14. Concurrencia y prelación de créditos

La concurrencia de acreedores

El principio de la par conditio creditorum

Este principio significa que, en caso de pluralidad de acreedores, todos ellos tienen igual derecho a la satisfacción de su crédito y por tanto, en caso de ejecución, si el patrimonio del deudor son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones, éste se prorratea entre los créditos.

Este regla general choca con las normas de Derecho patrimonial y en especial con la diversificación entre los derechos reales de garantía y los simples derechos de crédito, o con el distinto valor probatorio de documentos públicos y privados.

La ruptura del principio: los créditos preferentes

El principio de la “par conditio creditorum” se rompe con las graduaciones y preferencias de los arts. 191 y ss CC (“De la concurrencia y prelación de créditos”). Prelación: antelación o preferencia de una cosa respecto a otra.

Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se establecen (Art. 1921 CC).

La reciente Ley Concursal: la Ley 22/2003

Las situaciones concursales han generado un verdadero bosque normativo que se ha sustituido por la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), que introduce numerosas novedades; entrará en vigor el 1-9-2004.

La regulación de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares se pospone (disp.

Final 33), debiendo el Gobierno enviar a las Cortes el proyecto de ley en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Concursal).

Causas de preferencia y orden de prelación

Las diversas causas de preferencia y su contemplación por el CC

La preferencia privilegiaria. El privilegio es una cualidad especial del crédito, legalmente atribuida, que le otorga preferencia. El CC emplea marginalmente el término privilegio: “los créditos que sin privilegio especial consten...” (art. 1924 CC).

Las causas históricas de atribución legal de preferencia a un crédito son: en atención a la persona del deudor (“privilegia personae”) y en atención a la relación jurídica (“privilegia causa”). Con la codificación y la instauración del principio de igualdad desaparecen los privilegios personales y se mantienen los causales.

La preferencia real. Se deriva de la previa existencia de garantías reales, prenda o hipoteca, fundamentalmente. Es una preferencia atribuida al crédito (derecho accesorio) y no al derecho de crédito.

La preferencia documental. Los créditos recogidos en documento público o sentencia firma, pese a no ser privilegiados, se anteponen a los de otras formas (art. 1924 CC) pues en ellos consta, sin duda, la fecha. Se refiere a los créditos escriturarios o quirografarios.

Los créditos comunes o no preferentes. Los no comprendidos en los apartados anteriores no gozan de preferencia (art. 1925 CC).

La inexistencia de un concepto legal de privilegio: la preferencia como categoría

La mayoría de la doctrina actual no sigue el esquema anterior sino que habla genéricamente de “créditos privilegiados” para referirse a la verdadera categoría general. Crítica:

  • Se basa en la aceptación incondicional del concepto histórico de “privilegio” el cual fue abandonado por el legislador en la LEC-1881 y en el CC, quien adoptó como categoría general la noción de preferencia y prelación frente a la del privilegio.

  • Los tres subtipos de preferencia identificables tienen, en el CC, un régimen jurídico propio y concreto basado en disposiciones legales autónomas.

  • La noción de privilegio es meramente descriptiva de opciones legales históricas; carece de fundamento común y de régimen propio. Nuestro ordenamiento jurídico no eleva a categoría legal la idea histórica de privilegio.

Por tanto la ruptura del principio de la “par conditio creditorum” no puede basarse en el “privilegio” sino que es una decisión de política legislativa.

El orden de prelación de los créditos preferentes: los diversos criterios legales

El CC establece la prelación de los diversos tipos de créditos de forma casuística, utilizando criterios generales:

La causa de la preferencia. Los créditos preferentes por razón de privilegio o de garantía real se anteponen a los de origen documental, aunque la prelación entre los dos primeros varía en el CC.

La generalidad o especialidad del crédito preferente:

  • Créditos preferentes especiales: afectan de forma especial a un determinado bien. Mobiliarios e inmobiliarios.

  • Créditos preferentes generales: inciden de forma general sobre el patrimonio restante del deudor. Es el criterio que sigue el CC para establecer la jerarquía de los grupos de créditos preferentes.

La antigüedad. “Prior in tempore potior in iure”: cuando concurren créditos del mismo grupo el CC otorga prelación al más antiguo. Tanto en preferencia real como en documental.

Los créditos preferentes especiales de carácter mobiliario

Enumeración de supuestos

El art. 1922 CC enumera los grupos de créditos preferentes en bienes muebles, pero no establece orden jerárquico (lo hace el art. 1926 CC). Art. 1922 CC:

  1. Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.

    • Agrupa los procedentes de contrato de obra o similares y los de venta de muebles a plazos o con precio alzado.

    • Se requiere que los bienes “estén en posesión del deudor”, es decir, que no hayan pasado a ser propiedad de un tercero por cualquier motivo.

  2. Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.

    • El derecho real de prenda conlleva la preferencia connatural incluso si dicho bien está en posesión de un tercero como mero depositario.

    • Se incluyen los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento (art. 10.1 Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento).

  3. Los garantizados con fianza (rectius, prenda)de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma.

    • Efectos o valores: acciones, pagarés, letras de cambio, etc. Realmente es crédito pignoraticio.

  4. Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de ésta.

    • Los bienes transportados deben estar en posesión del transportista o consignatario

  5. Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.

    • Excluye los que estén fuera del establecimiento hotelero y los que habiendo estado dentro se hubieren sacado.

    • La doctrina plantea su los automóviles que se encuentren en el aparcamiento del propio hotel forman parte de “los muebles del deudor”.

  6. Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.

  7. Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.

    • Se refiere tanto a fincas urbanas como rústicas; según los precedentes y el Derecho histórico estarán afectados sólo los bienes muebles destinados al aprovechamiento natural del inmueble arrendado, excluyéndose los objetos de uso personal.

Orden interno de preferencia o prelación para el cobro

La jerarquía (orden interno de prelación) de los supuestos enunciados en el art. 1922 CC está recogida en el art. 1926 CC:

  1. El crédito pignoraticio y el garantizado con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento excluye a los demás hasta el valor de la cosa trabada.

  2. En el caso de fianza (rectius) válida a favor de mas de un acreedor la preferencia se determina por el orden de fechas de constitución de garantía.

  3. Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección se anteponen a los de los alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha en que se utilizaron.

  4. En los demás casos el precio de los muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia con relación a los mismos.

Los créditos preferentes especiales de carácter inmobiliario

Enumeración de supuestos

Respecto del bien inmueble al que afecten, tienen la condición de preferentes (art. 1923 CC):

  1. Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.

    • Por tanto, la contribución territorial rústica y urbana (actual IBI), establecida por el Estado goza de “preferencia especial” mientras que los créditos derivados de impuestos provinciales o locales son “créditos preferentes generales”.

    • Hoy día hay innumerables normas de carácter fiscal que exceden esta regla.

  2. Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.

    • Históricamente han tenido preferencia, justificada por el riesgo asumido y la aleatoriedad propia del contrato de seguro, de ahí que la Ley Hipotecaria les concedió preferencia y permitió “exigir una hipoteca especial sobre los bienes del asegurado”. Hoy día se discute esta preferencia pues el negocio de las aseguradoras no es tan aleatorio.

  3. Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.

    • La preferencia de los créditos hipotecarios nace de la constitución de la hipoteca, que es una garantía real que afecta especialmente a los bienes sobre los que recae y está regulada por la Ley Hipotecaria.

    • Créditos refaccionarios: proceden de préstamos concedidos para la realización de una obra (construcción, reparación o conservación del inmueble); por extensión, la jurisprudencia y la doctrina incluyen el importe debido por los materiales y trabajos empleados en la obra.

  4. Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

    • La prevalencia se refiere a fechas de anotaciones de embargo y no a fechas de constitución de créditos.

    • Esta regla, según el Prof. Díez-Picazo es injustificable pues consagra “una medida de protección del acreedor que por su diligencia o por puro azar ha sido más veloz en la ejecución de los bienes".

  5. Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.

Orden interno de preferencia o prelación para el cobro

Los supuestos y jerarquía de los créditos preferentes especiales inmobiliarios, en caso de concurrencia, están recogidos en el art. 1923 CC, sin embargo con relación a los hipotecarios, el CC (Art. 1927) sigue las reglas de la Ley Hipotecaria, anterior al propio CC, que se basa en “prior tempore potior iure”.

Grados de prelación entre créditos preferentes sobre inmuebles (artes 1923 y 1927 CC):

  1. Créditos en favor de las AAPP

  2. Créditos a favor de los aseguradores

  3. Créditos hipotecarios, refaccionarios y preventivamente anotados, según la antigüedad del asiento

  4. Créditos refaccionarios sin constancia registral: “ gozarán de prelación entre sí por el orden inverso al de su antigüedad” (art. 1927.3 CC). El “orden inverso” se justifica porque el valor actual del inmueble depende mas del crédito mas reciente (de la reparación/reforma mas reciente) que del más antiguo.

Consecuencias del efectivo ejercicio de los créditos preferentes especiales

Los créditos preferentes especiales (mobiliarios e inmobiliarios) afectan a determinados bienes, que una vez ejecutados, sirven para pagar a los titulares de los créditos y lo normal es que no coincidan el valor del crédito y el de la ejecución, ya sea por exceso o por defecto.

Superioridad del producto líquido

El importe sobrante se acumulará a los bienes libres del deudor para pagar los demás créditos (preferentes generales y comunes) (art. 1928.1 CC) = el remanente pasa al patrimonio del deudor.

Satisfacción parcial del crédito preferente

El crédito preferente deja de ser especial pues ya no existe un bien “especialmente” afecto. Lo que falta por pagar del crédito será satisfecho por el orden y en el lugar que le corresponda según su naturaleza (art. 1928 CC) conforme al orden establecido en el art. 1924 CC.

Salvo los créditos a favor de las Haciendas Públicas, el crédito restante se considerará como escriturario o como común.

Los créditos preferentes generales

Una vez saldados los créditos preferentes especiales, el patrimonio del deudor se destina a satisfacer los créditos preferentes generales según el orden jerárquico del art. 1924 CC:

  1. Créditos a favor de la provincia o municipio: impuesto de la última anualidad vencida y no pagada, con comprendidos en el art. 1923.1 CC.

  2. Los devengados por:

    • Gastos de justicia y de admón. del concurso, autorizados o aprobados. En vigor hasta 1-9-2004 (Ley Concursal).

    • Funerales del deudor y del cónyuge e hijos bajo su patria potestad si éstos carecen de bienes propios.

    • Gastos de la última enfermedad de los anteriores durante el último año antes de la muerte

    • Salarios y sueldos de los trabajadores y servicio doméstico correspondientes al último año.

    • Cuotas a la Seguridad Social y asimilados, del último año si no tienen reconocida mayor preferencia

    • Anticipaciones al deudor y su familia bajo su autoridad en alimentos durante el año anterior.

    • Pensiones alimenticias durante el juicio de concurso que nos sean de mera liberalidad. En vigor hasta 1-9-2004 (Ley Concursal).

  3. Créditos que sin privilegio especial consten en:

    • escritura pública

    • sentencia firma

Los créditos de los apartados 1 y 2 son, técnicamente, privilegios; los del apartado 3 son de preferencia documental (no de privilegio).

El pago de los créditos comunes u ordinarios

El CC (art. 1925) define los créditos comunes por vía negativa: los que no sean preferentes serán comunes u ordinarios.

El pago de los créditos comunes se rige por el principio de la “par conditio creditorum”, es decir, a prorrata: materializado el patrimonio del deudor, cada acreedor cobrará en función del porcentaje que su crédito represente sobre el total de los créditos

Recapitulación sobre la concurrencia y prelación de créditos

La prelación de créditos

El CCom tiene reglas propias de prelación para su propio ámbito que no siempre coinciden con las del CC. Además, leyes posteriores introdujeron normas específicas en determinados ámbitos, como por ejemplo:

  • Ley de Propiedad Horizontal (art. 9.1.e) redacción de la Ley 8/1999: preferencia de los créditos a favor de la comunidad por los gastos de sostenimiento de la parte vencida de a anualidad en curso y del año inmediato anterior,

  • Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995):

    • Créditos por salarios de los últimos 30 días de trabajo con el tope del doble del salario mínimo interprofesional (SMI). Superprivilegio (preferencia incluso sobre créditos con prenda o hipoteca).

    • Crédito salarial refaccionario: preferencia de los créditos salariales sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario.

    • Créditos por salarios no protegidos especialmente: están privilegiados hasta el triple del SMI y tienen preferencia sobre cualquier otro crédito excepto los créditos con derecho real que la Ley reconozca preferentes. También se incluyen las indemnizaciones por despido.

  • Ley de Propiedad Intelectual (art. 54): los créditos de los autores de obras literarias, artísticas o científicas por cesión de derechos de explotación tienen la misma consideración que los devengados por sueldos o salarios.

Referencia a los procedimientos concursales

El acreedor con crédito preferente puede hacer valer la preferencia tanto en procedimiento singular de ejecución “tercería de mayor derecho” como en los juicios universales de concurso o quiebra (enajenación de todos ) los bienes del deudor insolvente para distribuir el producto líquido entre sus acreedores, según las reglas de prelación.

El “concurso de acreedores” (regulado por el CC) y la “quiebra” (regulada por el CCom) son procedimientos idénticos que sólo se distinguen por la persona del deudor (comerciante o no comerciante). Esta distinción desaparece con la Ley Concursal, a partir del 1-9-2004, que unifica en “concurso”. No obstante, dada la inexistencia de la futura Ley de Prelación de Créditos, las ejecuciones singulares seguirán rigiéndose por la regulación tradicional.