06. Los efectos de la posesión

Los efectos de la posesión en general

El goce y disfrute de la cosa

El efecto fundamental y más ostensible de la posesión efectiva es evidente: el poseedor es quien goza de la cosa y, por consiguiente, quien obtiene las ventajas (o los inconvenientes, en su caso) que de ella derivan.

La directa e inmediata tenencia de algo arroja consecuencias claramente distintas según que la cosa sea o no productiva:

  • Cuando la cosa no sea fructífera el poseedor material no ve incrementada su riqueza a través de frutos o rentas, ya que la cosa no los produce. Sin embargo, la posesión de la cosa le enriquece de alguna manera: ya sea porque tenerla (aunque es de otro) le supone que él no tiene que adquirir otra para sí, lo que le supondría un gasto.

  • Cuando la cosa es fructífera o productiva en sentido propio lo normal es que los frutos o rentas generados por la cosa pertenezcan al poseedor material de la misma. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión.

Las presunciones favorables al poseedor (remisión)

El puro hecho posesorio atribuye al poseedor, aunque, en realidad, carezca de ius possidendi alguno, una serie de beneficios complementarios que el Código formula como presunciones favorables a todo poseedor.

Las presunciones tienen carácter iuris tantum es decir, beneficiarán al poseedor siempre que quien contradiga la consecuencia legalmente establecida (continuidad posesoria, justo título, buena fe) no logre demostrar lo contrario.

Otros efectos

El hecho de que, bajo ciertos requisitos, la posesión continuada pueda originar la adquisición de la propiedad (usucapión) en favor del poseedor,  se estudia en otro capítulo.

Otros efectos de la posesión quedan excluidos de esta exposición.

La liquidación del estado posesorio

Noción general

En cualquiera de las situaciones posesorias es sumamente frecuente que el poseedor sea sustituido por otro poseedor, ya sea porque el segundo tiene mejor derecho sobre la cosa (es, por ejemplo, propietario y la reivindica con éxito); o porque el primero de ellos motu propio deja de ser poseedor (el arrendatario que, llegado su momento, decide dar por finalizado el alquiler y devuelve las llaves del apartamento o del automóvil al arrendador).

Es preferible hablar de liquidación del estado posesorio, para poner de manifiesto cuáles son las reglas que rigen la necesaria composición de intereses que conlleva todo cambio de poseedor.

El criterio de la buena o mala fe

Hay que distinguir si el poseedor es de buena fe o de mala fe. Salvo prueba en contrario, el poseedor cuenta a su favor con la presunción de buena fe, por lo que en principio, salvo declaración judicial expresa de mala fe posesoria, ha reiterado la jurisprudencia que el poseedor seguirá siendo de buena fe mientras no se interrumpa legalmente la posesión.

El régimen de los frutos

En caso de ser fructífera la cosa, el poseedor de mala fe deberá abonar al poseedor legítimo:

  1. Todos los frutos que haya percibido efectivamente, naturales o civiles

  2. Incluso el valor de los frutos que hubiera podido percibir el poseedor "legítimo" conforme a la utilización normal de la cosa aunque el poseedor de mala fe no los haya recibido en efecto.

Por el contrario, el poseedor de buena fe:

  1. Hace suyos los frutos que haya percibido, ya sean naturales o civiles.

  2. Respecto de las cosechas o rentas pendientes (los denominados frutos pendientes) tiene derecho a una cuota parte proporcional al tiempo de su posesión.

El prorrateo de los frutos:

  • Los frutos civiles se consideran producidos por días y pertenecen al poseedor de buena fe en esa proporción.

  • Los frutos naturales, el poseedor de buena fe tendrá derecho a la parte del producto líquido de la cosecha proporcional al tiempo de su posesión.

El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión.

Los gastos

El criterio fundamental para ello sigue siendo el de la buena o mala fe. Conviene distinguir entre:

Gastos necesarios

Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor (de buena y de mala fe, por tanto).

El poseedor de buena fe (el de mala fe no) tiene derecho de retención, el derecho a seguir poseyendo material, efectiva y legítimamente la cosa, mientras no se le satisfagan tales gastos.

Gastos útiles o mejoras

Cabe deducir del art 453 CC "... el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa" que para el CC, gastos útiles son aquellos que conllevan un incremento del valor de la cosa.

Para reintegrarse del importe de los gastos realizados en mejoras, el poseedor de buena fe, cuenta a su favor con derecho de retención, lo que obviamente le asegura la satisfacción de su interés.

Respecto del poseedor de mala fe, el Código Civil no se pronuncia de forma expresa en relación con los gastos útiles. La opinión mayoritaria entiende que no deberán serle abonados.

Gastos suntuarios

Son los gastos de puro lujo o mero recreo. El concepto es claro: son gastos provocados sólo por el afán de lujo.

Los gastos suntuarios no son abonables al poseedor de mala fe ni tampoco al poseedor de buena fe. El poseedor que ha efectuado gastos de carácter suntuario puede llevarse los adornos y ornamentos añadidos a la cosa principal.

Ahora bien, tanto en el caso de posesión de mala fe cuanto en el caso de buena fe, para que el poseedor pueda retirar los adornos han de darse dos requisitos:

  1. Que la cosa principal no sufra deterioro por la separación de los adornos u ornamentos que en su día se le incorporaron.

  2. Que el sucesor en la posesión no prefiera quedarse con los adornos incorporados abonando:

    • "El importe de lo gastado" en su día (art. 454), en caso de poseedor de buena fe

    • "El valor que tengan en el momento de entrar en la posesión" ( art. 455), en caso de poseedor de mala fe.

El primer requisito, pues, es de naturaleza objetiva, en dependencia del grado de incorporación del adorno a la cosa principal.

El segundo requisito, por el contrario, depende en exclusiva de la voluntad del sucesor en la posesión, que es quien tiene la iniciativa para permitir la retirada de los objetos o mejoras suntuarias o, en caso contrario, abonar los gastos suntuarios habidos.

La responsabilidad del poseedor por deterioro o pérdida de la cosa

El poseedor de buena fe no responderá por principio, salvo que se demuestre (habrá que probarlo) que ha perjudicado la cosa actuando con dolo.

El poseedor de mala fe responderá en todo caso, incluso en los supuestos de fuerza mayor cuando haya retrasado la entrega de la cosa al poseedor legítimo de forma maliciosa.

El prorrateo de las cargas

Art 452.2 CC: "Las cargas se prorratearán... entre los dos poseedores" de forma proporcional al tiempo de su posesión.

La virtualidad de las reglas del Código Civil sobre la liquidación del estado posesorio 

Conviene preguntarse sobre la utilidad de las normas del CC en relación con la liquidación del estado posesorio. La pregunta merece ser respondida en dos planos:

  1. Su aplicabilidad general. En primer lugar, los art. 451 y sucesivos tienen una gran importancia, ya que los mandatos normativos en ellos contenidos no se aplican sólo a los supuestos sometidos a Derecho civil, sino también en los casos en que rigen los demás sectores sistemáticos del Derecho.

  2. Su carácter dispositivo. El CC no anula ni suprime la "autonomía privada".

La eficacia legitimadora de la posesión de bienes muebles: la adquisición a non domino

Planteamiento del tema

El Derecho ha concedido siempre un trato diferente a la posesión de bienes muebles, llegando al extremo de considerar que cuando una cosa mueble es adquirida por alguien en circunstancias normales (comúnmente, a través de su compra), con la intención de hacerla suya, se produce de forma automática dicho proceso y, a partir de ahí aunque el vendedor de la cosa no fuera en realidad dueño de la misma, el adquirente pasa a ser propietario de ella por adquisición a non domino.

El artículo 85 del Código de Comercio

El CCom dice que "la compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo en su caso los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente".

El artículo 464 del Código Civil: la equivalencia entre posesión y título

El CC dice: "La posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente , podrá reivindicarla de quien la posea".

Suele indicarse que las dos formas de entendimiento del precepto han consistido en afirmar su base romanista o germanista.

Tesis romanista

Sus defensores consideran que el título al que hace referencia el 464 CC sólo puede ser entendido como título hábil para la usucapión en favor del adquirente, pues la mera posesión de los bienes muebles no puede privar al verdadero propietario de las facultades de reivindicación consagradas en el Derecho romano y en nuestra propia tradición histórica: ubi rem mea invenio, ibi vindico.

Tesis germanista

Otros autores manifiestan que el art. 464 no procede de la tradición romana, sino de ciertas reglas procedentes del Derecho germánico y, en particular, de la posibilidad de consagrar la adquisición del poseedor de buena fe aunque su transmitente no fuera realmente dueño de la cosa transmitida salvo en los supuestos de pérdida, hurto o robo.

La jurisprudencia

El adquirente ha de considerarse propietario, salvo en el caso de que el verdadero dueño:

  • hubiese perdido la cosa mueble

  • hubiese sido privado de ella ilegalmente,

ya que, en cualquiera de ambos casos, el dueño está legitimado para reivindicar la cosa.

En realidad, la privación ilegal excluyente de la adquisición a non domino debe reconducirse a los supuestos de hurto o robo de la cosa. Cabe afirmar que la exclusión de la firmeza de la adquisición a non domino sólo encuentra motivación en casos de pérdida o sustracción.

Por lo demás, es obvio que el juego de la adquisición a non domino requiere que:

  • El adquirente posea efectivamente la cosa mueble

  • El adquirente sea de buena fe; esto es, que ignore la inexistencia o deficiencia de facultad de disposición en el transmitente.

  • La transmisión del bien mueble se asiente en un negocio que, general y abstractamente considerado (donación, compraventa, dación en pago, etc.), sea válido para justificar la adquisición derivativa del derecho real de propiedad.

Dándose tales requisitos, la posesión de bienes muebles adquirida de buena fe debe determinar la irreivindicabilidad de tales bienes por su anterior titular, tal y como parece haber triunfado finalmente en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La protección de la posesión

La posesión en sí misma considerada, como tenencia material de una cosa, no es realmente un derecho autónomo, aunque se hable de derecho a poseer (ius possidendi). Cuando se utilizan tales expresiones (u otras similares) se trata de resaltar que el poseedor es titular de un derecho real (sobre todo la propiedad, pero también los derechos limitados de goce) que, entre otras facultades, otorga a aquél facultad para poseer la cosa o de cualquier otro derecho (arrendamiento, préstamo, por ejemplo) que legitima su posesión.

Nadie podrá privarlo de la posesión, del hecho de poseer, por la fuerza, ni siquiera el propietario. La posesión, incluso como mero hecho, es considerada digna de protección por el Derecho.

La protección de la posesión de hecho o de derecho, es un presupuesto de paz social, que requiere evitar despojos posesorios de carácter violento o clandestino.

Los interdictos de retener y recobrar la posesión

El Derecho protege el puro hecho posesorio, de forma cautelar y preventiva, con independencia del derecho que corresponda (o no) al poseedor. Para ello, otorga al poseedor que resulte inquietado en su posesión o que sea despojado o privado de la misma, un cauce procesal denominado técnicamente interdicto: un juicio posesorio, de carácter especial y sumario, dirigido a dilucidar el puro hecho posesorio ante el juez. El poseedor, cuenta a su favor con una acción especial para recobrar o retener la posesión durante el plazo de un año.

El art 1968 CC establece que "Prescriben por el transcurso de un año: 1º La acción para recobrar o retener la posesión", no menciona la expresión interdicto, es decir, en relación con la terminología y calificación de interdicto y expresiones derivadas, el CC ni añade ni quita nada a la situación preexistente.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855

Ya que el objeto de la acción interdictal puede consistir tanto en recuperar cuanto en mantener la posesión, hasta la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha solido hablarse sin problemas de interdicto de retener, y de otra, interdicto de recobrar.

Bajo la regulación de la LEC de 1855 se regulaban ambos interdictos en diferentes secciones estableciéndose reglas de tramitación diversa para uno y otro interdicto.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

Esta Ley reguló conjuntamente ambas figuras interdictales en una misma sección normativa, cuya rúbrica era precisamente "Del interdicto de retener o de recobrar":

  • El primero tendría por objeto proteger al poseedor que hubiera sido inquietado o perturbado en la posesión o en la tenencia o que tuviera fundados motivos para creer serlo.

  • El segundo es dirigido a reponer en la posesión a quien hubiera sido despojado de ella.

La acción interdictal puede ser ejercitada judicialmente por cualquier poseedor sea de buena o mala fe, usufructuario o ladrón, mediato o inmediato, etc.

Pero interesa reiterar que el objeto propio –y único- del interdicto es el hecho posesorio. Por tanto si se discuten cuestiones que no se refieran al puro dato fáctico de la posesión, sino al derecho a poseer, el reclamante habrá de acudir a otro tipo de proceso, el procedimiento o juicio declarativo, acción publiciana, o en su caso, la acción reivindicatoria, que tiene por objeto exclusivo reclamar la propiedad de algo y, por extensión, la posesión del bien sobre el que recae la propiedad.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000

La regulación de los interdictos de retener y/o recobrar la posesión se contempla, de manera continuista salvo en los aspectos terminológicos, fundamentalmente en los siguientes preceptos de la vigente Ley procesal:

  • En juicio verbal las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute.

  • No se admitirán demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo.

La acción publiciana

Fue el pretor Quinto Publicio quien recurrió, por primera vez a la ficción de considerar transcurrido el período de usucapión asimilando la condición del propietario bonitario a la del propietario civil. En paralelo con la reivindicatoria correspondiente a este último, a aquél se le otorgó la posibilidad de ejercitar un acción para recuperar la posesión que hubiera perdido. Por obvias razones, dicha acción recibió el nombre de acción publiciana. Primero se aplicaría al comprador de buena fe una res mancipi al que se le había entregado por simple traditio. Después fue extendida a cualquier caso de entrega y usucapión no completa.

En nuestro Derecho positivo la cuestión se plantea de forma claramente diversa a la expuesta en el Derecho romano. La pregunta radica en determinar si el poseedor, además de contar con los interdictos (procesos sumarios en los que se discute la cuestión de hecho), puede recurrir a un proceso de naturaleza declarativa que sea idóneo para determinar judicialmente si su título posesorio es de mejor condición que el ostentado por cualquier otro poseedor que a él se oponga o lo contradiga.

Dado que nuestro sistema normativo ha dejado de ser un "sistema por acciones" y que la posesión como derecho es susceptible de litigio, cabría pronunciarse inicialmente de forma afirmativa.

Llamándola publiciana o de cualquier otro modo, habría de admitirse una pretensión de carácter declarativo en relación con el derecho a poseer o la posesión como derecho. Sin embargo, la cuestión dista de ser clara, ante el silencio legal sobre el particular (obsérvese, sin embargo, que tampoco hay referencia legal alguna a la denominada acción negatoria, anteriormente estudiada, y, que se sepa, casi nadie la discute. El tema se ha convertido en objeto de un profundo debate doctrinal.

Algunos autores se pronuncian en contra de su eventual existencia, mientras que otros relevantes autores se pronuncian en sentido afirmativo. A mi entender -señala el Prof. Lasarte-, debe defenderse esta última posición y puede encontrarse un sustento normativo de la acción publiciana en la LEC: La vigente LEC-2000, aunque no utilice en absoluto la expresión "acción publiciana", siguiendo el esquema normativo precedente, priva de efectos de cosa juzgada a las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión.

La jurisprudencia más reciente parece decantarse a favor de la posibilidad de debatir a través de un proceso declarativo, iniciado mediante la llamada acción publiciana, el derecho a la "posesión definitiva" o a la "mejor posesión".

Parte de la doctrina científica y la jurisprudencia para configurar a la acción publiciana como "una de las facetas de la reivindicatoria que permite al actor probar su mejor título que puede derivarse de la mera posesión, reclamando la cosa de quien la posea con menos derecho".

El denominado interdicto de adquirir: la posesión de los bienes hereditarios

La LEC-2000 no utiliza el término interdicto, aunque somete a sus preceptos las demandas que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuviesen siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

Frente a los interdictos de retener y recobrar o recuperar la posesión está el interdicto de adquirir que se caracteriza por ser un proceso declarativo que no se asienta en la posesión material de quien lo interpone, sino exclusivamente en su condición de heredero. El interdicto de adquirir es un recurso procesal cuyo objeto y finalidad exclusiva es hacer efectiva la posesión civilísima, invistiendo al heredero en su condición de poseedor.

Con la demanda, se presentará copia fehaciente de la disposición testamentaria del finado cuyos bienes sean objeto del interdicto, o si hubiere fallecido intestado, la declaración de heredero hecha por Autoridad judicial competente.

A través de la copia del testamento o de la declaración de herederos, el interdictante habrá de acreditar su condición de heredero.

El presupuesto del ejercicio del interdicto de adquirir es que los bienes hereditarios se encuentren poseídos por otra persona.

En caso, pues, de que exista un poseedor a título de dueño o de usufructuario, el heredero no podrá recurrir al interdicto de adquirir, sino que habrá de ejercitar la acción publiciana (o, de no admitirse, la reivindicatoria o la petición de herencia).