09. El objeto procesal

Concepto y fundamento

Concepto

El objeto del proceso u objeto litigioso es la pretensión

La cual consiste en una declaración de voluntad, debidamente fundamentada, del actor que formaliza generalmente en el escrito de demanda ,y deduce ante el Juez, pero que se dirige contra el demandado, (haciendo surgir en él la carga de comparecer en el proceso y de contestarla) en cuya virtud se solicita del órgano jurisdiccional una Sentencia que, en relación con un derecho, bien o situación jurídica, declare o niegue su existencia, cree, modifique o extinga una determinada situación o relación jurídica, o condene al demandado al cumplimiento de una determinada prestación (art. 5.1).

Eventualmente, también puede integrar el objeto del proceso la contestación del demandado, cuando deduzca una reconvención (art. 406) o excepciones a ella asimiladas (como la de compensación y de nulidad de negocios jurídicos (art. 408))

Si se parte de un concepto abstracto del derecho de acción el objeto del proceso no lo constituye la acción (tal como afirman los partidarios de la teoría concreta), que, entendido como derecho de libre acceso a la Jurisdicción a fin de obtener una resolución fundada, motivada y congruente, se erige en el motor del proceso, pero no en su objeto, el cual viene determinado por la pretensión.

Nuestra LEC no secunda la concepción abstracta del derecho de acción, debiéndose distinguir el ordenamiento material, del procesal:

  • El ordenamiento sustantivo permanece anclado en las doctrinas romanistas sobre el derecho de acción, conforme al cual la acción se identifica con el derecho subjetivo material «en pié de guerra» (así, los arts. 1962 y 1964 CC utilizan los conceptos de «acciones personales, reales y mixtas»).

    • Esto no permite afirmar que el objeto del proceso lo puedan integrar las «acciones» de los Códigos sustantivos (así, la acción reivindicatoria, pauliana, hipotecaria, etc,. del Código Civil o las acciones ejecutiva directa o de regreso de la letra de cambio), que responden a una concepción romanista de la acción y de las fuentes de las obligaciones, ni la relación jurídica material conformadora del litigio y subyacente al proceso, aun cuando pueda contribuir a servir de fundamento al objeto del proceso.

  • El ordenamiento procesal (la nueva LEC) se ha inclinado por la teoría concreta del derecho de acción, que, al concebir dicho derecho como la pretensión de tutela del derecho subjetivo, tal y como afirma el art. 24.1 CE, viene a involucrar dos conceptos distintos, cuales son la acción y la pretensión.

    • De este modo el art. 5 nos habla de «clases de tutela jurisdiccional»  y otros arts. utilizan el término «acción» o «acciones» como sinónimo de pretensión;  pero no faltan alusiones a la teoría abstracta, tal y como lo demuestra el empleo del  término «pretensión» en los arts. 5.2, 21, y otros que, en otras ocasiones, se identifica con el genérico de «proceso»

    • El objeto del proceso es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al Juez de una resolución que, con la autoridad de la cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio por él entablado.

Fundamento

La utilidad de la determinación del objeto procesal es múltiple:

  1. Sirve para fijar al ámbito cognoscitivo de la decisión judicial, creando en el Juez la obligación de ser congruente única y exclusivamente con lo solicitado en la pretensión del actor (arts. 216 y 218); el objeto procesal lo determina el actor mediante la interposición de la pretensión (a salvo de que el demandado conteste mediante una «reconvención»), siendo indiferente la actitud que, frente a la misma, adopte el demandado, quien mediante su defensa o resistencia a lo sumo establece el límite mínimo de la congruencia.

  2. A través de la pretensión plasmada en el escrito de demanda, y una vez admitida por el Juez, surgen los efectos típicos de la litispendencia (art. 410), uno de ellos, el negativo o excluyente, impedirá que no pueda volverse a entablar un segundo proceso para el conocimiento de la misma pretensión, a la vez que determina los límites subjetivos y objetivos del objeto procesal, de tal suerte que, cuando el Juez se pronuncie sobre él en su Sentencia, servirán para fijar los mismos límites de la cosa juzgada (art. 222).

  3. La naturaleza de la pretensión permitirá determinar la adecuación del procedimiento (arts. 248 y ss.) que ha de instaurarse para que la pretensión pueda recibir satisfacción judicial. Esa misma naturaleza posibilitará dilucidar su compatibilidad a fin de autorizar la denominada «acumulación de acciones» (arts. 71- .73 LEC), que es una acumulación de pretensiones originaria, o su «homogeneidad» o «heterogeneidad» a los efectos de examinar su conexión en el procedimiento de «acumulación de procesos» (arts. 74-98) o acumulación sucesiva de pretensiones.

  4. La fijación de la pretensión en el escrito de demanda permitirá constatar si a lo largo del proceso se ha producido o no una adición del objeto procesal, vía del demandado o una o ampliación de la pretensión expresamente prohibida por la LEC (arts, 412- 413).

La pretensión y sus requisitos

Los requisitos que condicionan la validez de la pretensión.

Formales: los presupuestos procesales

Condicionan la admisibilidad de la pretensión. Sin su concurrencia el Juez no puede entrar a examinar la pretensión o relación jurídica material debatida, la cual ha de quedar imprejuzgada.

Vienen integrados por los presupuestos procesales de la demanda y de la admisibilidad de la Sentencia, así como los requisitos que rigen la admisión de los recursos.

Los presupuestos procesales son requisitos que deben observar los sujetos y objeto procesales en el momento del ejercicio del derecho de acción y cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión, debiendo pronunciar una «resolución absolutoria en la instancia» que, por carecer de los efectos materiales de la cosa juzgada, posibilita el ejercicio de la acción e interposición de la misma pretensión en un ulterior proceso declarativo.

Han de acreditarse, mediante los oportunos documentos, que han de adjuntarse a la demanda (arts. 265 y 266), si bien la demanda tan sólo podrá ser rechazada de plano por el incumplimiento de los establecidos en los arts. 266 y 439 (art. 403).

Los requisitos procesales que condicionan la admisibilidad de la pretensión en el ejercicio de los medios de impugnación pueden ser sistematizados en:

  • comunes:

    • el gravamen: perjuicio que ha de sufrir el recurrente por la resolución impugnada

    • y la conducción procesal: exigencia de haber sido parte en el proceso de primera instancia

  • especiales: requisitos que han de concurrir en el ejercicio de medios de impugnación extraordinarios,

    • el cumplimiento de una determinada «suma de gravamen» (art. 477.2.2°)

    • el de prestar un depósito o caución para la interposición del recurso.

El incumplimiento de tales requisitos impedirá al Tribunal el examen de la pretensión en la segunda instancia o en la casación, produciéndose, mediante la resolución inadmisoria del recurso, la firmeza de la resolución recurrida.

De fondo

Los requisitos formales no forman parte de la pretensión, aun cuando condicionen su examen.

Los requisitos materiales o de fondo son inherentes a la pretensión.

El incumplimiento de los presupuestos procesales origina una Sentencia absolutoria en la instancia.

El incumplimiento de los requisitos materiales ha de ocasionar una Sentencia absolutoria «de fondo» para el demandado, que, por gozar de los efectos materiales de la cosa juzgada, provocará la desestimación irrevocable de la pretensión.

Pueden clasificarse en subjetivos y objetivos.

Subjetivos

Los requisitos subjetivos de la pretensión vienen determinados por la legitimación, activa y pasiva, de las partes.

Legitimado por deducir la pretensión y, con ella, conformar el objeto procesal lo está, exclusivamente y como regla general, el actor, quien ha de ostentar la titularidad de una relación jurídica material o del objeto litigioso (art. 10) o, al menos, ha de ostentar un interés legítimo (arto 13) directo, colectivo o difuso (art. 11.3) Y quien ha de formalizarla en su escrito de demanda (art. 399).

También el demandado está facultado, no sólo a contestar a la demanda, sino a formular una nueva e independiente pretensión contra el actor, que, bajo la denominación de reconvención (arts. 406- 407), lo que produce es la adquisición de la asunción por el demandado de un nuevo «rol» de demandante exclusivamente con respecto a su reconvención.

La legitimación, no constituye presupuesto procesal alguno, sino que es un elemento de la fundamentación de la pretensión. Cuando viene a faltar, no ha de ocasionar una Sentencia procesal, sino absolutoria y de fondo para el demandado y como regla general, no puede ser examinada de oficio por el Juez.

Incumbe al actor la carga de probar que el objeto material de la pretensión (esto es, el derecho subjetivo, bien o interés que se discute en el proceso) se encuentra, con respecto a las partes, en la relación jurídica requerida por la normal material su ausencia precisa ser por el demandado aducida y probada en concepto de defensa material, razón por la cual (al no integrar alguna de las «circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso», en el sentido del arto 416.1° LEC, ni encontrarse expresamente contemplada en la relación de presupuestos procesales enumerados por dicho precepto) tampoco es, en principio, susceptible de sanación en la comparecencia previa del juicio ordinario.

Objetivos

Conforman los requisitos objetivos de la pretensión, la petición, y la fundamentación fáctica y jurídica.

La petición

Es la declaración de voluntad que, plasmada en el «suplico» de la demanda, integra el contenido sustancial de la pretensión, determinando los límites cualitativos y cuantitativos del deber de congruencia del «fallo» la parte dispositiva de la Sentencia (art. 399.1 Y 5).

Determina la naturaleza cuantitativa y cualitativa de la pretensión, de tal suerte que permite inferir si, en una demanda, se ha planteado una sola o existe una acumulación de pretensiones, así como evidencia la naturaleza de la pretensión ejercitada (declarativa, constitutiva o de condena).

Dentro de la petición puede distinguirse su objeto inmediato, del mediato.

  • El objeto inmediato

    • Lo constituye la petición «strictu sensu»: la solicitud al Juez de que declare la existencia de un derecho o relación jurídica, condene al demandado al cumplimiento de una determinada prestación o extinga, modifique o constituya una nueva relación o situación jurídica material.

    • La petición ha de reunir los requisitos de «claridad y precision» exigidos por el art. 399.1 LEC, pudiendo dar lugar su incumplimiento o el de la determinación de las partes, a que prospere la excepción de «defecto legal en el modo de proponer la demanda», prevista en los arts. 416.1.58 y 424 LEC.

  • El objeto mediato

    • Viene determinado por el derecho subjetivo, bien o interés jurídico al que dicha petición se contrae o sobre el que recae junto a los requisitos materiales de ser cierto y de lícito comercio, ha de reunir el requisito procesal de ser determinado o, al menos, susceptible de determinación con arreglo a ciertas bases en el incidente de liquidación de Sentencias, si bien la nueva LEC prohíbe, como regla general, las Sentencias «a reserva de liquidación» (arts. 209.48 «in fine» y 219).

    • La pretensión está sometida a la vigencia del principio dispositivo porque dicho derecho, bien o interés, en el proceso civil, suele ser de la exclusiva titularidad de las partes.

    •  El Juez está obligado a ser congruente con las peticiones formuladas por las partes.

    •  Las partes están autorizadas a poner fin al procedimiento en cualquier momento a través de los medios anormales de finalización (renuncia, allanamiento, desistimiento y transacción) del proceso.

La fundamentación

Pero la petición, por sí misma, no integra la totalidad del objeto procesal, sino que precisa también de la fundamentación.

A ella se refiere el art 399.3 y 4 de la LEC, que distingue los «hechos», de los «fundamentos de derecho» que substancian la petición.

Es la petición, junto con las partes y la causa de pedir, la que individualiza el objeto procesal, determinando los límites objetivos y subjetivos, tanto de la litispendencia, como de los futuros efectos de la cosa juzgada de la Sentencia que haya de dar respuesta a la pretensión.

Dentro de la «causa petendi» cabe distinguir: la alegación de hechos, de la fundamentación jurídica.

A principios del S. XX surgieron en Alemania dos doctrinas antitéticas: la de la individualización y la de la sustanciación de la demanda.

Para la teoría de la individualización lo decisivo para la formación del objeto procesal es la individualización que ha de efectuar el demandante de los hechos en los correspondientes preceptos materiales. Lo decisivo para determinar la ampliación de la demanda, la litispendencia o la futura cosa juzgada es la calificación jurídica de la relación jurídico material debatida, así entrañaría una mutación esencial de la demanda una modificación ulterior que pudiera efectuar el actor (v.gr. en las alegaciones complementarias del art. 426 o en los informes o conclusiones) de su calificación jurídica; asimismo, podría plantearse un simultáneo o posterior proceso sobre un mismo litigio siempre que dicha calificación sea distinta en el segundo proceso.

Para la teoría de la sustanciación, lo que conforma el objeto procesal son los hechos que sirven de fundamento a la pretensión. La posibilidad de plantear un simultáneo o posterior proceso sobre un mismo litigio estaría vedada, siempre que los hechos que fundamentan la petición permanezcan siendo los mismos. Siendo indiferente el cambio de calificación jurídica sobre los hechos a los efectos de tener por modificada sustancialmente la demanda.

En nuestro país rige la teoría de la sustanciación. Lo decisivo, a los efectos de la individualización de la pretensión, son los hechos empíricos, tal y como acontecieron en la realidad o curso de la historia.

El fundamento de la pretensión es el acontecimiento real (el «estado de las cosas») con el que el actor funda su petición, pero entendido como conjunto de hechos «jurídicos» o hechos al que la norma material asocia el surtimiento de los efectos jurídicos previstos en dicha norma e instados en la petición

No todos los hechos o acontecimientos anteriores y externos al proceso, afirmados en la demanda, constituyen el fundamento de la pretensión, sino tan sólo aquellos que, por ser subsumibles en las normas materiales, que asocian los efectos pretendidos en la petición, se erigen en el auténtico substrato fáctico del objeto inmediato de la pretensión

Tan sólo los hechos que, por su significación jurídica, constituyen el fundamento de la pretensión, integran el objeto del proceso, debiéndose distinguir:

  • el título jurídico del derecho subjetivo, que integra la «causa petendi» y se erige en un elemento esencial de la pretensión,

  • de los argumentos jurídicos que los sustancian y que pueden ser secundados o no por el Tribunal.

Al demandante le incumbe la carga de alegar los hechos constitutivos de su petición y los títulos jurídicos que la fundan.

Al Juez le asiste la obligación de examinar la petición y su fundamentación fáctica desde todos los ángulos y puntos de vista jurídicos posibles, con el objeto de aplicar, en su momento, tan solo aquellas normas del ordenamiento sustantivo, que, hayan sido o no invocadas formalmente por las partes, sean las únicas reclamables a los hechos sustanciadores de la petición.

El art. 72.2 estima que la identidad de las pretensiones, a los efectos de decretar la acumulación, ha de en- tenderse siempre que la causa de pedir de ellas «se funde en los mismos hechos» (y no en los fundamentos de derecho

El art. 218.1 obliga al Tribunal a ser respetuoso con la «causa petendi» de la pretensión, entendiendo por tal, en principio, los fundamentos de hecho y de Derecho que la sustancian; pero dicha congruencia no impide que el Juez aplique el Derecho que estime reclamable al caso («iura novit curia»), haya sido o no expresamente invocado por las partes, es decir, no existe vinculación del Juez a las alegaciones jurídicas efectuadas por las partes, sino tan sólo a las fácticas.

El art. 420.1.11, al referirse a la ampliación subjetiva de pretensiones, impone el límite de que no se altere «sustancialmente la causa de pedir».

El art. 222.2, al contemplar los límites objetivos de la cosa juzgada, tan sólo se refiere a los «hechos» y no a los títulos o fundamentos jurídicos.

Para las pretensiones constitutivas, rige la teoría de la «individualización» ya que la «causa de pedir» viene determinada por determinados hechos necesariamente subsumidos o integrados en normas materiales o, por la fundamentación jurídica; De aquí que existan tantos objetos procesales como motivos de impugnación (de negocios nulos o anulables) funden la pretensión. Puesto que las situaciones, cuya mutación jurisdiccionalmente se insta, son siempre «jurídicas», por lo que el objeto procesal de tales pretensiones constitutivas encierra siempre un conflicto entre normas imperativas o, incluso, de carácter dispositivo (así, la impugnación de acuerdos sociales anulables).

Clases

Pueden sistematizarse las pretensiones en: de cognición, de ejecución y cautelares.

Pretensiones de cognición

Se plantean en el proceso de declaración y tienen por objeto obtener del Juez un pronunciamiento mero declarativo, de condena o constitutivo.

Están sometidas al cumplimiento más estricto de los principios de contradicción e igualdad de armas.

Al demandado se le ha de conceder la posibilidad de poder contestarla, de denunciar el incumplimiento por el actor de los presupuestos procesales, de formular excepciones y de alegar cuantos hechos (impeditivos, extintivos o excluyentes) constituyan su propia defensa.

Es una característica común de las pretensiones de cognición la posibilidad de que las partes puedan solicitar la apertura de la fase probatoria a fin de poder evidenciarle al Juez la concurrencia de los fundamentos fácticos, tanto de la pretensión, como de la defensa.

La pretensión civil de cognición se encuentra regida por el principio de «aportación», que se manifiesta en su integridad en los procesos declarativos, pero puede ser objeto de determinadas restricciones en los procesos sumarios.

Como en nuestro ordenamiento rige el sistema de la doble instancia, la pretensión de cognición puede plantearse en la fase declarativa del proceso o trasladarse a la segunda instancia o a la casación, en cuyo caso recibe la denominación de pretensión de impugnación.

Pero por el mero hecho de reproducirse en otras instancias superiores, la pretensión no sufre alteración alguna, sino que permanece la misma, ya que, en la casación, no se pueden introducir nuevos hechos y, en la apelación, rige, el criterio de la apelación «restringida» que, fuera de los hechos nuevos o «nova reperta», impide la aportación a la segunda instancia de hechos que no fueron afirmados por las partes en sus escritos de alegaciones.

Atendiendo al contenido de la petición de las pretensiones de cognición pueden distinguirse las pretensiones mero declarativas, de condena y constitutivas.

Pretensiones de mera declaración

Tienen por objeto obtener del Juez un pronunciamiento en el que declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica; pueden ser positivas (cuando afirman su existencia) o negativas (cuando lo niegan o rechazan).

Merece una especial mención las declarativas de nulidad de negocios jurídicos (para algunos autores son encuadrables dentro de las constitutivas), tales como contratos o acuerdos sociales de personas jurídicas, que ofrecen la singularidad de que los efectos de la cosa juzgada de las Sentencias, que sobre ellas recaen, se producen «ex tunc», con lo que se diferencian de las pretensiones constitutivas de anulación, que producen dichos efectos ex nunc (pro futuro).

La legitimación activa la ostenta el titular del derecho subjetivo o relación jurídica controvertida; Pero no se identifica necesariamente con ella.

Para la interposición de una pretensión declarativa es suficiente ostentar un «interés legítimo» en el reconocimiento judicial de dicha relación jurídica o interés que, si bien no abarca los fenómenos de acción popular, tampoco exige la titularidad del objeto mediato de la pretensión.

La doctrina suele afirmar, a este respecto, que es suficiente que la relación jurídica origine incertidumbre o inseguridad como consecuencia de la conducta del demandado o exista un temor fundado de futuro perjuicio.

Pero, tratándose de acciones declarativas de dominio, la legitimación se confunde con la fundamentación, por lo que hay que justificar el título. Cita PRIETO CASTRO, como claro supuesto de pretensión declarativa, la acción de jactancia, que procedente del Derecho romano, fue recogida en nuestro Derecho histórico por la legislación de Las Partidas (m, 2, 46) es admitida por la jurisprudencia del TS.

Se trata de una acción declarativa negativa concedida al sujeto contra el que otro se vanagloria de poseer un derecho obligacional, real o de cualquier clase en perjuicio del mismo, produciéndole inseguridad y peligro en su esfera jurídica, económjca o moral, y está dirigida a obtener la declaración del Juez a que «se le condene al demandado al perpetuo silencio» sobre su jactancia. Un supuesto similar a la acción de jactancia puede encontrarse en el arto 41 de la Ley Hipotecaria y 1 37.8 de su Reglamento.

La relación jurídica ha de ser preexistente. A través de la pretensión declarativa no puede solicitarse del Juez el reconocimiento de futuras relaciones jurídicas, aun cuando sean admisibles las demandas de relaciones jurídicas sometidas a condición o plazo

Las Sentencias sobre las que ellas recaen, no son, por su propia naturaleza ejecutables (arts. 517.2.10 y 52l .1) debido a que las pretensiones declarativas puras tan sólo se dirigen a obtener el reconocimiento judicial de una relación jurídica. Pero al producir efectos «erga omnes» por obra de la propia declaración judicial, algunas Sentencias declarativas son susceptibles de ser inscritas en los Registros (así, las de reconocimiento de la paternidad en el Registro Civil, las declarativas de nulidad de acuerdos sociales de las Sociedades Anónimas en el Registro Mercantil, las de patentes y Marcas en el Registro de la Propiedad Industrial, etc.).

Pretensiones de condena

Se denominan también pretensiones «de prestación», porque su objeto inmediato reside en obtener del Juez una condena al demandado al cumplimiento de alguna de las prestaciones contenidas en el art.1.088 del Código Civil. También pueden subdividirse en positivas (cuando se condena a una prestación de dar, hacer o deshacer lo mal hecho) y negativas (cuando estriban en un no hacer).

En la práctica forense, siempre es «mixta», ya que contiene dos pronunciamientos, declarativo y de condena.

Dicha pretensión surge cuando el actor alega la existencia de unos hechos a los que la  norma asocia el cumplimiento por el demandado de una prestación, la pretensión de condena ha de contener, en primer lugar, una petición declarativa, dirigida al Juez a fin de que reconozca la existencia del derecho subjetivo o de crédito y, en segundo, una petición de condena al deudor por el incumplimiento de su obligación dimanante de aquel derecho de crédito.

La legitimación activa no puede consistir en un mero interés jurídico, sino en la titularidad del derecho subjetivo, determinante del nacimiento de la obligación, lo que no significa que dicho derecho haya de ser siempre y necesariamente de crédito o real, así, nuestro ordenamiento también reconoce, por ejemplo, un ius posesionis al mero detentador de hecho en orden al ejercicio de la acción interdictal.

Las Sentencias que amparan estas pretensiones poseen la virtualidad de ser ejecutables. Ésta es una característica típica de las pretensiones de condena y, dentro de ellas, de las dirigidas al pago de una obligación. Cuando son estimadas en la Sentencia posibilitan la apertura del proceso de ejecución o «ejecución forzosa» de la LEC. De aquí que las pretensiones de condena, si triunfan, se conviertan en «Sentencias de condena» y, en cuanto tales, «títulos de ejecución» (art. 517.2).

Presupuesto material de la pretensión de condena es la existencia de una obligación vencida y exigible, pues, si su exigibilidad depende del cumplimiento de una condición o plazo (arts. 1.113 Y 1.125 CC), la regla general es que no puede el acreedor pretender su cumplimiento, estando a lo sumo legitimado para solicitar medidas cautelares o de aseguramiento (contempladas en los arts. 1.121 del CC).

Hay que exceptuar los casos de condenas a emisión de una declaración de voluntad (así, las nacidas de precontrato) y el polémico supuesto de las pretensiones de condena de futuro que sean admisibles en nuestro ordenamiento. En este sentido, lo son la resolución de contrato con facultad del Tribunal para fijar un plazo de exigibilidad de la prestación (art. 1.124.m CC), la condena de futuro al perturbador de la posesión en el interdicto de retener ( 250.2 LEC), las condenas al pago futuro de cuotas que obedezcan a una pretensión de prestaciones periódicas, tales como alimentos (arts. 148.II CC), rentas, intereses, prestaciones periódicas (art. 220 LEC), como lo son las obligaciones dimanantes de un contrato de suministro, etc., y, en general, todas las prestaciones futuras de cualquier especie, con respecto a las cuales pueda fundadamente presumirse que el deudor tratará de sustraerse al cumplimiento de la prestación; supuestos todos ellos en los que, no obstante no estar todavía vencida la obligación, por razones de economía o porque la tutela que han de dispensar nuestros Tribunales ha de ser «efectiva», han de admitirse y, en su caso, estimarse tales pretensiones de condena de futuro.

Pretensiones constitutivas

El objeto es la creación, modificación o extinción de una determinada relación, situación o estado jurídico y excepcionalmente incluso una Sentencia injusta, la cual puede ser anulada a través de los medios de rescisión de la cosa juzgada (audiencia al rebelde, revisión e incidente de nulidad), que encierran también el planteamiento de pretensiones constitutivas de anulación.

Lo que solicita el actor es un pronunciamiento del Juez que cree una consecuencia jurídica que hasta el momento no existía y que no puede originarse, sino a través de la Sentencia.

El fundamento jurídico material lo encuentra la doctrina alemana en la existencia de un derecho subjetivo material de configuración jurídica que, ante determinadas situaciones pendientes de modificación jurídica, poseen los particulares, quienes lo pueden hacer valer mediante el ejercicio de la acción ante los Tribunales.

El ordenamiento somete al ejercicio de tales acciones al cumplimiento de rigurosos plazos de caducidad debido a que el ejercicio de la acción e interposición de una pretensión constitutiva puede atentar al principio de seguridad jurídica, a la certeza que desea obtener la sociedad sobre las situaciones jurídicas pendientes de modificación y a los intereses de terceros (esto es lo que acontece, por ejemplo,con el ejercicio de la acción de retracto o la de impugnación de acuerdos sociales).

Las pretensiones constitutivas pueden ser:

  • impropias o voluntarias: son aquellas que no precisan del proceso, pues, la modificación de la relación o situación jurídica puede válidamente efectuarse por obra de la autonomía de la voluntad de las partes (así, por ej., la constitución de una servidumbre o la disolución de una sociedad mercantil en la que no se haya estipulado su duración),

  • propias o necesarias: exigen una Sentencia constitutiva (el caso de las Sentencias de separación y divorcio, de incapacitación, impugnación de acuerdos sociales anulables o la disolución de sociedades constituidas por tiempo determinado).

La legitimación activa y pasiva viene determinada por la cualidad o estado jurídico requerido por la relación o situación jurídica cuya modificación se pretende (así, la de marido o esposa en las acciones de divorcio, la de titular del derecho de retracto y vendedor, etc.), a la que la Ley, en ocasiones, puede exigir requisitos complementarios (sucede, p. ej. en la impugnación de acuerdos sociales que, si es ejercitada por los accionistas, exige la Ley que hayan manifestado su oposición a la adopción del acuerdo impugnado).

Las Sentencias constitutivas no son ejecutables, producen sus efectos «erga omnes», por la obra de la propia Sentencia que crea, modifica o extingue la relación o situación jurídica, la cual puede ser dotada de una especial publicidad mediante su anotación en los Registros.

Pero se diferencian de las Sentencias declarativas en que los efectos se producen pro futuro o «ex nunc».

Para un sector de la doctrina alemana y para PRIETO CASTRO cabe distinguir dos tipos de Sentencias constitutivas: las que producen sus efectos pro futuro (se suelen citar las Sentencias de divorcio) y las que tienen efecto retroactivo (las pretensiones de nulidad de matrimonio o la declaración de ilegitimidad de un hijo).

Sin embargo, un estudio más detenido de tales pretensiones nos revela que, la petición de nulidad de un matrimonio o, en general, la de cualquier negocio jurídico, no supone la creación de dicha nulidad, sino el reconocimiento judicial de que el matrimonio o el contrato eran nulos por vulneración de sus requisitos constitutivos (se trata del reconocimiento de hechos preexistentes al proceso), por lo que, al tratarse de una nulidad radical, los efectos han de retrotraerse al momento de la celebración del negocio nulo de pleno derecho.

Por el contrario, tratándose de la constitución de un estatus de divorcio o de la anulación de actos o negocios anulables, es la Sentencia del Juez la que constituye ex nunc la anulación.

La distinción es sumamente útil en materia de impugnación de acuerdos sociales: si el acuerdo es radicalmente nulo, la pretensión y Sentencia será declarativa de nulidad, si es anulable, dará lugar a una Sentencia constitutiva de anulación,

Pretensiones de ejecución

Exigen como presupuesto previo la existencia de un título de ejecución de los contemplados en el art. 517 (Sentencia firme, laudo arbitral.. .), sin que quepa la ejecución de Sentencias meramente declarativas o constitutivas (art. 521).

Tienen como objeto la realización del derecho de crédito del acreedor, que ha visto reconocido su derecho en dicho título.

Al proceso de ejecución tan solo cabe acudir ante la resistencia del deudor condenado, pues en el proceso civil la ejecución es siempre voluntaria (arts. 538.1 Y 549.1).

La pretensión de ejecución se deduce en el proceso del mismo nombre, denominado también «procedimiento de apremio», el cual se caracteriza por la ausencia de contradicción (fuera de los tasados motivos de oposición a la ejecución) y por los amplios poderes del Juez, dirigidos a la realización, en última instancia mediante subasta pública, del derecho de crédito incorporado al título.

La pretensión de ejecución puede consistir en la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer.

Pretensiones cautelares

Es en una petición de adopción de medidas cautelares, cuya finalidad consiste en prevenir o garantizar la futura realización de los efectos ejecutivos de la Sentencia.

Se trata de una pretensión instrumental de otra principal (declarativa, constitutiva o de condena), pero que mantiene una cierta autonomía, pues, los requisitos materiales no se confunden totalmente con aquella, sino que es preciso el cumplimiento de determinados presupuestos, tales como el fumus boni iuris o el periculum in mora.

No están sometidas al principio de contradicción ( suelen adoptarse «inaudita parte») y se agotan con la adopción de la medida cautelar.

La integración del objeto procesal: las cuestiones prejudiciales

Concepto, requisitos, naturaleza y fundamento

Concepto

Las cuestiones prejudiciales son elementos de hecho integrantes de una causa de pedir o pretensiones conexas e instrumentales de la principal, que precisan de una valoración jurídica y consiguiente declaración por el Tribunal del orden jurisdiccional competente, previa e independiente, pero necesaria para la total o plena integración de la pretensión principal.

Requisitos

  1. Las cuestiones prejudiciales son elementos de hecho que exigen una valoración jurídica previa e independiente del objeto principal.

    • Tales elementos de hecho pueden integrar el fundamento de una causa de pedir (p. ej., cuando se ejercita una pretensión declarativa de nulidad de un contrato por ser constitutivo de un delito de estafa, habrá que determinar previamente si se cometió o no, en la realidad, dicho delito) o erigirse en una pretensión autónoma, pero conexa e instrumental de la principal ( si se ha deducido una pretensión de condena a la entrega de una cosa por haberse rescindido el contrato de compraventa y se discute la propiedad de la cosa entre las partes o por un tercero, habrá que determinar y declarar previamente a quién le corresponde la propiedad).

    • En cualquier caso, son cuestiones pertenecientes al fondo o a la fundamentación de la pretensión sobre las cuales operarán los efectos prejudiciales de la cosa juzgada (art. 222.2), salvedad hecha de que sus declaraciones jurisdiccionales se efectúen a titulo incidental (art. 42.2).

  2. Requisito del «juicio de relevancia»: las cuestiones prejudiciales han de ser relevantes para el enjuiciamiento del objeto procesal, esto es, de la pretensión principal, con respecto a la cual guardan una conexión o dependencia.

    • Art. 40.2.2: el Tribunal civil suspenderá el proceso y deferirá el conocimiento de la cuestión al Tribunal penal cuando la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

    • En el caso de las cuestiones prejudiciales lo que se somete a consideración de un Tribunal de otro orden jurisdiccional o del propio Tribunal civil es un hecho que precisa ser valorado jurídicamente, pero cuya valoración ha de ser imprescindible o necesaria para la correcta integración del objeto procesal, sin la cual no se podría satisfacer jurídicamente la pretensión.

  3. Los hechos que integran una «causa petendi» o fundamentan una pretensión, precisan de una valoración jurídica y consiguiente declaración jurisdiccional, previa e independiente de la pretensión principal.

    • Las cuestiones prejudiciales son hechos con significación jurídica «material» o elementos típicos de valoración jurídica con arreglo a normas del Derecho Civil, Laboral o Administrativo. Así:

      • En un proceso penal instaurado por delito contra la propiedad hay que determinar, para la integración de la conducta penal, la ajenidad de la cosa, la cual ha de efectuarse con arreglo a las normas del Derecho Civil.

      • En un proceso civil ejecutivo en el que se pretende el cobro de una deuda reconocida en un título ejecutivo falso, habrá que determinar previamente, con arreglo a las normas del Derecho Penal, si existió o no una falsedad documental.

      • En un proceso laboral por despido, si el trabajador aduce su cualidad de funcionario, se hace necesario acreditar, con carácter previo, dicha cualidad con arreglo a las normas del Derecho Administrativo, etc.

  4. La competencia para valorar con arreglo a las normas del correspondiente Derecho material ha de corresponder, como regla general, al Tribunal del orden jurisdiccional competente (civil, penal, laboral o contencioso-administrativo), pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 LOPJ, tan sólo a los Tribunales integrados en su orden jurisdiccional les corresponde el conocimiento de las cuestiones que les son propias.

    • De dicha regla general, cuya rígida aplicación conllevaría la necesidad de deferir siempre el conocimiento de la cuestión al orden jurisdiccional competente con suspensión del procedimiento principal y consiguiente producción de dilaciones indebidas, hay que excluir las cuestiones prejudiciales «incidentales», cuya resolución en Sentencia no ha de producir efecto alguno de cosa juzgada, ni siquiera el prejudicial (cfr. arts. 42.1 y 2 LEC y 3 LECRlM).

Naturaleza y fundamento

El fundamento de las cuestiones prejudiciales reside en el principio constitucional de «seguridad jurídica» (art. 9.3 CE), como el TC tiene declarado, «unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado» por lo que, si ante la existencia de cuestiones prejudiciales los Tribunales de cada orden jurisdiccional declararan lo que «ad casum» estimaren conveniente, podrían dictarse Sentencias contradictorias con grave quebrante de aquel principio constitucional.

El fundamento inmediato de la prejudicialidad consiste en la prevención de los efectos prejudiciaIes de la cosa juzgada, si debido a la conexidad instrumental de pretensiones o de causas de pedir, los Tribunales decidieran las cuestiones prejudiciales a su antojo, sin respeto a las normas de jurisdicción y de competencia, se vulneraría lo dispuesto en el art. 222.4 LEC: «lo resuelto con fuerza de cosa Juzgad, vinculará a un Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal».

La regulación de las cuestiones prejudiciales intenta prevenir los efectos reflejos o prejudiciales de las Sentencias, para lo cual surgió la doctrina del TS sobre la «litispendencia impropia». Las cuestiones prejudiciales participan de la naturaleza de la litispendencia en la medida en que están destinadas a garantizar y prevenir los efectos de cosa juzgada de las propias cuestiones prejudiciales.

Clases

Las cuestiones prejudiciales pueden ser sistematizadas atendiendo a su naturaleza y efectos.

Heterogéneas y homogéneas

Desde el punto de vista del Derecho material, desde del que han de ser enjuiciadas, son heterogéneas las que han de decidirse con arreglo a normas distintas del Derecho Civil.

Han sido las tradicionalmente reguladas por los arts. 3-7 LECrim y se rigen por el aforismo «le criminelle tient le civil en état», es decir, «el proceso penal ha de suspender siempre al proceso civil», máxima que fue elevada a norma general por el art. 10.2 LOPJ: «la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca». Dicha regla mantiene también ciertas excepciones.

Son homogéneas: las que han de ser valoradas con arreglo a las normas del Derecho Civil.

A ellas se refiere el art. 43 LEC, en cuya virtud, si no fuere procedente la acumulación de autos, el Tribunal, previa audiencia de las partes, suspenderá el proceso hasta tanto recaiga declaración firme sobre la cuestión prejudicial. Ante la existencia de pretensiones conexas, lo que el legislador desea es que se promueva la «acumulación de autos y, a tal efecto, ha incluido un nuevo motivo de acumulación (contemplado en el art 76.1: cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos «pueda producir efectos prejudiciales en el otro»).

Devolutivas e incidentales

Atendiendo a los efectos procesales que en el proceso principal ha de producir el planteamiento de una cuestión prejudicial.

Devolutivas

Son las que, con suspensión del proceso civil, han de remitirse o plantearse, para su decisión definitiva, ante el tribunal del orden jurisdiccional competente.

De su regulación se ocupan los arts. 40 y 42.3. Puede distinguir las penales, de las demás.

A las cuestiones penales se refiere el arto 40, que, de conformidad con el principio de «preferencia de la jurisdicción penal» tan sólo contempla las cuestiones prejudiciales penales, a las cuales asocia su planteamiento la suspensión automática del proceso.

Para que opere dicha suspensión, será necesario:

  • la incoación de un proceso penal (el cual puede suceder de oficio mediante el levantamiento del oportuno testimonio que remitirá al Fiscal: art 40)

  • que se cumpla el «juicio de relevancia» que «la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil» (art. 40.2.2).

El régimen trazado por el art. 40 LEC precisa ser integrado con lo dispuesto en los arts. 3-7 LECrim, de cuya regulación cabe concluir que no siempre «lo penal tiene a lo civil en suspenso», sino que existen supuestos, en los que, bien por versar sobre una cuestión de estado civil (art. 5 LECrim), bien por ser determinantes de la culpabilidad o inocencia del acusado (art. 4 LECrim), se produce la excepción inversa: debe el Tribunal penal deferir el conocimiento de la cuestión al Tribunal civil con suspensión del proceso penal.

La existencia de cuestiones prejudiciales civiles devolutivas obligatorias o excluyentes ha sido reafirmada por obra del Tribunal Constitucional.

Aun cuando dicha doctrina se haya circunscrito a determinadas cuestiones prejudiciales administrativas (concretamente al delito de «usurpación de funciones» o intrusismo profesional), podría ser reclamada ante los concursos aparentes de Leyes, penales y civiles, en los que, de la determinación de una cuestión civil, depende la culpabilidad o inocencia del acusado, integrándose plenamente la pretensión penal con la decisión de la cuestión civil ( p. ej. la determinación de la solvencia en un procedimiento concursal a los efectos de estimar un delito de alzamiento o la de la validez de un acuerdo social en los delitos societarios de adopción de acuerdos abusivos, etc.).

De las cuestiones prejudiciales no penales (de las administrativas y laborales) se ocupa el art. 42.3, en cuya virtud, salvo que una norma expresamente obligue a deferir la competencia del juez civil y a suspender el proceso, habrán ambas partes de manifestar su conformidad con el planteamiento de la cuestión devolutiva (lo que difícilmente ocurrirá en la práctica), en cuyo caso se producirá la suspensión del procedimiento y quedará el Tribunal civil vinculado por la declaración efectuada por el Tribunal administrativo, social o de Cuentas.

Incidentales o no suspensivas

Son las que puede conocer «incidenter tantum» el Tribunal civil competente para el enjuiciamiento de la pretensión principal, sin que haya de deferirse su conocimiento a otro Tribunal.

Estas cuestiones pueden delimitarse con arreglo a un criterio negativo: son cuestiones incidentales todas las que no constituyen cuestiones devolutivas.

Se refiere el art. 42.1 y 2, que encuentra su paralelo penal en el art. 5 LECrim, el cual confiere siempre competencia al Juez penal para el conocimiento de las cuestiones civiles atinentes al derecho de propiedad y demás derechos reales.

De conformidad con el principio de «vis atractiva» de la jurisdicción civil, el art. 42.1 dispone que «a los solos efectos prejudiciales, los Tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.»

Son cuestiones prejudiciales incidentales todas las administrativas o sociales que no sean devolutivas.

Pero el precepto no comprende a las penales que son siempre devolutivas y excluyentes, salvedad hecha de lo dispuesto en los arts. 4 y 5 LECrim.

Con pleno respeto al principio de exclusividad de los órdenes jurisdiccionales, sustentado por el art. 9 LOPJ, el art. 42.2 deroga expresamente lo dispuesto en el art. 222.4 LEC: que la Sentencia civil, que decida una cuestión prejudicial heterogénea, pueda extender sus efectos prejudiciales a los demás órdenes jurisdiccionales.