02. El poder financiero: concepto y límites (L8)

Contenidos

  1. 1 Concepto y evolución histórica
    1. 1.1 Límites del poder financiero. Clases. Límites impuestos por el Derecho Comunitario Financiero
  2. 2 La distribución funcional del poder financiero: competencias normativas y de gestión
  3. 3 La ordenación constitucional del poder financiero en España
    1. 3.1 Titulares del poder financiero
    2. 3.2 Criterios y límites para el ejercicio del poder financiero
    3. 3.3 Instancias que controlan el ejercicio del poder financiero
  4. 4 El poder financiero del Estado
    1. 4.1 Establecimiento del sistema tributario estatal y del marco general de todo el sistema tributario
    2. 4.2 Establecimiento de los criterios básicos informadores del sistema tributario de las Comunidades Autónomas
    3. 4.3 Establecimiento del sistema tributario de los Entes Locales
    4. 4.4 Fijación de criterios que posibiliten la coordinación entre los distintos sistemas tributarios
    5. 4.5 Regulación de los ingresos patrimoniales
    6. 4.6 Ingresos crediticios
    7. 4.7 Regulación del gasto público y establecimiento de mecanismos de coordinación en materia presupuestaria
  5. 5 El poder financiero de las CCAA de régimen común
    1. 5.1 Contenido y límites. Principios informadores
      1. 5.1.1 Principio de autonomía y corresponsabilidad
      2. 5.1.2 El principio de solidaridad
      3. 5.1.3 El principio de unidad
      4. 5.1.4 El principio de coordinación con la Hacienda estatal
      5. 5.1.5 El principio de igualdad
      6. 5.1.6 El principio de neutralidad
      7. 5.1.7 El principio de territorialidad de las competencias
      8. 5.1.8 La prohibición de doble imposición
      9. 5.1.9 La lealtad institucional
    2. 5.2 El poder financiero de las CCAA en materia de ingresos
      1. 5.2.1 Otras participaciones en los ingresos del Estado: el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica
      2. 5.2.2 El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales
      3. 5.2.3 Transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial
      4. 5.2.4 Ingresos patrimoniales
      5. 5.2.5 Ingresos derivados de operaciones de crédito
    3. 5.3 El poder financiero de las CCAA en materia de gasto
    4. 5.4 Competencias autonómicas en relación con las Haciendas locales
  6. 6 El poder financiero de las CCAA de régimen foral
    1. 6.1 País Vasco
    2. 6.2 Navarra
  7. 7 El poder financiero de los entes locales
    1. 7.1 Hacienda Municipal. Régimen general
      1. 7.1.1 Ingresos de Derecho Público
      2. 7.1.2 Subvenciones
      3. 7.1.3 Precios públicos
      4. 7.1.4 Operaciones de crédito
      5. 7.1.5 Multas y sanciones
    2. 7.2 Regímenes especiales
    3. 7.3 Hacienda Provincial 
    4. 7.4 Las Haciendas de las restantes entidades locales
  8. 8 Las facultades financieras de los entes corporativos
Concepto y evolución histórica

La competencia para establecer tributos ha sido uno de los distintivos tradicionales de la soberanía política.

Cuando las primeras instituciones parlamentarias, las Asambleas medievales, se reúnen para discutir asuntos públicos, lo hacen con una finalidad muy concreta: estudiar y aprobar las peticiones de subsidios hechas por los Monarcas, condicionando su concesión al hecho de que se diera explicación sobre actividades que iban a financiarse con los medios solicitados.

Con la instauración del constitucionalismo en el siglo XIX, tanto el establecimiento de tributos como la aprobación de los Presupuestos estatales pasan a ser competencia reservada al Parlamento y tanto la aplicación y efectividad del tributo como la ejecución del Presupuesto constituyen actividad administrativa reglada, sometida a Derecho.

En un primer momento, priman los aspectos estrictamente formales, básicamente el respeto al principio de reserva de ley y al principio de legalidad en la actuación administrativa. Años más tardes y en España, cuando entra en vigor la Constitución, el carácter normativo y vinculante del texto hace que el poder legislativo no sólo esté condicionado por el respeto a los principios formales, sino que también los principios materiales resultan vinculante para el poder de legislar en materia financiera.

El poder financiero no es más que “el poder para regular el ingreso y el gasto público”. Este poder se concreta en la titularidad y ejercicio de una serie de competencias constitucionales en materia financiera: en esencia, aprobar los presupuestos, autorizar el gasto público y establecer y ordenar los recursos financieros necesarios para sufragarlo.

El poder financiero se identifica con el poder legislativo en materia financiera.

Hoy día aparece el poder financiero como el haz de competencias constitucionales y potestades administrativas de que gozan los entes públicos territoriales, representativos de intereses primarios, para establecer un sistema de ingresos y gastos.

La expresión poder financiero, aunque utilizada por nuestro TC, no aparece expresamente recogida en la CE, que en cambio sí alude al poder tributario, la potestad para establecer los tributos .

El poder financiero se ha desvinculado definitivamente de la idea de soberanía, concepto éste que, adecuado a la problemática jurídico-política de la Monarquía absoluta, carece de sentido en el moderno Estado constitucional, en el que el Estado en cuanto a sujeto de derechos y obligaciones, no puede considerarse soberano, como cualquier otra persona jurídica en general, se halla sometida al Ordenamiento.

Se ha reconocido progresivamente la heterogeneidad del contenido del poder financiero, como conjunto de competencias y potestades proyectadas sobre la actividad financiera o sobre la Hacienda Pública.

El poder financiero no puede concebirse como una categoría unitaria derivada de la soberanía, sino como una fórmula abreviada para designar las competencias en materia hacendística, como el haz de competencia constitucionales y de potestades administrativas de que gozan los entes públicos territoriales, representativos de intereses primarios, para establecer un sistema de ingresos y gastos.

Límites del poder financiero. Clases. Límites impuestos por el Derecho Comunitario Financiero

En un Estado de Derecho el poder financiero, al igual que cualquier otra manifestación del poder político, debe ejercitarse en el marco del Derecho. Es pues el ordenamiento jurídico en su totalidad el que delimita el ejercicio del poder financiero, en sus múltiples manifestaciones:

  • Límites derivados de la Constitución;

  • Límites que la CE impone al poder financiero de los entes públicos territoriales que integran el Estado.

Cuando el Estado o las CCAA legislan en materia financiera, cuando establecen un tributo o aprueban sus respectivos Presupuestos, están limitados por el conjunto de mandatos, principios y valores establecidos en la CE, al igual que lo están cuando legislan cualquier otra materia.

Los límites al poder financiero de los entes públicos deben buscarse, en primer término, en las normas y principios que integran la CE y que básicamente aspiran a resolver o afrontar, al menos, los dos problemas fundamentales planteados en materia financiera y que se concretan en determinar:

  1. Cómo distribuir las competencias financieras entre los diferentes entes territoriales: Estado, CCAA, Entes Locales.

  2. Cómo distribuir las cargas públicas entre los ciudadanos que, de una parte, han de concurrir a su financiación, en particular fijando los criterios de contribución al sostenimiento de los gastos públicos y que de otra, se han de beneficiar de la equitativa asignación de los fondos públicos disponibles.

En cuanto a la distribución de las competencias financieras entre Estado, CCAA y Entes Locales, hay que empezar señalando que si en el moderno Estado de Derecho el poder financiero se ejerce a través de las competencias y de las potestades atribuidas por el Ordenamiento jurídico a los entes públicos en que se organizan territorialmente el Estado, la concurrencia de entes públicos dotados de poder constitucional financiero en un Estado de estructura plural o compuesta, constituye la primera exigencia constitucional que han de respetar todos y cada uno de los titulares del poder financiero.

Una vez aclarado el orden o el sistema constitucional de distribución de competencias financieras, entraría en juego el segundo problema, la distribución de las cargas públicas entre los ciudadanos y equitativa asignación de los fondos públicos disponibles, que nos remite al examen de aquellas competencias.

Junto a los límites directamente derivados de la norma constitucional, existe un segundo bloque, aunque se basan en ésta, son los contenidos en los principios generales que establecen los criterios de sujeción al poder financiero y rigen la aplicación del ordenamiento interno, tanto en el tiempo como en el espacio. Ni el poder financiero puede ejercitarse sobre cualquier realidad social registrada en una época lejana, ni proyectarse sobre una realidad social acontecida en el territorio de otro Estado, salvo que exista algún vínculo con alguno de los sujetos intervinientes en dicha relación social. El poder legislativo en materia financiera se encuentra condicionado temporal y espacialmente.

Tercer grupo de límites: Límites, derivados de la pertenencia del Estado a la Comunidad Internacional, cada vez más importantes, básicamente los T. Internacionales.

Particular atención merecen los límites impuestos al poder financiero del Estado como consecuencia de su adhesión a la Unión Europea.

Estas comunidades creadas por el Derecho y creadoras de Derecho, (el ordenamiento Jurídico comunitario), junto a las normas que les dieron origen, los Tratados Fundacionales y aquellas que producen para el ejercicio y realización de sus funciones, el Derecho derivado, hay que tener en cuenta un conjunto de principios, definidos básicamente en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia TJCE y un sistema de valores y objetivos, usualmente sintetizado todo ello, con la expresión acervo comunitario.

Dentro del Ordenamiento jurídico comunitario cabe referirse al Derecho comunitario financiero en cuanto rama del Derecho comunitario que se proyecta sobre la materia financiera, esto es, sobre el sistema de ingresos y gastos. En otros términos, el Derecho comunitario financiero está constituido por el conjunto de pactos, normas y principios que regulan el ejercicio del poder financiero de los Estados miembros en el seno de la Comunidad, así como la atribución a estas últimas de competencias para el establecimiento de sus propios recursos y la ordenación presupuestaria de los ingresos y gastos destinados a la consecución de sus objetivos fundacionales.

Cabe destacar una doble proyección de una parte, el conjunto de normas y principios que regulan los recursos tributarios de la Hacienda de las Comunidades y de otra las normas y principios comunitarios que inciden directamente en el poder impositivo nacional o más genéricamente, en los Ordenamientos tributarios de los Estados Miembros.

La Comunidad ostenta la titularidad de determinadas competencias, de un propio ámbito de poder atribuido por los Tratados sobre la base de las Constituciones de los Estados miembros, competencias derivadas de la CE y atribuidas a las Comunidades europeas en materia tributaria y se proyectan sobre tres planos distintos:

  1. Los Tratados atribuyen a las Comunidades la potestad de establecer recursos tributarios propios.

  2. Los Tratados imponen determinados límites, prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros.

  3. Los Tratados permiten a las Comunidades Europeas incidir en la legislación fiscal de los Estados miembros mediante sistemas de armonización.

En otra vertiente del Derecho Comunitario financiero, la relativa a la ordenación presupuestaria de los ingresos y gastos públicos, Por otra parte existe un grupo de normas comunitarias de carácter económico y presupuestario que inciden directamente en el poder financiero de los Estados miembros. Tal ocurre, por ejemplo, con las normas del Tratado que obligan a los Estados a evitar déficit públicos excesivos.

Conviene no descuidar los límites que el Derecho comunitario impone al poder financiero de las Comunidades Autónomas. Aunque el orden constitucional de distribución de competencias no puede ser alterado por el proceso de integración europea.

La distribución funcional del poder financiero: competencias normativas y de gestión

El poder financiero constituye una manifestación y, a la vez, un atributo esencial del poder político, esto es, de la facultad de dictar normas generales de conformidad con la idea de Derecho y con el conjunto de valores, principios y objetivos plasmados en el texto constitucional.

El poder financiero sólo se le reconoce a los entes de naturaleza política, esto es, a los entes públicos territoriales representativos de los intereses generales de un pueblo, de una población establecida en un territorio. Los entes públicos institucionales, de tipo corporativo o de carácter funcional, no son representativo de intereses generales, sino de intereses sectoriales, carecen de poder político, y por tanto de poder financiero. Son titulares de simples facultades o competencias administrativas en materia financiera, sólo podrán exigir pero no establecer, los ingresos de derecho público establecidos por las leyes.

El poder financiero requiere de un proceso de concreción sucesiva para asegurar su operatividad, mediante el poder de gastar (aprobar Presupuestos y autorizar el gasto público). En definitiva mediante el poder de establecer tributos (art. 133 CE) se traduce en las concretas prestaciones tributarias contenidas en los actos administrativos de liquidación e imposición o mediante el poder de gastar.

En el plano constitucional el poder financiero se concreta en la atribución de una serie de competencias constitucionales financieras que son:

  • Aprobar los Presupuestos,

  • Autorizar el gasto público y

  • Establecer y ordenar los recursos financieros para financiarlo.

En un Estado de estructura plural compuesta a través de una distribución vertical del poder político y financiero la CE atribuye a los entes territoriales competencias materiales.

En virtud de la trascendencia que el principio de reserva de ley tiene en materia financiera, son los órganos del poder legislativo del Estado (las Cortes Generales) y de las CCAA (Asambleas legislativas) los que a través de la Ley deben establecer la ordenación fundamental de la actividad financiera. Si bien la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado y aprueban sus Presupuesto.

Pero también hay que destacar, junto a las propias del Legislativo, las competencias del Gobierno, del Ejecutivo, para dictar normas jurídicas que, con una posición subordinada a la Ley, desarrollen o complemente la regulación de la actividad financiera en los márgenes permitidos por la CE y las Leyes.

Promulgada la Ley, la competencia reglamentaria del gobierno desarrolla las previsiones contenidas en la misma y concreta su contenido. Se concreta así el ordenamiento financiero:

  • El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a los diferentes niveles territoriales de la Hacienda Pública: Estado, CCAA y Corporaciones Locales.

  • Los Derechos ( Ejemplo: reconocimiento de pensiones) y las Obligaciones (ejemplo: pago de tributos) de los ciudadanos frente a la Hacienda Pública.

  • Las potestades atribuidas por el Ordenamiento a la Administración financiera para el ejercicio de las funciones gestoras, esto es, los poderes-deberes confiados por el Ordenamiento jurídico a la Administración de la HP para la gestión del conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado, a las CCAA o Entidades Locales.

Nos situamos así en un segundo plano o nivel de concreción del poder financiero que se traduce y manifiesta en un conjunto articulado de potestades y de competencias administrativas-financieras atribuidas, en unos casos por la Ley y en otros por el Ordenamiento jurídico, para el ejercicio de las funciones financieras conducentes a la realización del gasto público y a la obtención de ingresos para financiarlos.

Interesa destacar la diferencia entre los actos normativos y los actos administrativos de liquidación o de imposición. Los primeros derivan del ejercicio de competencias constitucionales normativas, legislativas o reglamentarias, en materia financiera y pasan a integrarse en el Ordenamiento jurídico, innovándolo y formando parte del mismo. Los actos a través de los cuales se desarrollan las competencias y las potestades administrativas de aplicación de los tributos no forman parte del Ordenamiento jurídico, sino que son consecuencia del mismo, careciendo de potencialidad para innovarlo, toda vez que deben sujetarse escrupulosamente al contenido de aquel.

La ordenación constitucional del poder financiero en España

El poder financiero se traduce en el conjunto de competencias constitucionales y de potestades administrativas de que gozan los entes públicos territoriales, representativos de intereses primarios, para establecer un sistema de ingresos y gastos con el que satisfacer los fines y las necesidades públicas. Son, pues, los entes políticos los únicos que constitucionalmente pueden realizar una actividad financiera en sentido estricto.

Titulares del poder financiero

De acuerdo con el art. 137 CE, el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Los titulares del poder financiero en España son:

  • El Estado (la administración central).

  • Las Comunidades Autónomas,

  • Los Municipios,

  • Las Provincias y demás entidades locales reguladas por la legislación de régimen local.

La configuración que del Estado hace nuestra CE ha supuesto una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel que son fundamentalmente el Estado, titular de la soberanía, las CCAA, caracterizadas por su autonomía política y las provincias y municipios, dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito.

El poder de cada uno de estos entes alcanza una proyección distinta. Estado y CCAA tienen en común la existencia de un poder legislativo, del que carecen las Corporaciones Locales, al tiempo que se diferencian porque el Estado no tiene más límites que los establecidos en la CE, mientras que las CCAA deben observar los límites establecidos por las leyes estatales. Los límites son más intensos en materias de ingresos, especialmente de ingresos tributarios, que en materia de gatos, aspecto éste en el que la autonomía política recaba una mayor señoría de los distintos entes sobre sus propias competencias.

Criterios y límites para el ejercicio del poder financiero

Los titulares del poder financiero deberán adecuar su ejercicio al cuadro de valores, principios y objetivos que integran el programa constitucional, y respetando el orden de distribución de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad.

Instancias que controlan el ejercicio del poder financiero

En el Derecho español el juicio acerca de la constitucionalidad de las leyes, en determinados casos de los Reglamentos y del correcto deslinde de competencias entre los distintos titulares del poder financiero corresponde emitirlo al Tribunal Constitucional, mientras que los Tribunales Ordinarios deberán enjuiciar la legalidad de la actividad administrativa desplegada en el ejercicio de las competencias y de las potestades administrativo-financieras.

El poder financiero del Estado

Varias son las parcelas que hay que distinguir dentro de esta materia:

Establecimiento del sistema tributario estatal y del marco general de todo el sistema tributario

“La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley” (art. 133.1 CE), que habrá de respetar los mandatos y exigencias constitucionales recogidas en el art. 31.1 CE, de derechos y garantías de los contribuyentes, y en el art. 3 de la LGT: “La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.

Puesto que el régimen jurídico de ordenación de los tributos es considerado como un sistema, el poder de establecer tributos habrá de atender antes que nada a las exigencias del sistema, correspondiéndole al legislador estatal regular no sólo sus propios tributos sino también el marco general del sistema tributario en todo el territorio nacional, como indeclinable exigencia de la igualdad de los españoles.

El Estado es competente para regular no solo sus propios tributos, sino también “el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las CCAA respecto del propio Estado”.

Establecimiento de los criterios básicos informadores del sistema tributario de las Comunidades Autónomas

El art. 157.3 CE remite a una Ley Orgánica la regulación de las competencias financieras de las Comunidades autónomas, debiendo este precepto ponerse en relación con el art. 133.1 del propio texto constitucional, según el cual “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley”. Así como el art. 149.1.14 que se reserva al Estado en exclusiva la competencia sobre Hacienda General. Se advierte así cómo la CE delega en el legislador estatal la función y la responsabilidad de concretar el sistema de distribución de competencias financieras y tributarias entre el Estado y las CCAA, limitándose a señalar los principios básicos, autonomía, coordinación y solidaridad, a los que el legislador estatal habría de ajustar su libertad de configuración normativa.

La Ley Orgánica de Financiación de las CCAA LO 8/1980, de 22 de septiembre traza las pautas y los límites conforme a los cuales las Asambleas Regionales pueden establece tributos autonómicos. Límites que en unos casos son genéricos, mientras que en otros van referidos a cada una de las posibles categoría tributarias:

Tasas, Contribuciones especiales, Impuestos y recargos sobre impuestos estatales y tributos cedidos.

Con la LO 3/1996, 27 de diciembre, se le atribuyó a las CCAA competencias normativas en los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y se volvió a ampliar el ámbito de cesión con la LO 7/2001.

La concepción del Sistema de financiación autonómica ha evolucionado desde la inicial configuración de una Hacienda autonómica de transferencias, en las que el grueso de ingresos procede del Presupuesto estatal, hasta la actual concepción del sistema presidida por el principio de corresponsabilidad fiscal, y conectada no sólo con la participación de los ingresos del Estado sino también con la capacidad del sistema tributario para generar un sistema propio de recursos como fuente principal de los ingresos de Derecho público.

Establecimiento del sistema tributario de los Entes Locales

La intervención del legislador estatal en la ordenación del sistema tributario local viene reclamada por el art. 133.1 y 2 de la CE, disponiendo una “inicial libertad de configuración” al objeto de garantizar la subsistencia equilibrada de dos exigencias constitucionales, que no podrán abolirse entre si en su respectivo despliegue: las derivadas de la reserva de ley en el orden tributario y las propias de la autonomía local.

La autonomía local se configura como una garantía institucional y constitucional (art. 137 CE) que opera tanto frente al Estado como frente a los poderes autonómicos, y corresponde al legislador estatal asegurar un nivel mínimo de autonomía a todas las corporaciones locales en todo el territorio nacional y garantizar la efectividad de la suficiencia financiera ordenada por la CE y que implica la necesidad de que los entes locales cuenten con fondos suficientes para cumplir con las funciones que legalmente les han sido encomendadas, esto es, para posibilitar y garantizar el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reconocida.

Tratándose, específicamente, de tributos que constituyan recursos propios de las Corporaciones Locales, carente de potestad legislativa para establecer tributos, aunque habilitadas por la CE para establecerlos y exigirlos, entiende el TC que aquella reserva del art. 133.2 CE, habría de operar necesariamente a través del legislador estatal, en tanto en cuanto la misma existe también al servicio de otros principios que sólo puede satisfacer la ley del Estado, debiendo entenderse vedada, por ello, la intervención de las CCAA en este concreto ámbito normativo.

En cumplimiento de tales requisitos constitucionales 133 y 142 CE y en ejercicio de las competencias que le reconoce el 149. 14 CE (hacienda general) y 18ª (bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas) de la CE, las Cortes generales aprobaron la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales en la que se contienen el repertorio de recursos, tributarios y no, que hacen posible el cumplimiento de aquellas exigencias. Ésta fue modificada sustancialmente por al 50/1998 y por la 51/2002, de 27 de diciembre y ha sido derogada tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Fijación de criterios que posibiliten la coordinación entre los distintos sistemas tributarios

Tanto en la LOFCA ley orgánica de las comunidades Autonómica, como en la Ley de Haciendas Locales, el legislador estatal ha establecido una serie de criterios cuya aplicación va a posibilitar la coordinación entre los distintos sistemas tributarios, de forma que no existan contradicciones entre ellas como por ejemplo, el que los tributos que establezcan las CCAA no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados ya por el Estado.

La necesidad de que el Estado compense a las CCAA por la disminución de ingresos que les ocasione el establecimiento por el Estado de tributos que graven hechos imponibles hasta entonces gravados por aquéllas, etc.

Se echa en falta el marco normativo que permita la coordinación de la actividad de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública, si bien están reguladas las relaciones entre Estado y CCAA y Estado y Haciendas Locales, no lo están entre CCAA y Entidades Locales.

Regulación de los ingresos patrimoniales

El poder financiero estatal se extiende también a los ingresos estatales de carácter patrimonial. De acuerdo con la Constitución, por Ley se regularan el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Las CCAA, de acuerdo con sus Estatutos, podrán establecer su propio régimen patrimonial, en el marco de la legislación básica del Estado.

Ingresos crediticios

De acuerdo con el art. 135 de la CE, el Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito. Aspectos ambos sobre los que existe una profunda normativa estatal reguladora de los aspectos sustantivos y formales de la apelación estatal al crédito.

Regulación del gasto público y establecimiento de mecanismos de coordinación en materia presupuestaria

Este ámbito del poder financiero del Estado se concreta en la exigencia de Ley para la regulación de los aspectos más importantes del gasto público: aprobación del Presupuesto, asunción de obligaciones financieras, realización de gastos, así como en el establecimiento de los mecanismos de coordinación que aseguren la estabilidad presupuestaria.

El poder financiero de las CCAA de régimen común

Contenido y límites. Principios informadores

Advierte el TC que la regulación aplicable a las instituciones autonómicas no es sólo la contenida en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en las Leyes estatales, que dentro del marco constitucional, se hubiesen dictado para delimitar las competencias del Estado y las CCAA, (LOFCA) y en las reglas y principios constitucionales especialmente dirigidos a las CCAA, sino también, en las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes públicos que conforman el Estado, en sentido amplio.

La Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía para la gestión de sus respectivos intereses tanto “política” como “financiera”

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas se concreta en la atribución de competencias normativas y de gestión que hagan posible la articulación de su propio sistema de ingresos y gastos. De ahí que la autonomía financiera se manifieste tanto en la versión de ingresos como en la de gastos, pero sin perder de vista que, tanto en una como en otra vertiente, la CE vincula la autonomía financiera de las CCAA al desarrollo y ejecución de sus competencias.

La autonomía financiera, como instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política implica tanto la capacidad de las CCAA para establecer y exigir sus propios tributos como su aptitud para acceder a un sistema adecuado de ingresos.

En cuanto al alcance del poder financiero interesa retener que al margen de los límites y exigencias constitucionales existen unos límites específicos al poder financiero de las comunidades autónomas que pueden ser tanto intrínsecos, en función de principios explícitos o no, y extrínsecos, que proceden del exterior, como consecuencia de la interrelación de competencias concurrentes sobre la misma materia en un mismo ámbito territorial. Importa advertir que la jurisprudencia constitucional ha sentado como criterio hermenéutico (arte de interpretar textos ) el que ninguno de los límites constitucionales que condiciona el poder financiero de las CCAA puede ser interpretado de tal modo que lo haga inviable.

Tales límites específicos se concretan sustancialmente en los siguientes principios:

Principio de autonomía y corresponsabilidad

Derivado del art. 156.1 CE, se traduce en la explícita vinculación constitucional entre las competencias financieras y las competencias materiales de las Comunidades Autónomas. La autonomía financiera de las CCAA se vincula al desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, le atribuyen los respectivos Estatutos y las Leyes.

Esta conexión o vinculación constitucional entre potestades o competencias financieras y ámbito material de competencias, comporta una doble consecuencia. Una negativa, en cuanto límite para las CCAA: éstas ostentan la titularidad de los poderes que les confiere el bloque de la constitucionalidad, entre ellos el poder financiero, pero sólo en los límites de sus competencias.

Pero también una positiva: la autonomía y la suficiencia financiera de las CCAA forman parte del contenido inherente de su ámbito material de competencias y constituyen garantía de su autonomía política.

Aun cuando tenga un carácter instrumental la amplitud de los medios determina la posibilidad real de alcanzar los fines, habida cuenta que el soporte material de la autonomía financiera son los ingresos.

El poder financiero se concreta en la atribución a los entes públicos territoriales de las competencias financieras necesarias para atender a la realización de sus competencias materiales.

El principio de solidaridad

La solidaridad constituye, junto con la autonomía, la clave de bóveda que sustenta la nueva organización territorial del Estado. El principio de solidaridad es un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la nación española y proyecta sus exigencias no sólo a las

relaciones entre el Estado y las CCAA, sino también las relaciones entre estas, que deberán velar en sus respectivos territorios por la realización del principio de solidaridad.

En su proyección interterritorial la solidaridad entre nacionalidades y regiones (art. 2 CE) requiere, de una parte que “en el ejercicio de sus competencias se abstengan de tomar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general y tengan por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí...” La solidaridad interterritorial exige el reconocimiento de una comunidad de intereses entre las distintas comunidades Autónomas y el comportamiento leal de todas ellas en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencias.

Pero además, la solidaridad interterritorial obliga al Estado a velar "por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español" (art. 138.1 CE); y ello comporta la adopción de medidas que aseguren la redistribución de la riqueza entre las distintas Comunidades Autónomas y la igualdad en los niveles de provisión de los servicios públicos esenciales o básicos.

El principio de unidad

El derecho a la autonomía se da sobre la base de la unidad nacional. Las exigencias del principio de unidad se proyectan tanto en la esfera económica como en la específicamente tributaria. Nuestra CE garantiza tanto la unidad de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios, pues la unidad del Estado no es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un importante campo competencial de las CCAA.

La exigencia del principio de unidad se proyectan tanto en el orden económico general como en el específicamente tributario, correspondiéndole al legislador estatal la fijación de los principio o criterios básicos de general aplicación en todo el territorio nacional.

El principio de coordinación con la Hacienda estatal

Como instrumento imprescindible para la adopción de una política económica y fiscal general que garantice el equilibrio económico y la estabilidad presupuestaria y estimule el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, conforme a lo establecido en la CE.

En la doctrina constitucional sobre el principio de coordinación es fácil advertir la necesidad de articular medios y sistemas de relación entre la Hacienda estatal y las Haciendas autonómicas que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y acción conjunta. Exigencias todas ellas que conectan con los principios de colaboración, solidaridad y lealtad constitucional que inspiran la ordenación de la Hacienda en el Estado autonómico. Exige a las CCAA la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa.

Para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las CCAA y de la HP se crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, como órgano consultivo, constituido por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Administraciones Pública y el Consejero de Hacienda de cada CCAA.

El principio de igualdad

Proyectado sobre la distribución del poder entre los diferentes entes públicos territoriales del Estado, se manifiesta básicamente en las exigencias del artículo 139.1 CE (todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado) y del art. 138.2 CE (“las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Correspondiéndole al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

El principio de neutralidad

Conectado con el de igualdad y el de territorialidad, se concreta en el principio de libre circulación de bienes y personas en todo el territorio nacional; y, específicamente en lo que atañe a las medidas tributarias, que no puedan implicar privilegios económicos o sociales, ni barreras fiscales. El sistema de ingresos de las CCAA deberán establecerse de forma que no pueda implicar privilegios económicos o sociales ni suponer la exigencia de barreras fiscales en el territorio español, de conformidad con el art. 157.2 CE.

El principio de territorialidad de las competencias

Es algo implícito al propio sistema de autonomías territoriales, de forma que la eficacia y el alcance territorial de las normas y de los actos de las CCAA viene impuesto por la organización territorial del Estado y responde a la necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo de las competencias asumidas por las distintas CCAA.

Por otra parte, el territorio se configura como elemento delimitador de las competencias de los poderes públicos territoriales, y, en concreto, como delimitador de las competencias de las CCAA en sus relaciones con las demás CCAA y con el Estado.

Junto a estas dos proyecciones del principio de territorialidad el art. 157.2 CE se refiere específicamente al poder tributario de las Comunidades Autónomas, al disponer que estas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

Se consagra el principio de territorialidad fiscal con la libertad de circulación y la prohibición de la exportación tributaria interterritorial.

La prohibición de doble imposición

Conforme al art. 6.2 LOFCA, "los tributos que establezcan las CCAA no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".

La Ley Orgánica que regula el ejercicio de las competencias financieras de las CCAA conforme a la habilitación del art. 157.3, somete la creación por aquéllas de tributos propios a dos límites: dichos tributos no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado y otro, impide el establecimiento y gestión de tributos autonómicos sobre las materias que la legislación de régimen local reserve a las corporaciones locales, fuera de los supuestos que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple y aun en estos supuestos, habrán de establecerse las compensaciones pertinentes.

La lealtad institucional

Tiene declarado el TC que la autonomía y las propias competencias son indisponibles tanto para el Estado como para las CCAA y para los Entes locales.

La lealtad constitucional constituye una exigencia implícita e incluso presupuestos de todas las anteriores y ahora formalmente incorporada a la LOFCA, como otro de los principios con arreglo a los que se ejercerá la actividad financiera de las CCAA en coordinación con la Hacienda del Estado.

Supone que determinará la valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria que eventualmente puedan recaer sobre las CCAA obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente y que deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de política fiscal y financiera de las CCAA.

Vulneraría las exigencias cualquier transferencia de recursos de una Hacienda territorial a otra, impuesta unilateralmente por una de ellas, siempre que esta transferencia forzosa de recurso no encuentre una habilitación expresa en el bloque de la constitucionalidad.

El poder financiero de las CCAA en materia de ingresos

De acuerdo con el art. 157.1 CE, los recursos de las CCAA estarán constituidos por:

  • Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado.

  • Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

  • Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

  • Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho privado.

  • El producto de las operaciones de crédito.

Impuestos cedidos por el Estado: La cesión a éstas de los siguientes impuestos:

  • Impuesto sobre el Patrimonio,

  • Impuesto sobre Sucesiones Donaciones

  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados y

  • Tasas y demás exacciones sobre el juego.

La cesión podrá hacerse total o parcialmente y, en ambos casos la cesión podrá comprender competencias normativas. La cesión será total si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el tributo de que se trate y parcial si se hubiese cedido la de alguno de los mencionados hechos imponibles o parte de la recaudación correspondiente a un tributo.

Otras participaciones en los ingresos del Estado: el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica

El porcentaje de participación de las CCAA en los ingresos del Estado a través del Fondo de Suficiencia:

Esta fuente de financiación de las CCAA aparece previsto en la CE y tiene su desarrollo orgánico en la LOFCA, e integra la participación en ingresos del Estado en el Fondo de suficiencia que cubrirá la diferencia de las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto propio y su capacidad fiscal.

El valor inicial del fondo de suficiencia se fijará en Comisión mixta de transferencias y en los años sucesivos se determinará atendiendo a su valor inicial y a la evolución de la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por aquellos impuestos que se determine por ley.

El valor inicial del Fondo de suficiencia únicamente podrá ser objeto de revisión cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores o cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

Es el instrumento con el que el Estado garantiza en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia.

El objeto es asegurar que cada CCAA reciba, en los términos fijados por la Ley, los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, garantizando la cobertura del nivel mínimo de servicios fundamentales en todo el territorio.

En la constitución del Fondo participan todas las CCAA con un porcentaje de sus tributos cedidos, y el Estado con aportación adicional según art 9 de la L22/2009.

Transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial

Junto a los ingresos derivados de tributos propios y de los tributos cedidos, el Art. 158 CE prevé la posibilidad de que las CCAA obtengan ingresos provenientes del Fondo de Compensación territorial. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las CCAA y provincias en su caso.

La CE prevé que los Presupuestos podrán establecer una asignación a las CCAA en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio nacional, como la educación y la sanidad.

Ingresos patrimoniales

Las Comunidades Autónomas cuentan asimismo con los rendimientos procedentes de su patrimonio y con los ingresos de derecho privado general: adquisiciones, a titulo de herencia, legado o donación, ingresos derivados de explotaciones económicas particulares con capital público.

Ingresos derivados de operaciones de crédito

La LOFCA incluye entre los ingresos de Derecho Publico de las CCAA “el producto de las operaciones de crédito” que constituyen “fuente complementaria .., nunca principal”. En desarrollo de tal previsión establece dos principios básicos:

  1. Las CCAA podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería.

  2. Podrá concertar operaciones de créditos por plazo superior a un año siempre que el importe total del crédito se destine exclusivamente a gastos de inversiones y el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses no exceda del 25% de los ingresos corrientes de la CCAA. Las operaciones de crédito en el extranjero y la emisión de deuda o cualquiera otra apelación al crédito público precisaran autorización del Estado. Se señala igualmente que la Deuda pública de las CCAA y los títulos-valores de carácter equivalente emitidos por éstas, estarán sujetos a las mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.

El poder financiero de las CCAA en materia de gasto

“La autonomía política de las CCAA y su capacidad de autogobierno se manifiesta en la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia”. La CE nada dice acerca del régimen presupuestario de las CCAA.

Mientras el poder de gasto del Estado no se define por conexión con el reparto competencial de materias que la CE establece, 148 y 149, de manera que el Estado siempre podrá, en uso de su soberanía financiera, asignar fondos públicos a unas finalidades u otras, no sucede igual con la autonomía financiera de las CCAA que se vincula al desarrollo y ejecución de las competencias que de acuerdo con la CE, le atribuyan los respectivos Estatutos y leyes, la potestad de gasto autonómica no podrá aplicarse sino a actividades en relación con las que por razón de la materia, se ostenten competencias.

A diferencia de lo que ocurre en materia de ingresos y sobre todo en ingresos tributarios, la CE nada dice acerca del régimen presupuestario de las CCAA.

La LOFCA sí ha establecido determinados principios, los de unidad, anualidad y estabilidad presupuestaria, exigiendo la necesidad de que se consigne el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la CCAA, al tiempo que prevé la prórroga presupuestaria cuando no se aprueben los presupuestos antes del primer día del ejercicio y se establece la necesidad de que los Presupuestos autonómicos se elaboren con criterios homogéneos, de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos del Estado.

Competencias autonómicas en relación con las Haciendas locales

El diseño constitucional ha conducido a una clara distinción entre la autonomía de las Comunidades y la de las Corporaciones Locales.

Cada CCAA está obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad.

Nada impide que las Asambleas autonómicas sea la que apruebe disposiciones legislativas que afecten al ejercicio del poder tributario por parte de las Corporaciones Locales.

Las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Es cierto que el TC considera que tratándose de tributos que constituyan recursos propios de las Corporaciones locales, la reserva de ley habrá de operar necesariamente a través del legislador estatal, todo ello no es óbice para que las CCAA, al igual que el Estado, puedan ceder también sus propios impuestos o tributos en beneficio de las corporaciones locales.

El poder financiero de las CCAA de régimen foral

País Vasco

El marco jurídico positivo que establece el régimen financiero del País vasco arranca en la CE, en virtud de la cual se ampara y respetan los derechos históricos de los territorios forales. Por LO 3/1979, de 18 de diciembre, se aprueba el Estatuto de Autonomía, en cuyos artículos 40 a 45 se establece el régimen en materia de Hacienda y Patrimonio, previéndose expresamente que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se regularán mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenio.

Se le atribuyó una duración limitada hasta el 31 de diciembre de 2001, siendo sus rasgos fundamentales son su carácter paccionado, la distribución de competencias tributarias entre el Estado y las Instituciones de los Territorios Históricos y el sistema de cupo.

El nuevo Concierto económico con el País vasco se aprueba en el 2002 y se modifica en 2007, confiriéndole un carácter indefinido, al objeto de insértalo en un marco estable que garantice su continuidad al amparo de la CE. Sigue teniendo los mismos principios y bases que el concierto de 1981, reforzándose los causes o procedimientos tendentes a conseguir una mayor seguridad jurídica en su aplicación.

Navarra

Se rige por el sistema tradicional del Convenio Económico. De acuerdo con el mismo, Navarra, tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo previsto en el correspondiente convenio. También en Navarra rige el sistema de cupo, aunque se calcula de manera diferente al País Vasco.

El poder financiero de los entes locales

La autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses aparece constitucionalmente garantizada.

La propia Constitución prevé que las Haciendas Locales deberán disponer de los medio suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones Locales.

A diferencia de lo que sucede respecto del Estado y de las CCAA, no existe en nuestro sistema una delimitación constitucional de las competencias propias de los Entes locales. La autonomía para la gestión de sus respectivos intereses que la CE garantiza no predetermina un elenco de competencias propias, sino una noción indefinida de autonomía local basada en la participación competencial del Ente Local en todas las materias y asuntos que afectan a sus respectivos intereses, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias.

Como técnica de protección de la autonomía local el TC asumió la doctrina de la garantía institucional, propugnando la distribución de competencias en función de los respectivos intereses: la garantía institucional de la autonomía local no asegura un contenido concreto, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles.

Garantizada la existencia misma del Ente Local, el primer nivel de exigencias y por el mismo, el contenido mínimo necesario de la autonomía local comportará la atribución legal a los Entes locales de competencia en todas aquellas materias donde exista un interés de la comunidad local, generalmente concurrente con el interés del Estado y de la CCAA. De ahí que, al no existir una predeterminación constitucional de la autonomía local, corresponda al legislador delimitar el ámbito material de competencias, decidiendo la participación competencial en las diferente materias en función de los respectivos intereses.

También como elemento integrante de ese núcleo mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones que hace que los entes locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma de decisiones autónoma e indicidualizada, la autonomía local presupone la existencia de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuyen a las Corporaciones locales.

Se desprende del 142 CE, que ordena que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las CCAA.

El principio de suficiencia de ingresos y no de la autonomía financiera el que garantiza la CE en relación con las Haciendas locales.

Así pues, el poder financiero de los entes locales aparece predeterminado por una normativa (Ley estatal o autonómica, en su caso), en la que se establecen los criterios básicos conforme a los cuales los entes locales pueden ejercer sus propias competencias y pueden proyectar su propia autonomía.

El régimen hacendístico local ha sido configurado por ley de la siguiente forma:

Hacienda Municipal. Régimen general

Los recursos están integrados por:

De Derecho privado:

  • Los ingresos procedentes de su patrimonio y derecho privado,

De Derecho Público:

  • Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las CCAA o de otras entidades locales.

  • Las participaciones en los tributos del Estado y de las CCAA.

  • Las subvenciones.

  • Los percibidos en concepto de precios públicos.

  • El producto de las operaciones de crédito.

  • El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

  • Las demás prestaciones de Derecho Público.

El patrimonio de las Entidades locales está constituido por los bienes de su propiedad, así como de los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económicas.

En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado los que procedan de los bienes de dominio público local, debiéndose observar que los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales.

Ingresos de Derecho Público

Dentro de estos ingresos cabe distinguir:

  • Los tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las CCAA o de otras Entidades Locales.

  • Recargos exigibles sobre impuestos de las CCAA o de otras Entidades Locales, las Entidades Locales podrán establecer recargos sobre los impuestos propios de la respectiva CCAA y de otras E. L. En los casos expresamente previstos en las leyes de la CCAA.

  • Participaciones en los Tributos del Estado y de las CCAA, las E.L. participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que se establezcan en la propia ley y participarán en los tributos de las CCAA en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos parlamentos.

Subvenciones

Las subvenciones de toda índole que obtengan las E.L. con destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables, cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

A fin de garantizar la correcta aplicación, las E. públicas otorgantes podrán verificar el destino de las mismas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones no fueron destinadas a los fines para los que fueren concedidas, la E. pública otorgante exigirá el reintegro de su importe o podrá compensarlo con otras subvenciones.

Precios públicos

Se trata de un nuevo recurso que para las Haciendas locales ha introducido la ley. Los precios públicos locales por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Operaciones de crédito

Las E.L. podrán concertar operaciones de créditos en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio, se regula la emisión de Deuda pública de las Entidades Locales.

Multas y sanciones

El legislador se limita a citar este recurso de las E.L., sin ocuparse pormenorizadamente del mismo. Este recurso se obtiene por las E.L. en el ejercicio de la potestad sancionadora que se recoge en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En materia presupuestaria, la ordenación jurídica viene dada por normas estatales, debiendo los municipios acomodarse al régimen establecido en las mismas, sin perjuicio, de que en reconocimiento de su propia autonomía puedan establecer los fines a los que se van asignar los recursos disponibles. Sin embargo, los medios de impugnación del mismo, el régimen jurídico presupuestario viene establecido por leyes estatales.

Regímenes especiales

Hay regímenes especiales para:

  • Baleares, consiste en reconocer a los Consejos Insulares de las Islas Baleares los mismos recursos previstos con carácter general para las Diputaciones Provinciales.

  • Barcelona, desde 1960 el Municipio de Barcelona tiene un régimen tributario especial.

  • Madrid, desde 1963 el Municipio de Madrid tiene un régimen tributario especial.

  • Grandes ciudades: La ley 57/2003, establece un régimen orgánico específico para municipios superiores a 250.000 habitantes, las capitales de provincias superiores a 175.000 y municipios superiores a 75.000.

  • Ceuta y Melilla, desde 1955 tiene un régimen tributario especial, y se concreta en los siguientes extremos:

  1. Los tributos previstos por la Ley de Haciendas Locales, tendrán una bonificación al exigirse de un 50%

  2. Si bien rige el régimen general, dispondrán de régimen fiscal especial.

  3. Su participación en los tributos del Estado lo determina la LHL.

  4. La Disposición Adicional 2ª del Estatuto de Autonomía de Ceuta y el de Melilla, declaran subsistentes estas medidas

  • Canarias, de acuerdo con la LHL, dispondrá de los recursos previstos con carácter general, teniendo los Cabildos Insulares los mismos tratamientos que las Diputaciones Provinciales.
  • Navarra, régimen financiero foral navarro.

  • País Vasco, régimen financiero foral del País Vasco

Hacienda Provincial 

Especialidades en relación con la Hacienda Municipal:

  • Los recursos tributarios de las Provincias se reducen a tasas, contribuciones especiales y a un recargo que pueden establecer sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.

  • La participación de las Provincias en los tributos del Estado durante el quinquenio 1999–2003 se regula en la Ley de Haciendas Locales (Ley 50/1998).

  • Podrán percibir subvenciones tanto del Estado como de las CCAA, y dentro de las subvenciones estarían la participación en los ingresos por las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas.

  • Pueden establecer precios públicos de acuerdo con la Ley.

  • Podrán percibir dotaciones de las correspondientes CCAA, cuando gestionen servicios propios de éstas.

Las Haciendas de las restantes entidades locales

Regulado en la Ley de Haciendas Locales se distinguen dos capítulos el relativo a los recursos de las entidades supramunicipales y el de los recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

Las facultades financieras de los entes corporativos

A diferencia de los entes territoriales existen en nuestro ordenamiento entes públicos corporativos que no forman parte de la Administración directa del Estado. No son representativos de intereses primarios, sino de intereses sectoriales. Por ello carecen de la posibilidad de crear Derecho en sentido estricto y en consecuencia, no se pueden establecer tributos. No son titulares de poder tributario alguno.

Pero pueden ser titulares de determinados créditos tributarios que si no han sido establecidos por ellos mismos, les son reconocidos a su favor. Son entes que no podrán establecer tributos pero si exigirlos.

Si estatus pude sintetizarse en:

  • Pueden ser titulares de derechos de créditos tributarios, establecidos en normas estatales.

  • Tienen derecho a la percepción de un porcentaje de la recaudación obtenida por el Estado en un tributo establecido y gestionado por el mismo o perciben de lo recaudado

  • La percepción establecida a su favor, se recauda mediante empleo de efectos timbrados, mientras que en otras se acude al procedimiento recaudatorio ordinario, que pueden llevar a cabo a través de sus propios órganos, si bien, especialmente cuando se recurra al procedimiento de apremio, deberán observarse todas las prevenciones que, con carácter general, se estatuyen en las normas reguladoras de la función recaudatoria, etc.