Casos prácticos

Concepto, caracteres, regulación legal y objeto

Supuesto de hecho

D.A. interpone una demanda de juicio ordinario contra D.B. por la que solicita la denegación de la prórroga del contrato de arrendamiento urbano por necesidad del arrendador (art. 9.3 LAU).

El actor aporta los documentos correspondientes para acreditar que era, a su vez, arrendatario de una vivienda emplazada dentro de la parcela número 36 del proyecto de reparcelación de la Avda. Alfonso IX de la ciudad de Salamanca, en cuya consecuencia ha sido objeto de expropiación forzosa para su demolición, habiendo entregado las llaves de la misma al municipio salmantino, por acta de 23/03/1995; y que al no disponer de otra vivienda en Salamanca, donde desea quedarse a vivir, necesita la vivienda de la que es titular, que en su día arrendó a la demandada.

El actor también acompaña a su demanda el documento donde consta el preaviso realizado en el año 1989 para denegación de prórroga donde afirma la actora que la vivienda que habita va a ser demolida, sin que se pusiera en discusión que viviera en el número ... de la calle Alfonso IX; y administrativamente en el expediente de expropiación consta la certeza de la ocupación a diciembre de 1994, data en que se fija el justiprecio por el desalojo, luego recibido en marzo de 1995.

El demandado no cuestiona en momento alguno el dato de que el empadronamiento de D.A. fuera meramente instrumental.

Sin embargo, el Juez dicta Sentencia totalmente desestimatoria de la demandada porque: "no resulta acreditada la causa de necesidad alegada pues el empadronamiento de la actora en la vivienda que alega derruida en la calle Alfonso IX es puramente instrumental, ya que no resulta verosímil que la actora haya vivido en momento alguno en esa casa, pues dicha casa y avenida es conocida en su configuración externa por el juzgador entre los años 1984 y 1987, al residir en las cercanías de la misma ... En todo caso las casas eran difícilmente habitables dado su estado; ya en aquellas fechas comenzaron a derribarse algunas...".

Cuestiones

  • ¿Es posible que los hechos acreditados documentalmente y que resultan indubitados por las partes sean contradichos por el Juez al amparo de la notoriedad local de los mismos? ¿Cómo combatiría en apelación la afirmación contenida en la anterior pregunta?

  • Indique el concepto jurídico procesal en el que se ampara el Juzgador al rebatir el dato del empadronamiento (es el título de una interesante monografía del jurista alemán Stein, que fue traducida al español por el profesor De La Oliva Santos).

  • D.B. desea recurrir en apelación la Sentencia, ¿cuáles serían sus alegaciones fundamentales para rebatir esta resolución?

Derecho aplicable

Artículos 281.4, 282, 216 y 217.2 de la LEC.

Ejercicio

Redacte el escrito de interposición del recurso de apelación contra la Sentencia dictada en primera instancia plasmando las alegaciones solicitadas en la tercera cuestión.

Carga y valoración de la prueba

Supuesto de hecho

D.A. es el propietario de un automóvil marca ... de 5 años de antigüedad. Hace varios días que detecta problemas en el embrague, por lo que decide acudir a primera hora de la mañana a su taller de confianza para que le realicen la pertinente revisión. El jefe del taller le comunica que si espera un par de horas podrá retirar su vehículo, pues el problema es leve y sencillo de reparar. Efectivamente, a las dos horas le devuelven el vehículo y abona 500€ por la reparación realizada (el cambio del kit de embrague).

Con el automóvil recién salido del taller decide realizar un corto viaje para saludar a unos amigos. Sin embargo, a las dos horas de conducción, el auto deja de funcionar por completo. Da la impresión de que la caja de cambios no funciona y de la palanca de cambios sale humo y un misterioso olor a quemado...

Muy disgustado con su taller (Talleres Goce, S.A.) decide acudir al servicio técnico de la marca de su vehículo y solicitar, antes de nada, un informe del técnico oficial sobre lo sucedido. Dicho técnico afirma lo siguiente en el informe: "la avería se debe al gripaje de la caja de cambios producido por falta de valvulina y que ello es consecuencia de la reparación efectuada en el Taller Goce con ocasión del cambio del kit de embrague; no es posible cambiar el mismo sin que se produzca una pérdida de sustancias líquidas y lubricantes, porque al sacar el embrague hay que desmontar la caja de cambios y es entonces cuando debió producirse el derrame de la valvulina, que debió cambiarse o reponerse, lo que no se verificó". El importe de la avería asciende a 2.890€ y el del informe pericial a 100€.

D.A. presenta demanda de juicio verbal contra la entidad Talleres Goce S.A. en reclamación de la cantidad de 2.890€ equivalente al importe de las reparaciones del vehículo del actor, consecuencia de la deficiente reparación efectuada por la entidad demandada.

Cuestiones

  • Indique los hechos constitutivos de la demanda de D.A. A continuación, indique los hechos que debería alegar y probar el demandado en su defensa durante la vista.

  • Especifique los medios de prueba de las partes para acreditar, respectivamente, la pretensión y la resistencia. ¿Cuándo se proponen y practican los medios de prueba en el juicio verbal?

  • En el juicio verbal, ¿cuándo ha de aportar los documentos y dictámenes el actor?, ¿puede aportarlos en la vista? Si el actor aporta el dictamen pericial en la vista, ¿puede oponerse el demandado a su admisión?, ¿qué puede solicitar el demandado para contradecirlo?, ¿podría pedir la interrupción de la vista para aportar otro informe pericial como prueba de lo contrario?

  • ¿Qué debería hacer el actor para recuperar el importe del dictamen pericial ya abonado?

Derecho aplicable

Artículos 217, 299 y ss, 443 y 241 de la LEC.

Ejercicio

Aunque la contestación a la demanda es oral en este juicio verbal, redacte un borrador de escrito de contestación a la demanda en defensa de los intereses del taller de reparación demandado.

Procedimiento y medios de prueba

Supuesto de hecho

Nuestro cliente D.A. médico especialista en medicina interna, fue demandado en juicio ordinario por los familiares de un paciente fallecido en el hospital privado en el que fue internado -en el que presta sus servicios el citado cliente- como consecuencia de una concreta dolencia intestinal con complicaciones renales y vasculares. D.A. venía además tratando al fallecido con anterioridad, y fue quien prescribió el ingreso ante el agravamiento de las dolencias de su paciente.

La demanda rectora del proceso pretendía la condena al pago de una millonaria indemnización y lógicamente se basaba en el principio de exigencia de responsabilidad profesional al no haberse seguido el tratamiento correcto de la enfermedad. Los actores, hijos del fallecido, aportaron con su demanda diversos documentos consistentes en recetas de la medicación que venía tomando su padre, y en un informe elaborado en su día por D.A. pero sin hacer referencia alguna a la historia clínica, ni a una posible prueba pericial que determinase la adecuación de la actuación profesional a la lex artis exigible.

Por nuestro cliente se contestó a la demanda negando la existencia de la pretendida responsabilidad.

Durante la audiencia previa, y ante la insuficiencia probatoria de los demandantes, el Juez, en uso de la facultad que le atribuye el art. 429.1 LEC, la pone de manifiesto a la parte actora, y le indica los medios de prueba convenientes al respecto; por un lado, la documental de la historia clínica del paciente, y por otro, la pericial consistente en que un perito médico especialista en medicina interna emita dictamen sobre la actuación del demandado y el tratamiento seguido por el paciente fallecido. Por la parte demandante se acepta lo referido por el juez y se solicitan las pruebas citadas. El Juez las admitió a trámite.

El abogado de D.B. asistió atónito a tal actuación judicial, protestó vivamente por la actuación inquisitiva del Juez, y por la admisión de los medios de prueba. El Juez desestimó sus protestas que se hicieron constar en acta.

Cuestiones

  • ¿Es relevante que el hospital en el que fue internado y falleció el padre de los demandantes fuera privado?

  • Indique si es correcta la actuación del Juez basada en el art. 429.1 LEC.

  • En el caso de que no lo sea, señale los motivos por los que entiende que no cabe dicha interpretación.

  • Concretamente, respecto de la documental y de la pericial, ¿cabe su aportación tal y como aparece reflejada en el caso? De no ser posible, ¿cuáles son las razones? ¿En qué momento procesal debió aportarlos el actor?

  • ¿Por qué es relevante la protesta del demandado respecto de lo acontecido en relación con la actuación judicial y los medios de prueba propuestos por el acto y admitidos por el Juez?

Derecho aplicable

Artículos 429.1, 285.2 y 459 de la LEC.

Artículo 219.10 de la LOPJ.

El interrogatorio de las partes y de testigos

Supuesto de hecho

En un juicio ordinario, el actor D.A. había propuesto, y el Juez había admitido, el interrogatorio de dos testigos como medio prueba fundamental para acreditar un extremo crucial del hecho constitutivo de su pretensión (la culpa o negligencia del demandado en un litigio sobre responsabilidad extracontractual). Del mismo modo, el demandado D.B. también propuso, y fue por el Juez admitido, el interrogatorio del perito del demandante para demostrar que el dictamen por aquél realizado adolecía de numerosas contradicciones, y existían conclusiones carentes de justificación.

Lo cierto es que ni los testigos del actor, ni el perito comparecieron a la citación judicial (era un día de mucha lluvia y tráfico en la sede del Juzgado), con lo que surgió un problema durante el juicio.

Cuestiones

  • De ser usted el abogado del actor o del demandado, ¿qué hubiera solicitado para lograr la efectiva realización del medio de prueba admitido?

  • ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra usted entre solicitar la interrupción de la vista o la práctica del medio de prueba como diligencia final?

  • De tratarse de un juicio verbal en lugar de uno ordinario, ¿cuándo se podrá proponer y practicar prueba sobre hechos nuevos o de nueva noticia a que se refiere el art. 286.1, si tales hechos se alegan en el acto de la vista, después de haber sido admitida la prueba propuesta?

  • En un juicio verbal en el que se han practicado medios de prueba durante la vista, ¿el Juez ha de invitar a las partes a que formulen conclusiones?

Derecho aplicable

Artículos 193.3, 435.1.2, 286 en relación con 193.1.1, 393.1, 435 y 460.2, 447.1 y 185 de la LEC.

La documental pública y privada

Supuesto de hecho

D.A. sin estar representado de procurador ni asistido de letrado, decide interponer una demanda sucinta de juicio verbal contra el Banco D.B. En su demanda el actor afirma, pero no acredita de ninguna manera, que el demandado le adeuda la cantidad de 286€ en concepto de dos descubiertos inexistentes en su cuenta corriente.

El Banco en cuestión, al serle notificada la demanda, estima que ésta no puede prosperar de ninguna de las maneras en tanto en cuanto el actor no ha aportado documento alguno en el que conste la existencia de la deuda. Por tanto, decide no comparecer a la vista del juicio verbal.

Durante la celebración de la vista, el Juez declara en rebeldía al demandado. El actor, ante la insuficiencia probatoria puesta de manifiesto por el Juzgador, solicita la interrupción de la vista para poder aportar los documentos relevantes del pleito. El Juez se opone y dicta Sentencia totalmente desestimatoria.

Cuestiones

  • Cuando el actor inicia el juicio verbal no mediante demanda, sino mediante demanda sucinta, ¿en qué momento procesal ha de aportar los documentos probatorios? ¿Qué argumento podría utilizarse para poder sostener que los documentos han de presentarse en el acto de la vista?

  • ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la aportación tardía de los documentos? ¿Hubiera sido legalmente posible probar la existencia de la deuda a través de medios de prueba distintos de la documental?

  • ¿La declaración de rebeldía implica la admisión de los hechos por parte del demandado? ¿Podría el actor proponer el interrogatorio de la parte demandada en rebeldía para beneficiarse del silencio en sus respuestas -ficta confessio-?

Derecho aplicable

Artículos 437 y ss, 304 de la LEC.

Ejercicio

Redacte el borrador del escrito de preparación e interposición del recurso de apelación.

La prueba pericial, el reconocimiento judicial y otros medios de prueba

La prueba pericial

Supuesto de hecho

La empresa D.A. ha encargado a la empresa constructora D.B. la realización de las obras de edificación de una nueva nave industrial. Ante la inseguridad existente en la zona en la que se va a ubicar dicha nave, D.A. solicita a D.B. (y se incluye expresamente en el contrato de obra) que "todas las paredes, suelos y techos de las oficinas situadas en la primera planta del edificio estarán construidas con hormigón armado".

Las obras han finalizado, pero D.A. no está de acuerdo con el trabajo realizado por D.B. Le recrimina no haber cumplido con la condición de construir las oficinas de hormigón. D.B. sostiene lo contrario.

Cuestiones

  • Indique el medio de prueba a utilizar para acreditar el hecho controvertido. ¿Por qué motivo sería preferible la prueba pericial a la documental o de reconocimiento judicial?

  • En el caso de que dicho medio de prueba sea la pericial, D.A. tiene las siguientes dudas: sabe que es conveniente aportar, como documento a acompañar a su escrito de demanda, un dictamen pericial privado, pero:

    • ¿Ha de asumir directamente el coste de esta pericia o puede reclamar anticipadamente su importe al demandado, incluso solicitándolo como medida cautelar anticipada?

    • En el caso de que tenga que asumir el actor el coste, ¿puede incluir el precio del mismo en la pretensión de indemnización por los daños y perjuicios (en nuestro caso la pretensión sería mixta: declarativa del incumplimiento contractual y de condena a deshacer lo mal hecho y al pago de la indemnización de daños y perjuicios)?

    • Si, como es de suponer, D.B. aportara un dictamen pericial totalmente contradictorio para superar las dudas en el ánimo del juzgador que podrían llevarle a dictar Sentencia desestimatoria por la aplicación de las reglas de la carga objetiva o material de la prueba, podría solicitar lo siguiente: "para el supuesto de que el demandado aporte un dictamen pericial totalmente contradictorio con el del actor, esta parte solicita la designación judicial de un perito para que dirime la controversia".

  • Si el actor D.A. estuviera pasando por una crítica situación económica ¿qué podría hacer ante la imposibilidad de asumir anticipadamente los costes de la pericial?

  • Finalmente, si el perito de D.A., el arquitecto D.R., realiza su informe pero, por olvido, no añade al mismo la fórmula del art. 335.2 LEC (que promete decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito), ¿este defecto es o no es subsanable?

Derecho aplicable

Artículos 299, 335, 339, 241 de la LEC.

El reconocimiento judicial

Supuesto de hecho

El día 01/03/2009 la empresa cinematográfica D.B. suscribió contrato civil con el actor D.A. de profesión especialista, para realizar unas acciones de alta peligrosidad para una película. En el contrato constan todos los elementos fundamentales del mismo, tales como las acrobacias a realizar (saltos desde el vacío, desde vehículos a alta velocidad, y desde un famoso edificio de Benidorm, el hotel más alto de Europa). Para ello obtendría los emolumentos de costumbre (8.000€ por secuencia correctamente realizada a juicio del director). Ni el actor, ni la empresa demandada estaban asegurados en caso de accidente.

El demandante, el mismo día 01/03/2009 comenzó a trabajar y a preparar con su equipo todo lo necesario para las distintas escenas de acción. D.A. era plenamente consciente de la peligrosidad de su trabajo, motivo por el cual era prácticamente imposible que una compañía de seguros accediera a contratar con él. Pero confiaba en que la empresa sí dispusiera del seguro obligatorio.

El actor sufrió un accidente el día 14/05/2009, al poco de comenzar a rodar las primeras escenas. Por poco le cuesta la vida. El accidente tuvo lugar cuando saltó desde la azotea de un rascacielos de Benidorm, y fue debido a problemas en la materialización del salto. Asegura que se debió a las malas condiciones del suelo de la azotea que le hicieron resbalar y saltar con una indebida inclinación. La responsable del perfecto estado del suelo era la empresa demandada; cuestión que niega esta parte.

Lo cierto es que, como consecuencia del mal salto, sufrió una caída libre hacia el suelo equivalente a un salto desde una altura de 3,75m, golpeándose contra el mismo, sufriendo rotura de escápula del hombro derecho, hematoma del fémur derecho y contusión en la espalda.

El actor permaneció en situación de incapacidad temporal hasta el día 13/11/2009. Al poco tiempo interpuso demanda de juicio ordinario contra la empresa cinematográfica por incumplimiento contractual e indemnización por daños y perjuicios de 29.000€.

El demandante obtuvo Sentencia totalmente desestimatoria, con condena en costas.

Ahora pretende interponer recurso de apelación contra la misma y denunciar, entre otros, la infracción de los arts. 299.1.5 LEC (que incluye, entre los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio, el reconocimiento judicial), y 353.1 de la misma Ley ("el reconocimiento judicial se acordará cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona") porque "solicitó la prueba de reconocimiento judicial que le fue denegada por el Juez de Instancia", prueba que consideraba necesaria para aclarar los hechos controvertidos, es decir, el lugar donde realizó el salto, las peculiaridades del suelo y la necesidad de que el salto se realizara según lo pactado, pues de lo contrario se produciría siempre un accidente, añadiendo "que el Juez de Instancia denegó sin razonar tal denegación".

En el acta de la audiencia previa consta literalmente lo siguiente: "SSª no admite el reconocimiento judicial solicitado por la parte actora toda vez que la altura del edificio, las circunstancias que rodean el salto, podía haberlas acreditado por otros medios y no lo ha hecho".

Del mismo modo, el letrado de la empresa demandada puso de manifiesto que el reconocimiento judicial solicitado el 28/02/2011, cuando el accidente se produjo el 14/05/2009, pone en evidencia que tal reconocimiento judicial practicado casi un año después del accidente, en modo alguno puede esclarecer y ser determinante para la plasmación en los hechos probados.

D.A. acude a su despacho y le formula las siguientes cuestiones.

Cuestiones

  • El derecho a la prueba ¿es un derecho fundamental?

  • ¿Es un derecho de carácter absoluto o relativo? Volviendo al caso, el Auto que inadmite el medio de prueba de reconocimiento judicial, ¿vulnera o no el derecho a la prueba del actor?, si así fuera ¿qué derechos conculcaría?

  • ¿Está obligado el juez a motivar su resolución sobre la desestimación del medio de prueba propuesto?, de no hacerlo, ¿qué derecho fundamental vulnera y por qué?

  • ¿Cabe interponer recurso contra la desestimación del medio de prueba propuesto? (cuál, cómo y con qué fines).

Derecho aplicable

Artículos 353, 281, 283 y 285 de la LEC.

Las presunciones judiciales

Supuesto de hecho

D.A. interpuso demanda de juicio declarativo verbal sobre reclamación de cantidad, contra la entidad "La Caja", derivada de las operaciones realizadas con la tarjeta Visa número ... el día 19/08/2009, de las que se extrajeron 280€ con cargo a la cuenta y 546€ con cargo a la citada tarjeta de crédito, la cual le fue sustraída a la demandante tras olvidar el bolso en el mostrador de recepción del hospital Son Dureta de Palma, al que acudió alrededor de las 16h a fin de recibir tratamiento médico por una crisis de ansiedad.

La entidad demandada se opuso a la pretensión actora alegando que ésta incurrió en falta de diligencia en la custodia de la tarjeta y del número de seguridad, número PIN, lo que constituye un incumplimiento de obligaciones contractuales denunciadas en la condición general 5ª del contrato de tarjeta, desprendiéndose ello del hecho de que el citado número PIN fue introducido correctamente al primer intento y sin error alguno, por lo que es de aplicación la excepción al límite de responsabilidad previsto en la condición 6ª del contrato, es decir, que la actora debe responder del importe total de la defraudación.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, absolviendo a La Caja y condenando en costas a la parte actora. Tal resolución se fundó en la consideración de que de la redacción de la cláusula 6ª del contrato, que establece "La responsabilidad del contratante para las operaciones fraudulentas realizadas por terceros, durante las 24h anteriores a la notificación a La Caja se establece en 140€, a menos que se haya actuado fraudulentamente, intencionadamente, negligentemente o no se hayan respetado las condiciones establecidas en el presente contrato concretamente en los apartados 4 y 5", se deriva que la actuación negligente exime a La Caja de todo pago, y dicha actuación negligente concurrió, como se desprende del hecho de que se olvidara el bolso la actora en el mostrador del hospital Son Dureta a las 16h del 19/08/2009, derivándose del diario electrónico del cajero automático de La Caja que las operaciones litigiosas se realizaron entre las 17.32h y 17.35h del día 19/08/2009, es decir, a escaso tiempo de la pérdida, por lo que tales operaciones no se debieron a la utilización de artilugios ópticos o electrónicos que le permitieran conocer el número PIN y realizar una estafa, sino de la propia sustracción de la tarjeta del bolso extraviado, ya que la actora declaró ante la Policía que en el bolso se hallaba la tarjeta de crédito, habiéndolo ratificado en el escrito de demanda, lo que, unido a que la posibilidad de averiguar el número PIN exige un margen de tiempo mayor -a fin de que la banda magnética pueda examinarse a través de diferentes técnicas informáticas por auténticos profesionales y conseguir descifrar el número clave-, le llevó a la Magistrado-Juez de instancia a la conclusión de que el número PIN debía estar anotado en la tarjeta o en algún otro documento que pudiera encontrarse junto a la misma, incumpliendo así la demandante el deber de secreto que determina la condición contractual 5ª de las Condiciones Generales. En consecuencia, y al tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva atenuada de la entidad de crédito, la prueba de presunciones permite considerar acreditado que la mala diligencia en la custodia del número secreto fue la que propició la posibilidad de extracción rápida del dinero del cajero automático.

D.A. recurrió en apelación negando en todo momento que actuara negligentemente, puesto que denunció el hurto a las pocas horas de la desaparición del bolso. Frente a la presunción judicial opone el hecho notorio de que se pueden efectuar operaciones mediante una copia de la banda magnética. Sostiene que la carga de la prueba corresponde a las entidades bancarias, bajo cuyo control están los aspectos tecnológicos, y concluye diciendo que el Banco sólo ha proporcionado documentación de tres de las trece operaciones de retirada en efectivo que se realizaron.

Cuestiones

  • ¿Sobre qué parte recae la carga de la prueba de la negligencia en el uso de la tarjeta de crédito?

  • La presunción judicial ¿es un medio de prueba?, ¿puede servir para acreditar un hecho como en el presente caso?, ¿requiere un especial cuidado por parte del Juzgador a la hora de motivar?, ¿cree usted que el Juez ha cumplido con dicha obligación de motivación como para dictar la Sentencia desestimatoria?

  • ¿Cree usted que es posible presumir la certeza del hecho presunto consistente en que el número PIN estuviera en el bolso de la actora del hecho probado, base de la presunción judicial, de la pérdida del bolso y de la utilización de la tarjeta en, aproximadamente, una hora y media de tiempo?

Derecho aplicable

Artículo 386 de la LEC.

La audiencia principal

Supuesto de hecho

D.A. ha obtenido una Sentencia desfavorable. Desea recurrir en apelación, entre otros motivos, porque en el acto del juicio, practicadas las pruebas, no se dio a las partes la oportunidad de formular oralmente sus conclusiones en los términos que prevé el art. 433.2 LEC, regulador del desarrollo del juicio, y que también contempla el art. 431 de la misma ley como una de las finalidades de aquél. Es cierto que ello vino determinado porque el Juzgador de instancia en la misma vista del juicio estimó procedente la práctica de una diligencia final, que luego documento en Auto, por lo que consideró procedente posponer el trámite de conclusiones al que se hiciera por escrito una vez practicada esa diligencia, a lo que nada objetaron las partes. Sin embargo, transcurrido con exceso el plazo acordado en el referido auto para la práctica de tal diligencia final sin que ésta pudiera llevarse a cabo, el secretario judicial, por diligencia de ordenación de fecha ... , ordenó que quedaran las actuaciones en la mesa de SSª para dictar la resolución que procediera, y éste, en vez de conceder a las partes el término de 5 días previsto en el art. 436.1 LEC, para presentar escrito en que resumieran y valoraran el resultado de las diligencias finales, cuyo trámite a su vez debía servir para resumir y valorar el resto de las pruebas practicadas en el juicio, procedió a dictar directamente la Sentencia.

Cuestiones

  • En su opinión, ese defecto cometido por el Juzgado es digno de ser denunciado como motivo del recurso de apelación. En su caso, por qué motivo?

  • ¿Cuál es la finalidad de la denominada fase conclusiva?

Derecho aplicable

Artículos 431, 433 y 436 de la LEC.

Las diligencias finales del juicio ordinario

Supuesto de hecho

La empresa D.A. demanda por falta de pago de una deuda por importe de 1.000€ a la empresa D.B.

La demandada D.B. reconviene contra el actor y sostiene que no ha abonado esa cantidad porque la demandante a su vez le adeuda 1.100€ más IVA, correspondientes a la factura 299 de fecha ..., por un porte efectuado por la empresa D.B., cuya cuantía era de 1.500€ la ida y 1.100 el retorno, y que el camión no volvió cargado por causa imputable al cargador, D.A., habiendo cobrado sólo los 1.500€ más un días de paralización.

En la vista, el demandante D.A. reconoce:

  1. Que encomendó dicho porte a D.B. por importe de 1.500€, y abonó además 180€ de paralización por el retraso de un día, afirmando que el flete de vuelta del transporte no se pagó porque no se cargó la carga a la vuelta por causa imputable exclusivamente a D.B. Que tuvo que contratar los servicios de otra compañía para el flete de vuelta y el importe del mismo fueron 1.000€, que es lo que reclama al demandado.

  2. Igualmente reconoce la actora haber recibido las reclamaciones consignadas en los documentos 4 y 5, aportadas por la demandada, concretamente los acuses de recibo de 12/07/2009 y de 24/07/2009. Niega sin embargo la recepción de los documentos número 6 y 7, es decir, la recepción de las cartas de fecha 16/10/2009 y 25/05/2010.

  3. Examinados estos documentos se constata que ambas cartas de fecha 16/10/2009 y 25/05/2010, en reclamación de 1.550€ de D.B. frente a D.A. no consta su recepción por el destinatario, no hay acuse de recibo.

El demandado D.B. insiste en los hechos de su demanda reconvencional. Ni el actor ni el demandado propusieron medio de prueba alguno (todos los medios de prueba relevantes, pertinentes y útiles eran documentos que ya habían sido aportados).

El Juzgado de Primera Instancia que conocía del juicio verbal acordó, de oficio, como diligencia final, la práctica de la declaración testifical de la señora S. (secretaria administrativa de D.A. cuya existencia no consta ni del escrito de demanda ni de lo afirmado por el demandado en la vista), sobre la recepción por parte de S.A. de las citadas cartas de reclamación de pago. En su declaración, dicha señora afirmó que D.A. conocía de su existencia.

Finalmente, el Juez dictó Sentencia estimatoria de la demanda reconvencional y condenó a D.A. al pago de 1.200€ más IVA, intereses legales y costas.

Cuestiones

  • ¿Cuál es el motivo por el que D.A. acudió a un juicio verbal en lugar de a un procedimiento monitorio?

  • ¿Existen las diligencias finales en los juicios verbales?

  • ¿Puede el juez, utilizando su ciencia privada, acordar la práctica de medios de prueba no solicitados por las partes?

  • ¿Puede la declaración de un testigo contradecir desde el punto de vista probatorio lo contenido en un documento privado?

  • ¿Es congruente el fallo del presente litigio? ¿Cómo se corrigen los errores aritméticos cometidos por los Jueces al redactar sus Sentencias? ¿La solicitud de aclaración influye en el plazo para recurrir en apelación?

Derecho aplicable

Artículos 250 y 812, 435, 445 y 447.1, 218, 214, 448.2 de la LEC.

Ejercicio

De ser usted el abogado de D.A., y pretendiendo interponer recurso de apelación, indique los pronunciamientos que impugna de la antes citada Sentencia (art. 457 LEC) y redacte las alegaciones en que base la impugnación como si de un escrito de interposición del recurso de apelación se tratara (arts. 458 y 459 LEC).