Casos prácticos

Los principios del proceso

Principios relativos a la aportación del material fáctico: aportación e investigación

Supuesto de hecho

Luis presenta una demanda contra Manuel por unos daños causados en unos chopos de su propiedad. En el caso que nos ocupa, el demandante habría acreditado la existencia de los daños, mediante el informe de los agentes medioambientales aportado como documento nº 8 de la demanda, dicho informe no contiene una valoración de los daños ni un presupuesto del coste de reparación de los mismos, sino un mero conteo de los árboles que presentaban desperfectos.

Luis ingeniero agrónomo y por lo tanto experto y práctico en la materia valoró los daños sufridos en los chopos en 6.000€. Es decir el actor no señaló en ningún momento un precio medio por chopo sino un tanto alzado global, y es a éste al que se opuso la parte demandada en la contestación, a través de la negación frontal del Hecho Séptimo de la demanda.

Por su parte la Juez de instancia a lo largo del Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia, partiendo del dato insoslayable de la existencia de los daños y del origen de los mismos, infiere o deduce el alcance o cuantía de tales daños, estimando que, dada la edad de los chopos dañados y partiendo de un precio de mercado de entre 1,5 y 2 euros cada uno, establece que la indemnización debe ser fijada en un total de 800€, frente a los 6.000€ pedidos por el actor.

Cuestiones

  • ¿Es correcta la actuación de la Juez de Instancia?

  • ¿Podía el juzgador de instancia haber propuesto prueba pericial de oficio para determinar el valor de los daños? ¿Con base en qué preceptos de la LEC? ¿Estaba obligado a hacerlo? ¿Con qué fundamento legal?

  • ¿En qué procesos puede suplir el Juez la inactividad probatoria de las partes?

Derecho aplicable

Artículos 216 a 218, 281, 282, 429.1 y 435 de la LEC.

Principios relativos a la valoración de la prueba: prueba libre y prueba tasada

Supuesto de hecho

El laboratorio médico XXX, S.A. fue condenado a indemnizar a Dña. Luisa la suma de 7.401€, por los daños producidos por el consumo del medicamento ZZZ comercializado por dicho laboratorio para el tratamiento de sofocos y manifestaciones psicofuncionales de la menopausia confirmada. La condena trae causa de la demanda formulada por 91 mujeres perjudicadas por la administración del citado fármaco debido a los efectos secundarios que sufrieron y que no estaban previstos en el prospecto.

La sentencia analiza el material probatorio obrante en las actuaciones y concluye que los efectos adversos del medicamento no se hallaban descritos suficientemente en el prospecto, siendo la información en él contenida insuficiente e inadecuada en orden a posibilitar un consentimiento informado completo y suficiente para la ingesta del fármaco.

El laboratorio médico XXX recurre sosteniendo que la sentencia realiza un proceso deductivo ilógico y absurdo "cuando termina en un pronunciamiento contra la ciencia, sustituye al legislador, o realiza interpretaciones al margen del uso clínico ponderado y universal", y que no hay una prueba suficiente de la documentación clínica aportada.

Considera que el valor de su prueba documental y pericial es "diverso, rotundo, completo y especializado", y enfrente hay unos meros documentos privados "emitidos por médicos particulares de la actora tan escuetos como dubitativos a los que la sentencia concede alcance científico" y unas declaraciones de las demandantes.

Cuestiones

  • ¿Existe una preferencia entre una prueba y otra? ¿Qué criterios debe utilizar el Juez para valorar una prueba?

  • ¿Qué sistema considera que es jurídicamente más seguro: la prueba libre o la prueba tasada?

Derecho aplicable

Artículos 316, 319, 326, 348 y 376 de la LEC.

Los principios del procedimiento

Supuesto de hecho

La Dirección General de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias tramitó expediente administrativo relativo a la declaración de situación de desamparo -provisional y definitivo- y acogimiento familiar preadoptivo respecto del menor Gonzalo sin que la madre se personara en el procedimiento e interpusiera recurso alguno frente a las resoluciones administrativas relativas a la declaración solicitada.

Seguido el procedimiento la Ilma. Magistrado-Juez, dictó auto el 11/10/2006, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"SE DECIDE: el acogimiento familiar preadoptivo, en sentido legal, del menor Gonzalo por los acogentes, con plena participación en la vida de familia e imponiéndoles las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, y siendo la acogente responsable civil de los daños que pueda generar el menor acogido".

La madre biológica interpone recurso de apelación frente la resolución judicial dictada oponiéndose al acogimiento, el fundamento esencial del recurso interpuesto por la madre es que es más conveniente el acogimiento residencial en la isla de Fuerteventura para evitar el desarraigo con su familia biológica; alega que la familia biológica, y en concreto la hermana de la madre recurrente está capacitada para velar por el bienestar del menor y proporcionarle alimentos, educación y formación integral.

Cuestiones

  • ¿Qué principio del procedimiento puedo transgredirse en este supuesto?

  • ¿Puede la madre biológica interponer recurso de apelación? ¿Puede introducir en este momento los hechos que relata? En caso de que no pueda hacerlo ¿cuál es el fundamento jurídico que lo impide?

Derecho aplicable

Artículos 136 y 456 de la LEC.

Artículo 1828 de la LEC de 1881: La constitución del acogimiento, cuando requiera decisión judicial, será promovida por el Ministerio Fiscal o por la Entidad pública correspondiente.

El Juez, recabado el consentimiento de la entidad pública, si no fuera la promotora del expediente, de las personas que reciban al menor y de éste desde que tuviera doce años, oirá a los padres que no estuvieran privados de la patria potestad ni suspendidos en su ejercicio, o al tutor, en su caso, y al menor de doce años que tuviera suficiente juicio, y dictará auto en el término de cinco días, resolviendo lo procedente en interés del menor.

Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de los padres o tutores, o si citados no comparecieran, se prescindirá del trámite y el Juez podrá acordar el acogimiento.La iniciación del expediente de cesación judicial del acogimiento tendrá lugar de oficio o a petición del menor, de su representante legal, de la entidad pública, del Ministerio Fiscal, o de las personas que lo tengan acogido.

El Juez podrá acordar la cesación del acogimiento tras oír a la entidad pública, al menor, a su representante legal y a los que lo tengan acogido.Contra el auto que acuerde la constitución del acogimiento o su cesación cabe recurso de apelación en un solo efecto.