36. La extinción de la responsabilidad penal y la cancelación de los antecedentes penales

La extinción de la responsabilidad penal

Naturaleza de las causas de extinción de la responsabilidad penal

Art 130 CP: "1. La responsabilidad criminal se extingue:

  1. Por la muerte del reo.

  2. Por el cumplimiento de la condena.

  3. Por la remisión definitiva de la pena, conforme al art 85.2 CP.

  4. Por el indulto.

  5. Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea.

  6. Por la prescripción del delito.

  7. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad."

No todas estas causas extinguen la responsabilidad penal propiamente dicha, es decir, la que surge de la comisión del comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible y cuya existencia es confirmada por una sentencia.

Lo que sucede cuando concurre cualquiera de estas causas es que la Administración de Justicia ya no va a pretender que el sujeto cumpla la pena o MS que se deriva de la infracción penal cometida.

El ámbito sobre el que operan estas causas es el de las penas y las MS, el resto de consecuencias, como la RC y las consecuencias accesorias, quedan fuera de su alcance.

La sentencia firme debe inscribirse en el Registro Central de Penados y Rebeldes, y la inscripción no desaparece con la extinción de la responsabilidad penal.

Las causas de extinción de la responsabilidad penal

La muerte del reo

La muerte consiste en el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o encefálicas, y solo puede ser acreditado por el certificado médico.

El término "reo" se refiere únicamente al sujeto condenado por sentencia. Así, si muere el condenado, por el principio de personalidad de las penas, ya no se podrá imponer la pena.

El cumplimiento de la condena

Se entiende que cuando el sujeto cumple su condena en los términos establecidos en la sentencia condenatoria, satisface la responsabilidad penal que, por tanto, desaparece.

La concesión de la libertad condicional no constituye cumplimiento de condena a estos efectos.

Remisión definitiva de la pena suspendida

Se refiere a la pena suspendida según el art 85.2 CP.

De acuerdo con este precepto, si al sujeto se le condenó a una pena privativa de libertad y se acordó la suspensión de la misma, transcurrido el plazo de suspensión y cumplidas las condiciones, el juez acordará la remisión de la pena inicialmente impuesta y ulteriormente suspendida.

El indulto

Constituye una institución del derecho de gracia o perdón en virtud del cual el poder ejecutivo renuncia al ejercicio total o parcial del ius puniendi en un caso concreto. y tiene como consecuencia la remisión total o parcial de la pena impuesta o en ejecución, o su sustitución por otra menos grave, pero no afecta a otras consecuencias derivadas de la infracción penal cometida como la responsabilidad civil, las costas procesales o los antecedentes penales.

Solo se exige que el Tribunal sentenciador que impuso la pena, emita un informe con las razones a su favor, que deben ser de "justicia, equidad o conveniencia pública":

  1. Supuestos en los que existe una desproporción entre la pena impuesta y el delito cometido.

  2. Existencia de dilaciones indebidas en el procedimiento no imputables al penado.

  3. Comportamiento del reo tras la sentencia.

  4. Motivos ajenos al hecho delictivo como exceso de población penitenciaria o efemérides.

El indulto no afecta a la devolución de la multa, ni a la RC, ni a las costas procesales, ni a los antecedentes penales.

Requisitos:

  1. El sujeto debe haber sido condenado por sentencia firme.

  2. Que el indulto no cause perjuicio en tercera persona o no lastime sus derechos.

  3. Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte.

Están legitimados para solicitar el indulto:

  • Los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito.

  • El Tribunal sentenciador.

  • El Gobierno.

  • La Junta de Tratamiento Penitenciario a través del JVP.

Las solicitudes se dirigen al Ministerio de Justicia. Será el Consejo de Ministros quien decida conceder el indulto. La aplicación del indulto es competencia del Tribunal sentenciador.

El perdón del ofendido

Consiste en una declaración del ofendido por la infracción penal en la que expresa su voluntad de que no se verifique la responsabilidad penal ni se imponga pena por su comisión.

Su eficacia es muy limitada, solo se da respecto de un grupo reducido de delitos y faltas que afectan a bienes jurídicos personales.

Requisitos:

  1. Ha de ser libre y expreso.

  2. Se ha de otorgar antes de que haya sentencia.

  3. El perdón debe prestarlo el ofendido por el delito o, si fuera menor o incapaz, su representante legal.

La prescripción del delito y la falta

La infracción penal ha prescrito cuando ha transcurrido un tiempo desde que se cometió o cesaron sus efectos sin que se haya iniciado un proceso contra el presunto responsable o si, iniciado este, el mismo se paraliza o termina sin condena y dicha situación se prolonga durante un determinado periodo temporal. Es decir, la prescripción de la infracción penal se define como la imposibilidad de verificar la responsabilidad penal que se derive de la misma por el transcurso del tiempo.

La prescripción tiene naturaleza material o al menos mixta -material y procesal- pero predominantemente material y se ubica en el plano de la punibilidad.

Argumentos:
  • de naturaleza procesal:

    • El paso del tiempo hace más difícil llevar a cabo la actividad probatoria.

    • El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

  • de naturaleza material -o jurídico sustantivas-:

    • El derecho del ciudadano a la seguridad jurídica.

    • El transcurso del tiempo reduce también el efecto preventivo general de la pena.

    • Ocurre lo mismo con el efecto preventivo especial.

Los delitos prescriben:

  • A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión ≥15 años.

  • A los 15 años, cuando la pena máxima señalada sea inhabilitación >10 años, o prisión >10 y <15 años.

  • A los 10 años, cuando la pena máxima señalada sea prisión o inhabilitación >5 y ≤10.

  • A los 5 años, los demás delitos, salvo las injurias y calumnia, que prescriben al año.

Las faltas prescriben a los 6 meses.

En los supuestos de penas compuestas se estará a la que exija mayor tiempo. En los supuestos de concursos de infracciones o infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Los delitos de terrorismo, los de lesa humanidad, los de genocidio, y los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescriben nunca.

Cómputo del plazo de la prescripción:

  • Como regla general, los plazos empiezan a computar desde el día en que se haya cometido la infracción punible.

  • En los casos de delito continuado, delito permanente y en las infracciones que exijan habitualidad, se empezará a computar desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita, o desde que cesó la conducta.

  • Cuando la víctima fuere menor de edad, el inicio del cómputo se retrasa al momento en que la misma adquiere la mayoría de edad.

Interrupción de la prescripción:

  • Se exige cuando menos, una actuación material del Juez instructor.

    • La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena.

    • Esto se entiende satisfecho desde el momento en que, al incoar la causa o con anterioridad, se dicte una resolución motivada en la que se atribuya a la persona su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

  • Efecto de interposición de denuncia o querella:

    • Suspenderá el cómputo por un plazo de 6 o 2 meses según sea delito o falta, desde el momento en que tenga lugar la interposición.

  • Identificación de la persona contra la que se dirige el procedimiento:

    • La persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial.

La prescripción de la pena o de la medida de seguridad

Prescripción de la pena:

La pena prescribe cuando transcurre un periodo de tiempo sin que el penado por sentencia firme, la cumpla, o cuando, iniciado el cumplimiento, el sujeto quebranta la condena y no la vuelve a cumplir durante un lapso temporal.

Ese transcurso de tiempo hace que la responsabilidad penal se extinga y con ella la punibilidad o la posibilidad de imponer la obligación penal que deriva de la misma: la pena total o parcialmente incumplida.

Se fundamenta en que el paso del tiempo cuestiona o debilita la necesidad de la pena en su triple vertiente retributiva, preventivo general y preventivo especial.

Art 133.1 CP: "Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

  • A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.

  • A los 25 años, las de prisión ≥15 y ≤20 años.

  • A los 20, las de inhabilitación >10 años y las de prisión >10 y <15.

  • A los 15, las de inhabilitación >6 y ≤10, y las de prisión >5 y ≤10.

  • A los 10, las restantes penas graves.

  • A los 5, las penas menos graves.

  • Al año, las penas leves."

Los plazos de prescripción de las penas, son superiores a los establecidos para la prescripción de los delitos y las faltas y ello responde a que la situación del sujeto en uno y otro casos es diferente: mientras que en una el sujeto ha sido condenado por sentencia firme y de su responsabilidad penal no se puede dudar, en la otra la responsabilidad penal del sujeto aún no ha sido confirmada y en consecuencia, goza del derecho a la presunción de inocencia.

A efectos de determinar el plazo de prescripción, la pena de referencia no es el límite máximo del marco penal abstracto, sino la pena exacta impuesta por la sentencia firme.

La prescripción computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese empezado a cumplir -o desde la entrada en vigor del indulto parcial-.

El CP no prevé ninguna causa de interrupción del plazo de prescripción de la pena.

Prescripción de la MS:

La MS prescribe cuando transcurre un tiempo, desde que es impuesta por sentencia firme, sin que la misma se cumpla.

No existen MS imprescriptibles.

El CP establece que la prescripción de la MS extingue la responsabilidad penal, aunque hay que matizar que el presupuesto legitimador de la MS es la peligrosidad del sujeto a quien se impone y no su responsabilidad penal por el hecho cometido.

Art 135.1 CP: "Las MS prescribirán a los 10 años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los 5 si fueran privativas de libertad ≤3 años o tuvieran otro contenido".

El término de prescripción empezará a contar desde el día en que haya adquirido firmeza la resolución en que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse. Si la MS hubiera de cumplirse con posterioridad a una pena, el plazo de prescripción de aquélla comenzará desde el momento en que ésta se extinga. Las medidas aplicables a sujetos menores de edad también prescriben -ver lección 37-.

La extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Se explica en la lección 38 por razones sistemáticas.

La cancelación de los antecedentes penales

Consideraciones previas: concepto y función de los antecedentes penales

La sentencia firme debe ser remitida al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia para su inscripción. A tal efecto, debe constar:

  • la fecha de firmeza;

  • las penas o medidas impuestas;

  • la fecha de la extinción en caso de cumplimiento;

  • la fecha de remisión de la pena en caso de suspensión.

La inscripción despliega los siguientes efectos:

  1. Apreciación de la agravante por reincidencia -que puede llegar a aplicar la pena superior en grado por este motivo-.

  2. Imposibilidad de beneficiarse de la suspensión -pues exige haber delinquido por primera vez-.

Además, el carecer de antecedentes penales se exige para ingresar en la Administración o desempeñar determinados oficios.

Las inscripciones en el RCPR no serán públicas; solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos previstos por la ley.

El sistema de cancelación de los antecedentes penales

Todo condenado que haya extinguido su responsabilidad penal tiene derecho a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, en las tres formas siguientes:

  1. A instancia de parte cuando es el propio interesado el que realiza la solicitud.

  2. De oficio, por parte del encargado del RCPR cuando considere que se dan los requisitos, elevando propuesta al Ministerio de Justicia.

  3. En los casos en que aunque se hayan cumplido los requisitos para la cancelación, ésta no se hubiera producido, el juez, acreditadas las circunstancias, ordenará la correspondiente cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

Requisitos:

  1. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que provengan de la infracción, salvo supuestos de insolvencia.

  2. Haber transcurrido sin delinquir desde el día siguiente al que quedara extinguida la pena:

    • 6 meses para las penas leves.

    • 2 años para las que no excedan de 1 año y las impuestas por delitos imprudentes.

    • 3 años para las demás penas menos graves.

    • 5 años para las penas graves.

  3. El juez sentenciador ha de emitir un informe haciendo constar que se cumplen todos los requisitos anteriores.

La cancelación de los antecedentes impide que puedan desplegar los efectos que la ley les asigna. Una vez cancelados desaparecen del lugar del Registro donde estaban inscritos. No obstante, la información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una sección especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales españoles.

La cancelación de las medidas de seguridad

Art 137 CP: "Las anotaciones de las MS impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley".

Referencia a los menores

El Ministerio de Justicia llevará un Registro de las sentencias firmes dictadas en aplicación de la LORPM, cuyos datos solo podrán ser utilizados por los Jueces y Tribunales de Menores y por el Ministerio Fiscal.