P+F Segundo Parcial Solucionadas

¿Puede solicitarse la rectificación de la autoliquidación habiendo practicado la Administración una liquidación definitiva?¿Puede solicitarse si la liquidación practicada es provisional? En caso de respuesta afirmativa a alguna de estas dos preguntas, indique en que casos existe esta posibilidad.

Inicio: A instancia de parte, mediante la presentación de una solicitud dirigida al órgano competente. La solicitud sólo podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración tributaria haya practicado la liquidación definitiva o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.

Tramitación: En la tramitación del expediente se comprobarán las circunstancias que determinan la procedencia de la rectificación. Finalizadas las actuaciones, se notificará al interesado propuesta de resolución, para que en plazo de 15 días pueda efectuar alegaciones, salvo que la propuesta coincida con lo solicitado por el interesado, en cuyo caso se notificará sin más trámite la liquidación que se practique.

Terminación: Mediante resolución en la que se acuerde o deniegue la rectificación. Cuando se acuerde rectificar la autoliquidación, la resolución acordada incluirá una liquidación provisional cuando afecte a algún elemento determinante de la cuantificación de la deuda tributaria.

Articulo 120. 3 LGT. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 LGT, sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite

Artículo 122 LGT Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

Consecuencias de la caducidad de los procedimientos tributarios. (3 veces)

La caducidad no determina la prescripción del derecho de la administración, aunque producirá los siguientes efectos:

a) Las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

b) La caducidad del procedimiento determinará que las actuaciones en él realizadas no se consideren requerimientos administrativos a los efectos del Art. 27.1 LGT, con lo que las autoliquidaciones y, en su caso, los ingresos efectuados por los interesados se entenderán espontáneamente realizados.

¿Cuándo se puede prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución en los procedimientos tributarios?.

Puede prescindir de la audiencia previa a la resolución cuando:

a) Se suscriban actas de acuerdo (Art. 155).

b) En la normativa reguladora del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posteriores a dicho propuesta, en cuyo caso, será en ese trámite cuando habrá de ponerse de manifiesto el expediente, por plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días. (Art. 99.8).

En todos los demás supuestos será inexcusable el trámite de audiencia en los términos marcados por la LRJAPPAC 30/1992.

Cuando las normas reguladoras de un concreto procedimiento tributario no fijan un plazo máximo, para la notificación de la resolución, ¿qué duración tendrá este plazo?.

El complemento necesario de la obligación de resolver expresamente los procedimientos tributarios es el señalamiento de un plazo legal para cumplirla.

El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto será el fijado en la normativa reguladora de cada procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo previsión distinta en norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria europea.

¿Cuándo procede practicar la notificación de los actos tributarios por comparecencia?.

El Art. 112 LGT, prevé que cuando no sea imputable efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el expediente las circunstancia de los intentos de notificación, siendo suficiente un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en dicho domicilio o lugar.

¿En qué supuestos procede la notificación de los actos tributarios por comparecencia? ¿En qué consiste este tipo de notificación?.

El Art. 112 LGT, prevé que cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la administración e intentada al menos dos veces en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación, siendo suficiente un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en dicho domicilio o lugar.

¿La caducidad de los procedimientos tributarios determina por sí sola la prescripción de los derechos de la Administración Tributaria?. Justifique la respuesta.

Producida la caducidad, ésta será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones, pero ello no significa la extinción (prescripción) del derecho o facultad que la administración venía ejerciendo en el procedimiento caducado. (Art. 104.5 LGT). La caducidad del procedimiento no determina la prescripción del derecho de la Administración.

¿Puede tener carácter provisional la liquidación dictada tras un procedimiento de inspección tributaria?. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué supuestos puede suceder eso.(2 veces)

Sólo las regularizaciones practicadas por la Inspección de los tributos por el procedimiento inspector, dan lugar a liquidaciones definitivas, nunca tienen tal carácter las derivadas de cualquier procedimiento de gestión tributaria.

La comprobación y la investigación efectuadas en el procedimiento inspector no darán lugar a una liquidación definitiva, sino provisional, en todos los supuestos en que aquéllas no pudieron ser “completas” al no haberse dispuesto de “la totalidad de los elementos de la obligación tributaria”.

Sólo podrán suceder en los casos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 190 del Reglamento General de Inspección Tributaria.

¿Qué diferencia existe en el plano procedimental (esto es, en relación con su modificabilidad) entre las liquidaciones provisionales y las definitivas? (3 veces)

En el plano procedimental, la distinción entre liquidación provisional o definitiva consiste en que aquéllas no producen una vinculación definitiva ni para el sujeto ni para la Administración, que podrá rectificar las provisionales por otra liquidación provisional derivada de sucesivos procedimientos de gestión o inspección tributaria, en tanto no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Una liquidación definitiva, por serlo, resulta inmodificable, salvo que lo sea como consecuencia no de otro procedimiento de aplicación, sino de alguno de los procedimientos especiales de revisión (art, 216 LGT) o como consecuencia de su impugnación por quienes se hallen legítimamente interesados en plantearla(art 232 LGT).

Explique qué diferencia existe entre las presunciones “iuris tantum” y las presunciones “iuris et de iure” e indique qué carácter (“iuris tantum” o “iuris et de iure”) tienen las presunciones en el derecho tributario en ausencia de Ley que disponga lo contrario.

En el Art. 108 LGT, se abordan las presunciones como medios de prueba, separando las legales de las de hecho. Las primeras (legales) serán iuris tantum, salvo que expresamente la ley prohíba la prueba de lo contrario.

Respecto de estas, dos observaciones:

a) Los hechos que las sustentan deben ser demostrados.

b) Numerosas pruebas de Derecho Tributario contienen auténticas ficciones legales. Respecto de las segundas (de hecho), se recoge en la previsión del CC. Que exige que entre el hecho presunto y el demostrado debe haber un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

¿Cuándo procede practicar la notificación de los actos tributarios por comparecencia?. Art. 112.(3 veces)

Prevé que cuando sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el designado por el interesado, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación, siendo suficiente un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en dicho domicilio o lugar.

¿Qué son las autoliquidaciones complementarias? ¿cuándo se pueden presentar?.

Son aquellas que persiguen completar o modificar las presentadas con anterioridad.

Sólo procederá presentar autoliquidaciones complementarias, “cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente liquidada. (122.2 LGT).

Podrán presentarse dentro del plazo establecido o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, pero siempre que no haya prescrito el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria.

¿Puede ser definitiva la liquidación que ponga fin al procedimiento de gestión mediante declaración?. Justifique su repuesta.

No, (Art. 130 LGT), el procedimiento iniciado mediante declaración se terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por liquidación provisional practicada por la administración. Las declaraciones definitivas son inmodificables, salvo en procedimientos especiales de revisión o impugnación.

b) Por caducidad, transcurridos seis meses desde la finalización del plazo para presentar la declaración, sin haberse notificado la liquidación.

Limites del objeto y alcance del procedimiento de comprobación limitada. ¿qué medios de comprobación no pueden utilizarse en este procedimiento? ¿Dónde debe realizarse la comprobación?.

Los límites de la comprobación limitada son: (Art. 136 LGT).

a) En ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros, sí podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la cuota de la obligación tributaria.

b) La comprobación limitada no podrá realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, salvo normativa aduanera.

 Facultades de los funcionarios actuantes:

 A) Entrada en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen... (Art. 142.2 LGT).

B) Consideración de agentes de la autoridad. Prestarles protección y auxilio (142.4 LGT). La comprobación deberá realizarse en las oficinas de la administración.

¿Son directamente recurribles las autoliquidaciones? ¿Qué puede hacer le obligado tributario cuando considere que una autoliquidación presentada por él ha perjudicado sus intereses legítimos?.

a) Desde el punto de vista procesal, las autoliquidaciones no pueden recurrirse directamente, puesto que “son simples declaraciones tributarias que necesitan de un posterior y auténtico acto administrativo de comprobación para que adquieran firmeza a efectos de impugnar la naturaleza debida o indebida de los ingresos realizados en su cumplimiento.

b) Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin que la administración notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la resolución expresa de su petición, o sin denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, planteando frente a la resolución presunta el recurso de reposición potestativo o bien, directamente la correspondiente reclamación económico – administrativa.

¿En qué consiste la tasación pericial contradictoria?. ( 2 veces)

La tasación pericial contradictoria constituye un mecanismo de corrección de la valoración administrativa efectuada con los medios de la LGT. La LGT regula el expediente de la tasación pericial contradictoria al tratar de los procedimientos de gestión tributaria o de inspección, aunque su función está más próxima a la revisión administrativa que a la aplicación de los tributos en sentido estricto, tratándose en realidad de un medio de impugnación impropio.

¿Qué medios de verificación pueden utilizarse en el procedimiento de verificación de datos?.

a) Requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada, o los datos relativos a su declaración o autoliquidación.

b) Notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria cuente con los datos suficiente para formularla.

Causas de terminación del procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración.

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria.

b) Por caducidad, transcurridos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar la declaración, sin haberse notificado la liquidación.

¿En qué plazo puede promoverse la tasación pericial contradictoria?.

a) Cuando la comprobación de valores se inserte en un procedimiento (de gestión o de inspección) más amplio, dentro del plazo de un mes establecido para interponer recurso o reclamación contra acto administrativo.

b) Cuando la comprobación de valores constituya el único objeto de un procedimiento autónomo, la tasación podrá instarse dentro del plazo de impugnación del acto de valoración que resulta del mismo.

c) La LGT, contempla la posibilidad, cuando así lo prevea la normativa propia del tributo, de que el interesado se reserve el derecho a plantear la tasación pericial contradictoria cuando interponga recurso de reposición o R.E.A; contra el acto de liquidación o el acto de comprobación de valores. En este caso, el plazo para promover la tasación también será de un mes y se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso a la reclamación interpuesta.

¿Cuándo se inicia el periodo ejecutivo si el sujeto presenta una autoliquidación fura de plazo sin realizar el correspondiente ingreso?.

La autoliquidación presentada sin realizar el pago determina la iniciación del periodo ejecutivo de recaudación.

Las actuaciones de comprobación limitada no pueden realizarse fuera de las oficinas de la Administración Tributaria, salvo en determinados supuestos. Indique cuáles son estos:

Las que procedan según la normativa aduanera, o en los supuestos previstos reglamentariamente.

¿En qué supuestos procede incoar el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos debidos?.

1. Duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

2. Pago excesivo sobre las cantidades liquidadas o autoliquidadas.

3. Ingresos de deudas o sanciones prescritas.

4. Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

En la tasación pericial contradictoria, si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario es superior a 120.000 euros. ¿qué sucede?.

Deberá designarse un perito tercero, conforme al procedimiento que detalla el Art. 135.2 LGT.

La valoración efectuada por el perito tercero servirá de base para la liquidación que procesa, con los dos siguientes límites:

a) El valor comprobado inicialmente por la administración tributaria.

b) El valor declarado por el interesado.

¿Impide la verificación de datos la posterior comprobación del objeto de la misma?. Justifique su respuesta.

Si el obligado tributario manifiesta su disconformidad con los datos y elementos de hecho consignados en declaraciones o autoliquidaciones tributarias, alegando su inexactitud o falsedad, la Administración podrá requerir al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos de terceros incluidos en las declaraciones presentadas.

La terminación del procedimiento de verificación se producirá, entre otras causas por:

El inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección, que incluya el objeto del procedimiento. Por todo ello, no impide la verificación de datos la posterior comprobación del objeto de la misma.

¿Qué cantidades son objeto de los procedimientos de devolución tributaria iniciados mediante autoliquidación?. ¿Se trata de cantidades indebidamente ingresadas?. Justifique su respuesta.

En el caso de que el ingreso se hubiere efectuado en virtud de autoliquidación, la solicitud de devolución deberá plantearse postulando la rectificación de aquella de acuerdo con el Art. 120.3 LGT.

Este supuesto abarca no sólo la devolución de cantidades ingresadas por el sujeto pasivo del tributo, sino las que pudieran haber ingresado indebidamente los obligados a retener o a repercutir el tributo.

Medios de comprobación que pueden utilizarse en el procedimiento de comprobación limitada.(2 veces)

a) Entrada en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen. (142.2 LGT).

b) Consideración de agentes de autoridad, con deber de la autoridad pública de prestarles protección y auxilio.

También la administración podrá requerir a los obligados tributarios la aportación de los datos, libros, registros, facturas y documentos que puedan ser objeto de comprobación limitados.

Debiendo los obligados presentarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones correspondientes.

Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, ¿en qué casos puede la Administración efectuar una nueva regularización en relación con el objetivo comprobado?.

Tras la resolución administrativa que ponga fin a la comprobación limitada, la administración no podrá efectuar una nueva regulación respecto del objeto comprobado, salvo que en otro procedimiento posterior, de comprobación limitada o de inspección, se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las especificadas en la resolución conclusiva del procedimiento iniciado.

¿Puede un liquidación definitiva modificarse como consecuencia de un procedimiento de inspección?. Justifique su respuesta. En caso de respuesta negativa, indique en qué casos y de qué modo puede la Administración Tributaria modificar una liquidación definitiva.

No, son inmodificables, salvo que lo sea de alguno de los procedimientos especiales de revisión, o como consecuencia de su impugnación.

¿En qué casos procede calificar las actuaciones del procedimiento de inspección como actuaciones de carácter parcial?.

Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamente.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento inspector?.(2 veces)

No producirá la caducidad de las actuaciones, que continuarán hasta su terminación, pero producirán los siguientes efectos respecto de las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

a) La no interrupción de la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo de duración de las mismas.

b) Ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos, devengándose los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo del Art. 27 LGT.

c) El incumplimiento del plazo máximo de duración de actuaciones inspectoras determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

¿Qué consecuencias tiene la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente respecto del plazo de duración de las actuaciones inspectoras?. Vid. 180 LGT.

El procedimiento inspector quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

¿Cuál es el plazo general de duración de las actuaciones inspectoras? ¿En qué supuestos podrá ampliarse?.

La LGT apartándose del plazo de seis meses que, con carácter general, fija para la resolución de los procedimientos tributarios, (Art. 150), un plazo general y un plazo especial, para la terminación de las actuaciones inspectoras.

a) Con carácter general, las actuaciones del procedimiento inspector deberán concluir en el plazo de 12 meses, contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.

b) Con carácter especial, podrá ampliarse dicho plazo, por otro período que no podrá exceder de 12 meses cuando concurran alguna de las circunstancia siguientes:

  • Cuando revistan especial complejidad.

  • Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

Clases de actas.

1. Actas de acuerdo.

  • Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados.

  • Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto.

  • Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones y mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.

2. Actas de conformidad.

Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los tributos, se hará constar esta circunstancia en acta; entendiéndose producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en ella si, no hubiera notificado al interesado acuerdo para liquidar:

  • Rectificación errores materiales.

  • Ordenando completar expediente.

  • Confirmando liquidación propuesta en acta.

  • Estimando error propuesta o en apreciación hecho o aplicación indebida normas.

3. Actas de disconformidad.

Cuando el obligado o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta, a la que se acompañará un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización (Art. 157.2 LGT).

Modos de obtención de la información tributaria (o modalidades del ejercicio del deber de información tributaria).

a) Por suministro con carácter general, que se traduce en un deber de declarar cuyo incumplimiento puede generar las correspondientes sanciones.

b) Por requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración tributaria que ejerzan funciones inspectoras o de recaudación tributaria.

El obligado tributario que está siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial puede solicitar a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general. ¿qué sucede si la administración no amplía el alcance de las actuaciones ni inicia la inspección de carácter general en el plazo de seis meses?.

Sí, tendrá derecho a solicitar a la Administración que las mismas tengan carácter general respecto del tributo, formulando solicitud en quince días.

Si la administración no amplia el alcance ni inicia inspección en seis meses, sin justificación, por causas no imputables al obligado tributario, no producirá la caducidad de las actuaciones.

Garantías procedimentales que deberá observar la Inspección cuando requiera de entidades financieras datos acerca de movimientos de depósitos y operaciones activas y pasivas en que intervengan.

a) La autorización del requerimiento por el titular del órgano que reglamentariamente se determine.

b) La precisión de los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o de las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados y el período a que se refieren.

Suponga que se ha firmado un acta de acuerdo. ¿En qué casos y por qué vías pueden la liquidación y la sanción derivadas del acuerdo ser objeto de impugnación o revisión según la LGT?.

Si tras la firma del acta de conformidad “el contribuyente cambia de opinión antes de que se dicte el acto tácito de liquidación (30 días contados desde la incoación del acta), el expediente se transforma en contradictorio y se tramita como si el acta hubiera sido en disconformidad, debiendo los Inspectores actuarios emitir el informe ampliatorio exigido por el Art. 56.3 (RGIT).

Transcurrido dicho plazo, sólo se podrá rectificar mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

Indique qué requisitos deben concurrir para que se pueda emitir actas con acuerdo.

a) Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados.

b) Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto.

c) Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones y mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.

Indique qué hechos y circunstancias hace constar la Inspección de los tributos en las diligencias. En el desarrollo de su respuesta señale si esos documentos pueden contener propuestas de liquidación.

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.

Además de los hechos, las diligencias expresarán cualquier otro hecho relevante que tenga lugar en el transcurso del procedimiento y en el desarrollo de las actuaciones inspectoras.

Defina las actas de inspección.( 2 veces)

Son los documentos públicos que extienden la Inspección de los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma. En cuanto documentos preparatorios de las liquidaciones tributarias, las actas de inspección contendrán una propuesta de regularización o liquidación.

El secreto profesional como límite del deber de información tributaria.

El secreto profesional recogido en la Constitución, debe reconocerse frente a la Administración Tributaria.

a) El Art. 93.5 CE, proclama que debe prevalecer cuando los datos puedan afectar al honor y a la intimidad de los clientes.

b) El ámbito del secreto profesional nunca abarcará las relaciones económicas entre el propio profesional y su cliente.

c) La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y defensa no pueden identificarse exclusivamente con las profesiones jurídicas.

¿Cuándo pueden ser cedidos a terceros los datos obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones?.

a) En la actuaciones específicas de obtención de información desarrollas “cerca de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos” (Art. 12.4 RGIT).

b) En las actuaciones accesorias de obtención d información que tengan “especial relevancia tributaria para otras personas” (Art. 12.2).

¿Qué consecuencias tiene la interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario?.

No producirá la caducidad de las actuaciones, que continuarán hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto de las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

La no interrupción de la prescripción, como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo de duración de las mismas.

Presupuestos o requisitos materiales y formales de la iniciación del procedimiento de apremio.

El requisito o presupuesto material del procedimiento de apremio es el impago de la deuda tributaria en el período establecido para hacerlo de forma espontánea. A este requisito material debe añadirse un presupuesto o requisito formal, consistente en la emisión del título ejecutivo, como señala el Art. 167.1 LGT. Este título ejecutivo es la providencia de apremio, con la misma fuerza ejecutiva que la Sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago (Art. 167.2) y que es dictada por los Jefes de la Dependencia de Recaudación.

¿Cuándo se inicia el período ejecutivo?.

  • Al día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso voluntario, cuando nos encontremos ante deudas liquidadas por la Administración o ante autoliquidaciones presentadas en dicho plazo sin ser acompañadas del ingreso correspondiente.

  • Al día siguientes de la presentación si, en los casos de autoliquidación sin ingreso, aquélla se presentó una vez finalizado el período establecido al efecto.

¿Se puede iniciar el período ejecutivo cuando la deuda tributaria todavía no se ha liquidado o autoliquidado?. Justifique su respuesta y, en caso de respuesta afirmativa, indique en qué casos es posible.

No, es requisito o presupuesto material del procedimiento de apremio es el impago de la deuda tributaria en el período establecido para hacerlo de forma espontánea.

A este requisito material debe añadirse un presupuesto formal, consistente en la emisión del título ejecutivo. (Art. 167.1 LGT).

La tercería de dominio y la tercería de mejor derecho como mecanismos de oposición de terceros al procedimiento de apremio: Motivos, efectos de procedimiento de apremio y tramitación.

La tercería de dominio fundada en la propiedad del tercero sobre los bienes embargados al deudor, suspende el procedimiento de apremio respecto a los bienes objeto de controversia.

La tercería de mejor derecho, se basa en la existencia de un crédito preferente al perseguido en el procedimiento de apremio, y no suspende éste, que continuará hasta la enajenación de los bienes.

En ambos casos, el procedimiento se fundamenta en la exigencia de la interposición de la tercería en vía administrativa previamente a su planteamiento judicial.

Motivos de oposición contra la providencia de apremio.

El Art. 167 LGT, contiene una enumeración tasada: 1. Extinción total de la deuda o prescripción de derecho a exigir el pago. 2. Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario. 3. Falta de notificación de la liquidación. 4. Anulación de la liquidación. 5. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada. 6. Otras causas de suspensión de procedimiento de recaudación.

Causas de la finalización o terminación del procedimiento de apremio.

a) Por el pago del débito.

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable.

c) Con el acuerdo de haberse extinguido el crédito por cualquier causa legal.

d) Con el acuerdo o la compensación con otros créditos del deudor.

Se notifica una liquidación tributaria el 01 de abril del 2008. ¿En qué plazo debe realizarse el pago del periodo voluntario?.

El plazo se iniciará a partir de la fecha de notificación, extendiéndose, al ser notificada la liquidación tributaria en la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente.

¿En qué casos se devenga el recargo de apremio reducido?. ¿Cuál es su cuantía?.

  1. Si el deudor paga después de finalizar el plazo de ingreso voluntario, pero antes de la notificación de providencia de apremio, deberá satisfacer un recargo del 5% (ejecutivo).

  2. Si el deudor paga dentro del plazo concedido en providencia de apremio, deberá satisfacer un recargo del 10% (apremio reducido).

  3. Si el deudor no paga en los plazos indicados y, por tanto, debe seguir el procedimiento ejecutivo, deberá el recargo de apremio ordinario, que es del 20% y los intereses de demora. (Recargo ordinario).

En las infracciones con perjuicio económico existen unos criterios comunes de conformidad con los cuales una determinada infracción puede subsumirse en la categoría de leve, grave, o muy grave ¿cuáles son estos criterios?.

A) Ocultación de datos: Cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con omisiones totales o parciales, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 %.

Medios fraudulentos: A) Anomalías sustanciales en contabilidad y en libros o registros establecidos por la normativa tributaria. 1. Incumplimiento absoluto de la obligación. 2. Llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio. 3. Llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros si la incidencia es superior al 50 % importe de la base sanción.

B) Empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados sea superior al 10 % de la base de la sanción.

C) Utilización de personas o entidades interpuestas.

Causas de la extinción de las sanciones tributarias. ( 2 veces)

  1. Por pago o cumplimiento.

  2. Por prescripción del derecho a exigir su pago.

  3. Por compensación.

  4. Por condonación.

  5. Por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

Criterios de graduación de las sanciones tributarias. (Tres):

a) Comisión repetida de infracciones tributarias: Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

b) Perjuicio económico para la hacienda pública: Este criterio se utiliza en las infracciones cuya realización genera un daño económico a la Hacienda Pública. Exige determinar el porcentaje que represente la base de la sanción sobre la cuantía total que hubiera debido ingresar de haber liquidado correctamente el tributo. Sólo se aplicará cuando supere el 10 %.

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación: La sanción se duplicará cuando se comete una infracción por incumplimiento de las obligaciones de facturación o relativas a la expedición o utilización de documentos de circulación exigidos por la normativa de los Impuesto Especiales y el incumplimiento afecte a más de un 20 % de las obligaciones de facturación o de los documentos en circulación.

Efectos de la caducidad del procedimiento sancionador.

El procedimiento deberá concluir en el plazo de seis meses, contados desde la notificación del inicio del procedimiento. Transcurrido los seis meses desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento, se entenderá caducado el procedimiento, caducidad que impedirá la incoación de un nuevo procedimiento sancionador.

Causas de la extinción de la responsabilidad derivada de infracciones tributarias.

a) Muerte del infractor: Determina la extinción de la responsabilidad por las infracciones cometidas por el fallecido en coherencia con el principio de personalidad de la pena.

b) La prescripción: Determina la extinción de la responsabilidad derivada de la infracción tributaria. Para ello, deberán transcurrir cuatro años desde el momento en que se cometió la infracción.

El plazo se interrumpirá:

  • Por cualquier acción de la Administración Tributaria.

  • Por interposición de recursos.

Cuando el sujeto pasivo regularice voluntariamente su situación fiscal.

¿En qué supuestos podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos tributarios?.(3 veces)

Art. 27 LGT (Doble previsión):

1. Se admite no sólo en actos administrativos 30/92, sino también en resoluciones económico – administrativas, por lo que cabe entender que también serán revisables, además de los señalados, otro tipo de resoluciones resolutorias de recursos o de procedimientos de revisión.

Exige que se trate de actuaciones que hayan puesto fin a la vía administrativa, o que no hayan sido recurridas en plazo. No exige pues que se trate en todo caso de actos firmes.

Un sujeto decide interponer una R.E.A, contra la liquidación administrativa que le ha sido notificada. ¿qué plazo tiene para interponerla? ¿Debe acompañar las alegaciones al escrito de interposición? ¿A qué órgano administrativo debe dirigir el escrito de interposición?.

Tiene el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto o al día en que se entienda producido el silencio administrativo. (Art. 235 LGT).

En cuanto a las alegaciones puede limitarse a pedir que se tenga por interpuesta la reclamación, o podrá contener las alegaciones del recurrente.

Son competentes para conocerlo y resolverlo los Tribunales Económicos Administrativos, encuadrados orgánicamente en el Ministerio de Hacienda. (Art. 228.1 LGT).

¿En qué supuestos se incoa el procedimiento económico – administrativo abreviado y ante qué órganos unipersonales?. (2 veces)

a) Por la cuantía inferior a la reglamentaria señalada, que el RR fija en 6.000 € o 72.000 €, si se impugnan bases o valoraciones.

b) Alegación exclusiva de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.

c) Alegación exclusiva de falta o defecto de notificación.

d) Alegación exclusiva de insuficiencia de motivación o incongruencia del acto.

e) Alegaciones exclusivamente en torno a la comprobación de valores.

f) Otras circunstancias previstas reglamentariamente.

¿Qué órganos resuelven los recursos de alzada (ordinario y extraordinario) en la vía económico – administrativo. (Art. 242, 243).

a) El ordinario será resuelta por el T.E.A.C, que confirmará o revocará la dictada en primera instancia.

b) Es competente para resolverlo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

Responda a las siguientes cuestiones relativas al recurso de reposición contra actos de aplicación de los tributos locales: ¿tienen carácter potestativo o preceptivo?.

Tiene carácter preceptivo.

¿En qué plazo debe interponerse?.

En el plazo de un mes desde la notificación del acto o desde la exposición de los padrones de los contribuyentes.

¿Qué consecuencias se derivan de la falta de resolución del recurso en plazo?.

Transcurrido el plazo sin haberse adoptado, se entenderá desestimado el recurso, a efectos de que el interesado pueda acudir al contencioso, y sin perjuicio que compete a la entidad local.

¿En qué supuestos queda suspendida la ejecución del acto impugnado en vía económico – administrativa?.

  • Sanciones, se suspenden automáticamente sin necesidad de garantía.

  • Actos cuyo objeto no es una deuda tributaria o cantidad líquida, podrá suspenderse si lo solicita el interesado y justifica que su ejecución podría causar daño de imposible o difícil reparación.

  • Cuando se aprecie que al dictar el acto pudo incurrirse en error aritmético o material o de hecho.

¿Qué son y qué efectos tienen los recursos extraordinarios de alzada en la vía económico – administrativa?.

(Vid. Art. 242 y 243 LGT). Se pueden interponer sólo por los órganos directivos contra resoluciones que no admiten alzada ordinaria. Se trata de un medio de eliminar discrepancias entre la Administración gestora y la revisora, buscando su conciliación.

La resolución se dictará en seis meses, respetando la situación jurídica particular derivada de la recurrido, y su doctrina será vinculante para los tribunales económico-administrativos y para el resto de la Administración tributaria.

Recurso de anulación previo a la alzada en la vía económico – administrativa: supuestos en que procede, órgano ante el que se interpone, plazos de interposición y de resolución ¿Es potestativo o preceptivo?.

(Art. 239.6 LGT), arbitra un recurso de anulación previo a la alzada, ante el propio tribunal de instancia. Se trata de un recurso potestativo par el sujeto, previsto para agilizar la revisión de la resolución en ciertos casos que no afectan al fondo del asunto. Procederá exclusivamente en los siguientes supuestos:

  1. Cuando la resolución declare la inadmisibilidad o la inexistencia de alegaciones o pruebas presentadas.

  2. Cuando padezca incongruencia completa o manifiesta.

  3. Cuando se hubiera acordado el archivo de actuaciones por renuncia, desistimiento, caducidad o satisfacción extraprocesal.

La interposición podrá realizarse en un plazo de 15 días.

La resolución se adoptará en el plazo de un mes desde la interposición.

¿En qué casos queda suspendida la ejecución de un acto impugnado a través de un recurso de reposición?. (224 LGT).

En el caso de sanciones la suspensión es automática por la mera interposición el recurso.

Si el acto es distinto de una sanción, la mera interposición no provoca la suspensión, pero puede obtenerse esta si se solicita y se aportan garantías. Finalmente, la Ley permite la suspensión sin garantías cuando se aprecie en el acto recurrido el error aritmético, material o de hecho.

Recurso extraordinario de revisión en la vía económico – administrativa: actos recurribles, competencia para resolverlo, legitimación, plazo de interposición y plazo de resolución.

El Art. 244 LGT, dice que son actos recurridos los actos y resoluciones firmes cuando concurran alguno de los tres siguientes motivos:

a) Aparición de documentos posteriores o de imposible aportación al tiempo de dictarse el acto o la resolución, de valor esencial para la decisión y que evidencien su error.

b) Que los documentos o testimonios en que se fundo el acto o la resolución se declaren falsos por sentencia judicial firme.

c) Que se dictara el acto con prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta, etc.; declarándose así por sentencia judicial firme.

La competencia para conocerlo y resolverlo es del TEAC, pero si de la interposición se aprecia la falta de alguno de los motivos que lo permiten, podrá declararse la inadmisibilidad por órgano unipersonal.

La legitimación, podrán recurrir los interesados y los órganos directivos del Ministerio de Hacienda, de la AEAT, y de las CC.AA.

El plazo de interposición es de tres meses desde la aparición del documento o desde la firmeza de la sentencia judicial apreciando los motivos que permiten este cauce extraordinario de revisión.

La resolución se dictará en el plazo de un año, entendiéndose desestimado el recurso si transcurre el mismo sin haberse adoptado.

¿Qué recursos o reclamaciones se pueden interponer en vía administrativa contra los actos tributarios de los grandes municipios (municipios de gran población)?.

Podrá interponerse recurso de reposición, contra cuya resolución procederá reclamación económico-administrativa, la cual será competente el órgano económico-administrativo local

Un sujeto presenta una autoliquidación una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, sin que medie requerimiento previo de la Administración tributaria. ¿Qué recargo se devenga? ¿Deben satisfacerse, además intereses de mora? ¿Procede la imposición de sanciones?(3 veces)

Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del 5, 10 y 15% respectivamente. Si la presentación se realiza transcurridos los 12 meses desde el término del plazo el recargo será del 20% y se exigirá los intereses de demora (Art. 27 LGT). No genera sanción.

¿En qué supuestos procede incoar el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de los ingresos indebidos?

Regulados en los artículos 14, 25 y 16 del  Reglamento de desarrollo de la LGT. Tienen derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes personas o entidades:

Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores de unos y otros.

La persona o entidad que haya soportados la retención soportada o el ingreso a cuenta repercutido lo han sido indebidamente.

Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere el primer párrafo, la persona o entidad que haya soportado la repercusión.

Se inicia el procedimiento o bien a instancia del interesado o de oficio.

¿Cómo puede el sujeto pasivo completar o modificar una autoliquidación presentada cuando de esta autoliquidación ha resultado importe a ingresar inferior al legalmente procedente? ¿Debe en este caso instarse la rectificación de la autoliquidación inicial?

Lo regula el artículo 120 LGT. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado en cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido 6 meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, esta abonará el interés de demora del Art. 26 LGT sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.

A estos efectos, el plazo de 6 meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación, o si. este hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del Art. 32 de la LGT.

Recurso extraordinario de revisión en la vía económico-administrativa: actos recurribles, competencia para resolverlo, legitimación, plazo de interposición y plazo de resolución.

Art. 244 LGT. Se podrá interponer por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurran alguna de las siguientes  circunstancias:

Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.

Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.

Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta y otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Están legitimados para interponerlo los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores del departamento de la AEAT en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia.

Serán competentes para resolver el recurso el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Para declarar la inadmisibilidad, el Tribunal podrá actuar de forma unipersonal.

El recurso se interpondrá en el plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.

El plazo de resolución en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición del recurso. Transcurrido este plazo, posición del recurso. Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimado el recurso.

Las actuaciones de comprobación limitada no pueden realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, salvo en determinados supuestos. Indique cuáles son estos supuestos.

Según el Art 136.4 LGT sólo se podrán realizar las que procedan según la normativa aduanera o en los supuestos previstos reglamentariamente al objeto de realizar comprobaciones censales o relativas a la aplicación de métodos objetivos de tributación, en cuyo caso los funcionarios que desarrollen dichas actuaciones tendrán las facultades reconocidas en los apartados 2 y 4 del artículo 142.

Un sujeto presenta una autoliquidación dentro de los 3 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación, sin que medie requerimiento previo a la Administración tributaria. En el momento de la presentación no efectúa el ingreso de la deuda, ni presenta solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación ¿Qué recargo o recargos se devengan? ¿Debe satisfacer intereses de demora? ¿Se le pueden imponer sanciones?(2 veces).

Recargo del 5% por estar en los 3 meses. Tendrá que satisfacer los intereses de demora según establece el Art 27 de la LGT hasta la presentación de la auto declaración. También cuando no se efectúe el ingreso, ni presente solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación, en la liquidación administrativa que procede por recargos e intereses de demora derivada de la presentación extemporánea sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponde exigir por su presentación.

¿Cuándo se puede prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución en los procedimientos tributarios?

Art. 99 LGT y 96 RGGI. Se puede prescindir cuando se suscriben actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. De acuerdo con el Art. 96 del RGGI se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Presupuestos que habilitan a la Inspección para emitir actas con acuerdo.

Art 155 LGT. Cuando para la elaboración de propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados; cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de conceptos jurídicos indeterminados; cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no pueden cuantificarse de forma cierta.

Responda a las siguientes cuestiones relativas al procedimiento de revisión de actos nulos de pleno Derecho: ¿Cuál es el órgano competente para resolverlo? ¿Son revisables por esta vía las resoluciones de los órganos económico-administrativos? ¿Cabe recurso en vía administrativa contra la resolución del procedimiento?

El órgano competente es el Tribunal Económico-Administrativo Central. Son revisables en los casos regulados por el Art 244 de la LGT, que son: que aparezcan documentos de valor esencial, que al dictar el auto o resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial., que hubiese sido dictado en prevaricación, cohecho, violencia,…., también determinados por sentencia firme.

No cabe recurso en vía administrativa.

Las actuaciones de cierto procedimiento tributario pueden extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de la Administración, sin que exista un plazo máximo para resolver. ¿De qué procedimiento se trata?

Procedimiento de apremio (Art. 104 LGT) en cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

Responda a las siguientes cuestiones relativas a las liquidaciones provisionales: 1ª ¿Son susceptibles de impugnación? 2ª. ¿Pueden ser modificadas en otro procedimiento de aplicación de los tributos? En caso de respuesta afirmativa a esta segunda cuestión, señale si existe algún límite a esa modificación.

1º.- No pueden ser impugnadas, porque pueden ser modificadas hasta que se dicten las definitivas.

2º.- Es susceptible de ser modificada en susceptibles procedimientos de gestión o inspección tributario, mediante la actividad administrativa de comprobación e investigación, en tanto no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Cuando la notificación de un acto tributario se practica en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, ¿quién puede hacerse cargo de la entrega, de no hallarse presentes el obligado o su representante?(2 veces)

De no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o propietarios (atr. 111.1 LGT).

Un sujeto presenta una autoliquidación del IRPF (con resultado a ingresar) dentro de los 3 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación sin que medie requerimiento previo de la Administración tributaria. ¿Qué recargo se devenga? ¿Deben satisfacer, además, intereses de demora? ¿Procede la imposición de sanciones?

Como lo efectúa en los 3 meses tendría el recargo del 5%. Si se abonase en el momento de la presentación de la autoliquidación, todo esto sin requerimiento previo, no devengará intereses de demora, pero si se efectuase con posterioridad se le exigirá los intereses de demora establecidos por la Ley. No procede tampoco la imposición de sanciones.

Desea impugnar una liquidación administrativa de una Administración de la AEAT (órgano periférico) que se le ha notificado. ¿Qué recursos o reclamaciones puede interponer? Si decide interponer una reclamación económico-administrativa, ¿Qué órgano será el competente para entender de la reclamación?

Se puede interponer recurso de reposición que es potestativo o bien reclamación económico-administrativa ante el Tribunal económico Administrativo Central en única instancia por estar dictados por la Administración periférica de la Administración de la AEAT.

¿Son susceptibles de impugnación las liquidaciones provisionales? ¿Lo son las liquidaciones definitivas? Justifique sus respuestas.

Una liquidación provisional, mientras lo es tiene naturaleza de modificable mediante la actividad administrativa de comprobación e investigación, en tanto no hayan prescrito, por lo tanto son susceptibles de ser rectificadas por lo tanto no son impugnables.

Las liquidaciones definitivas son recurribles por lo procedimientos especiales de revisión (art 232 LGT)

Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos  de información pueden ser utilizados en la regulación de la situación tributaria de otros obligados. ¿Qué sucede si estos obligados alegan la inexactitud o falsedad de estos datos?. En el desarrollo de su respuesta, señale si estos obligados deben demostrar la inexactitud o falsedad de estos datos para impedir su aplicación. Justifique su contestación.

Entre las obligaciones de los obligados tributarios están la de ratificar y aportar prueba de los datos relativos a los terceros incluidos en las declaraciones presentadas, que vayan a ser utilizadas en la regularización de la situación tributaria de otros obligados, cuando estos manifiesten su disconformidad con los mismo, alegando la inexactitud o falsedad de los datos obrantes en poder de la Administración.

Dice el art 92.2 del RD 1065/2007 (Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria):”Cuando en un procedimiento de aplicación de tributos el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los art. 93 y 94 de la LGT, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos sean puesto de manifiesto por la Administración tributaria mediante comunicación o diligencia”.

Tendrá que aportar la documentación que prueba dicha alegación que tiene que estar siempre documentada y motivada y por consiguiente legitimada.

¿Qué motivos permiten proceder a la revocación de actos tributarios?(2 veces)

Art 219 LGT. Cuando estime la Administración tributaria que infringen manifiestamente la ley, cuando las circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se hay producido indefensión a los interesados.

En las infracciones tributarias con perjuicio económico existen unos criterios comunes, de conformidad con los cuales una determinada infracción puede subsumirse en la categoría de leve, grave o muy grave. ¿Cuáles son estos criterios?.

El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la relación existente entre:

1. La base de la sanción; y

2. La cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente obtenida.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 % e inferior o igual al 25 %, el incremento será de 10 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 % e inferior o igual al 50 %, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 % e inferior o igual al 75 %, el incremento será de 20 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 %, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

Artículo 191 LGT dice:

La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a. Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.

b. Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 % de la base de la sanción.

c. Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.

La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 %.

La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.

La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a. Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.

b. Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 % e inferior o igual al 50 % de la base de la sanción.

c. Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje inferior o igual al 50 % del importe de la base de la sanción.

La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.

La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 % y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública.

La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.

La infracción también será muy grave, aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50 % del importe de la base de la sanción.

La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 % y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública.

¿Qué debe hacer la Administración para impugnar ante los Tribunales los actos que pretenda modificar en perjuicio de los interesados?(2 veces).

La declaración de lesividad, viene a ser la única vía, salvo la nulidad de pleno derecho y la rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho, para que la Administración pueda conseguir la anulación, en perjuicio de los interesados, de actos dictados por ella misma. Con la declaración de lesividad, sin embargo, no se consigue la anulación del acto por la Administración (nunca puede acabar con una decisión administrativa de anulación de la actuación tributaria firme reputada disconforme al ordenamiento) sino que lo que se pretende es ofrecer un cauce para poder impugnar ante los tribunales los actos que pretenda modificar en perjuicio de los interesados.

Esta declaración, que a diferencia del anterior procedimiento, sólo puede ser promovido de oficio, deja  preparado, en cierta manera, el camino hacia la interposición de un recurso contencioso-administrativo, para que sean los tribunales los que, en su caso decidan sobre su legalidad. Hay que pasar pues por dos diferentes procedimiento para conseguir la anulación de una actuación tributaria meramente anulable: Primero, Procedimiento administrativo conducente a la declaración de lesividad y segundo, recurso contencioso-administrativo de lesividad, ante los tribunales del orden jurisdiccional del mismo nombre.

Si el procedimiento tributario se ha iniciado de oficio, ¿En qué lugares se pueden practicar las notificaciones?

Si se trata de procedimientos iniciados de oficio, la Administración tributaria puede optar entre practicar la notificación en cualquiera de los siguientes lugares, para cuya elección la ley no impone ningún orden de preferencia: el domicilio fiscal del obligado tributario o, si existe, de su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro lugar adecuado a tal fin.

Indique qué consecuencias tiene la firma de las actas de conformidad en relación con la cuantía de las sanciones que en su caso procedan y en relación con los hechos aceptados por el obligado tributario.

Las actas con acuerdo no se puede reclamar por vía administrativa por lo que el contribuyente deberá ingresar la deuda en el plazo indicado, una vez que se considera efectuada la notificación. en estos casos se entenderá notificada el acta transcurridos 10 días contados desde el día siguiente a la firma del acta. Si la garantía para la firma de un acta con acuerdo se ha constituido a través de un depósito, la Administración cobrará directamente de ese depósito la deuda, si no se entregarán las cartas de pago correspondientes.

En las actas de conformidad se tendrá por notificado el acuerdo una vez que haya transcurrido un mes desde la firma, sin que se haya modificado la propuesta por la Inspección Regional ni se haya presentado reclamación contra ella. Si en ese plazo de un mes la Inspección Regional no dicta un acto de liquidación expreso, la propuesta de liquidación se considera firme.

Supuestos en que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes como ilícitos tributarios no dan lugar a responsabilidad por infracción tributaria (o causas de exclusión de esta responsabilidad)

El artículo 179 de la LGT dice en el apartado 2: Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

a. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

b. Cuando concurra fuerza mayor.

c. Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.

d. Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.

e. Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿En qué casos se tramitan las reclamaciones económico-administrativas por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales?

Las que sean de cuantía inferior a 2.000 euros, ó 24.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones

(6.000 ó 72.000 euros, respectivamente, a partir de 1 de mayo de 2006).

Cuando se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas.

Cuando se alegue exclusivamente falta o defecto de notificación.

Cuando se alegue exclusivamente la insuficiencia de motivación o incongruencia del acto impugnado.

Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

Si el procedimiento tributario se ha iniciado a solicitud del interesado, ¿En qué lugar o lugares se practicarán las notificaciones?

Si se trata de procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, la notificación debe practicarse en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o, en su caso, por su representante o, a falta de tal indicación expresa, en el domicilio fiscal de uno u otro.

En ciertos supuestos el interés de demora exigible será el interés legal. ¿Cuáles son estos supuestos?

En los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.

Pasados 14 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, un sujeto presenta una autoliquidación del IRPF e ingresa simultáneamente la cantidad resultante. No ha mediado requerimiento previo de la Administración tributaria. ¿Qué recargo se devenga? ¿Deben satisfacerse, además, intereses de demora? En caso de respuesta afirmativa a esta última cuestión, señale por qué período se exigirán esos intereses.

Art. 27 LGT. Si el ingreso se efectúa después de los 12 meses siguientes a la conclusión del plazo voluntario, se aplicará el recargo del 20% y se exigirán intereses de demora.

El importe del recargo de extemporaneidad citado se reducirá en el 25% siempre que se realice el ingreso total de la deuda si se realiza dentro del período voluntario de pago.

Los intereses de demora serán aplicables desde la fecha en que hace los 12 meses, desde entonces para adelante si se exigirán.

Órganos competentes para la imposición de sanciones tributarias.

Art. 211.5 LGT.: Son órganos competentes para la imposición de sanciones:

a. El Consejo de Ministros, si consisten en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.

b. El Ministro de Hacienda, el órgano equivalente de las comunidades autónomas, el órgano competente de las entidades locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean de directa aplicación por los obligados tributarios, o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.

c. El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo fiscal, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.

d. El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.

Ha recibido la notificación de una resolución desestimatoria de un tribunal económico-administrativo regional (TEAR) en relación con una deuda tributaria cuya cuantía supera los dos millones de euros. Desea impugnar esta resolución ¿Qué recurso puede interponer y qué órgano sería competente para resolverlo?. En el desarrollo de su respuesta, indique si puede acudir directamente a la vía contencioso-administrativa para impugnar la resolución del TEAR indicada.

Contra las resoluciones del TEAR, cabe interponer los siguientes recursos:

  1. El de alzada ante el TEAC, si por la cuantía del asunto, la resolución del TEAR no pone fin a la vía económico-administrativa .

  2. El recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que corresponda, si, por la cuantía del asunto, la resolución del TEAR pone fin a la vía económico-administrativa.

Piense en unas actuaciones inspectoras que tienen como objeto de comprobación e investigación el IRPF del año 2008 de un obligado tributario. Señale si esas actuaciones tienen carácter general o parcial, justificando su respuesta.

Actuaciones de comprobación e investigación. Según el artículo 145 de la LGT, el objeto del procedimiento de inspección es precisamente comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. Cabe distinguir:

  • Comprobación: tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.

  • Investigación: tiene por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios. Son hechos no conocidos por la Administración Tributaria.

Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias obligaciones y periodos impositivos o de liquidación y podrán tener alcance general o parcial. Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalan reglamentariamente (entre otros, comprobación en la obtención de beneficios o incentivos fiscales, régimen tributario aplicable, solicitudes de devolución). En otro caso tendrán carácter general en relación con la obligación tributaria y periodo comprobado.

Si un obligado tributario está siendo objeto de una actuación de carácter parcial, podrá solicitar que la actuación tenga carácter general, si bien: Hará referencia al tributo y periodo por el que fue citado con carácter parcial y no a otros.

La solicitud debe efectuarse en un plazo de 15 días desde que se produjo la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.

La Administración Tributaria deberá iniciar la comprobación de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud, bien ampliando el carácter de la ya iniciada, bien dando lugar al inicio de una distinta.

Entre los requisitos a que se supedita la firma de un acta con acuerdo figura la constitución de una garantía del cobro de las cantidades que pueden resultar del acta. Entre las garantías figura la constitución de un depósito. ¿Qué garantías pueden constituirse a esos efectos?

La constitución de un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta.

¿Puede iniciarse el procedimiento de apremio fuera del período ejecutivo? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué supuestos puede suceder lo indicado.

El período ejecutivo de pago se inicia el día siguiente a aquel en que venza el plazo para el ingreso de la deuda en período voluntario.

El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria, y sin el inicio del período ejecutivo no se puede inicial el de apremio.

Un sujeto presenta la autoliquidación del IRPF fuera de plazo y espontáneamente (esto es, sin requerimiento previo de la Administración tributaria). Pasados tres días, procede a ingresar la deuda resultante de la autoliquidación. ¿Qué recargo o recargos se devengan?

Lo que exige el artículo 27 para la exigencia del recargo, es que la cuantía de la autoliquidación sea a ingresar, no que se efectúe el ingreso. Si la deuda tributaria no se ingresa al tiempo de presentación de la autoliquidación, se inicia, al día siguiente, el período ejecutivo (artículo 161.1 b), de la Ley General Tributaria), y en este caso, existe una compatibilidad de este recargo por declaración extemporánea con los recargos del período ejecutivo.

El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la LGT  y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El recargo ejecutivo será del 5 % y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Desea impugnar una liquidación administrativa de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (órgano central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) que se le ha notificado. ¿Qué recursos o reclamaciones pueden interponer? Si decide interponer una reclamación económico-administrativa, ¿Qué órgano será competente para entender de la reclamación?

El Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer de la reclamación económico-administrativa que ha sido interpuesta en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (artículo 229) y en el RD 52/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.

Como consecuencia de unas actuaciones inspectoras de carácter parcial se dicta una liquidación. ¿Cuál de las tres afirmaciones siguientes es correcta? 1º La liquidación será en todo caso definitiva. 2º La liquidación será en todo caso provisional. 3º La liquidación puede ser provisional o definitiva. Justifique su respuesta.

Art.34 RGI: las comprobaciones abreviadas son comprobaciones parciales y da un acta previa y una liquidación provisional.  Estas comprobaciones se podrán hacer en los siguientes casos:

  • Cuando la inspección estime necesario comprobar los datos que ya posee.

  • Cuando solo mira los libros registro.

También depende de si el final ha sido un acta de conformidad o de disconformidad, en el primero será definitiva.

En el procedimiento de liquidación tributario iniciado mediante declaración, ¿puede el interesado solicitar la rectificación de la declaración una vez que la Administración tributaria ha dictado una liquidación? En caso de respuesta afirmativa, señale en qué casos existe esta posibilidad.

Artículo 118 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Declaraciones complementarias y sustitutivas.

Con posterioridad a la liquidación, el obligado tributario que pretenda modificar el contenido de una declaración anteriormente presentada deberá solicitar la rectificación de la misma conforme a lo establecido en el artículo 130 de este reglamento(cuando considere que su contenido ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos o cuando pudiera proceder una liquidación por importe superior o una menor devolución). De la cuota tributaria resultante de la rectificación se deducirá el importe de la liquidación inicial.

¿En qué supuestos puede el procedimiento sancionador tributario tramitarse conjuntamente con los de aplicación de tributos?

Artículo 208. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta Ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.

2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente.

En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta Ley, se incluirá en el acta con acuerdo.

Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.

¿Puede la Administración modificar en algún caso una liquidación definitiva? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué casos y a través de qué procedimientos puede hacerlo.

Si la Administración quiere modificar una liquidación definitiva tiene que acudir a los procedimientos especiales de revisión.

Artículo 220. Rectificación de errores. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 219 LGT. Revocación en beneficio de los interesados de actos de aplicación de los tributos e imposición de sanciones (no alcanza a las resoluciones económico-administrativas) en los siguientes casos:

  1. Se estime que infringen manifiestamente la ley.

  2. Circunstancias sobrevenidas pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.

  3. En la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión.

El interesado rechaza la notificación de un acto tributario que se ha practicado en su domicilio fiscal. ¿Qué consecuencias se derivan de este rechazo? En el desarrollo de su respuesta indique si en esas circunstancias procede la notificación del acto por comparecencia.

Art. 111.2 LGT. Implicará que la notificación se tenga por efectuada a todos los efectos legales, continuándose la tramitación del procedimiento.

No puede considerarse estas circunstancias como la notificación del acto por comparecencia, porque la notificación se ha intentado realizar y se ha rechazado y no está dentro de las causas que así recoge para el otro tipo de notificación.

¿Qué diferencias existen entre las actas con acuerdo y las actas de conformidad?

Las actas con acuerdo se establece en el artículo 188 de la LGT una reducción del 50% de la sanción. Dicha reducción, es superior a la que se fija para las actas en conformidad, pues para éstas se aplica un porcentaje del 30% de reducción.

Por un lado, tenemos las actas con acuerdo, que se benefician de una reducción del 50% de la sanción sin que se les pueda aplicar el 25% adicional comentado. Es interesante destacar que la reducción del 50% de la sanción en las actas con acuerdo sólo se aplica para las sanciones que se impongan en virtud de los supuestos establecidos por los artículos 191 a 197 de la LGT. Debe entenderse, por tanto, que no se incluyen el resto de sanciones, es decir, las que se tipifican en los artículos 198 a 206 de la LGT.

De esta manera, en un acta en la que se imponga una sanción de las comprendidas en los artículos 191 a 197 de la LGT del 150%, sólo se asume, si aplicamos la reducción del 50%, una sanción de 75 puntos porcentuales.

Por otro lado, está la reducción establecida para las actas en conformidad. Como ya se ha dicho, estas actas disfrutan de una reducción del 30%. A lo que hay que añadir, en caso de ingresar sin aplazar, fraccionar y sin recurrir, un 25% adicional. Nótese la redacción dada en el artículo 188 de la LGT para las dos reducciones, pues si bien la reducción del 30% debe ser para las sanciones tipificadas en los artículos 191 a 197, la reducción del 25% lo es para la sanción que se derive de la comisión de cualquier infracción. Esta puntualización, según los casos, podrá ser de especial utilidad para intentar pagar la menor sanción de entre las posibles.

¿Son compatibles los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo con los recargos del período ejecutivo? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, explique en qué casos pueden concurrir ambos tipos de recargos.

Artículo 27.3 LGT. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.

¿Qué puede hacer el obligado tributario cuando considere que una autoliquidación presentada por él ha perjudicado sus intereses legítimos? En el desarrollo de su respuesta indique si las autoliquidaciones son directamente recurribles.

Artículo 126 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Iniciación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones.

1. Las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones se dirigirán al órgano competente de acuerdo con la normativa de organización específica.

2. La solicitud sólo podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración tributaria haya practicado la liquidación definitiva o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.

El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación cuando se esté tramitando un procedimiento de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada, sin perjuicio de su derecho a realizar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos en el procedimiento que se esté tramitando que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano que lo tramite.

3. Cuando la Administración tributaria haya practicado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación únicamente si la liquidación provisional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario.

Se considerará que entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional concurre consideración o motivo distinto cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional.

¿Pone fin al procedimiento de inspección la firma del acta? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué casos sucede lo indicado.

Artículo 155 LGT. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción del acta por el obligado tributario o su representante y la inspección de los tributos.

Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos diez días, contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.

Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si se hubiera presentado aval o certificado de seguro de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo 62 de esta Ley, o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración tributaria hubiera concedido con dichas garantías y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.

El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria. La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de esta Ley, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.

La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad.

Ha decidido interponer una reclamación económico-administrativa contra una liquidación administrativa que le ha sido notificada. ¿Qué plazo tiene para interponerla?

El plazo es de un mes contado desde el siguiente al de la notificación del acto recurrido.

¿A qué órgano administrativo debe dirigir el escrito de interposición?

Se recomienda que el escrito se presente en el propio Centro ó Dependencia que hubiera dictado el acto administrativo que es objeto de reclamación, para facilitar su rápida tramitación.

Si se trata de un recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), se recomienda presentarlo en el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) o Local (TEAL) que dictó la resolución recurrida.

¿Debe acompañar las alegaciones al escrito de interposición en algún caso? En caso de respuesta afirmativa, indique en qué casos debe hacerlo.

Las alegaciones y pruebas deben acompañarse necesariamente en las reclamaciones por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. En los demás casos, el escrito puede limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la reclamación, pero también puede incluir las alegaciones, aportando las pruebas y documentos que se estimen convenientes, lo que supone renunciar al posterior trámite de alegaciones salvo que se solicite expresamente en dicho escrito. Cuando se acompañan alegaciones y no se ha presentado previamente recurso de reposición, el propio órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total ó parcialmente el acto impugnado, sin perjuicio de que se trate de una reclamación económico-administrativa y que la resolución definitiva corresponde al Tribunal Económico-Administrativo competente.

Si en vez de formular reclamación inicial, se trata de interponer un recurso de alzada ante el TEAC contra una resolución del TEAR o TEAL el escrito se dirige al citado TEAR o TEAL y debe contener necesariamente las alegaciones y, en su caso, las pruebas oportunas. Sólo son admisibles las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia.

¿Puede la Administración tributaria anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, indique en qué supuestos puede hacerlo.

Artículo 218 LGT. Declaración de lesividad.

1. Fuera de los casos previstos en el artículo 217(Declaracion de nulidad de pleno derecho)  y 220(Rectificación de errores) de esta Ley, la Administración tributaria no podrá anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones.

La Administración tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

4. En el ámbito de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad corresponderá al Ministro de Hacienda.

Indique qué hechos y circunstancias hace constar la Inspección de los Tributos en las diligencias. En el desarrollo de su respuesta señale si esos documentos pueden contener propuestas de liquidación.

Son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.

Sobre el valor probatorio de las diligencias, el artículo 107 de la LGT establece dos reglas:

Naturaleza. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Presunción de certeza. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. Por ello, en la diligencia deberá hacerse constar la conformidad o no del obligado tributario con los hechos y circunstancias que se hacen constar.

Suponga que ha firmado un acta con acuerdo. ¿En qué casos y por qué vías pueden la liquidación y la sanción derivadas del acuerdo ser objeto de impugnación o revisión según la LGT?

El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria. La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el art. 217 de la ley, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento (art. 155.6 LGT).

La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad (art. 155.7 LGT).

¿Qué recursos y/o reclamaciones procede interponer en vía administrativa contra los actos de gestión catastral y censal dictados por las entidades locales en virtud de delegación o convenio de colaboración?

Los recursos previos a la reclamación económico-administrativa que se presenten contra actos de gestión censal se formularán ante el órgano que haya dictado dichos actos, cualquiera que sea la fecha de éstos y la de la presentación del recurso.

La reclamación debe realizarse ante la Administración Tributaria Estatal competente en esta materia para resolver alegaciones relativas a la gestión catastral.

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