PEC 1PP Ejemplos solucionados

Primer ejemplo solucionado

El modelo tiene carácter "orientativo", pues podría suceder que el alumno orientara su respuesta de otro modo, o que llegara a conclusiones distintas a las que siguen. Lo importante, en todo caso, no es que el alumno defienda la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio, sino la calidad y fundamentación jurídicas de los razonamientos que utilice para llegar a sus conclusiones.

Como material adicional, se recomienda escuchar la intervención radiofónica del profesor Tejerizo sobre el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, que puede descargarse de este enlace:

http://www.canaluned.com/resources/mp3/3/9/1317974166693.mp3

Enunciado

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.

La exposición de motivos de la citada norma señala que:

“La necesidad de asegurar la estabilidad de nuestra economía y favorecer la recuperación y el empleo aconseja la adopción de nuevas medidas tributarias que refuercen los ingresos públicos.

En la configuración de estas medidas, que complementan otras ya adoptadas, resulta esencial la aplicación del principio de equidad para que haya una mayor contribución a la salida de la crisis por parte de quienes tienen una mayor capacidad económica.

Así, las circunstancias actuales y los efectos de la crisis económica hacen necesario el restablecimiento efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio, de tal manera que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis reforzando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asumidos por España.

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, y fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Esta norma, sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras razones por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios.

Para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.

Por tanto, el objetivo del restablecimiento del gravamen del impuesto es la obtención de una recaudación adicional, al mismo tiempo que reforzar el principio de equidad, lo que se logrará permitiendo gravar la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa. Con ello se logrará una mejor distribución de la renta y la riqueza complementando, en estos momentos de especiales dificultades presupuestarias, el papel que desempeñan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En cualquier caso, el restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente en 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013, años en los cuales se ha de continuar con el desarrollo de las políticas públicas y con el esfuerzo para reducir el déficit en todos los niveles de la Administración. De esta manera, el devengo del impuesto se producirá el próximo 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Es importante resaltar que el Impuesto sobre el Patrimonio que ahora se restablece sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, por lo cual recuperan de manera efectiva su capacidad normativa y la recaudación corresponde a estas Comunidades Autónomas, lo que supondrá para las mismas la posibilidad de obtener en esos años unos recursos adicionales a los que resulten del nuevo modelo de financiación, que ayudarán a cumplir los objetivos antes citados.

Lógicamente, la supresión futura de este impuesto o la creación de otro de naturaleza estatal, no implicará compensación adicional a las Comunidades Autónomas, puesto que ya se les compensó de manera definitiva consignándose a su favor alrededor de 2.100 millones de euros en el año base del modelo del actual sistema de financiación.

En cuanto a la figura jurídica a través de la cual se aprueba esta medida, debe destacarse, que no se introducen modificaciones sustanciales en la estructura del impuesto, que se reactiva eliminándose la bonificación estatal hasta ahora existente y recuperando los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en ese momento. Sin embargo y para dotar de coherencia al tributo y reforzar su carácter extraordinario y dirigido a obtener la contribución de un número relativamente reducido de contribuyentes, con una especial capacidad económica, se han elevado los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, aunque hay que recordar que las Comunidades Autónomas ostentan amplias competencias normativas sobre este último extremo, y se ha programado la exigibilidad del tributo durante los dos años antes apuntados.

De igual modo, cabe señalar que a la vista de la situación económica y presupuestaria, se hace necesaria la adopción de la medida de manera inmediata, para garantizar la obtención de ingresos en los dos próximos ejercicios a fin de asegurar los objetivos de estabilidad asumidos por España.

La urgencia en la aprobación de estas normas se justifica, además, por la necesidad de dejar un tiempo suficiente para que las Comunidades Autónomas puedan ejercer, de así desearlo, sus competencias normativas en este escenario de recuperación del impuesto.

En este caso, es también necesario que los contribuyentes que lo van a ser por el Impuesto puedan tener conocimiento con la mayor antelación posible de las obligaciones devengadas en este año y que les serán exigibles el año que viene, con respecto al corriente.

El conjunto de las anteriores circunstancias hace que concurra la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución”.

Cuestiones

Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, responda de modo crítico y razonado a las siguientes preguntas (no se valorará la mera reproducción de los argumentos utilizados por la exposición de motivos):

  1. Si el restablecimiento efectivo del impuesto se basa en el principio de capacidad económica, ¿puede considerarse inconstitucional su previa “supresión” por oponerse al citado principio? ¿Cómo valorar desde esta perspectiva la nueva “supresión” que ordena el Decreto-Ley a partir de 2013.

  2. Las medidas que adopta la citada norma, ¿son compatibles con el ámbito material dela regulación permitida al Decreto-Ley por la Constitución?

  3. ¿Es cierto que concurre el requisito de extraordinaria y urgente necesidad?

Solución

1. Si el restablecimiento efectivo del Impuesto sobre el patrimonio se basa en el principio de capacidad económica, ¿puede considerarse inconstitucional su previa "supresión" por oponerse al citado principio? ¿Cómo valorar desde esta perspectiva la nueva "supresión" que ordena el Decreto-Ley a partir de 2013.

Si el restablecimiento efectivo del impuesto se basa en el principio de capacidad económica, parece obvio que la anterior supresión del impuesto suponía un "deterioro" en el nivel de aplicación del principio de capacidad económica. Esto resulta especialmente claro si se tiene en cuenta que "el patrimonio" constituye, junto a la renta, una de las manifestaciones directas de capacidad económica (como se defiende, con la mejor doctrina, en la página 112 del Manual recomendado, 22ª ed.). Sin embargo, no parece que la supresión sea inconstitucional, puesto que el Tribunal Constitucional ha sido hasta el momento bastante laxo a la hora de interpretar el principio de capacidad económica. Como límite negativo, el principio prohíbe establecer tributos sobre materias que no resulten indicativas de capacidad económica (pág. 112 del Manual, 22ª ed.) y esta prohibición no parece que pueda quebrantarse por suprimir un impuesto por el que, además, se recaudaba una pequeña cantidad, naturalmente en términos relativos. En sentido positivo, el Tribunal Constitucional considera el principio como una mera exigencia del sistema fiscal en su conjunto (pág. 115 del Manual, 22ª ed.), y podría entenderse que dicha exigencia se cumple aunque se suprima un impuesto concreto (incluso aunque el suprimido fuera el que grava el patrimonio de las personas físicas).

La Exposición de Motivos señala que la supresión se produjo "por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios". En este sentido parece coherente que se incrementen los mínimos exentos, aunque no parece que esto baste para gravar los grandes patrimonios, que ya escapaban antes a la tributación. Por otra parte, si fuera cierto que con esta pequeña reforma se resolverían los problemas del antiguo impuesto, "restableciendo su capacidad redistributiva", no se entiende por qué se considera necesario volver a suprimirlo a partir de 2013. Se puede afirmar por ello que las decisiones, tanto de restablecerlo ahora como de suprimirlo en breve, tienen fundamentos políticos más que de justicia tributario.

2. Las medidas que adopta la citada norma, ¿son compatibles con el ámbito material de la regulación permitida al Decreto-Ley por la Constitución.

Esta compatibilidad resulta muy dudosa, pues (como indica el Manual recomendado, sintetizando la jurisprudencia constitucional) un Decreto Ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que incidan en la determinación de la carga tributaria, puesto que de otro modo se afectarían tales elementos esenciales del deber de contribuir" [pág. 136, 22ª ed.). Pues bien, si el Impuesto sobre el Patrimonio se ha restablecido para que "quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis" (Exposición de motivos), parece indudable que dicho restablecimiento busca modificar un elemento esencial del deber de contribuir.

3. ¿Es cierto que concurre el requisito de extraordinaria y urgente necesidad?

El Tribunal Constitucional considera que la extraordinaria y urgente necesidad debe ser explicitada por el Gobierno (pág. 135 del Manual, 22ª ed.), requisito formal que en este caso se ha cumplido.

En efecto, a exposición de motivos, justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" en tres circunstancias:

  • a) La crítica situación presupuestaria.

  • b) La necesidad de que las Comunidades Autónomas puedan aprobar su propia regulación.

  • c) La necesidad de que el ciudadano conozca la medida con suficiente antelación.

Dado que el Tribunal Constitucional reconoce al Gobierno la posibilidad de discernir con gran flexibilidad cuándo existe la extraordinaria y urgente necesidad (pág. 135 del Manual, 22ª ed.), parece difícil que ese mismo Tribunal llegase a declarar inconstitucional el Decreto-Ley por falta de presupuesto habilitante. No obstante, hay que advertir que las razones expuestas en la Exposición de Motivos no resultan muy convincentes:

a) Parece difícil que la crítica situación presupuestaria, que es actual porque de otro modo no sería urgente, pueda resolverse mediante un tributo que tiene una escasa capacidad recaudatoria (apenas se espera que se obtenga por él 80 millones de euros) y que no se recaudará hasta mediado el año 2012.

b) El segundo argumento parece un razonamiento de mera conveniencia, pues no se puede olvidar que las Comunidades Autónomas tienen reconocido en los Presupuestos de 2011 unas transferencias que se establecieron para compensarlas por la pérdida de ingresos que supuso la supresión del Impuesto sobre el patrimonio. Dicho de otro modo, las CC AA no hubieran perdido nada si no se hubiera restablecido el tributo.

c) El ciudadano ha conocido la medida demasiado tarde como para poder tomar medidas para reestructurar su patrimonio (dado que el impuesto se devengará el 31 de diciembre de 2011, aunque no se pague hasta junio de 2012). Por otra parte, el ciudadano puede tener dudas razonables sobre el mantenimiento del impuesto, dado que se ha aprobado poco antes de unas elecciones generales que pueden implicar un cambio de Gobierno.

Segundo ejemplo solucionado

Enunciado

D. Eugenio Esono, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de un país africano, quiere homologar su título universitario en España, por lo que inició el procedimiento correspondiente ante la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación. Por la solicitud, el Ministerio le exigió el pago de una cantidad de dinero conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Pasado un tiempo, el órgano competente dictó una Resolución en la que se indicó que la homologación del título universitario quedaba condicionada a la previa superación de ciertos requisitos complementarios de carácter formativo, conforme a lo previsto en la Orden ECI/1519/2006, de 11 de mayo. De entre las distintas posibilidades que se le ofrecen en la Resolución, D. Eugenio optó por realizar el Curso tutelado de homologación de estudios extranjeros de la Facultad de Derecho de la UNED. Este curso tiene una duración anual y finaliza con unos exámenes, por lo que D. Eugenio debió pagar una matricula que comprende ambas actividades, conforme a las cantidades fijadas en la Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio. Tras un año de duro estudio, D. Eugenio ha logrado superar el curso obteniendo el correspondiente certificado administrativo expedido por la UNED. Con él se ha dirigido ante la Subdirección General antes citada para solicitar la expedición de la credencial de homologación, si bien tiene la duda de si deberá pagar algo por ello.

Custiones

Teniendo en cuenta estos antecedentes:

  1. Califique los distintos pagos que ha realizado D. Eugenio (pago por la solicitud de homologación del título, pago de la matrícula en la UNED y, en su caso, pago por la expedición de la credencial de homologación) desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y justifique su respuesta. En el caso de que no esté de acuerdo con la denominación que las normas asignan a cada uno de los pagos, justifique su discrepancia

  2. D. Eugenio padece una grave enfermedad, por lo que le cabe la duda de si le resultaría posible solicitar el pago de unas cantidades menores a las establecidas en las normas. En el caso de que exista tal posibilidad, justifique su posible aplicación al supuesto planteado.

  3. Especifique qué criterios deberían haberse establecido para determinar las cuantías de cada uno de los pagos efectuados por D. Eugenio.

Solución

1. Calificación de los distintos pagos que realiza D. Eugenio:

  • Pago por la solicitud de homologación del título:

    • De acuerdo con el art. 28 de la Ley 53/2002:

    • Artículo 28. Tasa por homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros.

      1. Creación de la tasa.

        • Se crea la tasa por homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

      2. Hecho imponible.

        • Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, de un expediente de homologación de títulos extranjeros de educación superior, o bien de un expediente de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros de educación no universitaria.

      3. Devengo.

        • El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación de la solicitud de homologación o convalidación. La justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la tramitación del expediente.

      4. Sujeto pasivo.

        • Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros.

      5. Cuantía.

        1. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

          • a. Solicitud de homologación al título español de Doctor: 118 euros.

          • b. Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: 80 euros.

          • c. Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico: 40 euros.

          • d. Solicitud de homologación al título Superior de Música, Danza o Arte Dramático: 80 euros.

          • e. Solicitud de homologación al título español de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, o Título Profesional de Música o Danza: 40 euros.

          • f. Solicitud de homologación al título español de Técnico de Formación Profesional, Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo: 40 euros.

          • g. Solicitud de homologación al título español de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 40 euros.

          • h. Solicitud de homologación al Certificado de Aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 40 euros.

          • i. Solicitud de convalidación por cursos o módulos de enseñanzas españolas de nivel no universitario: 20 euros.

        2. Cuando se trate de títulos o estudios no mencionados expresamente en los subapartados anteriores, se aplicará la cuantía correspondiente al título o estudios equivalentes por sus efectos o nivel académico.

      6. Exenciones.

        • No se devengará tasa alguna por la solicitud de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de especialidades en Ciencias de la Salud.

      7. Gestión y recaudación.

        1. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Hacienda, siéndole aplicable lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

        2. No obstante, en aquellos países de residencia de los solicitantes en que no exista entidad de depósito autorizada, el ingreso se verificará mediante su ingreso en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito para este fin.

        3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los servicios competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

        • De acuerdo con el art. 2.2 LGT que define las tasas como Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. El elemento material que las caracteriza es que es una actividad realizada por la propia Administración, pero previamente promovida por el particular obligado a su pago.

        • Con lo que en el primer pago nos encontraríamos claramente con una tasa. Que a diferencia del precio público concurren dos notas. Es una obligación ex lege que no tiene su causa en un contrato, es un típico ingreso de derecho público donde concurren las notas que caracterizan los ingresos tributarios, en el precio público no concurre la nota de coactividad propia de los tributos.

    • En el caso de la Orden ECI/1519/2006, de 11 de mayo nos dice en su art. 27 y 28:

    • Articulo 27. Regulación de los cursos.

      • La formalizacion de la matricula en dicho curso, asi como los demas extremos inherentes a su realizacion, se estableceran con arreglo a lo dispuesto en cada universidad.

      • En todo caso, la duracion del curso tutelado no será superior a la de un curso academico.

    • Articulo 28. Régimen de precios públicos.

      • En las universidades publicas los cursos tutelados que se organicen deberan estar sometidos al regimen de precios publicos.

      • Ahora bien en el pago de la matricula de la UNED: nos dice en la Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio :El Artículo 4. Otros precios.

      • En aquellas pruebas en que la UNED oferte docencia para la preparación y superación de una prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, el estudiante abonará en la matrícula el importe de los créditos de la asignatura o asignaturas que se correspondan con las materias a superar que figuren en la credencial de homologación, además de los precios de secretaría.

      • En evaluaciones y derechos de Secretaría se tendrán en cuenta las tarifas señaladas en el anexo V.

      • Con lo que nos encontramos en el pago de matrícula con un precio público, entendiendo como tal la contraprestaciones recibidas por un ente público como consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su solicitud o recepción, y ese servicio es prestado o la actividad es realizada también por el sector privado.

      • El sujeto puede optar entre acudir al ente público para recibir el servicio o la actividad o demandarlo al sector privado. No se aprecia la nota de coatividad en la recepción o solicitud del servicio o la actividad administrativa de exigencia inexcusable en el caso de las tasas.

      • En el caso de la expedición de la credencial de homologación: nos encontraríamos en este caso ante una nueva tasa para la expedición de la credencial, al tratarse de una obligación ex lege que no tiene su causa en un contrato, y ser un típico ingreso de derecho publico

2. Habría que comprobar mediante el informe médico oportuno si la grave enfermedad supone un grado de discapacidad del 33% o superior para poder acogerse al sistema de bonificaciones y exenciones de la UNED:

En el artículo 6 Bonificaciones y exenciones:

Estudiantes con un grado de discapacidad del 33 por ciento o superior: Se aplica exención del pago por servicios académicos a los estudiantes que presenten certificado de discapacidad del 33 por 100 o superior en asignaturas de primera matriculación. Por las asignaturas matriculadas en segunda matrícula abonarán el 50 por 100 de los precios en segunda matrícula y por las matriculadas en tercera o sucesivas veces abonarán el 100 por 100 de los precios correspondientes a la tercera y cuarta y sucesivas matrículas. Esta exención de pago no alcanza a los precios públicos por expedición de Títulos y derechos de Secretaría.

Los importes de los precios por servicios académicos no satisfechos por los estudiantes con discapacidad serán compensados a la UNED en la forma legalmente establecida, hasta donde alcancen los créditos autorizados para esta finalidad, sin perjuicio de la compensación incluida en los presupuestos generales de la citada Universidad.

En el anexo V

1.6

1.6.a

Prueba de aptitud para la homologación 136,64 de títulos extranjeros de educación superior . . . . . . . . . . . . . . . .

Curso tutelado para la homologación de los títulos extranjeros de educación superior: Abonarán el importe de los créditos de la o las asignaturas que correspondan a las materias de la credencial de homologación.

3.Criterios a seguir en los pagos de D. Eugenio:

En el caso de la solicitud de homologación de título debe abonar la tasa de 80 euros establecida en la Ley 53/2002

En el caso de la Matricula abonar lo establecido en el anexo V que expusimos de 136,64 Euros para la Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior.

Para la expedición de la credencial de homologación habrá que aplicar la tasa correspondiente para la expedición de documentos.

Otra posible solución del Segundo ejemplo

1ª.  Pregunta

Existen tres posibilidades:

  • a) Solicitud de homologación: Lo pagado al Ministerio es calificado como tasa por la Ley 53/2002 de forma correcta. La homologación de estudios universitarios extranjeros es una actividad que solo puede realizar el Ministerio de Educación por lo que, en este sentido, existe un monopolio de derecho.

  • b) Matrícula UNED: se califica correctamente por el art. 28 de la Orden ECI como precio público a lo pagado a las Universidades. Este tipo de cursos no resultan obligatorios para las personas que quieren homologar sus títulos y, además, pueden ser impartidos por las Universidades privadas. Además, la calificación de precios publicos se incluye expresamente en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Tasas y Precios Públicos para estos servicios.

  • c) Credencial de acreditación: Una vez superado el curso no hay que pagar nada en el Ministerio por solicitar la credencial de acreditación. Con la solicitud de homologación ya se devengó una tasa “. Según la el art.28 de la Ley 52/2003 “constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, de un expediente de homologación de títulos extranjeros de educación superior”. Se puede entender que la tramitación de esa solicitud implica la comprobación de que se ha superado el Curso tutelado por lo que no es necesaria otra tasa posterior.

 

2ª. Pregunta

Habrá que diferenciar si se trata de tasas o precios públicos.

  • a) Tasa. En el ámbito estatal el art. 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, solo reconoce la exención de las tasas a favor de los entes públicos o las establecidas por acuerdos internacionales. No obstante, el art. 8 de esta misma norma también admite que “en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas”. Este artículo permite establecer y regular exenciones a favor de las ENL o, lo que suele ser más frecuente, una reducción en la cuantía a ingresar siempre que estas medidas estén basadas en el citado principio. Por lo que podría ser válida una exención o una bonificación para las personas con discapacidad, si es que la enfermedad de D. Eugenio le hace serlo. No obstante, el art.28 de la Ley 53/2002 solo ha previsto la exención de  “la solicitud de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de especialidades en Ciencias de la Salud.”

  • b) Precio Público. Según el art.25 de la Ley 8/1989, el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste de servicio, aunque cuando existan razones sociales, culturales, o de interés público pueden fijarse precios por debajo del coste. Se acoge, tácitamente, la capacidad económica como principio informante a la hora de fijar la cuantía de los precios públicos. Por tanto, también serían válidas exenciones o bonificaciones. De hecho en el art.6 de la Orden que regula los precios de la UNED así se contemplan.


3ª. Pregunta

Habrá que diferenciar si se trata de tasas o precios públicos.

  • a) Tasa. De acuerdo con el art.19 de la Ley 8/1989 el importe de la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. Si bien no es obligatorio cubrir íntegramente el coste puede ser menos, lo que falte hasta ese límite estará subvencionado por los ingresos generales del ente que la exige.

    • En todo caso el establecimiento de una tasa debe incluir una Memoria económico financiera sobre el coste o valor de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. Por lo que será en esa Memoria donde podrá comprobarse estos datos.

  • b) Precio Público. Como ya hemos comentado su importe deberá cubrir, como mínimo, el coste de servicio por lo que la UNED podría obtener un beneficio con ellos, aunque también es posible que el precio público esté subvencionado por razones de interés público (por ejemplo, difundir la enseñanza superior).