19. La responsabilidad objetiva o sin culpa

Supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil

El principio fundamental sobre el que bascula la responsabilidad extracontractual en el CC es la presencia de culpa en la conducta activa u omisiva generadora del daño.

No obstante, en el propio CC, existen supuestos en los que la responsabilidad extracontractual nace y se genera aún cuando quien es responsable de ella no haya incurrido en culpa o negligencia alguna.

Ocurre así, en los siguientes supuestos:

  1. Daños causados por animales.

  2. Caída de árboles, y

  3. Objetos arrojados o vertidos.

Daños causados por animales

El poseedor de un animal o el que se sirviese de él, es responsable de los perjuicios que causare éste, aunque se le escape o extravíe.

La tenencia de un animal justifica por sí misma que su poseedor o usuario haya de afrontar, en términos objetivos, la reparación de los daños que eventualmente pudiera causar.

La responsabilidad sólo vendrá excluida "en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido".

Caída de árboles

Responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando la caída no sea ocasionada por fuerza mayor.

El dueño del árbol "ha de adoptar las medidas oportunas cuando algún árbol corpulento amenace con caerse de modo que pueda perjudicar a una finca ajena o a los transeúntes de una vía pública o particular".

Objetos arrojados o caídos

"El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma" (art. 1910).

En la actualidad se aplica este artículo en los casos de reclamación de indemnizaciones por filtraciones de agua a locales o viviendas sitos en plantas inferiores.

La víctima del daño, una vez acreditada la relación de causalidad, puede reclamar directamente al "cabeza de familia" la reparación del daño causado.

Es una muestra clara de responsabilidad objetiva.

La evolución legal: de la responsabilidad subjetiva a la objetiva

Los supuestos de responsabilidad no culposa exigen contemplar la reparación de daños desde una perspectiva diversa de la culpabilidad del agente.

Debe generalizarse la reparación del daño de una forma objetiva, siempre y cuando se dé el nexo de causalidad entre un riesgo dañoso y los daños efectivamente ocasionados. Así se produce, además, una inversión de la carga de la prueba: al peatón, por ejemplo, le bastará acreditar que ha sido atropellado con vistas a su resarcimiento, ya que realmente quien ha originado la situación de riesgo de atropello es el automovilista.

La responsabilidad objetiva que establece el OJ en el ejemplo es el aseguramiento obligatorio de los medios particularmente peligrosos, que colaboran a sufragar los daños que se produzcan en el ámbito de la responsabilidad extracontractual correspondiente.

Principales supuestos de responsabilidad objetiva en Derecho español

Fundándose en la llamada doctrina del riesgo, nuestra legislación se pronuncia en favor de la objetivación de la responsabilidad haciendo abstracción de la posible inexistente actuación culposa del sujeto responsable en los siguientes supuestos:

  1. Navegación aérea

  2. Circulación de vehículos a motor

  3. Energía nuclear

  4. Caza

  5. Defensa y protección de los consumidores y usuarios: la responsabilidad del fabricante

Navegación aérea

La Ley del Régimen de la Navegación Aérea de 1960 (LNA) establece de forma expresa que "la razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente, incluso en el accidente fortuito y aún cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia".

Únicamente si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del perjudicado, en la que exista dolo o culpa grave, cabrá la exoneración de responsabilidad.

Circulación de vehículos a motor

La Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor establece que nace la obligación de indemnizar, en todo caso, aunque no existiera culpa del conductor; el cual queda exonerado sólo cuando el hecho fuese debido exclusivamente a la culpa del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo.

Energía nuclear

El régimen jurídico básico de la responsabilidad civil por los daños causados por la energía nuclear se encuentra establecido por la Ley de la Energía Nuclear de 1964. En ella se establece que la responsabilidad extracontractual es puramente objetiva, excluyéndose sólo en caso de culpa o negligencia exclusiva del perjudicado.

Caza

La vigente ley de caza establece que "todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor.

En la caza con armas, si no consta el autor del daño a la persona o personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza.

Defensa y protección de los consumidores y usuarios: la responsabilidad del fabricante

La Ley de consumidores y usuarios (LCU) parece sentar una responsabilidad objetiva en favor del consumidor y usuario "por los daños y perjuicios demostrados que el consumo o la utilización de bienes y servicios les irroguen, salvo que aquellos daños o perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente.

La Ley establece un régimen de responsabilidad objetiva, aunque no absoluta, permitiendo al fabricante exonerarse de responsabilidad en varios supuestos.

Según la ley, "el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto del producto, el daño y la relación de causalidad entre ambos".

Causas de exoneración de la responsabilidad del fabricante. Los fabricantes o importadores no serán responsables si prueba cualesquiera de las siguientes circunstancias:

  • Que no había puesto en circulación el producto.

  • Que fuera posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto.

  • Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con finalidad económica.

  • Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes.
  • Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación del producto no permitían apreciar la existencia del defecto.

Resarcimiento por el Estado a las víctimas del terrorismo

La legislación postconstitucional hasta la Ley 32/1999

La responsabilidad del Estado por daños ocasionados por actos terroristas tiene una historia reciente:

El Decreto-Ley 3/1979 sobre protección de la seguridad ciudadana, declaró por primera vez responsable al Estado, de forma total y objetiva, de los "daños y perjuicios que se causaren a las personas a consecuencia de los delitos cometidos por personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas y sus conexos".

Posteriormente, se ha regulado con la Ley Orgánica 9/1984 y el Real Decreto 24 de enero de 1986.

Deben considerarse daños resarcibles los siguientes:

  • Los daños corporales físicos y psíquicos así como los gastos por su tratamiento médico.

  • Los daños materiales ocasionados a la vivienda habitual de las personas físicas.

  • Los producidos en establecimientos mercantiles e industriales que se establezca en la citada disposición.

  • Los causados en vehículos cuando éstos se dediquen al transporte de personas y mercancías, o constituyan elemento necesario para el ejercicio una profesión o actividad mercantil o laboral.

La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo

Art. 1 Ley 32/1999: "el Estado ... asume el pago de las indemnizaciones que le son debidas a las víctimas de los actos terroristas por los autores y demás responsables de tales actos".

Así, el Estado se responsabiliza del pago de las indemnizaciones, pero deja claro que los responsables de los daños son quienes incurren en actos terroristas.

Los daños indemnizables son los físicos o psicofísicos y las indemnizaciones "serán compatibles con las pensiones, ayudas, compensaciones o resarcimientos que se hubieran percibido o pudieran reconocerse en el futuro a los beneficiarios al amparo de las previsiones contenidas en la legislación de ayudas a las víctimas del terrorismo o en otras disposiciones legales".

La cuantía depende de la existencia o no de sentencia firme que declare el derecho. Si hay sentencia, la misma fija la cantidad. Y si no, se aplican las cuantías fijadas en el Anexo de la propia Ley.

La Ley 2/2003 añade una disposición a la Ley 32/1999: "El Ministerio del Interior podrá conceder ayudas a los españoles víctimas de actos terroristas cometidos fuera del territorio nacional...".

Igualmente, y a raíz del 11M, la Ley 453/2004 concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los heridos y al cónyuge y familiares en línea recta primer grado de los fallecidos en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

La Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo

La Ley 29/2011 incorpora algunas novedades normativas y refuerza varias previsiones ya existentes en la legislación precedente, estableciendo por tanto un continuum normativo.

La responsabilidad del Estado y de las Administraciones Públicas

Código Civil y legislación administrativa preconstitucional

A partir de la mitad del siglo XX una serie de leyes preconstitucionales establecieron la responsabilidad patrimonial del Estado y de la Administración Pública sobre bases objetivistas:

  • Ley de Régimen Local de 1950 -derogada-.

  • Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

  • Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957.

La Constitución de 1978

Art 9 CE: "la Constitución garantiza... la responsabilidad... de los poderes públicos". Esto es, deben responder civilmente de los daños que pudieran ocasionar a terceros. Tal deber se reitera también en el art 106 CE.

La CE convierte los parámetros normativos de la legislación ordinaria preconstitucional en principios constitucionales.

El sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas es una cuestión reservada a la competencia del Estado -art 149 CE-.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre

Este último extremo determinó la promulgación de la L30/1992 que en su título X y último se dedica a regular "la responsabilidad de las Administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio".

  • Art 139: "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".

  • Art 140: carácter solidario de las administraciones responsables.

  • Art 141: La indemnización puede ser pecuniaria o, subsidiariamente in natura.

  • Art 144: En Derecho privado las AAPP responderán de los daños causados por el personal a su servicio, considerándose actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

  • Art 145: Derecho de repetición de la Administración contra sus autoridades y demás personal a su servicio si hubo dolo o culpa grave previo procedimiento reglamentario.

La reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero

La L30/1992 ha sido reformada por la L4/1999.

  • Art 140: Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

    1. Si la gestión dimana de fórmulas conjuntas de actuación las Administraciones responderán de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador podrá distribuir la responsabilidad.

    2. En otros supuestos, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Si no es posible la determinación, la responsabilidad será solidaria.

  • Art 141: Indemnización

    1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

    2. Se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables.

    3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización al fin del procedimiento, con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el INI y los intereses de demora según LGP.

    4. Podrá sustituirse por compensación en especie o ser abonada en pagos periódicos, siempre que haya acuerdo con el interesado.

  • Art 145: Exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

    1. La Administración, cuando hubiere indemnizado, exigirá de oficio de sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa grave, previo procedimiento.

    2. Sin prejuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Administración de justicia y responsabilidad del Estado

La Constitución contempla la responsabilidad civil dimanante de posibles daños causados por la Administración de justicia.

Dispone el art. 121 de la CE que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley".

Responsabilidad recogida en la LOPJ.

Los supuestos de responsabilidad objetiva en los PETL

Los PETL dedican a la materia, en el Capítulo 5, sólo dos artículos: el art. 5:101 contempla genéricamente las actividades anormalmente peligrosas como supuestos prototípicos de las causas objetivas de responsabilidad civil en caso de daño y establece los presupuestos de una actividad anormalmente peligrosa; el art 5:102 reconoce abiertamente que las leyes nacionales pueden establecer otros supuestos de responsabilidad objetiva por la práctica de actividades peligrosas, incluso aunque dichas actividades no sean anormalmente peligrosa.