17. La responsabilidad por hechos propios

La responsabilidad subjetiva o culposa por hechos propios

Este capítulo se desarrolla a partir de la glosa del art. 1902 CC, que condena a la reparación del daño a todo aquel que provoque daños a otro, pero sólo y cuando haya intervenido culpa o negligencia.

Los presupuestos de carácter objetivo

La acción u omisión dañosa

La responsabilidad extracontractual presupone la existencia de una acción u omisión de una persona. Es indiferente a efectos de generar la responsabilidad si la falta se realiza por medio de un hecho activo (culpa in comittendo) o por una simple abstención (culpa in omittendo).

Asimismo, la acción del causante del daño puede consistir tanto en un acto propiamente dicho(consciente y voluntario) cuanto en un hecho involuntario.

La ilicitud o antijuridicidad

Para que la acción u omisión produzca obligación de reparar el daño es necesario que sea ilícita o antijurídica –contraria a Derecho–.

En principio, todo acto u omisión que cause daño a otro, se presume que es antijurídico, y sólo dejará de serlo cuando concurre a favor del sujeto responsable alguna de las causas que excluyen la antijuridicidad, quedando exonerado de responsabilidad el sujeto actuante, estas causas serían las siguientes:

Los casos de legítima defensa o estado de necesidad. El art. 20 CP identifica la legítima defensa con la actuación de cualquiera en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos de:

  • Agresión ilegítima.

  • Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

  • Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

En estado de necesidad se haya quien, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  • Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

  • Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

  • Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El consentimiento o la culpa exclusiva de la víctima. Cuando el daño se causa con consentimiento de la víctima o a causa de la denominada culpa exclusiva de la víctima.

Para que pueda ser considerado causa de exoneración de responsabilidad, se requiere que dicho consentimiento no sea contrario a una prohibición legal, o a las buenas costumbres, o no sea eficaz por cualesquiera otras razones.

El correcto ejercicio de un derecho. Cuando el sujeto responsable obra o adopta una conducta omisiva en virtud de un derecho, cuyo ejercicio comporte un daño o cualquier tipo de perjuicio para un tercero.

Pero un uso abusivo del derecho puede constituir un acto ilícito; así el art. 7.2 CC dice que “todo acto u omisión que... sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para un tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización”.

El daño: referencia al daño moral

El propio art. 1902 impone este elemento de la responsabilidad extracontractual y la jurisprudencia reiterada exige la existencia y prueba del daño para la indemnización de daños y perjuicios.

La prueba del daño corresponde al demandante (que suele coincidir con la propia victima) El daño debe ser ante todo real, cierto y existente, pues un daño hipotético equivaldría a enriquecer sin causa a la víctima. No obstante, la sentencia puede tener en cuenta los daños futuros si éstos pueden cuantificarse y constituyen una derivación o prolongación inevitable, directa y cierta del daño ya acaecido.

Los daños materiales o (patrimoniales) deben ser objeto de reparación de forma indiscutible, pues son susceptibles de reparación tanto específica como pecuniaria.

Los daños morales (aquellos que afectan a los bienes o derechos inmateriales de las personas y que no repercuten de modo inmediato sobre el patrimonio) son indemnizables siempre que sean reales y demostrados.

La primera sentencia del TS en este sentido data de 1912 (Una persona obtuvo una indemnización por la noticia publicada en un periódico de que su hija había huído con un sacerdote).

La L.O. de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia imagen, se pronuncia abiertamente a favor de la indemnización de daños y perjuicios en los casos de daño moral. También lo hace la Ley de Propiedad Intelectual.

Resulta claro que en materia de responsabilidad extracontractual los daños morales son plenamente indemnizables, pero el debate doctrinal se centra sobre la susceptibilidad de indemnización de los daños morales circunscritos al ámbito contractual.

Según la doctrina, el daño moral y el material responden a dos conceptos diferentes:

  1. Sólo el daño patrimonial puede ser propiamente “resarcido”.

  2. Los daños morales no son resarcibles, sino sólo, en algún modo, “compensables”.

Por ello, el TS ha declarado que la pretensión de indemnización del daño moral cuando tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero, más que una función reparadora, cumple la finalidad de ser una compensación de los sufrimientos del perjudicado.

Respecto a la cuantía de los daños causados, hay que estar al prudencial criterio del juzgador, y en todo caso dependerá de las circunstancias del caso y de la gravedad de la lesión.

El daño resarcible en los PETL

La regulación que hacen los PETL del daño resarcible contiene una previsión bastante cuidadosa que no deja fuera los daños inmateriales, sino que precisamente está referida, indistintamente, al perjuicio material o inmaterial. El art. 2:101 PETL dice que "el daño requiere un perjuicio material o inmaterial a un interés jurídicamente protegido", al tiempo que el art. 2:102 PETL detalla cuáles son los intereses protegidos, explicitando que la correspondiente protección depende fundamentalmente de su naturaleza.

El presupuesto subjetivo: la culpa o negligencia

Para que haya obligación de reparar el daño causado, es preciso que éste sea atribuible al agente, bien sea porque éste tuviera intención de causar el daño; bien sea porque, pudiendo y debiendo preverlo, no previó las consecuencias dañosas dimanantes de su conducta por negligencia inexcusable.

El art. 1902 dice textualmente “interviniendo culpa o negligencia”. La jurisprudencia ha consagrado el elemento de culpabilidad.

Los presupuestos o requisitos básicos de la culpabilidad en el comportamiento dañoso son dos:

  1. La imputabilidad del autor.

  2. La conducta culposa o dolosa por parte del agente.

La imputabilidad del autor del daño

La acción u omisión ha de ser atribuible a una determinada persona -la obligada a reparar el daño causado- (la relación obligatoria requiere la existencia de 2 personas en posiciones contrapuestas). Se cuestiona si el autor ha de ser imputable, o sea, ha de actuar con consciencia subjetiva y plena capacidad de decisión o de conocimiento para determinar el alcance de sus actos La exigencia de la imputabilidad del autor del daño no constituye un presupuesto de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento (en contra de lo que ocurre en los códigos portugués o italiano).

Hay personas que pueden ser inimputables penalmente, pero ello no conlleva la inexistencia de responsabilidad civil.

Así, conforme el art. 118 CP, la responsabilidad civil generada a causa de actos llevados por quienes sean penalmente inimputables, se exigirá conforme a las siguientes reglas:

  1. Respecto de quienes sufran enajenación mental persistente, serán responsables “quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables”.

  2. El ebrio y el intoxicado (por drogas u otras circunstancias psicotrópicas) habrán de responder por sí mismos.

  3. En el supuesto de estado de necesidad, serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal.

La inimputabilidad de los menores con edades comprendidas entre 14 y 18 años ha desaparecido tras la aprobación de la LO 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pero a diferencia de lo que ocurre con respecto de los disminuidos psíquicos, la LO 5/2000 hace recaer sobre padres y guardadores la responsabilidad civil imputable al menor entre 14 y 18 años de forma solidaria, aunque no haya habido culpa o negligencia alguna de aquéllos.

El carácter doloso o culposo de la conducta

La consideración del legislador sobre la noción de culpa se aproxima a la idea coloquial de la misma. Esto es, la existencia de una conducta descuidada o poco cuidadosa debe ser sancionada tanto en el caso de que genere el incumplimiento de una obligación contractual como en el supuesto de que origine un daño (éste hará nacer la responsabilidad extracontractual).

Para determinar la responsabilidad extracontractual no tiene interés alguno la graduación de la culpa, toda vez que el autor del acto ilícito responde siempre del daño, cualquiera que sea el grado de la falta de diligencia.

Los Tribunales deberán apreciar la falta de diligencia, lo mismo que en la responsabilidad contractual, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.

Aunque el CC se refiera en los arts. 1902 y 1903 sólo a la culpa, en modo alguno se pueden excluir las conductas dolosas (aquellas que deliberada y conscientemente se dirigen a producir daño a otro) como determinantes de la responsabilidad extracontractual. Dada la mayor gravedad del dolo con respecto a la culpa, la obligación de reparar el daño tiene mayor fundamento; por lo que la referencia a la “culpa” en el artículo 1902 debe ser interpretada en sentido genérico (englobando al dolo).

La prueba de la culpa

Es una nota característica de la responsabilidad extracontractual la prueba de la culpa. La jurisprudencia ha dejado claro de forma reiterada desde la publicación del CC que el actor ha de probar la culpabilidad del demandado.

No obstante, en las últimas décadas, se ha producido un giro y el TS ha terminado por establecer que sea el sujeto supuestamente responsable quien haya de acreditar haber actuado sin culpa (inversión de la carga de la prueba), pues ya anteriormente la doctrina consideraba que es injusto que la víctima, además de haber sufrido un daño, deba soportar la carga de la prueba.

La culpa en los PETL

La inversión de la carga de la prueba de la culpa en general es precisamente la rúbrica del art. 4:201 PETL, que dice que "puede invertirse la carga de la prueba de la culpa a la luz de la gravedad del peligro que la actividad en cuestión comporta".

El presupuesto causal: la relación de causalidad

Planteamiento: causas y concausas

Entre la acción u omisión del agente y el daño diferido a la víctima debe existir un nexo causal, una relación de causa a efecto que se conoce con el nombre de relación de causalidad.

En la práctica, la determinación de la relación de causalidad origina numerosos problemas, sobre todo en los supuestos en que concurran varias causas a producir el daño final a considerar. Determinar sobre quién (o quienes) ha de pesar la reparación del daño, no es cuestión sencilla, particularmente cuando existen circunstancias concomitantes que han podido determinar el resultado dañoso.

Ante ello, la doctrina (penalista y civilista) han propuesto algunas teorías, aunque realmente son insatisfactorias para resolver la multiplicidad de supuestos que se presentan cotidianamente.

Tesis doctrinales sobre la causalidad

Teoría de la equivalencia de las condiciones. Propugna la consideración de todas y cada una de las diversas concausas que hayan contribuido a la producción del resultado dañoso siempre y cuando éste no hubiera acaecido de faltar algunas de las condiciones o circunstancias que hayan estado presentes en el supuesto de hecho.

Se identifica con la fórmula de la conditio sine qua non, que establece que sólo se tendrán en cuenta aquellas circunstancias cuya concurrencia ha sido determinante en el resultado dañoso.

Teoría de la adecuación o de la causa adecuada. La causa origen del daño sólo puede determinarse atendiendo a la adecuación entre la causa y el daño. Si el daño objetivamente contemplado era de esperar como una derivación natural del curso de los acontecimientos, podrá hablarse de relación causal.

Seguida por la mayoría de los autores.

Teoría de la causa próxima. Necesidad de que entre el daño y las diversas causas haya una relación de proximidad, de forma tal que las posibles causas de origen remoto deber ser desechadas.

Teoría de la causa eficiente. En sentido muy parecido a la anterior, la jurisprudencia española prefiere hablar en algunos casos de causa eficiente para evitar la exclusión de causas menos próximas que sean las verdaderamente determinantes del resultado dañoso.

La consideración jurisprudencial de la relación de causalidad

La inexistencia de una norma en el CC de resolución de los conflictos planteados, hace que el TS se incline por afirmar que la existencia de varias causas generadoras del daño habrá de ser valorada en cada caso por los jueces.

El TS no se adscribe de manera exclusiva a ninguna de las teorías doctrinales reseñadas, aunque en ocasiones se ha escorado a favor de una teoría cuando la justicia material lo requería.

El TS, consciente de las diversas perspectivas de interés respecto de la relación de causalidad, las considera desde una posición meramente instrumental, atendiendo ante todo a un planteamiento realista de los supuestos litigiosos y procurando lograr la debida justicia material de los casos sometidos a su conocimiento.

Caso fortuito, fuerza mayor y relación de causalidad

En más de una ocasión, ha tenido oportunidad el Tribunal Supremo de señalar que la presencia en cualquier supuesto de hecho de un caso fortuito determina la inexistencia de responsabilidad extracontractual por falta de la correspondiente relación de causalidad.

En la práctica, sin embargo, no es extraño que los pretendidos casos fortuitos alegados por los litigantes (rotura de máquinas, lluvias torrenciales convenidas, etcétera) suelen ser eventos previsibles que no habrían originado daño alguno a terceros en caso de que el sujeto responsable hubiera demostrado la debida diligencia.

La relación de causalidad en los PETL

La dificultad de determinación del significado de las causas concurrentes en la realización del daño, se pone de manifiesto si se considera la tipificación de causas, especialmente detallada, que llevan a cabo los PETL, distinguiendo entre: causas concurrente; causas alternativas; y causas potenciales.