08. Ocupación, accesión y usucapión

Contenidos

  1. 1 La ocupación
    1. 1.1 Concepto y requisitos
      1. 1.1.1 La aprehensión de la cosa
      2. 1.1.2 El ánimo de apropiación dominical
      3. 1.1.3 La carencia de dueño
    2. 1.2 La exclusión de los bienes inmuebles del ámbito de la ocupación
      1. 1.2.1 Ley de Mostrencos y Ley de Patrimonio del Estado
      2. 1.2.2 La regulación contemporánea: La Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
      3. 1.2.3 Otros bienes excluidos de la ocupación
  2. 2 Las cosas perdidas: el hallazgo
    1. 2.1 El régimen del Código Civil
    2. 2.2 Los hallazgos regulados por leyes especiales
  3. 3 El tesoro oculto
    1. 3.1 Concepto y regulación del Código Civil
    2. 3.2 Reglas de atribución
    3. 3.3 Primacía de los intereses generales: legislación de Patrimonio Histórico
  4. 4 Referencia a la caza y la pesca
  5. 5 Animales escapados
  6. 6 La accesión
    1. 6.1 Accesión de inmueble a inmueble
      1. 6.1.1 Aluvión y avulsión
      2. 6.1.2 Mutación de cauce
      3. 6.1.3 Formación de isla
    2. 6.2 Accesión de mueble a inmueble
      1. 6.2.1 Suelo propio y materiales ajenos
      2. 6.2.2 Materiales propios y suelo ajeno
      3. 6.2.3 Suelo ajeno y materiales ajenos
    3. 6.3 La denominada accesión invertida o construcción extralimitada
      1. 6.3.1 La construcción extralimitada y la inversión de las reglas de accesión
      2. 6.3.2 Requisitos de la accesión invertida según la jurisprudencia del Tribunal Supremo
      3. 6.3.3 Efectos de la accesión invertida: el pago del terreno invadido
    4. 6.4 Accesión de mueble a mueble
      1. 6.4.1 Unión
      2. 6.4.2 Mezcla o confusión
      3. 6.4.3 Especificación
  7. 7 La usucapión: ideas generales
    1. 7.1 Prescripción y usucapión
    2. 7.2 La usucapión como prescripción adquisitiva y modo originario de adquirir
    3. 7.3 Fundamento de la usucapión
    4. 7.4 Clases de usucapión: ordinaria y extraordinaria
    5. 7.5 Capacidad para usucapir
      1. 7.5.1 La prescripción del comunero
      2. 7.5.2 La eficacia general de la prescripción ganada
      3. 7.5.3 El ámbito objetivo de la usucapión
  8. 8 Posesión y transcurso del tiempo como requisitos generales
    1. 8.1 Posesión en concepto de dueño
    2. 8.2 Posesión pública
    3. 8.3 Posesión pacífica
    4. 8.4 Posesión ininterrumpida
  9. 9 Los especiales requisitos de la usucapión ordinaria
    1. 9.1 Buena fe
    2. 9.2 Justo título
  10. 10 Los plazos posesorios
    1. 10.1 En la usucapión ordinaria
    2. 10.2 En la usucapión extraordinaria
    3. 10.3 Cómputo de los plazos
      1. 10.3.1 La adición de períodos posesorios
      2. 10.3.2 La presunción de continuidad posesoria
      3. 10.3.3 Cómputo del plazo
  11. 11 Renuncia de la usucapión
La ocupación

Concepto y requisitos

Se habla de adquisición originaria cuando la titularidad dominical (o de cualquier otro derecho real) se obtiene con independencia del derecho del titular anterior, ya sea:

  • porque la misma adquisición coincide con el derecho (de propiedad), haciéndolo nacer o generándolo: tal ocurre en el supuesto de la ocupación de bienes muebles vacantes o abandonados.

  • Porque la titularidad-jurídico-real (propiedad o cualquier otro derecho real limitado, que sea susceptible de posesión) se consigue sin estar fundamentada en el derecho del titular anterior a través, por ejemplo, de la usucapión.

La forma más primaria e intuitiva de adquirir la propiedad consiste en apoderarse de algo que nadie tiene bajo su dominio y puede ser objeto de libre apropiación (recojo, por ejemplo, un pequeño meteorito caído en la finca o la perla de una ostra mientras hago pesca submarina).

Dicha forma de adquirir el dominio, de llegar a ser propietario de algo, es conocida en el mundo del Derecho con el término técnico de ocupación y se encuentra legalmente identificada en el art. 610 CC: "Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas".

Para que tenga lugar la ocupación, además de la idoneidad de los bienes sobre los que recaiga, se requiere la conjunción de dos circunstancias:

  1. Aprehensión material efectiva de la cosa,

  2. Ánimo o intención de hacerla objeto de su propiedad por parte del ocupante: ánimo de apropiación.

La aprehensión de la cosa

El requisito relativo a la aprehensión o apropiación corporal de la cosa ha sido puesta en duda por algunos autores, propugnando que la toma de posesión material de la cosa nullius no debe ser identificada exactamente con el acto de ocupación. En tal sentido, debería entenderse que se da igualmente la ocupación cuando el ocupante realiza los actos que la conciencia social generalizada considera adecuados para predicar la titularidad dominical de una cosa (por ejemplo, predicar a bombo y platillo que ha encontrado una escultura religiosa, aunque verdaderamente no haya posesión material de la cosa objeto de ocupación),

El ánimo de apropiación dominical

Para llevar a cabo la ocupación de algo no se requiere capacidad de obrar, ya que se considera que el acto jurídico en que consiste la ocupación puede ser ejecutado por cualquier persona que tenga aptitud psíquica suficiente para llevar a término la apropiación o aprehensión material de la cosa, aunque se trate de un menor o de un incapacitado. Sí parece, en cambio, exigible que el ocupante haya de tener voluntad y/o consciencia del hecho de la apropiación, ya que la toma de la cosa no ha de tener siempre virtualidad para generar la adquisición de la propiedad.

La carencia de dueño

La inexistencia de dueño puede deberse a circunstancias diversas:

  1. Puede tratarse de bienes vacantes propiamente dichos que no han tenido nunca dueño (la ostra o bien la pieza de caza o pesca).

  2. Pueden ocuparse igualmente los bienes que, aun habiendo tenido dueño dejan de tenerlo por haberlos éste abandonado. Se trataría pues de cosas abandonadas, que, legítimamente, pueden ser objeto de la apropiación por cualquier otra persona (por ejemplo, la revista que abandona una pasajera cuando llega a su destino y desciende del tren).

  3. Igualmente se consideran nullius, hasta su afloramiento, los tesoros ocultos, cuyos dueños -en el caso de ocultación consciente- lo fueron hasta el extremo de que mediante sus actos provocaron que dichos bienes no pudieran transmitirse a sus sucesores.

La exclusión de los bienes inmuebles del ámbito de la ocupación

El Código parece realizar en el art. 610 una enumeración enunciativa, no exhaustiva, de los bienes que pueden ocuparse. Históricamente, sobre todo en sociedades primitivas, la tierra ha sido objeto de apropiación, convirtiéndose automáticamente el ocupante en propietario de la misma.

Ley de Mostrencos y Ley de Patrimonio del Estado

Dicha regla, sin embargo, ha ido decayendo en los sistemas jurídicos modernos, de forma paralela con el fortalecimiento de los propios Estados durante el siglo XIX.

Actualmente, en Derecho español, la Ley del Patrimonio del Estado (Ley 89/1962, de 24 de diciembre, Texto articulado aprobado por Decreto de 15 de abril de 1964), atribuye la titularidad de los inmuebles vacantes (llamados así por no tener dueño) o los abandonados por sus dueños, directamente al Estado.

Dispone el art. 21 de la citada Ley de Patrimonio del Estado que “Pertenecen al Estado como bienes patrimoniales los inmuebles que estuvieren vacantes y sin dueño conocido” .

Los bienes a que se refiere el párrafo anterior se entenderán adquiridos, desde luego, por el Estado y se tomará posesión de los mismos por vía administrativa, salvo que se oponga un tercero con posesión superior a un año, pues en tal caso el Estado tendrá que entablar la acción que corresponda ante la jurisdicción ordinaria.

Por su parte, el art. 25.2, relativo a la usucapión contra el Estado, dispone que “Los particulares podrán usucapir a su favor los bienes y derechos patrimoniales del Estado de acuerdo con las leyes comunes”.

A juicio de algunos autores, tales preceptos, conforme a su tenor literal, deben ser interpretados en el sentido de que el Estado cuenta a su favor con una adquisición inmediata o automática de la propiedad de los bienes inmuebles vacantes, dado que la toma de posesión se realiza únicamente por vía administrativa (MORALES MORENO, MOREU BALLONGA, LACRUZ).

Por su parte, otros autores prefieren subrayar que el Estado no adquiere automáticamente, sino mediante el ejercicio de la acción correspondiente respecto de los bienes vacantes o abandonados, que - mientras tanto- habrían de seguir siendo nullius, pero, en ningún caso adquiribles por los particulares en virtud de ocupación (GARCíA CANTERO y quienes le siguen). Sobre este último aspecto, pues, existe prácticamente unanimidad: los particulares no pueden ocupar, pero sí usucapir (art. 25.2 LPE) los bienes inmuebles vacantes. Quizá en ello quepa encontrar la razón de ser de la última parte del artículo 21: si hay un poseedor con posesión superior a un año, el Estado habrá de ejercitar en todo caso la acción interdictal para evitar o interrumpir la prescripción adquisitiva o, en su caso, la reivindicación prevista en el artículo 22 Ley de Patrimonio del Estado (LPE), pero no cuando el bien no sea poseído por nadie.

Por tanto, parece preferible seguir la primera de las opciones doctrinales expuestas.

La regulación contemporánea: La Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas

La atribución de los inmuebles vacantes y sin dueño conocido la realiza la referida Ley exclusivamente en favor del Estado y no de las restantes Administraciones públicas. Naturalmente, apenas aprobado su Estatuto de Autonomía, la Generalidad de Cataluña preparó una Ley propia de patrimonio y se autoatribuyó la propiedad de los bienes vacantes existentes en su territorio. Sin embargo, por fortuna, la STC 5811982, de 27 de julio, declaró inconstitucional semejante norma autonómica. Ergo, las Comunidades Autónomas carecen de competencia para ocupar ex lege autonómica los inmuebles vacantes.

Se distingue a efectos de ocupación entre bienes muebles e inmuebles:

  • En relación con los muebles, se establece que la ocupación de bienes muebles por la Admón. Pública se regulará por el CC y las leyes especiales.

  • Respecto de los inmuebles vacantes, se sigue declarando que pertenecen a la Admón.. General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.

  • La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Admón.. De esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la admón..por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación al patrimonio.

  • La Admón.. podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos por vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño y sin perjuicio de los derechos de tercero.

  • Si existiere un poseedor en concepto de dueño, la admón. Habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Otros bienes excluidos de la ocupación

Igualmente, son atribuidos por otras leyes al Estado, ciertos bienes que se excluyen también de la susceptibilidad de ocupación por los particulares:

  • Los valores, dinero y bienes muebles constituidos en depósito en sociedades de crédito o entidades financieras cuando no se hayan producido respecto de los mismos actuaciones que impliquen el derecho de propiedad en el plazo de 20 años. (art. 29 de la Ley General Presupuestaria de 1977).

  • Los buques y aeronaves abandonados o perdidos (Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre Hallazgos Marítimos, y Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea).

La autoatribución de la propiedad de ciertos bienes vacantes o abandonados (en la práctica todos los de mayor relevancia económica) de que han venido haciendo gala los Estados modernos ha acabado reduciendo el papel de la ocupación a una institución puramente marginal.

Las cosas perdidas: el hallazgo

Si las cosas abandonadas stricto sensu pueden legalmente ocuparse, por el contrario, no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas (la pasajera, además de abandonar la revista, se deja en el tren -sin duda inadvertidamente- un magnífico abrigo de visón) ni las cosas abandonadas de forma necesaria o involuntaria (un automóvil averiado en una cuneta o la carga de un buque con avería a la gruesa).

En efecto, se apartaría notablemente de la idea de justicia un sistema jurídico que legitimase la apropiación de los objetos perdidos y por ello, tanto el CC cuanto otras disposiciones legislativas, establecen una serie de criterios normativos que, sin detrimento del premio o recompensa que pueda merecer el descubridor de la cosa perdida (o incluso su conversión en propietario), procuren la restitución a su legítimo dueño de lo que, inadvertidamente o por cualesquiera otros azares de la fortuna, hubiere perdido o se hubiere desposeído.

El régimen del Código Civil

Nuestro Código Civil regula con suficiente detalle la suerte de las cosas perdidas en los artículos 615 y 616, cuya mera transcripción será más que suficiente para hacerse una idea inicial del régimen jurídico básico de lo que doctrinalmente se denomina hallazgo; esto es, el encontrar una cosa mueble que no merezca la calificación de tesoro .

Conforme al art. 615 "El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo. El Alcalde hará publicar éste, en la forma acostumbrada, dos domingos consecutivos.

Si la cosa no pudiere conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se venderá en pública subasta luego que hubiesen pasado ocho días desde el segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio.

Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado .

Tanto éste como el propietario estarán obligados, cada cual en su caso, a satisfacer los gastos".

Por su parte, el art. 616, regula el supuesto de que el propietario reclame la cosa, estableciendo qué "Si se presentare a tiempo el propietario, estará obligado a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada. Cuando el valor del hallazgo excediese a 20€, el premio se reducirá al 5%". Por consiguiente, la primera idea que ha de resaltarse es que el descubridor o hallador de una cosa perdida se encuentra obligado a consignarla en la dependencias municipales. De no hacerlo, puede ser sancionado incluso por vía penal, al ser considerado reo de hurto o apropiación indebida.

Una vez que haya consignado debidamente la cosa encontrada, las facultades otorgadas por el CC al hallador son claramente distintas según aparezca o no el propietario de la cosa perdida y, en su caso, se produzca la consiguiente restitución:

La recompensa o premio

En el supuesto de que la cosa perdida sea restituida a su propietario, éste se encuentra obligado, como regla, a recompensar al hallador con una cantidad equivalente al cinco por ciento del valor de la cosa, salvo que el mismo propietario haya ofrecido públicamente una mayor recompensa.

La atribución de la cosa (o su valor) al hallador

Si transcurridos dos años, el propietario de la cosa no apareciere (o incluso apareciendo no reclamase la restitución de aquélla), el hallador tiene derecho a convertirse en propietario de la cosa o, en su defecto, al valor obtenido por su venta en pública subasta.

La adquisición en propiedad de la cosa se produce indudablemente de forma originaria en favor del hallador, bien se entienda fundada en una atribución ex lege (Pantaleón) o bien, como es más común entender, en una figura especial de ocupación originada por el abandono, consciente o no, realizado por el anterior propietario (Moreu Ballonga).

Los hallazgos regulados por leyes especiales

Es inadmisible que las mercancías arrojadas al mar para salvar un buque (sobre todo cuando se encuentra "a la vista de la costa") puedan ser consideradas carentes de dueño y, por tanto, susceptibles de ocupación Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.

Semejante constatación constituye el arranque de una serie de disposiciones legislativas que establecen parámetros normativos claramente diversos de los fijados por el Código Civil. Es el caso de: Ley 48/1960 de 21 de julio de Navegación Aérea; Ley 60/1962, de 24 de diciembre, reguladora de los Auxilios, Salvamentos, Remolques, Hallazgos y Extracciones Marítimos. Diversas órdenes Ministeriales relativas a los automóviles en situación de abandono.

Por tanto, hay que indicar que en general se niega en los supuestos de las leyes especiales al hallador la posibilidad de adquirir la propiedad de la cosa, por atribuírsela directamente el Estado.

El tesoro oculto

Concepto y regulación del Código Civil

Nuestro Código define al tesoro oculto en el art. 352 en los siguientes términos: "Se entiende por tesoro oculto, para los efectos de la Ley, el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste". Respecto de la definición pauliana recogida en el Digesto, ha desaparecido textualmente el requisito de la antigüedad o vetustez de los objetos que han permanecido ocultos, aunque no es seguro que pueda prescindirse de tal caracterización. Por lo demás, sigue nuestro Código, una vez más y de cerca, los patrones romanos, que exigen considerar la presencia de las siguientes notas o características:

  1. Carácter mobiliario y valioso de los bienes ocultos

    • la descripción legal de dinero, alhajas u otros objetos preciosos es naturalmente enunciativa, pero establece el presupuesto de que los bienes encontrados han de ser muebles y, por otra parte, valiosos. "Preciosos" dice el precepto, es decir, "de precio", en el sentido de costosos o valiosos, posiblemente porque la experiencia histórica demuestra que, en caso de ser intrascendentes económicamente, la invención de objetos ocultos no presenta problema alguno.

  2. Depósito oculto e ignorado

    • los muebles objeto de descubrimiento han de ser ignorados o deben haber estado escondidos u ocultos durante un período de tiempo que impida saber quién sea su actual dueño, aunque a través del propio descubrimiento pueda conocerse quién lo fue en el momento de su "depósito": así, por ejemplo, en el caso de la STS de 27 de junio de 1988, en el que el descubrimiento de una lata o bote con su contenido de monedas y documentos, a través de estos últimos, permitió determinar con total certidumbre quién fue su propietario en el momento del depósito. Por tanto, el término "depósito" debe entenderse en su sentido convencional y usual de colocación, ubicación, guarda o ocultación en cualquier lugar o escondrijo (y no, por supuesto, en sentido técnico). La ocultación puede haberse generado por la propia actuación humana, pretendiendo ocultar a la codicia ajena determinados bienes valiosos, o por cualesquiera otras circunstancias, incluidas por supuesto las geológicas, relativas a los yacimientos propiamente dichos.

  3. Falta de legítimo dueño

    • conforme a la relación enunciativa del artículo 610, el tesoro oculto (junto con la caza y pesca y, de otra parte, las cosas muebles abandonadas) constituye un "bien apropiable por naturaleza que carece de dueño". Dada tal premisa, es natural que el Código, al definir el tesoro en el artículo 532, siga requiriendo que el tesoro carezca de dueño, circunstancia que será más fácil de acreditar cuanto más antiguos sean los objetos hallados (STS 17 de abril de 1951), pese a que -conforme a la dicción legal- los objetos que constituyan el tesoro no han de ser necesariamente antiguos.

Por ello, en rigor, no resulta tan diáfano prescindir de la antigüedad de los bienes descubiertos, como se deduciría de una lectura prima facie del artículo 352, ni siquiera de la antigüedad del propio depósito en relación con aquellos casos en que la ocultación o el resguardo de bienes preciosos ha sido realizado conscientemente por alguna persona. Así lo acredita el análisis de la jurisprudencia.

Reglas de atribución

El tesoro pertenece, en principio, al dueño del terreno en que hubiese sido hallado, conforme al art. 351.1. No obstante, si quien descubre o halla el tesoro lo hace por casualidad y es persona diferente al dueño del terreno, "la mitad se aplicará al descubridor" (art. 351.2).

Pese a que el art. 351 hable "del terreno en que se hallare" el tesoro, éste no tiene por qué encontrarse necesariamente "enterrado" en el suelo o en el terreno, sino que, como contemplan algunas de las sentencias referidas, el tesoro puede encontrarse oculto en algún bien mueble (máquina abandonada en un cobertizo, mueble librería con o sin doble fondo, etc.).

En segundo lugar, conviene precisar que si el descubrimiento se lleva a cabo por una persona en "propiedad ajena", sus efectos son los mismos que si tal propiedad corresponde al Estado o a cualesquiera otras corporaciones públicas. Por tanto, el pasaje normativo del artículo 351.2 que describe "el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, ..." es redundante.

El descubrimiento realizado por el dueño

En tal supuesto, conforme al artículo 351.1, el tesoro pertenece al dueño, quien, según el artículo 610, lo adquiere por ocupación, dado que la propia norma sienta como premisa que el tesoro oculto carece de dueño. De forma expresa, prevé el artículo 1632.2 que el enfiteuta "Tiene los mismos derechos que corresponderían al propietario en los tesoros y minas que se descubran en la finca enfitéutica" (Es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio). En sentido antagónico, la segunda proposición del artículo 471 establece que el usufructuario "respecto de los tesoros que se hallaren en la finca, será considerado como extraño". En consecuencia, cualquier poseedor o usuario de la finca por cualquier título -salvo el de enfiteusis- debe ser considerado tercero a efectos de atribución de los tesoros ocultos.

El descubrimiento casual realizado por tercero

En el caso de que el descubridor del tesoro sea cualquier otra persona diferente al dueño, el hallazgo determina que "la mitad se aplicará al descubridor".

Dicha expresión puede entenderse tanto al valor de las cosas preciosas objeto del descubrimiento, cuanto a ellas mismas consideradas, atribuyéndose al descubridor la mitad de su valor, o en cambio, una cuota de copropiedad ordinaria del 50% sobre el tesoro. La doctrina actual considera preferible predicar la situación de copropiedad entre el propietario y el descubridor. Por tanto, ninguno es titular de un derecho de crédito frente al otro.

Requiere el Código que el descubrimiento tenga lugar por casualidad, es decir, por azar o fortuna, con ocasión de tareas o actividades que no se encuentren dirigidas precisamente a la búsqueda de un posible tesoro oculto. El ejemplo paradigmático (y al tiempo real) es el descubrimiento de escondrijos con ocasión de la demolición de edificios por parte de los albañiles o peones que, en el curso de una obra, realizan el descubrimiento de las cosas atesoradas por sus antiguos dueños. En tal caso, la jurisprudencia (al menos, la llamada menor) ha tenido ocasión reiterada de afirmar que es el propio albañil quien debe ser considerado descubridor y no el contratista de la obra (aunque simultáneamente sea propietario del inmueble) de demolición o reparación.

La adquisición de la copropiedad del tesoro en favor del inventor o descubridor se genera en virtud de ocupación de forma automática o simultáneamente con el descubrimiento, ya que al aflorar o aparecer un nuevo bien nullius, la Ley prevé tal adjudicación no por entero, sino exclusivamente por mitad.

Primacía de los intereses generales: legislación de Patrimonio Histórico

Pese a su antigüedad, el Código se preocupaba de recalcar en el párrafo tercero del art. 351 que "Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado". Esto es, se habilitaba legalmente al Estado para expropiar los tesoros ocultos que fueran interesantes desde el punto de vista científico o artístico.

En dicha línea, otras disposiciones legales posteriores se han ido encargando de reducir paulatinamente el ámbito de aplicación de los preceptos del Código Civil. Inicia dicha evolución la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas y Conservación de Ruinas y Antigüedades (su Reglamento fue aprobado por RD de 1 de marzo de 1912). Aunque sigue manteniendo la indemnización al descubridor y al dueño del terreno (art. 5), el tesoro no pertenece ya al propietario del terreno ni al descubridor, sino al Estado.

La vigente Ley de Patrimonio Histórico (Ley 16/1985, de 25 de junio) invierte los principios establecidos en el Código Civil y cierra el proceso de negación de la ocupación en favor de los particulares respecto de los bienes muebles que se consideran integrados en el Patrimonio Histórico Español.

Para ello, establece la Ley, entre otras cosas lo siguiente:

  1. "En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 CC" (art. 44.1 Ley de Patrimonio Histórico, tercer inciso), pues la Ley establece sus propias reglas de resolución del supuesto de hecho tanto respecto de la atribución de la titularidad dominical del tesoro cuanto respecto del premio otorgado al descubridor y/o propietario del terreno.

  2. En relación con el primer punto, los referidos bienes se califican sin ambages como bienes de dominio público (art. 44.1 LPHco, primer inciso: "Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar"). La amplitud del texto transcrito permite concluir que tales bienes son objeto de automática adquisición por parte del Estado, incluso en el caso de que las circunstancias de hecho pudieran avalar que el actual titular dominical del inmueble fuere heredero, por ejemplo, de quien llevó a cabo el enterramiento -en el siglo XVI- de un conjunto de monedas de curso legal bajo el reinado de Carlos I o de piedras preciosas traídas de las Indias.

  3. Respecto al premio otorgado al descubridor y/o propietario del terreno, dispone el artículo 44.3 LPHco. que "el descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales". El descubridor tiene derecho al 50% del tesoro aunque sea bien mueble o inmueble.

  4. El descubridor está obligado a comunicar el descubrimiento a la Administración competente (art. 44.1 LPHco). Caso de no hacerlo, tanto el descubridor cuanto el propietario del terreno perderán el derecho al premio anteriormente reseñado.

Por tanto, cabe concluir que la ocupación del tesoro oculto queda radicalmente excluida respecto de los bienes de valor histórico, en sentido amplio .

Referencia a la caza y la pesca

Son, ambos, conceptos de general y común entendimiento que no merecen mayores circunloquios.

El Código Civil no regula ni una ni otra; se limita a afirmar que "el derecho de caza y pesca se rige por leyes especiales" (art. 611), de carácter señaladamente administrativo, que actualmente constituyen un verdadero enjambre normativo, dado que la generalizada competencia de las CCAA en ambas materias han puesto una absoluta eclosión de disposiciones legales.

Con alcance nacional siguen rigiendo disposiciones, como: Para la Caza: Ley de 1970; Reglamento aprobado por Decreto 506/1975 de 25 de marzo; la Pesca: se regulará por la legislación general de Medio Ambiente; la Pesca fluvial: Leyes de 1942; de 31 de mayo de 1966; y la Pesca marítima: Decreto Ley de 1928 y Ley de 1967.

Frente a la regla general de la ocupación (exigencia de aprehensión de la cosa), en caza y pesca basta con que las piezas hayan sido abatidas o atrapadas, a través del instrumental propio de cada una de las suertes, aunque todavía no haya llegado a aprehenderlas material y efectivamente, para considerarlas como propias del cazador o pescador.

Animales escapados

Nuestro Código, siguiendo la tradición histórica del Derecho romano, considera en el artículo 465 (en sede de posesión, por tanto) que "los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si conservan la costumbre de volver a casa del poseedor".

Por su parte, en materia de ocupación (arts. 612 y 613), contempla el Código los enjambres de abejas, la situación de pérdida de los animales amansados o domesticados y, finalmente, el hecho de que animales de criadero pasen de un criadero a otro.

Debe destacarse que el régimen jurídico propio de los animales domésticos es el mismo que el de las restantes cosas muebles. Conforme al art. 465, también tendrán el mismo tratamiento los animales domesticados si tienen el hábito de retornar con su verdadero dueño (animus revertendi en las fuentes históricas). El art. 612.3, sin embargo, dispone que "El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y conservado". Parece que cabe ocupación de tal clase de animales, aunque realmente la aplicación de las reglas generales, en caso de reclamación del propietario, debería llevar a la solución contraria.

"El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste el daño causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. Cuando el propietario no haya perseguido o cese de perseguir el enjambre dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo". La problemática considerada en tales pasajes normativos puede considerarse propiamente como de ocupación.

El art. 613, finalmente, considera que "Las palomas, conejos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro criadero perteneciente a distinto dueño, serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o fraude".

La accesión

La idea inicial de accesión la proporciona el art. 353 CC, disponiendo que "La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente".

La accesión supone la atracción o absorción de una cosa accesoria por otra de mayor valor o principal que otorga al propietario de esta última la facultad de apropiarse de aquélla, conforme al viejo brocardo o principio formulado con la expresión latina accesorium sequitur principale (la cosa accesoria sigue la suerte de la principal, podríamos decir), que constituye la idea inspiradora de la regulación del Código, siguiendo las matrices romanas, aunque realmente no se encuentre recogido en precepto alguno de carácter general. En tal sentido, técnicamente hablando, por imperativo de la ley, la accesión constituye un modo de adquirir la propiedad de las cosas accesorias, aunque no sea objeto de mención explícita en el art. 609 CC.

Accesión de inmueble a inmueble

Bajo tal denominación suelen estudiarse los cuatro supuestos de incrementos fluviales ya conocidos y regulados por el Derecho romano como casos de accesión en favor de los predios a causa de la aportación de las aguas o de las crecidas de los ríos: alluvio, avulsio, alveus derelictus, e insula in flumine nata.

Actualmente, tales supuestos carecen realmente de general trascendencia, pues la regulación de las aguas fluviales mediante embalses y la escasez de lluvias en larguísimos períodos de sequía ha disminuido la importancia de esta cuestión. Aunque en caso de aluvión, avulsión, mutación de cauce o formación de isla se producen de forma natural, esto es, a consecuencia de los propios fenómenos naturales (lluvia, deshielo, etc.), las normas a aplicar con carácter general son las tradicionales normas civiles.

En cambio, si las modificaciones en la extensión de las fincas de los territorios ribereños tuvieran - lugar a consecuencia de la intervención humana, el segundo inciso del artículo citado dispone que respecto de "las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente".

Para los supuestos de que , sin concesión o autorización, se llevaren a cabo obras que incidan sobre los cauces fluviales y pudieran originar daño a los predios ribereños, habrá de estarse a las reglas generales, sean a las propias administrativas contenidas en la Ley de Aguas, sean a las civiles características de la responsabilidad extracontractual.

Aluvión y avulsión

En términos geológicos, se denominan terrenos de aluvión los que quedan al descubierto después de las avenidas de agua . Por tanto, el fenómeno físico del aluvión consiste en el incremento que pueden sufrir los terrenos ribereños de los ríos a consecuencia del depósito de los distintos materiales que puedan portar o arrastrar las aguas fluviales en caso de crecida.

Jurídicamente, sin embargo, nuestro Código obliga a distinguir entre los supuestos de aluvión y de avulsión. El primero de ellos quedaría reservado a los casos en que el depósito de tierra o materiales se produce de forma paulatina y constante, sin que exista propiamente avenida de aguas; mientras que, por el contrario, las corrientes torrenciales o las grandes avenidas podrían originar el supuesto de avulsión.

En tal sentido, establece el art. 366 CC que "Pertenece a los dueños de las heredades confinantes con las riberas de los ríos el acrecentamiento que aquéllas reciben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas". Por tanto, el posible aumento de la extensión territorial de la finca lo hace suyo el propietario en virtud de la accesión.

En cambio, los linderos físicos de las fincas propiamente dichos no quedan afectados por la "subida" o "bajada" del nivel de las aguas de los estanques o lagunas.

Los dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas inundan en las crecidas extraordinarias.

A la misma conclusión ha de llegarse ahora en relación con los terrenos adyacentes a los cauces de los ríos, según la Ley de Aguas que dispone que: Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren.

En cuanto a los descenso de las aguas fluviales, ha de tenerse en cuenta también la ley de Agua, que considera: Álveo o cause natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Siendo así que los causes fluviales constituyen en todo caso dominio público hidráulico del Estado, desapareciendo totalmente la corriente de agua, el propietario de los terrenos ribereños no tiene facultad de accesión alguna en relación con el cause.

Como ya se ha indicado, la avulsión implica una extraordinaria avenida de aguas que, violentamente (no, por tanto, paulatinamente), provoque de forma brusca e irrefrenable la separación o extirpación de un trozo de terreno o arbolado de una finca para, aguas abajo, depositarlos en otra finca perteneciente a distinto dueño.

Nuestro Código regula, respectivamente, ambos supuestos en los arts. 368 y 369. En el primero de ellos establece el Código (separándose de la tradición histórica) que "cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega de una heredad de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a otra heredad, el dueño de la finca a que pertenecía la parte segregada conserva la propiedad de ésta".

Respecto del arbolado (o, debe entenderse, plantación en general), el art. 369 dispone que "Los árboles arrancados y transportados por las corrientes de las aguas pertenecen al propietario del terreno donde vayan a parar, si no los reclaman dentro de un mes los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro".

Mutación de cauce

El fenómeno consiste, obviamente, en la circunstancia de que las aguas de un río varían su curso, se desvían del terreno que hasta entonces ocupaban, pasando a anegar otras tierras. Tal supuesto de hecho se denomina también, aunque a mi juicio más impropiamente, cauce abandonado.

El Código Civil regula la mutación de cauce en los arts. 370 y 372, dedicando el precepto intermedio (art. 371) a la formación de islas.

Para el Código, los terrenos ocupados por el cauce abandonado acrecen, en virtud de accesión, las fincas o heredades ribereñas, en dependencia del supuesto de hecho concreto:

  • Si la finca ribereña ocupa ambos márgenes del cauce abandonado, conforme a la primera proposición del art. 370, los terrenos liberados pertenecerán al propietario de aquélla.

  • Si se abre un nuevo cauce en dicha finca (fenómeno nada extraño, sobre todo en caso de largas sequías seguidas de lluvias torrenciales), con abandono del anterior, respecto -del abandonado habrá de aplicarse lo establecido por el art. 370 (accesión a favor del propietario), mientras que los terrenos ocupados por el nuevo cauce habrán de considerarse, de dominio público, según establece el artículo 372.

  • "Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños -concluye el art. 370-, la nueva línea correrá equidistante de unas y otras". Esto es, el cauce se dividiría longitudinalmente entre los propietarios de las fincas de una y otra ribera.

Probablemente la regulación civil se haya afectado por la Ley de aguas, pues actualmente los cauces de las corrientes naturales, sean continuas o discontinuas, constituyen siempre dominio público hidráulico del Estado. Antes la accesión a favor de los propietarios de los predios ribereños tenía lugar de forma indubitada.

Formación de isla

El posible debate sobre la accesión en relación con las islas formadas ex novo queda limitado al supuesto de que su nacimiento se produzca en los ríos que no sean navegables ni flotables.

En efecto, el propio art. 371 CC preceptúa que "Las islas que se forman en los mares adyacentes a las costas de España y en los ríos navegables y flotables, pertenecen al Estado". Por otra parte, propiamente hablando tampoco existe, derecho de accesión cuando la corriente de un río, al dividirse en distintos brazos (caso típico de los estuarios o de los cauces con mínima pendiente), produce la separación de porciones de una misma finca. En tal caso, el art. 374 sigue reconociendo la propiedad del titular originario de la finca.

Para el caso de que el nacimiento de la isla acaezca en los restantes ríos (sólo respecto de los tramos hasta donde no lleguen las mareas) y se dé el supuesto de accesión, ha de atenderse a lo establecido en el art. 373 CC: "Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a los de ambas márgenes si la isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente, por mitad. Si una sola isla así formada distase de una margen más que de otra, será por completo dueño de ella el de la margen más cercana".

Accesión de mueble a inmueble

El segundo gran grupo de supuestos a considerar en materia de accesión viene representado por el hecho de que determinados bienes muebles (materiales de obra, árboles o plantaciones, y semillas o siembra: inaedificatio, plantatio y satio en las fuentes romanas) se incorporen al suelo, bien inmueble por antonomasia.

El principio general que sienta el Código al respecto se formula en el art. 358: "Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos (de los predios) con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes". Esto es, lo principal es el suelo y lo accesorio la construcción, plantación o siembra llevadas a cabo en dicho suelo. Por tanto, el propietario del terreno o dominus soli adquiere por accesión todo cuanto a él se incorpora.

La posición del titular dominical del suelo se ve reforzada además por la presunción establecida en el art. 359: "Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario". Se presupone, pues, salvo prueba en contrario, que el dominus soli ha realizado todas las obras y plantaciones que recaigan sobre el terreno. De tal manera, quien haya llevado a cabo la incorporación de los bienes muebles al inmueble habrá de acreditar, que las codiciones inicialmente presupuesta en el 359 no se dan en el caso concreto.

En el caso de probarse que la incorporación al inmueble fue realizada por persona distinta al propietario del suelo, la pugna o tensión de intereses entre ambas personas sigue existiendo, sobre todo en el caso de que la actuación del incorporante haya sido de buena fe. Es necesario considerar los distintos supuestos que puedan darse.

Suelo propio y materiales ajenos

Establece al respecto el art. 360 CC que "El propietario del suelo que hiciere en él, por sí o por otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, debe abonar su valor; y, si hubiere obrado de mala fe, estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. El dueño de los materiales tendrá derecho a retirarlos sólo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida, o sin que por ello perezcan las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas".

Al anterior dueño de los materiales su derecho real, por obra y gracia de la incorporación, se le convierte en un mero derecho de crédito, consistente en reclamar el valor de los materiales. Nace pues una obligación en sentido técnico entre el dominus soli y el dueño de los materiales, cuyo alcance varía según que aquél haya actuado de buena o de mala fe:

  • En el primer caso, el dueño del suelo habrá de entregar únicamente el valor dinerario de los materiales en el momento de la incorporación.

  • En el segundo caso, al valor de los materiales habrá de añadirse el resarcimiento de los daños y perjuicios.

El tratamiento legal de la cuestión es francamente criticable y parece legitimar la intervención del dominus soli en la suerte y fortuna de los materiales ajenos, extralimitando las consideraciones acerca del valor de los bienes inmuebles hasta extremos difíciles de defender.

Materiales propios y suelo ajeno

El revés de la medalla del supuesto anterior se presenta en el caso de que el dueño de los materiales sea quien, de buena o de mala fe, adopta la iniciativa (desgraciada para él, como en seguida veremos) de incorporarlos al suelo ajeno. Dada la prevalencia otorgada a los bienes inmuebles, el Código reacciona con extraordinaria dureza (si no saña) contra el incorporante, incluso en el caso de que haya actuado de buena fe.

Actuación de mala fe

Si quien incorpora los materiales ha actuado de mala fe, pierde irremisiblemente "lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a indemnización" alguna (art. 362), pues todos los materiales los hace suyos en virtud de accesión el propietario del suelo, si así le conviene o le interesa.

En caso de que el dominus soli considere que los materiales incorporados no son de su interés, puede además "exigir la demolición de la obra o que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo a costa del que edificó, plantó o sembró" (art. 363).

Actuación de buena fe

Incluso en el supuesto de que el incorporante haya actuado de buena fe, el Código se pronuncia abiertamente en favor del dominus soli, pues le atribuye la iniciativa en la pugna de intereses establecida. Será el propietario del suelo quien decida si hace suya la incorporación realizada o, por el contrario, obliga a situarse al incorporante en posición de comprador o de arrendatario:

  • Si el propietario del suelo opta por "hacer suya la obra, siembra o plantación", habrá de abonar al incorporante sólo los gastos necesarios y útiles (art. 361, por remisión a los arts. 453 y 454).

  • Si el propietario del suelo, en cambio, opta por la otra alternativa podrá "obligar al que fabricó o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente" (art. 361).

La concurrencia de mala fe o mala fe recíproca

El art. 364 dispone que, en caso de que ambos protagonistas del supuesto de hecho que venimos considerando hayan incurrido en mala fe, "los derechos de uno y otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe". "Se entiende haber mala fe por parte del dueño (del terreno) siempre que el hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse".

Buena fe del incorporante y mala fe del dominus soli

El supuesto descrito no es objeto de regulación por el Código, ni ha sido objeto de jurisprudencia reiterada. Doctrinalmente se ha propuesto que, en tales casos, debería llegarse a la conclusión de que el constructor o incorporante podría convertirse en propietario del suelo sin abonar cantidad alguna pero probablemente dicha opinión sea algo exagerada y poco acorde con el conjunto de la regulación del Código, pese a que la aplicación analógica y contrario sensu del art. 360 encuentra cierto fundamento.

Suelo ajeno y materiales ajenos

Rizando el rizo de cuanto venimos viendo, ha de considerarse finalmente el supuesto de que el incorporante, utilizando materiales ajenos, actúe sobre suelo igualmente ajeno.

El supuesto, sin lugar a dudas, es sumamente raro en la práctica y no ha sido objeto de aplicación por parte del TS. No obstante, es objeto de contemplación por el Código Civil en su art. 365.

Conviene resaltar inicialmente que, ahora, la situación jurídica en su conjunto requiere considerar la presencia de tres protagonistas: el dueño del suelo (sobre el que se edifica, siembra o planta); el dueño de los materiales; y, finalmente, quien lleva a cabo el acto de edificación, plantación o siembra: el incorporante. Sin embargo, a efectos de accesión propiamente dicha, el artículo 365 no deroga las reglas generales en la materia, ya consideradas con anterioridad: en principio, el dueño del suelo, en virtud de la accesión, hace suyos los materiales objeto de incorporación al inmueble.

Dando tal resultado por realizado y para evitar la producción de un enriquecimiento injusto en favor del dominus soli, el apartado primero del artículo 365 lo convierte en deudor subsidiario del valor de los materiales frente al dueño de los materiales que no haya actuado de mala fe, siempre y cuando tampoco el incorporante haya actuado de mala fe: "el dueño del terreno deberá re sponder de su valor subsidiariamente y en el solo caso de que el que los empleó no tenga bienes con que pagar".

En caso de que el incorporante haya actuado de mala fe, el propio apartado segundo del artículo 365 se remite al artículo 363, en cuya virtud el dominus soli puede exigir la reposición del inmueble al estado en que se encontraba antes de haberse llevado a cabo el acto de incorporación.

La denominada accesión invertida o construcción extralimitada

La construcción extralimitada y la inversión de las reglas de accesión

En particular, el conflicto de intereses derivado de la construcción de un moderno edificio de numerosas plantas (y, por tanto, de altísimo valor económico), realizado básicamente en terreno propio, pero en la que, actuando de buena fe el constructor, invada parcialmente una parcela de terreno ajeno, plantea ribetes de difícil solución si ha de atenderse exclusivamente a los criterios normativos expresamente recogidos por el Código en el articulado que venimos analizando.

Habiendo sido construido el edificio principalmente en terreno propio y siendo indivisible, la directa aplicación del art. 361 (“el dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantere de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización... o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró la renta correspondiente”) ha sido considerada inadecuada y, por consiguiente, la jurisprudencia del TS ha terminado por llegar a la conclusión de que, frente a una laguna normativa, debía resolver ponderando los intereses en juego y aplicando los principios que se deducen del conjunto de los preceptos dedicados a regular la accesión y, en particular, la accesión de mueble a inmueble.

Actuando así y manteniendo el valor del principio de que lo accesorio sigue a lo principal , la jurisprudencia ha acabado por declarar que, en realidad, en supuestos como los descritos (sumamente frecuentes en la práctica, aunque sea por cuestión de metros) había de entenderse que lo principal era el edificio y lo accesorio el suelo, dando lugar a una composición de intereses que actualmente se conoce con el nombre de accesión invertida o de construcción extralimitada.

La composición de intereses jurisprudencialmente establecida consiste en que el suelo ajeno parcialmente utilizado accede al dueño de la edificación, si bien con la obligación de abonar su valor al dueño de aquél .

Requisitos de la accesión invertida según la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Los requisitos que deben darse en el caso litigioso para que se dé la accesión invertida, son los siguientes:

  1. Que el edificio se haya construido en suelo propio del constructor (o edificante) y, en parte, en suelo ajeno: el terreno ajeno ha de ser colindante o aledaño al propio del constructor y, respecto de su extensión, no puede ser superior a la propia del terreno perteneciente al constructor. Si únicamente se han realizado tareas previas o preparatorias de la verdadera edificación (movimientos de tierra o acopio de materiales, por ejemplo) el propietario del suelo invadido puede detener el efecto propio de la accesión invertida. Igualmente resulta inaplicable la doctrina de la accesión invertida si el propietario del suelo invadido se opone en cualquier momento inicial de la construcción. Por contra deviene aplicable si el dueño del terreno deja hacer y no se opone hasta que se encuentra finalizada la construcción.

  2. Que las dos partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible.

  3. Que el edificio en su conjunto tenga un valor económico superior al valor del suelo invadido (aunque a veces se dice que ha de considerarse exclusivamente el valor de la parte del edificio construida sobre el suelo ajeno)

  4. Que haya buena fe por parte del constructor o incorporante: se trata de un elemento primordial del supuesto de hecho, que implica la ignorancia del constructor de que el suelo sobre el que construye no le pertenece, por lo que, en caso contrario, no puede darse la accesión invertida.

  5. Inexistencia de relaciones contractuales entre constructor y dueño del suelo parcialmente invadido: la STS de 1 de febrero de 1979, apoyándose en la de 14 de junio de 1956, establece que "la accesión invertida nada tiene que ver con las obras y edificaciones realizadas por el arrendatario o el usufructuario, que vienen reguladas por su específica normativa..., ni con las llevadas a cabo por un adquirente del predio en virtud de contrato extinguido por resolución".

Efectos de la accesión invertida: el pago del terreno invadido

Dándose los requisitos exigidos, es obvio que la accesión invertida determina la adquisición por el constructor de la propiedad del terreno invadido y el nacimiento a favor del dueño de éste de un derecho de crédito, consistente en obtener el valor de la porción de terreno de que se ha visto privado.

Ante la inexistencia de regla legal alguna sobre el particular, ¿como habrá de valorarse el terreno invadido? ¿Habrá de pagar el constructor únicamente el valor de la franja de terreno indebidamente ocupada o habrá de indemnizar, además, cualesquiera otros perjuicios?

El TS, acudiendo indistintamente al art. 1902 CC o a la idea de equidad, ha acabado por considerar que la indemnización "reparadora" a favor del dueño del terreno invadido, además de su valor y de los correspondientes intereses legales, debe comprender todos los daños y perjuicios que se le hubieran irrogado o "todo el quebranto o menoscabo patrimonial que repercuta sobre el resto de la finca a causa de la segregación producida".

Accesión de mueble a mueble

Los supuestos de posible accesión entre bienes muebles se encuentran regulados en el Código Civil español en los artículos 375 a 383, bajo la rúbrica del derecho de accesión respecto a los bienes muebles. Según quiere la tradición, dichos artículos, inspirados muy de cerca en las fuentes y recopilaciones romanas, obligan a distinguir entre los supuestos de unión (o adjunción), mezcla (también denominada confusión o conmixtión) y especificación.

Unión

Conforme al art. 375, la unión o adjunción tiene lugar "Cuando dos cosas muebles, pertenecientes a distintos dueños, se unen de tal manera que vienen a formar una sola cosa ..." que sufriría detrimento si se pretendiera recuperar la forma primitiva de sus componentes. El art. 378 a su vez establece "Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación. Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embellecimiento o perfección de otra, es mucho más preciosa que la cosa principal, el dueño de aquella puede exigir su separación, aunque sufra algún detrimento la otra a que se incorporó".

En caso de resultar posible la separación de los componentes no estaríamos frente a un problema de accesión, sino de eventualidad. El problema básico que plantea la unión radica en determinar cuál de sus componentes debe considerarse "cosa principal" y cuál "cosa accesoria". A tal efecto, el Código utiliza diversos criterios:

  • El primero de ellos, recogido en el art. 376, consiste en reputar cosa principal "aquella a que se ha unido otra por adorno, o para su uso o perfección".

  • Semejante criterio puede resultar sumamente impreciso. Por ello, en el artículo siguiente establece el Código que, en caso de insuficiencia, será cosa principal "el objeto de mayor valor, y entre dos objetos de igual valor, el de mayor volumen" (art. 377.1)

  • En todo caso, ejemplifica el Código "en la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino".

Posiblemente haya de considerarse como criterio verdaderamente rector de la calificación de las cosas unidas el referido al valor respectivo de ellas.

Conforme a lo expuesto, la atribución de la propiedad de la cosa resultante depende naturalmente de la actitud o disposición con que haya actuado el responsable de la unión:

  1. Si la unión se produce sin intervención de mala fe por parte de los dueños de las cosas unidas o con aquiescencia de ambos (art. 379.3), el propietario de la principal adquiere, por accesión, la accesoria, indemnizando su valor al dueño de ésta (art. 375).

  2. Si el dueño de la cosa principal actúa de mala fe, el dueño de la cosa accesoria "tendrá derecho a optar entre que aquél le pague su valor o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya que destruir la principal; y en ambos casos, además, habrá lugar a la indemnización de daños y perjuicios" (art. 379.2).

  3. Si quien actúa de mala fe es el dueño de la cosa accesoria, "pierde la cosa incorporada y tiene la obligación de indemnizar al propietario de la principal los perjuicios que haya sufrido" (art. 379.1).

Mezcla o confusión

Bajo dicha denominación (o la de conmixtión) regula el Código el hecho de que se produzca la mixtura de varias cosas pertenecientes a diferentes dueños de forma tal que, una vez mezcladas, no resulten separables. A tal efecto, es indiferente que se trate de líquidos (diversas partidas de mosto o vino), áridos (trigo, cebada) o de cualesquiera otros cuerpos sólidos (por ejemplo, aceitunas en la almazara).

Lo llamativo de la regulación ofrecida por el Código en los artículos 381 y 382 radica en que la mayor parte de los supuestos considerados no generan realmente fenómeno de accesión alguno, sino al contrario una situación de copropiedad ordinaria entre los dueños de las diferentes partidas de cosas que han sido objeto de mezcla o confusión.

La accesión únicamente se dará en el supuesto de que el responsable de la mezcla obrara de mala fe (confundiendo, supongamos, su propia cosecha con otra de notoria mejor calidad), pues en tal caso el art.382.2 establece que "perderá la cosa de su pertenencia mezclada o confundida, además de quedar obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa con que hizo la mezcla".

Por el contrario, no habrá accesión, sino establecimiento de una copropiedad sobre la masa común resultante de la mezcla, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando ambos dueños, voluntaria y conscientemente (para ahorrarse horas de molino, por ejemplo), llevan a cabo la mezcla.

  2. Cuando la mezcla se produce casualmente (art. 381) o, aunque el Código no lo indique expresamente, a consecuencia del acto de un tercero.

  3. Cuando la mixtura sea resultado de la actuación de uno de los dueños, pero obre de buena fe (art. 382 pr.).

Especificación

La especificación presupone que una persona, mediante su trabajo o esfuerzo, modifica o transforma una cosa mueble perteneciente a otra persona, dando lugar a la creación de una nueva especie, radical o esencialmente distinta de la cosa matriz. El ejemplo tradicional y por antonomasia del supuesto de hecho sería el caso de la escultura: quien esculpe o talla un figura sobre un bloque de mármol o piedra ajeno. En la pugna de intereses entre el dueño de la materia utilizada y la actividad que sobre ésta recae, el Código ofrece diversa solución según la buena o mala fe de quien lleva a cabo la especificación (denominado, si se desea, especificante) y, en caso de buena fe, atendiendo al valor respectivo de la materia y de la cosa creada.

Aunque el especificante haya actuado de buena fe, creyendo actuar sobre material propio y no ajeno, si la materia utilizada tuviere mayor valor o fuere "más preciosa" que la obra resultante, el Código opta por atribuir al propietario de la materia la facultad de optar por una de las actitudes siguientes:

  • "Quedarse con la nueva especie, previa indemnización del valor de la obra", o 

  • "Pedir indemnización de la materia" (art. 383.2), esto es, atendiendo al valor de la materia antes  de llevarse a cabo la especificación.

Si, por el contrario, la obra ejecutada tiene mayor valor que la materia utilizada (supuesto que resulta más frecuente), el especificante "hará suya la obra, indemnizando el valor de la materia al dueño de ésta" (art. 383.1).

Actividad realizada de mala fe: en tal caso "el dueño de la materia tiene el derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al autor, o de exigir de éste que le indemnice el valor de la materia y los perjuicios que se le hayan seguido" (art. 383.3). Se trata claramente de una opción a ejercitar por el dueño de la materia, quien desde luego no puede pretender, de forma simultánea, apoderarse de la nueva especie y, además, reclamar la indemnización.

La usucapión: ideas generales

Prescripción y usucapión

La falta de ejercicio de un determinado derecho o facultad puede conllevar su caducidad o prescripción. La continuidad posesoria, al contrario, conforme a derecho, puede comportar que el poseedor de un determinado bien devenga propietario del mismo.

Usucapión que quiere decir tanto como adquisición a través del uso o mediante uso.

Prescripción y usucapión son dos caras de una misma moneda. La conducta descuidada de una persona que no muestra interés hacia sus derechos, puede hacer que su ejercicio resulte a la postre imposible por haber prescrito. Por el contrario, la posesión puede consolidarse en propiedad a través de ciertos requisitos.

La prescripción y la usucapión tienen campos de aplicación muy diferentes:

  • La prescripción entra en juego respecto de toda clase de derechos, facultades y situaciones.

  • La usucapión, en cambio, tiene un campo de aplicación notoriamente más limitado: su juego queda reducido a la propiedad y a algunos de los derechos reales limitados.

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción la propiedad y los demás derechos (reales) sobre los bienes.

Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales; También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.

La usucapión como prescripción adquisitiva y modo originario de adquirir

El CC no utiliza el término usucapión, sino el de prescripción, término que le da un valor diferente dependiendo para que lo utilice, unas veces lo utiliza como prescripción propiamente dicha y otras como usucapión.

Para hacer la distinción entre usucapión y prescripción, al no utilizar el CC la expresión usucapión, la doctrina y la jurisprudencia utiliza el termino prescripción, a secas para la prescripción y la prescripción adquisitiva para la usucapión.

La usucapión es sencillamente la prescripción adquisitiva, basada en el hecho posesorio por el poseedor como derecho frente al titular anterior del derecho que pretende ser usucapido.

El poseedor adquiere la propiedad o cualquiera de los derechos reales posibles de forma originaria y no precisamente por transmisión.

La usucapión, por dispositivo legal, significa la pérdida de un derecho de propiedad sobre un determinado bien o el sometimiento de dicho bien al derecho real nacido a favor del usucapiente. Es un modo originario de adquirir la propiedad y los derechos reales.

Fundamento de la usucapión

El legislador considera oportuno que, bajo ciertos requisitos (que no son intrascendentes), devenga propietario o titular de un derecho real quien inicialmente no lo es.

El fundamento de dicha opción legislativa radica en la seguridad y en consideraciones de orden público.

La inactividad del titular anterior, es el fundamento subjetivo de la usucapión, En efecto, tanto en la doctrina cuanto en la jurisprudencia, se prefiere resaltar el aspecto objetivo de la cuestión considerada: las dudas e incertidumbres sobre la titularidad de los derechos en general y, en particular, de los derechos reales, constituyen una flagrante vulneración del principio de seguridad jurídica que ningún sistema normativo puede consentir.

Por tanto, debe primar el fundamento objetivo de la institución : la necesidad de establecer reglas seguras sobre la titularidad de los derechos, requeridas por el orden público, aunque no se adecuen siempre a principios de estricta justicia .

Clases de usucapión: ordinaria y extraordinaria

La continuidad posesoria es el substrato mínimo y común, pero no es el único. Se distingue entre usucapión extraordinaria y ordinaria.

En la usucapión extraordinaria se exigen unos plazos de continuidad posesoria más largos que en la ordinaria.

En la ordinaria, por compensación, además de la posesión con todas las características ya vistas, el Código requiere, de forma complementaria, buena fe y justo título en el poseedor usucapiente.

Capacidad para usucapir

Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos. Se trata, pues, de una norma de carácter general que, en consecuencia, remite obligadamente a otras normas particulares.

Los menores e incapacitados pueden adquirir la posesión de las cosas; pero necesitan la asistencia de sus representantes legítimos para usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor. Pueden comenzar el proceso prescriptivo, aunque para consolidar los derechos dimanantes de la usucapión necesiten el concurso y la asistencia de sus legítimos representantes. Basta la capacidad general para poseer, reconocida incluso a quienes no ostentan la plena capacidad de obrar.

La prescripción del comunero

La prescripción ganada por un copropietario o comunero aprovecha a los demás. El precepto aborda exclusivamente las relaciones entre la comunidad y la copropiedad frente al tercero cuyo bien o derecho ha sido usucapido por uno de los miembros de la comunidad y establece la regla del beneficio de la comunidad.

La eficacia general de la prescripción ganada

Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley.

Según ello, cualquier persona (incluidos menores o sometidos a tutela o curatela) puede verse privada de sus bienes y derechos por prescripción extintiva y, en consecuencia, la correlativa prescripción adquisitiva o usucapión, en su caso, puede beneficiar a la persona que cumpla los requisitos legalmente establecidos.

Para evitar el perjuicio de los menores o incapacitados el CC les concede la posibilidad de reclamar el correspondiente resarcimiento a costa de "sus representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción".

El ámbito objetivo de la usucapión

Dado que la posesión continuada constituye el presupuesto básico e ineludible de la usucapión, resulta obvio concluir que la usucapión debe recaer sobre el dominio o los derechos reales incidentes sobre la cosa objeto de posesión por parte del usucapiente.

"Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres".

En dicha norma el término prescripción debe ser entendido como usucapión y el término cosas debe ser objeto de interpretación amplia.

Así pues, excluidas las cosas extra commercium, en principio, la propiedad recayente sobre cualesquiera bienes es susceptible de ser adquirida mediante usucapión. Respecto de los restantes derechos reales limitados, el CC en algún caso declara, que ciertos derechos pueden adquirirse mediante prescripción adquisitiva (usucapión). Ocurre respecto al usufructo se constituye por ley, por voluntad de los particulares y por prescripción.

  • Así, contrario sensu, permite llegar a la conclusión de que las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse mediante usucapión.

  • el derecho de uso y de habitación, entiende que tales derechos pueden originarse a través de prescripción.

  • Por aplicación de las reglas generales son igualmente usucapibles las posiciones jurídicas derivadas de los censos.

  • el derecho de prenda ordinaria, en cuanto poseíble, es igualmente susceptible de usucapión.

En nuestro sistema normativo se entiende que sólo son susceptibles de usucapión los derechos reales, debiendo quedar excluidas del ámbito objetivo las situaciones jurídicas dimanantes de relaciones jurídicas de carácter obligatorio stricto sensu.

La usucapión no constituye fuente de las obligaciones, la posición de acreedor o de deudor sólo podrá nacer de lo establecido en la ley o de lo acordado por contrato.

Posesión y transcurso del tiempo como requisitos generales

Naturalmente, si la usucapión se asienta en la posesión, es claro que sólo podrán usucapirse (la propiedad de) aquellos bienes o (la titularidad de) derechos reales que son susceptibles de ser objeto de posesión y que, por tanto, la continuidad posesoria es el necesario punto de partida de todo el proceso adquisitivo por usucapión.

El Código exije, a efectos de usucapión, que la posesión sea "en concepto de dueño, pública, pacífica, y no interrumpida".

El poseedor se ha de comportar como dueño (o como titular del derecho real de que se trate) durante un determinado plazo temporal, sin que nadie discuta semejante señorío, para llegar a convertirse realmente en propietario (o en titular de otro derecho real susceptible de posesión).

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio

No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño o del titular de un mejor derecho a poseer.

Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión

En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión.

De otra parte, resulta claro que la posesión del usucapiente debe ser efectiva durante determinados plazos, además:

Posesión en concepto de dueño

Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio. Naturalmente dicho tenor literal se encuentra referido a la adquisición de la propiedad mediante usucapión y los términos legales deben adecuarse al supuesto en que cuanto se pretende usucapir no sea la propiedad sino un derecho real poseìble.

De ahí que si el poseedor que pretende usucapir actúa por mera tolerancia del dueño de la cosa, sus actos posesorios sean irrelevantes a efectos de usucapión.

Posesión pública

La actitud o actividad de quien pretende usucapir debe acreditarse mediante la realización de actos posesorios que manifiesten frente a los demás la creencia del usucapiente de que, verdaderamente, está ejercitando facultades que le competen.

Por consiguiente, si el usucapiente actúa mediante ocultación o de forma clandestina, su posesión es igualmente irrelevante a efectos de usucapión.

Posesión pacífica

La adquisición de la posesión por parte del usucapiente no haya sido llevada a cabo de forma violenta, pues en tal caso el vicio de origen que acarrea la posesión la inhabilita a efectos de usucapión.

Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas [esto es, usucapidas] por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, En segundo lugar, el carácter pacífico de la possessio ad usucapionem supone que, durante todo el período posesorio que haya de darse, el usucapiente no encuentra ni halla oposición por parte del verdadero propietario de la cosa.

Posesión ininterrumpida

La posesión ha de ser "... no interrumpida", la posesión ha de ser continuada e ininterrumpida.

Si se produjere cualquier acto de interrupción de la posesión, de conformidad con las reglas generales, dejaría de correr el plazo prescriptivo del usucapiente y se requeriría comenzar a computar el plazo prescriptivo otra vez desde el comienzo, La posesión se interrumpe, para los efectos de la prescripción [usucapión], natural o civilmente.

El CC califica de interrupción natural el cese o la pérdida de la posesión "por más de un año".

Considera que hay interrupción civil cuando se produce una citación judicial instada por el verdadero dueño o titular del derecho cuya usucapión se encuentra en curso. Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe la posesión.

La interrupción civil presenta características propias, que conviene subrayar. Si el proceso judicial instado por el verdadero dueño o titular termina estimando las razones de éste, la usucapión, además de quedar interrumpida, no habrá tenido lugar. En cambio se priva de efectos interruptivos a la citación judicial en los siguientes casos:

  1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales.

  2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia

  3. Si el poseedor fuere absuelto de la demanda.

Los especiales requisitos de la usucapión ordinaria

Para la prescripción [usucapión] ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas "con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley".

Por tanto, buena fe y justo título, son requisitos que han de añadirse a la existencia de posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida que, en todo caso, ha de estar presente, trátese de usucapión ordinaria o extraordinaria.

Buena fe

La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio (o su derecho real poseíble).

Así pues el usucapiente ha de tener creencia de legitimidad posesoria ad usucapionem y, simultáneamente, ignorancia de legitimidad posesoria.

Ha de demostrarse en términos objetivos que la situación del poseedor puede ser considerada de buena fe, por darse las dos circunstancias requeridas:

  1. que el usucapiente adquirió de quien tenía facultades transmisivas suficientes;

  2. que el acto o título transmisivo pueda ser considerado válido. Esta última circunstancia, como es obvio, conecta la buena fe con el requisito del justo título.

    • Salvo prueba en contrario, la posesión del usucapiente ha de ser considerada de buena fe.

    • La posesión inicial de buena fe se ha de seguir considerando en igual concepto salvo que "existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente".

Justo título

Además de justo, el título, debe ser verdadero y válido y debe probarse, pues no se presume nunca. Para colmo, este último extremo parece chocar frontalmente con el artículo 448, en el que se afirma que "El poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo".

Entendiéndose por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. Se trata por consiguiente, de que la posesión del usucapiente encuentre su punto de arranque en un título que aunque viciado objetivamente, por no ser suficiente en el caso concreto para efectuar la transmisión del dominio.

El entendimiento jurisprudencial de los requisitos del título a efectos de usucapión permite concluir que son títulos válidos y justos los contratos afectos por alguna causa de anulabilidad, rescisión, resolución o revocación.

Quedarían excluidos del ámbito de la usucapión ordinaria las enajenaciones de bienes de menores llevadas a efecto por los padres o guardadores legales sin la preceptiva autorización judicial o, por atentar contra la forma sustancial, la compraventa de bienes inmuebles realizada en documento privado.

Los plazos posesorios

Ya se ha adelantado que, precisamente, la razón de distinguir entre usucapión extraordinaria y ordinaria consiste en el acortamiento de los plazos previstos para esta última: cuando, además de la posesión, concurren los requisitos de buena fe y justo título.

En la usucapión ordinaria

Los bienes muebles se prescriben o, mejor, usucapen a los tres años.

Los bienes inmuebles se prescriben a los diez años de posesión continuada con buena fe y justo título, entre presente y 20 años entre ausentes.

En la usucapión extraordinaria

Sin necesidad de justo título, ni de buena fe, por la mera continuidad posesoria:

  • Se prescribe el dominio de las cosas muebles a los seis años.

  • El dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben a los treinta años (sin que haya distinción entre presentes y ausentes en este caso.

Cómputo de los plazos

La adición de períodos posesorios

El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, uniendo al suyo el de su causante.

Se trata, pues, de sumar o adicionar el período posesorio, a efectos de usucapión, del poseedor actual y el de su causante. En principio, pues, de acuerdo con el tenor literal del precepto, parece indiferente que el poseedor actual sea sucesor a título universal (como heredero) o a título particular (a través de contrato o cualquier otro acto válido en Derecho). Al primer tipo de los reseñados se le ha denominado tradicionalmente successio possessionis, reservándose la denominación de accessio possessionis para la transferencia a título particular.

La adición de periodo posesorios debe reservarse para la denominada accessio possessionis, dada la regla especial de la denominada posesión civilísima a favor de los sucesores mortis causa. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, si no se demuestra que tenía conocimiento de los vicios que le afectaban, pero los defectos de la posesión de buena fe no le aprovecharán sino desde la fecha de la muerte del causante.

La presunción de continuidad posesoria

Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera sido en época anterior, ha continuado siéndolo durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario .

Se trata, obviamente, de una presunción iuris tantum establecida en favor del poseedor, sea o no usucapiente, y que tiene como finalidad evitar que aquél deba aportar una prueba positiva de muy difícil realización.

Cómputo del plazo

El día en que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero; pero el último día debe cumplirse en su totalidad.

Naturalmente, a efectos del cómputo del plazo, los denominados días inhábiles a efectos administrativos o forenses se cuentan como si no fueran tales.

Cuando los plazos sean anuales, como ocurre en la usucapión, se computarán de fecha a fecha, lo que conlleva que el día final del cómputo anual será el correspondiente al día inmediatamente anterior al día inicial del plazo.

Renuncia de la usucapión

Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo, la renuncia puede realizarse tácitamente: cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el abandono del derecho adquirido.

Por lo que supone que el poseedor usucapiente, incluso una vez agotado el correspondiente plazo y habiendo obtenido a su favor la usucapión (usucapión ganada), puede renunciar a ella tanto expresa cuanto tácitamente, siempre que no lo haga en perjuicio de terceros.

Se prohíbe radicalmente la renuncia a la usucapión futura, en el sentido de que los particulares no pueden adoptar acuerdos que vulneren el significado propio de una institución, como la usucapión, fundada básicamente en el principio de seguridad jurídica.

Un problema distinto es el representado por la renuncia a la usucapión en curso , recayente pues sobre el plazo posesorio que sea, pero aún incompleto a efectos de ganar la usucapión.