o falta, y se establece en atención a la gravedad del daño o perjuicio causado que no tiene por qué estar en consonancia con la gravedad de la infracción penal.

El cumplimiento de la responsabilidad civil depende de la voluntad del perjudicado por la infracción penal y no así en todo caso la imposición de pena respecto de la voluntad del sujeto pasivo de dicha infracción.

Contenido de la responsabilidad civil

El art 110 CP establece que la RC derivada de infracción penal comprende:

  1. La restitución

  2. La reparación del daño

  3. La indemnización de perjuicios materiales o morales

La RC podrá abarcar parte o todos los referidos contenidos.

La restitución

Está prevista en el art 111.1 CP. Es la forma por la que se debe optar siempre que sea posible. Consiste en la obligación de devolver el bien a quien lo tuviera antes de que la infracción se cometiera. Ello supone que se ha desposeído a un sujeto de un bien material. Si ese bien sigue existiendo tras el ilícito penal, es imperativa su devolución al sujeto que resultó desposeído del mismo. Abarca también el abono de los deterioros que el mismo hubiese podido sufrir.

La restitución tendrá lugar en los términos descritos incluso aunque el bien objeto de la misma hubiese sido adquirido legalmente por un tercero de buena fe quien podrá, en tal caso, ejercer su derecho de repetición contra quien corresponda y ser indemnizado por el responsable civil del delito o falta. No obstante, según art 111.2 CP, la restitución no podrá llevarse a cabo si el tercero ha adquirido el bien con los requisitos y en la forma que lo hagan irreivindicable.

La reparación

La reparación se orienta a restaurar la situación jurídica anterior a la infracción penal cuando ya no es posible hacerlo mediante la restitución. Se considera que el daño susceptible de reparación es material e inanimado. El daño a la persona se considera perjuicio susceptible de indemnización.

La reparación puede consistir en obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer. En cualquier caso, el Juez determinará si la obligación ha de ser cumplida por el culpable o puede ser ejecutada a su costa.

La indemnización de perjuicios materiales y morales

La obligación de indemnizar del art 113 CP se refiere a los perjuicios materiales y morales causados por la infracción penal, y consiste en la entrega de dinero en concepto de resarcimiento.

Una parte del perjuicio material coincide con el daño susceptible de ser reparado al que se refiere el art 112 CP, y engloba el daño emergente y el lucro cesante.

El daño moral o material a la persona, en cambio, solo es susceptible de indemnización.

El Juez deberá establecer razonadamente las bases de la cuantía de la indemnización, la cual comprenderá los perjuicios causados al agraviado y los que se hubieran irrogado a sus familiares o a terceros.

La denominada "compensación" o "concurrencia de culpas"

Según art 114 CP: "si la víctima hubiese contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces podrán moderar el importe de su reparación o indemnización". Lo que se conoce como "compensación de culpas".

Los sujetos civilmente responsables

Responsables civiles directos

Toda persona que resulte criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si de la infracción se derivasen daños o perjuicios. Si hubiese dos o más responsables, los Jueces determinarán la cuota por la que deban responder cada uno, teniendo en cuenta la incidencia que la conducta de cada responsable haya tenido en la producción del daño o perjuicio.

A tal efecto, el art 116.2 CP determina que "los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices. ... quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno."

Respecto a la "participación lucrativa", cuando el sujeto interviene beneficiándose de los efectos de la infracción penal sin haber participado en su comisión y sin tener conocimiento del origen ilícito -pues si no sería delito de receptación-, estará obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño.

Según art 117 CP: "los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca un evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización establecida o pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda".

Respecto a los casos de exclusión de la RC, las únicas causas de exención de responsabilidad penal que también pueden excluir la responsabilidad civil son la legítima defensa y el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Régimen a aplicar:

  • Sujeto inimputable: el régimen de RC varía en función de la causa de inimputabilidad

    • por alteración psíquica o por alteración en la percepción

      • el inimputable resulta responsable civil directo al igual que las personas que lo tenga bajo su potestad o guarda, siempre que haya mediado culpa o negligencia.

    • por intoxicación plena

      • el ebrio o intoxicado es responsable civil directo pero no se "comparte" con guardadores

  • Concurrencia del estado de necesidad

    • es responsable civil directo la persona en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable, o si no lo fuera, en la que el Juez o Tribunal establezcan.

  • Concurrencia de miedo insuperable

    • serán responsables civiles directos los causantes del miedo y, subsidiariamente los que hubiesen ejecutado el acto.

  • Concurrencia de error

    • serán responsables civiles directos los autores del hecho.

Responsables civiles subsidiarios

Para poder hacer efectiva la RC subsidiaria se requiere:

  1. Que exista un sujeto criminalmente responsable que resulte RC directo.

  2. Que el sujeto RC directo resulte insolvente en todo o en parte.

  3. En ocasiones, la atribución de RC subsidiaria no es automática, sino que requiere cierto comportamiento negligente por parte de la persona natural o jurídica a quien se vaya a adjudicar.

Supuestos:

  • Responsables civiles subsidiarios del art 120 CP

    1. Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de 18 años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.

    2. Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el art 212 CP.

    3. Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o de sus empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera cometido sin dicha infracción.

    4. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier negocio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

    5. Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquellos por sus empleados.

  • RC subsidiarios del art 121 CP

    • El Estado, la CA, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de dichos servicios.

    • Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.

Las costas procesales

Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte -art 124 CP-.

Estos gastos se entienden impuestos por la ley a los que resulten criminalmente responsables por delito o falta.

Durante el transcurso del proceso, cada parte irá abonando sus costas y será la sentencia que ponga fin al mismo la que establezca la condena a costas a quien corresponda.

Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias

Orden en que se deben imputar los pagos realizados por el responsable civil de la infracción penal:

  1. A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.

  2. A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.

  3. A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.

  4. A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.

  5. A la multa.

Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado.

Cuando los bienes no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago.

Concepto, fundamento y naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias

Concepto

Se trata de una serie de privaciones de bienes y derechos que acompañan a la pena, y que pueden consistir en:

  • El decomiso o incautación de los efectos y ganancias derivados del delito.

  • Medidas que afectan a cualquier entidad o agrupación de personas que por carecer de personalidad jurídica, no están comprendidas en el art 31 bis CP, siempre que el delito o falta se haya cometido por medio de las mismas.

Naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias del art 129 CP tras la reforma de 2010

La reforma de 2010 hace posible que las personas jurídicas puedan ser responsables penales directas de los delitos cometidos en las circunstancias y por los sujetos a los que se refiere el art 31 bis CP. En consonancia, se introduce el art 33.7 CP que recoge las penas aplicables a las personas jurídicas.

La naturaleza, el contenido y fundamento de las consecuencias accesorias del art 129 CP coincide con el de las penas del art 33.7 CP que se orientan principalmente a la prevención especial negativa aunque también provocan efectos preventivo generales negativos.

Naturaleza jurídica del comiso

Argumentos:

  • Siempre exige para su imposición la previa comisión de una infracción penal. No obstante, el art 127.4 CP permite que el Juez pueda acordar el comiso aún cuando no se imponga pena por exención de RP o por haberse extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

  • Consiste en la privación de bienes ligada a la comisión de un delito o falta, que debe ser acordada por el juez penal en sentencia.

  • Se orienta a fines preventivo especiales y generales en sentido similar a las penas y las MS.

  • Está sujeto al mismo sistema de garantías que rige para las penas y las MS. El principio de legalidad debe desplegar toda su eficacia.

El comiso constituye una categoría diferenciada dentro del conjunto de consecuencias de la infracción penal por diferentes motivos:

  • Se diferencia de las penas en que puede afectar a personas distintas de las que resulten penalmente responsables de la infracción penal y en que puede aplicarse sin necesidad de que se atribuya responsabilidad penal a sujeto alguno.

  • Se diferencia de las MS en que si bien su aplicación requiere la comisión de una infracción penal, la misma no exige la peligrosidad del sujeto que la llevó a cabo.

  • No se trata de una medida reparadora de los daños y perjuicios provocados por el delito pues en muchos casos no se aplica con esa finalidad, con independencia de que en ocasiones se oriente a la satisfacción de la responsabilidad civil que se pueda derivar de la infracción penal cometida.

Fundamento del comiso y de las consecuencias accesorias del art 129 CP

La orientación preventivo especial negativa

Tanto el comiso como las consecuencias del art 129 CP al tener por objeto bienes o entidades que hicieron posible o facilitaron la comisión de la infracción penal, tratan de evitar o dificultar la reiteración delictiva futura. En este sentido se orientan a la prevención especial negativa.

La orientación preventivo general negativa

El comiso puede implicar también la perdida de las ganancias provenientes del delito o falta. En este sentido, resulta idóneo para disuadir de la actividad delictiva.

Por su parte, el conjunto de sanciones o prohibiciones en cuanto anunciadas por la ley penal y ligadas como desventajas a la comisión del hecho delictivo, son susceptibles de ejercer un efecto disuasorio.

Régimen de las consecuencias accesorias en el CP español

El comiso

Consiste en la incautación del bien, medio o ganancia -vinculado al hecho delictivo-, que se adjudica al Estado para que le de el destino que determine la ley.

Requisitos y principios que rigen su aplicación:

  1. Infracción penal. Dos posibilidades:

    1. Que el comiso se aplique como consecuencia ligada a la pena.

    2. Que el comiso se aplique en casos de exención de responsabilidad penal o cuando se ha extinguido.

  2. Principio de proporcionalidad:

    • Cuando los efectos que pueden ser objeto de comiso sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, podrá el Juez no decretar el comiso, o decretarlo parcialmente.

Ampliación del comiso -art 127.1 CP-: "El Juez deberá ampliar el decomiso a los bienes, medios o ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas".

Destino del comiso -art 127.5 CP-: los objetos decomisados se venderán, si son de libre comercio, aplicándose su producto a cubrir responsabilidades civiles del penado si la ley no previera otra cosa y, si no lo son, se les dará el destino reglamentario o se inutilizarán.

Consecuencias accesorias aplicables a entidades sin personalidad jurídica

Habrá que distinguir si dichas consecuencias se aplican ligadas a la pena impuesta a la persona física responsable de la infracción penal en el correspondiente fallo condenatorio o si las mismas se acuerdan como medidas cautelares por parte del Juez Instructor.